El jefe de servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid acaba de adquirir la condición de imputado por el derribo de una vivienda de la Cañada Real sin orden de demolición. Ante la jueza que investiga el caso le ha llevado la sarta de “incongruencias, contradicciones e incompatibilidades” que acabaron con la rápida demolición de una casa habitada y situada en la parcela 203 de lo que el escritor Isaac Rosa definió como "el mayor barrio no reconocido como barrio de toda España".
En términos difíciles de imaginar en lo que se considera zonas normales, se produjo un derribo para la que, tal como ya ha remarcado la Fiscalía, "no existía orden". Ocurrió el 19 de julio de 2022 allí donde más de 7.000 personas viven en condiciones propias de los suburbios obreros del tardofranquismo. Buena parte de ellos aguantan sin luz ni calefacción, infiltrados en algunos puntos por traficantes de droga y rodeados de terrenos que los planos del urbanismo capitalino presentan como áreas de futuro desarrollo inmobiliario a gran escala.
Los entrecomillados sobre incongruencias y contradicciones proceden del auto por el que la jueza Adelaida Medrano acordó el pasado 10 de febrero citar como investigado a Julio César Santos García, figura de peso en un área municipal, Desarrollo Urbano, que dirige Ciudadanos.
Las incoherencias que ataca la jueza Adelaida Medrano quedan explicadas en esa misma resolución. En resumen, se trata de lo siguiente: la vivienda cuya orden de demolición inmediata firmó Santos García junto con otros dos cargos municipales el 14 de julio de 2022 quedó descrita ese día como "abandonada y en deplorables condiciones". Pero algo menos de dos meses más tarde -el 7 de septiembre- aparecía la misma casa en otro informe como "ocupada y en uso", por lo que procedía “iniciar los trámites para la ejecución forzosa de la orden de cese de uso y desalojo”.
“Se instará -agregaba ese segundo documento- el medio de ejecución forzosa menos restrictivo para la libertad individual”. Y eso significaba imponer las “multas coercitivas” dispuestas en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que regulan las relaciones entre administraciones públicas y administrados.
"Ninguna explicación ni documento"
Pero la juez asesta una bofetada al jefe de Disciplina Urbanística cuando llega a este punto: porque el funcionario ahora imputado -argumenta la magistrada- no aporta “ninguna explicación ni documento” para “postular la aplicación de las multas coercitivas al denunciante como forma de obligarle al desalojo de su infravivienda, que había sido demolida 48 días antes”. Al requerimiento de papeles formulado por el juzgado, el ahora imputado contestó solo "de forma parcial" e "incompleta". Conclusión: hay que "continuar la investigación de los hechos denunciados".
Lo sorprendente del caso es que el propio jefe de Disciplina Urbanística aseguraba en ese segundo informe de septiembre de 2022 que el estado de la vivienda –“ocupada y en uso”- lo había comprobado él mismo en una visita girada el 27 de julio. O sea, cuando en realidad ya solo había escombros donde durante años y como construcción fuera de ordenación -es decir, irregular al no estar amparada por el planeamiento urbanístico vigente- se había alzado su casa en la parcela 203 de la Cañada Real. La vivienda -que no chabola- había caído bajo los dientes de la excavadora mientras quien en ella vivía, Abdessadek Ch, se encontraba de viaje a su país de origen, Marruecos. Todo lo anterior -se lee también en el auto judicial- “resulta incomprensible”.
Abdessadek había acudido a la justicia tras la llamada de un vecino que le alertó de lo ya inevitable: que las máquinas habían desmoronado literalmente la casa con paredes, puertas, ventanas, dos habitaciones, cocina, salón, baño y un trastero. O sea, allí donde vivía y en la que llevaba oficialmente empadronado desde el 15 de abril de 2006, como muestra el certificado incorporado por sus abogados al expediente municipal.
Al quedarse sin vivienda del modo en que se ha expuesto, Abdessadek formuló una denuncia penal. La jueza archivó el caso deprisa. Pero el demoledor escrito presentado por el fiscal delegado de Medio Ambiente de Madrid, César Estirado, hizo que la magistrada reabriese la causa tal como ya habían solicitado los letrados del denunciante, Javier Rubio y Carlos Castillo, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).
En su escrito, el fiscal Estirado arremetía contra la otra parte gestora del monumental desastre que es la Cañada Real por sus pésimas condiciones y los focos de droga que puntean un emplazamiento que, a 20 minutos del centro de Madrid, se extiende a lo largo de 14 kilómetros de una antigua vía pecuaria y al que en los años cincuenta ya comenzaron a llegar inmigrantes del Sur de España. Y esa otra parte del aparato gestor de un barrio descabalado pero cuyo movimiento asociativo quiere una mejora sustancial del hábitat y no el desalojo es el Comisionado de la Cañada Real, creado, gobernado y sostenido por la Comunidad de Madrid. Es el Comisionado, que tiene como titular a Markel Gorbea Pérez, el que coordina los planes de erradicación de la Cañada Real.
La Fiscalía pone por primera vez bajo sospecha la legalidad del derribo de una vivienda de la Cañada Real
Según el fiscal Estirado, el Comisionado suministró “información falsa” al Servicio de Disciplina Urbanística del consistorio madrileño. La demolición -escribió el fiscal Estirado- “se ha propuesto al margen del expediente administrativo, sin orden de demolición, con ocultación de la misma al órgano municipal competente [el Servicio de Disciplina Urbanística] para la tramitación del expediente y su ejecución forzosa, al que se suministró información falsa”.
¿Qué hará la jueza respecto al Comisionado? Es una de las incógnitas del caso. Como lo es también la posición que adoptará el Ayuntamiento de Madrid ante una investigación judicial que puede terminar zarandeando su política respecto a la Cañada Real. Los portavoces del área de Desarrollo Urbano se han limitado a indicar a infoLibre que carecen de notificación de que el jefe de Disciplina Urbanística ha pasado a estar investigado en la causa. Ignoraban -aseguraron las fuentes- que su declaración ante la titular del juzgado de instrucción 20 de Madrid ya está fijada: exactamente, para el 12 de abril a las nueve y media de la mañana.
El jefe de servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid acaba de adquirir la condición de imputado por el derribo de una vivienda de la Cañada Real sin orden de demolición. Ante la jueza que investiga el caso le ha llevado la sarta de “incongruencias, contradicciones e incompatibilidades” que acabaron con la rápida demolición de una casa habitada y situada en la parcela 203 de lo que el escritor Isaac Rosa definió como "el mayor barrio no reconocido como barrio de toda España".