La Fiscalía pone por primera vez bajo sospecha la legalidad del derribo de una vivienda de la Cañada Real

La demolición sin orden judicial de una de las infraviviendas de la madrileña Cañada Real, donde más de 7.000 personas  viven en condiciones de miseria sin luz ni calefacción y donde los focos de tráfico de drogas eclipsan la pobreza del asentamiento, ha activado por primera vez las alertas de la Fiscalía. En el escrito donde recurre el sobreseimiento de las diligencias abiertas tras la denuncia de quien habitaba la casa, el fiscal delegado de Medio Ambiente de Madrid, César Estirado, sostiene que las circunstancias del caso apuntan a “serios indicios” de prevaricación. Y que ello “obliga a la reapertura” de la causa, iniciada el 28 de septiembre y archivada provisionalmente por la jueza Adelaida Medrano cuando todavía no habían transcurrido dos meses y faltaban documentos clave por aportar.

Fechado el pasado 14 de diciembre, el escrito del fiscal puede complicar la situación para la Comunidad de Madrid e incluso para el Ayuntamiento de la capital si la magistrada reanuda las investigaciones. ¿A quién señala la Fiscalía en su escrito como supuesto responsable del delito de prevaricación? Al órgano del Gobierno madrileño -el Comisionado de la Cañada Real- que coordina los planes de erradicación del mayor asentamiento ilegal del país. “La demolición denunciada -escribe el fiscal- se ha propuesto al margen del expediente administrativo, sin orden de demolición, con ocultación de la misma al órgano municipal competente [el Servicio de Disciplina Urbanística] para la tramitación del expediente y su ejecución forzosa, al que se suministró información falsa”.

El escrito continúa así: "Esta información falsa, al parecer, se suministró al servicio competente municipal de Disciplina Urbanística por el Comisionado actuante de la CAM [la Comunidad de Madrid], dependiente de la Agencia de Vivienda Social, por lo que aparentemente es este órgano autonómico el que ejecutó la demolición por la vía de hecho y de mala fe, sin competencia alguna para ello".

Famosa desde que en 2019 dictó una sentencia en favor de que la familia Franco se quedara con esculturas del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela, la jueza Medrano no ha resuelto aún los recursos por los que denunciantes y fiscal solicitan la reapertura del caso. Pero ha requerido ya la entrega de ciertos documentos propuestos por la Fiscalía.

Portavoces de la Consejería de Medio Ambiente, de la que depende la Agencia Social de la Vivienda y, a su vez, el Comisionado de la Cañada Real, aseguraron el viernes a infoLibre que lo único que saben es que la denuncia por el derribo había sido archivada y que de nada más tienen constancia.

"No existe orden de demolición"

Según la Fiscalía, "no consta notificación por ningún medio” de la resolución que el 19 de julio de 2022 desestimaba el recurso interpuesto por el denunciante contra una orden previa que ordenaba el desalojo de la vivienda. “No existe orden de demolición”, expone el fiscal a renglón seguido.

El 27 de julio, el Comisionado -se sigue leyendo en su escrito- comunicó al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid que “la infravivienda de referencia continúa ocupada y en uso”. Pero lo que el afectado recalcaba ya en su denuncia inicial es que el 27 de julio de 2022 había dejado de existir la vivienda. Porque, siempre según su relato, la excavadora la había triturado una semana antes: justo el 19 de julio. En su escrito, el fiscal subrayó luego cómo “la demolición de la vivienda estando aún ocupada” se produjo “sin la preceptiva autorización judicial” exigida por la ley en estos casos.

Aun tratándose de casas o chabolas de las que durante décadas fueron creciendo en La Cañada sin licencia ni planes urbanísticos ni informes técnicos, la ley obliga a que un juez autorice su derribo. Y obliga a que antes de la decisión definitiva se escuche a quien dejará de tener sitio donde comer, dormir y refugiarse si la piqueta cruza la puerta. Con lenguaje jurídico e invocando la normativa sobre la materia, lo anterior lo recuerda el fiscal de forma detallada.

Fuentes consultadas por este medio remarcan que hasta la fecha ningún caso de características similares a este había llegado a manos de la Fiscalía madrileña. “Pero esto que estamos viendo en La Cañada es frecuente y no una excepción; otra cosa es que nunca haya habido una denuncia sobre que el Gobierno de Madrid hubiera incumplido la ley para dejar a alguien sin casa derribándola sin orden judicial e infringiendo los procedimientos administrativos”.

El entrecomillado pertenece a Carlos Castillo, jurista del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y abogado junto con Javier Rubio del inmigrante magrebí Abdessadek Ch. Abdessadek acudió a la justicia tras la llamada de un vecino que le alertó de lo ya irremediable: la excavadora había desmoronado la casa. Lo había hecho mientras su ocupante se encontraba -relatan sus abogados- de viaje en Marruecos.

El gigante inmobiliario Azora, el vecino de Valdecarros

El escrito de la Fiscalía se ciñe al relato jurídico y no permite, por tanto, ubicar con exactitud la casa demolida. Pero, como explica el letrado Castillo, la vivienda pertenecía al grupo de aquellas ocupadas por vecinos de La Cañada Real cuyo deseo no es ser realojados en otra área sino que se les reconozcan sus “derechos adquiridos” tras años viviendo en La Cañada.

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Según el abogado Javier Rubio, lo que antes era una casa y ahora escombros se localiza en la zona colindante a la inmensa bolsa de suelo elegida como escenario de una de las grandes operaciones urbanísticas previstas en Madrid: las 51.000 viviendas planeadas en lo que se conoce como Valdecarros, muy cerca del Ensanche de Vallecas y dentro, al igual que La Cañada Real, de una zona con protección ambiental, el Parque Regional del Sureste.

En julio de 2022, el gigante inmobiliario Azora anunció que había comprado 1,1 millones de metros cuadrados en Valdecarros. Azora es el fondo buitre que alcanzó enorme fama en 2013 cuando la Agencia de Vivienda Social de la que depende el Comisionado y que entonces se llamaba IVIMA le vendió 3.000 pisos públicos. Buena parte de los inquilinos vio cómo el precio de alquiler se disparaba y les forzaba a marcharse. La venta acabó anulada por el Tribunal Supremo.

Frente a Valdecarros se encuentra el "sector seis" de La Cañada. Ese segmento cobró mayor protagonismo cuando en octubre de 2020 se quedó sin suministro eléctrico. La sobrecarga que las plantaciones de marihuana provocaron en la red constituye la causa. La principal consecuencia: que desde entonces miles de personas, y entre ellas al menos 1.800 niños, viven día y noche en una miseria literalmente helada.