Desalojados del Congreso un grupo de exescoltas al protestar por su situación laboral: “No nos mató ETA y nos mata de hambre el PP”

Un grupo de exescoltas que prestaron servicios de protección privada en el País Vasco y Navarra durante los años que ETA permaneció activa fueron desalojados este miércoles de la tribuna del Congreso de los Diputados después de llevar a cabo una protesta por su situación laboral al acusar al Gobierno y al PP de haber incumplido las promesas de recolocación que le hicieron a este colectivo tras el cese de la violencia etarra.

La protesta se produjo en el momento en el que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, respondía a las preguntas de la oposición. Sus gritos desde la tribuna provocaron la intervención del presidente de la Cámara, Jesús Posada, quien solicitó que los desalojasen. Tras ser identificados por la Policía, continuaron su protesta en el exterior del edificio.

Pertenecen a la asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi y Navarra. "No nos mató ETA y nos está matando de hambre el PP", sostuvo a Europa Press el presidente de este colectivo, Manuel Giménez. "Hemos gritado que el Gobierno cumpla la palabra dada. Nos están matando de hambre, están ahí gracias nosotros", denunció.

Escolta entre 2003 y 2011

Giménez fue escolta en el País Vasco entre el año 2003 y el año 2011. Protegió entre otros al concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco, asesinado en 2008 por ETA. Según recordó Gímenez, había renunciado a su escolta unos días antes. También trabajó protegiendo a otros cargos políticos en Basauri, Baracaldo o Portugalete.

Aseguran sentirse traicionados por el PP y por el Gobierno y recuerdan que en 2011, antes de que ETA decretase el final de su actividad terrorista, se celebró en el País Vasco un acto de apoyo a los escoltas al que acudió en representación del PP el actual Delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo. "Se comprometió a reubicarnos en consulados, en la protección de mujeres víctimas de violencia de género o en prisiones", relata Giménez.

"En octubre de 2011 se fueron 1.000 escoltas a la calle y en 2012 otros mil de los 3.500 escoltas que había sólo del sector privado en el País Vasco y Navarra", insistió el exescolta, quien denuncia que lleva tres años en paro y ya no recibe ningún tipo de prestación. Añadió que ya tiene dos compañeros que se han suicidado con 44 y 48 años de edad.

Protección en las prisiones

Aseguró que la privatización de los servicios de vigilancia en el perímetro exterior de las prisiones tampoco les ha reportado una mejoría en su situación pese a las promesas que les hicieron el ministro, el responsable de Prisiones, Ángel Yuste, o el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Según los datos que maneja el Gobierno a los que tuvo acceso Europa Press, sólo un 19% de los escoltas privados que perdieron su puesto de trabajo en el País Vasco y Navarra a raíz del Plan del Ministerio del Interior para la reducción de protección han sido recolocados en la vigilancia de los perímetros exteriores de los centros penitenciarios, una función que el Gobierno ha otorgado a las empresas privadas de seguridad en sustitución de la Guardia Civil. "En la actualidad, 81 vigilantes que prestan servicios en apoyo a la seguridad en centros penitenciarios habían sido escoltas en el País Vasco o Navarra", dijo a principios de este año el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria. Esa cifra supone el 19% de los 424 escoltas privados que dejaron de prestar su servicio tras las puesta en marcha del plan de reducción iniciado en 2012, atendiendo a los datos oficiales.

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El Gobierno ya explicó que desde sus competencias "se promovieron iniciativas encaminadas a la recolocación de los escoltas que habían prestado servicio en el País Vasco y Navarra, como por ejemplo el plan de apoyo al servicio de vigilancia que prestan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los Centros Penitenciarios".

Pero admitió que "no se estableció un compromiso específico" para recolocarles, "sino una declaración de intenciones de promover actuaciones encaminadas a facilitar su recolocación". Añaden como "prueba de ello" que en la fase inicial "de los 234 vigilantes contratados durante el plan piloto, más de un tercio habían sido escoltas en el País Vasco o Navarra".

Giménez cuestionó estos argumentos y reprochó que en el Gobierno no introdujese en los pliegos del concurso público para la concesión de la protección exterior de las prisiones la obligatoriedad de contratar a los escoltas. Asimismo, añade que nadie se ha puesto en contacto con ellos pese a que en numerosas ocasiones se han puesto en contacto con la administración para solicitar trabajo.