Los denunciantes de algunos de los grandes casos de corrupción en España han defendido este miércoles la necesidad de aplicar una ley de integridad dirigida a regular la protección de su puesto de trabajo, los gastos jurídicos a los que deben hacer frente y su anonimato. Lo han hecho en un acto promovido por la Plataforma X la Honestidad, organización que lucha por los derechos de aquellos que sacan a la luz los escándalos de corrupción de la Administración Pública.
En el acto, han intervenido Ana Garrido, uno de los denunciantes de la trama Gürtel, Azahara Peralta, extrabajadora de Aquamed que desveló las adjudicaciones ilegales que se practicaban en la empresa pública, y el exteniente Luis Segura, quien denunció la corrupción existente en las Fuerzas Armadas.
Pedro Arancón, director de la plataforma, ha explicado que esta ley no solo lucha "contra la corrupción, sino que se basa en la defensa de los derechos de estas personas [los denunciantes]". En este punto, Arancón ha remarcado que todos los partidos políticos del Congreso, a excepción del PP, les recibieron para hablar sobre la necesidad de esta ley. Además, ha afirmado que "el problema de la corrupción es estructural", y ha recordado la iniciativa del Buzón de denuncia, promovida por la organización para aquellos que quieran denunciar pudiendo mantener el anonimato.
A la conferencia han asistido activistas, medios de comunicación, miembros de diversas ONG y representantes de Podemos, Ciudadanos, UPyD, PDC y ERC. Juan Carlos Bermejo, que se postuló para la presidencia de Ciudadanos, ha recordado que en otoño ya se presentó una proposición no de ley apoyando esta iniciativa, y que en aquella ocasión tanto la formación naranja como Podemos votaron a favor de su aprobación, mientras que el PSOE se abstuvo. "La clave va a estar en el PSOE", ha incidido.
Todos los denunciantes siguen un patrón
"Estuve un año sufriendo presiones para que llegara a un acuerdo con un contratista que pedía 40 millones", recuerda Peralta. "Me aplicaron un despido disciplinario, a mí a un equipo formado por diez personas, y nos sustituyeron por una sola". Peralta, que trabajó durante siete años en la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura, asegura que "todas las administraciones estaban al tanto de lo que pasaba allí".
El exteniente Segura, por su parte, ha indicado que todos los denunciantes cumplen "un patrón": "Nos despiden, recibimos presiones y amenazas, te endeudas por los costes de los procedimientos jurídicos y, finalmente, quedas estigmatizado". En este último punto, ha explicado que el denunciante de corrupción "no es una persona respetada, sino temida. Por eso ninguna empresa quiere contratarte".
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Por ello, Segura ha abogado por tomar "medidas valientes para que nadie pase" lo que están pasando. Así, ha querido ejemplificar cómo debería tratarse a un denunciante en el futuro: "Hace 50 años, si una mujer iba a comisaría a denunciar que su marido le había pegado o no le creían o le abrían la puerta para que se fuera", ha afirmado.
Por su parte, Ana Garrido, que trabajó durante 20 años en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), epicentro de la trama Gürtel, ha hecho hincapié en la necesidad de educar correctamente a la sociedad futura para hacer frente a las "lecciones antipedagócicas" que se dan actualmente. "El sistema está perfectamente montado para dar lecciones antipedagógicas basándose en el 'mira lo que les ha pasado a estos [los denunciantes de corrupción]'". Garrido, que lleva ya 10 años inmersa en la dinámica del denunciante de corrupción, ha explicado que "no ves nunca el final". "La ley ya no es importante para mí, sino para la gente que viene detrás de nosotros", ha incidido.
Los denunciantes de algunos de los grandes casos de corrupción en España han defendido este miércoles la necesidad de aplicar una ley de integridad dirigida a regular la protección de su puesto de trabajo, los gastos jurídicos a los que deben hacer frente y su anonimato. Lo han hecho en un acto promovido por la Plataforma X la Honestidad, organización que lucha por los derechos de aquellos que sacan a la luz los escándalos de corrupción de la Administración Pública.