GALICIA
La desaparición de 45 millones de la antigua Caixanova en un frustrado pelotazo urbanístico queda impune

Entre 2003 y 2011, Caixanova, con su director general al frente, Julio Fernández Gayoso, perdió 45 millones de euros en una fallida operación urbanística para construir una promoción de lujo y un puerto deportivo en la antigua conservera Massó, en Cangas (Pontevedra). Así lo estableció la Fiscalía, que concluyó que el dinero se destinó a sociedades creadas a medias entre la caja y el empresario Ubaldino Rodríguez y su esposa para desarrollar un proyecto con fuerte oposición social y que finalmente nunca vería la luz.
Pero este relato de los hechos de la Fiscalía quedará impune porque la investigación de lo sucedido se inició en 2016, cuando los posibles delitos ya habían prescrito. Así lo ha sentenciado la Audiencia Nacional en una resolución hecha pública estos últimos días en la que se absuelve al entonces máximo responsable de Caixanova y a los empresarios implicados, que fueron acusados de apropiación indebida y administración desleal.
La investigación sobre lo ocurrido con el dinero de Caixanova perdido en el proyecto Massó llegó a juicio el pasado 27 de noviembre, con el expresidente de la caja gallega y los empresarios sentados en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional. Sin embargo, ese primer día, la Fiscalía pidió la palabra para señalar que el último hecho perseguible penalmente había ocurrido en febrero de 2011, mientras que el procedimiento penal se inició en septiembre de 2016, más de cinco años después, lo que significaba que ya habían prescrito los posibles delitos de apropiación indebida y administración desleal.
Las defensas coincidieron, al igual que los abogados tanto de la heredera de las cajas gallegas, Abanca, como de la que asumió sus pérdidas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) creado por el Estado. Así que ante la retirada de todas las acusaciones contra los implicados, la Audiencia Nacional los absolvió.
Quedará así impune y sin certificación judicial el relato de los hechos con los que había llegado a juicio la Fiscalía, que estableció en 2003 el inicio por parte de Gayoso de un "plan" para construir la urbanización y el puerto deportivo en tierras de Massó, para lo cual se contó con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Vigo, el Ayuntamiento de Cangas y la empresa Conservas e Frigoríficos del Morrazo, propietaria de los terrenos y titular de las concesiones existentes en la zona. Esa sociedad había concedido una opción de compra por 13,8 millones a Atlántico de Construcciones y Promociones SL, de Ubaldino Rodríguez y su esposa, que acabó creando al 50% con Caixanova, las sociedades Residencial Marina Atlántica SA y Complejo Residencial Marina Atlántica SL.
En el caso del puerto deportivo, la Autoridad Portuaria de Vigo otorgó en 2005, con el popular Julio Pedrosa como presidente, una concesión que su sucesor ese mismo año, el socialista Abel Caballero, consideró correcta. Sin embargo, en 2013 el Tribunal Supremo la anuló.
Entremedias, Marina Atlántica inició las obras del puerto deportivo en 2005, pero no pudo continuar debido a las sucesivas protestas vecinales, encabezadas por la Cofradía de Pescadores de Cangas. Y en tierra, pese a que el plan urbanístico de Cangas estaba suspendido, Marina Atlántica, ya con Caixanova como socia al 50%, acordó en 2006 la compra del suelo.
Pero si Frigoríficos del Morrazo había firmado una opción de venta con Atlántico de Construcciones y Promociones por poco más de 13 millones, esa operación se acabó cerrando por 19,3 millones. Y a su vez la sociedad controlada por Ubaldino Rodríguez y su mujer revendió los terrenos a Marina Atlántica, en los que ellos y Caixanova poseían el 50%, por valor de 53,3 millones, algo que la Fiscalía calificaba de "plusvalía injustificada para el vendedor".
Según la Fiscalía, "para hacer frente a las cuotas pactadas en la escritura de compraventa del terreno" y "a su participación en el capital social" de Marina Atlántica, los acusados en la cúpula de la caja "utilizaron e instrumentalizaron una sistema de financiación cuyo objetivo, en última instancia, era ocultar a los órganos rectores de Caixanova el precio finalmente pagado", algo que hicieron "mediante la concesión de préstamos participativos, ampliaciones de capital y pólizas de crédito a las sociedades Residencial Marina Atlántica SA y Conjunto Residencial Marina Atlántica SL".
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El desembolso de dinero de Caixanova en apoyo al proyecto urbanístico finaliza "en 2011, cuando NovaCaixaGalicia Banco, entidad surgida tras la fusión de Caixanova con Caixa Galicia, en adelante NCG Banco, se adjudicó el terreno tasado en junio de 2012 por la Sociedad de Tasación de 1,9 millones de euros, en pago de las deudas de sus sociedades participadas que ascendieron a 45.059.139,18 euros".
Por la pérdida de esos 45 millones de euros de Caixanova en el proyecto Massó, la Fiscalía consideró que el Estado acabó saliendo perjudicado en última instancia ya que salió a su rescate el FROB, "que al inyectar 10.000 millones de euros que eran necesarios para poder hacer frente a la preocupante situación económica de la entidad asumió, entre otras, las pérdidas derivadas de esta operación". Por su parte, los terrenos quedaron en propiedad de Abanca como sucesora de NCG Banco.
Por estas actuaciones, la Fiscalía llegó a juicio el pasado 27 de noviembre solicitando diversas penas de prisión para los implicados por delitos societarios de administración desleal y apropiación indebida. Pero ese mismo día admitió que los hechos ya habían prescrito, se retiraron las acusaciones y la Audiencia Nacional dictó una sentencia absolutoria que ahora se ha publicado. La desaparición de 45 millones de euros de Caixanova en Massó queda así impune.