censura
La delegada para la Violencia de Género sugiere aplicar el artículo 155 en Murcia aunque luego dice que ironizaba
La futura delegada del Gobierno para la Violencia de Género y todavía diputada de Podemos Victoria Rosell ha puesto sobre la mesa este lunes la posibilidad de aplicar al Gobierno de Murcia el artículo 155 de la Constitución si el Ejecutivo autonómico sigue adelante con el conocido como pin parental, una polémica medida impulsada por Vox que permite a los padres vetar la participación de sus hijos en las actividades complementarias del colegio que ellos consideren.
No obstante, poco después ha aclarado en un mensaje de su cuenta de Twitter que este planteamiento no era una propuesta sino una "ironía", para comparar el comportamiento de PP, Ciudadanos y Vox a este respecto con la desobediencia del Gobierno catalán. "La frase empieza '¿se imaginan?' y termina con una carcajada. Se llama ironía. Lo de enfrente, manipulación", ha afirmado.
En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Rosell ha afirmado: "Hay unos cauces jurídicos que pueden ser no necesariamente judiciales sino incluso administrativos de requerimiento para que cumpla la obligación, imagínese, incuso de un 155 en Murcia, porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual, o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables".
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"Pero donde falla el diálogo político, si realmente se cierran a ello, que sería una lástima, sería digamos el camino similar al de Cataluña, la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico por parte de quien nos han machacado y han ganado las elecciones en determinados sitios, probablemente con su discurso antidiversidad y anticatalanista", ha apostillado.
El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ya anunció el pasado viernes que había remitido a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para que proceda a la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso donde permitía el pin censor.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez argumenta que esa medida va en contra de la Ley de Educación, de la Ley de Violencia de Género y de los Convenios Internacionales. Por ello, han enviado al Gobierno murciano –integrado por el PP y Ciudadanos, y con apoyo externo de Vox– un requerimiento, antes de recurrir a los tribunales, si no atienden su petición.
