Becar el Bachillerato privado, la "trampa" de la derecha para concertarlo de forma "encubierta"

El Gobierno conservador de Isabel Díaz Ayuso ya lo hizo en Madrid y el de PP presidido por María José Sáenz de Buruaga en Cantabria acaba de aprobarlo. Fue el pasado lunes. El Parlamento autonómico, con un pacto entre la derecha y la ultraderecha, daba luz verde a una iniciativa para instar al Ejecutivo a articular becas y ayudas públicas dirigidas a los alumnos que vayan a estudiar Bachillerato privado en las escuelas en las que han cursado la educación obligatoria concertada. PSOE y PRC criticaron la medida duramente y los sindicatos y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (FAPA) de la comunidad no tardaron en hacer lo propio. A su juicio, es una manera de "camuflar" conciertos en esta etapa. "Sí, es una trampa. Hacer esto es la peor cara de la concertación", sentencia Daniel Turienzo, maestro y doctor en Educación.

Desde el Gobierno autonómico la iniciativa se vendió, sin embargo, como una ventaja educativa para los alumnos. La Proposición no de Ley, consultada por infoLibre, señala que la medida beneficiará a "estudiantes pertenecientes a familias que, al no contar con recursos económicos suficientes, podrían verse privados de continuar su formación en el mismo centro". "Es la medida educativa menos necesaria", denuncia Conchi Sánchez, secretaria general de Enseñanza de CCOO Cantabria. "Subvencionar de esta manera los institutos privados va a beneficiar a las familias más pudientes. Estamos desprotegiendo a los más vulnerables", añade Pilar Frade, del sector de Educación de UGT. Ambas coinciden: no es más que el traslado de las políticas de Ayuso.

A finales del curso pasado, la líder regional madrileña decidió ampliar el umbral de renta con el que se restringía el acceso a las ayudas que ya existían —el Gobierno de Ángel Garrido (PP) ya creó cheques-formación— para cursar Educación Infantil, Bachillerato y FP en centros privados. Desde que se puso en marcha la medida, familias con un hijo cuyos ingresos lleguen a alcanzar 107.739 euros anuales pueden beneficiarse. Si tienen dos, la exigencia entonces sube: el hogar puede ingresar hasta 143.652 euros al año. "Es una ayuda para los que no necesitan ayuda", se criticó entonces. "Lo que supuso esto, en síntesis, es destinar fondos públicos a las rentas más altas", denuncia por su parte Turienzo.

Desde la Consejería de Educación, sin embargo, argumentan la medida igual que en Cantabria. "Las becas de Bachillerato son, fundamentalmente, para facilitar que los alumnos puedan continuar sus estudios en el centro concertado en el que cursaban sus enseñanzas hasta 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Así se garantiza el respeto a la libertad de elección de centro, permitiendo que los alumnos no tengan que cambiar de colegio al pasar a una etapa que ya no está concertada", explican desde el departamento a infoLibre. "Los alumnos deben cumplir con requisitos como estar matriculado o tener reserva de plaza y no ser repetidor", añaden.

En cualquier caso, conviene reparar en que estas subvenciones se destinan al alumnado de etapas educativas postobligatorias, igual que en Cantabria.

El Bachillerato concertado, algo residual

¿Por qué es relevante? En España, y de manera generalizada, se conciertan las etapas obligatorias: Primaria y ESO. Hacerlo con el Bachillerato es más extraño. La razón está en que la Ley Reguladora del Derecho a la Educación (LODE, 1985) sólo contempló la financiación del Estado en el primer caso, algo que no obstante han decidido modificar algunas comunidades, valiéndose de ser las competentes en Educación.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio, hay 3.034 centros con Primaria concertada a los que acuden 808.507 alumnos y 2.779 escuelas con conciertos en Secundaria que imparten clase a 603.804 jóvenes. En Bachillerato, en cambio, el número se reduce a 485 y 74.106, respectivamente. En Cantabria tan sólo hay tres centros, que convivían hasta ahora con los públicos porque, explican los sindicatos, no se entendía que los perjudicaran. En Madrid, por su parte, el número de escuelas se eleva a 42.

El Bachillerato privado está mucho más extendido. Hay 1.071 centros que se lo imparten a 111.211 jóvenes. 340 de ellos están en Madrid, la comunidad que, en este caso, destaca por encima de las demás. En estas escuelas estudian hasta 38.283 alumnos que, si cumplen los criterios de renta establecidos por el Gobierno regional, pueden acceder a las becas de Ayuso. En Cantabria, por su parte, podrá hacerlo una parte de los 901 que estudian en alguna de las ocho escuelas con esta etapa privada: los que pertenezcan a familias sin "recursos económicos suficientes" y vayan a pasar a esa etapa en el centro concertado en el que cursaban hasta cuarto de ESO.

Una reclamación de la concertada atendida por la derecha

Estas becas o ayudas públicas planteadas también en Aragón o Extremadura, como recuerda Turienzo, no suponen concertar el Bachillerato donde es privado. Al menos, no de forma oficial. En cualquier caso, la medida es una demanda de la escuela concertada bien atendida por la derecha. El mejor ejemplo es Andalucía, donde su consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, indicó en marzo en comisión parlamentaria que su departamento tiene previsto concertar para el próximo curo seis unidades de Bachillerato.

Pero esto viene de lejos. Ya el anterior Ejecutivo de PP y Cs incluyó, en el punto número 72 de su compromiso de Gobierno, habilitar "progresivamente la implantación del Bachillerato concertado". En la Comunitat Valenciana, por su parte, el PP también apostó por esta medida. Y así, poco a poco, se ha ido acabando con el Bachillerato como reducto en el que la concertada, imparable desde su creación, no podía echar mano.

Las becas que ahora llegan a Cantabria son otro paso más, aunque a priori no lo parezca. "Estas ayudas son una trampa para concertar el Bachillerato. Es un concertación encubierta", denuncia Turienzo. Y apunta a que, además, es la forma "más lesiva" de hacerlo. ¿Por qué? Porque las escuelas, cuando son concertadas, tienen que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, asumir el porcentaje de estudiantes extranjeros que les corresponde en función de su peso en el sistema. Al mantener el Bachillerato privado, pero sosteniéndolo mediante fondos públicos en forma de ayudas, los centros no se someten a estas normas pero reciben financiación. "Los cheques en la privada les supone recibir dinero público sin tener que dar nada a cambio", resume Turienzo.

Una "mala idea"

Pero, ¿es positivo concertar el Bachillerato? A juicio de Turienzo no. Y por varios motivos. El primero, porque se trata de una inversión "regresiva" que no acaba con la "segregación". Turienzo se refiere a las cuotas irregulares que la escuela concertada sigue cobrando a las familias de su alumnado. Según la octava edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024, un informe que elaboran anualmente Cicae, una asociación de colegios privados independientes, y Ceapa, un colectivo de familias en defensa de la educación pública, lo sigue haciendo el 87% de los colegios. En el 76% de ellos, además, estos cobros se establecen como requisitos, lo que contraviene, además de la Ley Celáa, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985.

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Esta práctica supone, de facto, que sólo acudan a estas escuelas los hijos de familias que pueden permitírselo. "Si sabemos que se hace en la educación obligatoria, lo hará también en Bachillerato. Así no se aumenta en ningún caso la diversidad social", explica Turienzo.

La segunda razón tiene que ver con una cuestión de planificación. La natalidad en España es un dato que baja desde hace años y de manera, parece, imparable. El efecto que eso producirá en la escuela es obvio: cada vez habrá menos alumnado. Según un informe de EsadeEcPol —Las escuelas se están quedando sin niños: una oportunidad para transformar el sistema educativo—, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) perderá un 25% de su alumnado potencial en 2037, pasando de los casi 2,1 millones de niños y niñas entre 12 y 15 años de hoy a 1,6 entonces. Primaria, por su parte, se vaciará antes: si en 2017 tenía 3 millones de alumnos, en 2032 se quedará por debajo de los 2,4. Aunque no hay datos concretos, estas cifras se trasladarán, inevitablemente, al Bachillerato.

La consecuencia, según alertaba el estudio y coincide Turienzo, es el cierre de aulas. Pero el problema es que será más probable que sean públicas. "La escuela concertada se blinda por acuerdos que se renuevan en periodos que pueden ser de hasta diez años", explica. "Eso provoca que, aunque tengas la necesidad de reducir plazas, no puedas", matiza. La justicia, de hecho, ya ha paralizado varios intentos. Pasó en 2017 en Zaragoza, cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 dio la razón a los colegios Marianistas y Teresiano del Pilar y declaró nulas las supresiones de dos aulas de Primero de Infantil, una cada centro. En la Comunitat Valenciana, el Govern del Botànic del PSPV y Compromís intentó también rebajar estas ayudas a la educación privada no obligatoria, pero se encontró con el rechazo del Tribunal Supremo.