El descrédito del Constitucional, un tribunal bajo el asedio de los partidos que lo eligen

Lo dijo Manuel García-Pelayo, prócer del constitucionalismo español y primer presidente del Tribunal Constitucional tras su dimisión en 1986. “Algunos grupos confunden sus propios intereses con el prestigio o desprestigio del tribunal”. Han pasado 38 años desde entonces y el análisis de García-Pelayo está más vigente que nunca. El supremo intérprete de la Constitución no ha dejado de recibir duras críticas de los partidos que deciden su composición en las últimas legislaturas. El último ataque, el del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Tenemos dificultades para aceptar su imparcialidad”, dijo el 2 de julio. En el fondo de sus declaraciones se encuentra la actual mayoría progresista en el órgano, lo que no deja de ser contradictorio. Porque al menos siete de sus 11 miembros actuales, tanto los propuestos por el PP como por el PSOE, se convirtieron en magistrados gracias a los votos de los diputados y senadores de su grupo.

Las andanadas de Feijóo se producen días después de que el alto tribunal haya reducido las penas a varios de los políticos andaluces condenados por el caso de los ERE de Andalucía. También como medida preventiva a la espera de futuras resoluciones sobre la ley de amnistía para los líderes del procés que choquen con la posición contraria a la norma que ha mantenido durante toda su tramitación parlamentaria. Sus airadas críticas hacia el órgano, al que trata como parcial o de parte, tienen que ver con su actual mayoría de magistrados progresistas (siete), frente a los conservadores (cuatro, que serán cinco cuando se incorpore el próximo candidato, su líder en el CGPJ, José María Macías). Pero hasta diciembre de 2022 estaba escorado hacia los conservadores gracias a los sucesivos Gobiernos de Mariano Rajoy.

“Las de Feijóo son críticas insostenibles porque la teórica apariencia de parcialidad que él denuncia no es algo que se haya producido ahora, con la última renovación”, explica el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Alberto López Basaguren. “La composición del tribunal antes de los últimos cambios era muy similar a la que tenemos ahora, solo que, hasta los nuevos nombramientos, la mayoría de magistrados era del otro signo”, añade.

Que las mayorías en el Constitucional oscilen según la representatividad de los partidos es fruto de su sistema de selección recogido en la norma fundamental. A sus 12 miembros, con un mandato de nueve años, los eligen los tres poderes del Estado y se renueva por tercios cada tres años y con una mayoría de votos muy cualificada (tres quintos), lo que obliga a los dos principales partidos (PSOE y PP) a pactar. Primero es el Congreso el que nombra a cuatro miembros, después el Senado propone a otros tres. El último tercio lo elige el Consejo General del Poder Judicial (dos magistrados) y el Gobierno (otros dos). Todos ellos tienen que ser juristas de reconocida competencia con más d 15 años de ejercicio profesional, según el artículo 159 de la Constitución.

Reparto por cuotas

Esa “reconocida competencia” de los magistrados estuvo muy clara en los primeros años de existencia del tribunal, lo que, según Basaguren, le dio una gran credibilidad. Pero, desde hace años, el gran respeto inicial del que gozó ha degenerado. “Y la responsabilidad es de los partidos”, señala el catedrático. “Antes contaba la adscripción ideológica de cada uno, como ahora, pero sobre todo su indiscutible prestigio profesional”. Detrás de la actual degradación hay dos motivos. “En primer lugar el reparto por cuotas. No es que los partidos estén de acuerdo con la profesionalidad de los candidatos del otro, sino que solo importa el número que toque a cada uno y que no haya vetos”, continúa el profesor. “También la presencia cada vez más importante de personas que hayan demostrado fidelidad a los intereses de cada formación e incluso que tengan o hayan tenido conexiones con estos en su carrera”.

Que la culpa del descrédito del tribunal la tienen los partidos no solo lo sostiene Basaguren. También siete expresidentes del Constitucional lo señalaron hace dos años al coincidir en una mesa redonda en el Senado. Álvaro Rodríguez Bereijo (1995-1998) cargó contra la falta de transparencia que imponen estos en las renovaciones que se refleja en la imposibilidad de que sus parlamentarios puedan discrepar públicamente sobre los candidatos “si quieren seguir en política”. Pedro Cruz Villalón (1998-2001) reclamó que estos aspirantes sean elegidos por su “excelencia y reconocimiento”. “El tribunal es fuerte si van los mejores”, dijo por su parte María Emilia Casas (2004-2011). Miguel Rodríguez Piñeiro habló sin ambages del “desprestigio” generado por las formaciones políticas que “no han aceptado el concepto de lealtad institucional”.

La presencia de magistrados que previamente estuvieron ligados directa o indirectamente a los partidos en los últimos años es un hecho. Por el tribunal ha pasado desde un presidente con carné del PP (Francisco Pérez de los Cobos), hasta jueces como Andrés Ollero, que previamente había sido diputado de ese partido. O Enrique López, que tras ser vocal del CGPJ a propuesta del PP y pasar por el Constitucional, se convirtió en consejero de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Un exministro de Justicia con el PSOE, Juan Carlos Campo, forma parte actualmente del órgano; y también la que fuera directora general de Asuntos Constitucionales en el Gobierno de Pedro Sánchez, Laura Díez. Tras una encendida polémica por sus vínculos con el PP y con su fundación (FAES), y su aparición en algunos casos sonados de corrupción, el magistrado a propuesta del de ese partido Enrique Arnaldo fue elegido en 2021 con una amplia mayoría que, por supuesto, incluía los votos del PSOE.

Confinamiento inconstitucional

Otro de los factores que han influido en esa percepción de falta de imparcialidad tiene que ver con algunas de sus recientes resoluciones. Como la que declaró inconstitucional el confinamiento decretado el 14 de marzo de 2019 por el Gobierno de Pedro Sánchez en plena pandemia de covid gracias a un recurso de inconstitucionalidad de Vox, algo que hizo, eso sí, asegurándose de que los miles de trabajadores y empresarios afectados por la medida no pudieran obtener una indemnización. O su intervención en el Senado para paralizar la reforma legal sobre la renovación del propio tribunal a petición del PP, que se adoptó con el voto a favor de dos magistrados propuestos por ese partido que tenían su mandato caducado desde hacía meses, los que precisamente iban a ser sustituidos con esa modificación. El Constitucional apareció entonces como un actor político que intervenía directamente en el Parlamento antes de que se aprobara la ley, algo que tiene prohibido.

Basaguren recuerda también otra intervención de un partido que afectó gravemente a la percepción social del alto tribunal: la alteración de su reparto de fuerzas por el PP durante la deliberación de la sentencia del Estatuto de Cataluña. Sus abogados consiguieron en 2007 apartar al magistrado progresista Pablo Pérez Tremps por su autoría de un trabajo académico pagado por la Generalitat de Cataluña, consiguiendo así que los magistrados conservadores se hicieran con la mayoría. “Ese episodio fue un baldón. Puso de manifiesto que había sectores dispuestos a traspasar todos los límites para obtener una resolución a su favor. Los ciudadanos vieron que se podía forzar la máquina, lo que también ha incidido en el desprestigio actual”, asegura el catedrático. Los actuales magistrados han cambiado su doctrina para evitar que un episodio así pueda repetirse.

Diecisiete años después, la cuestión catalana está de vuelta en la mesa de los magistrados. Desde 2013 hasta 2022, fueron los conservadores los que tenían la mayoría pero, ahora, gracias a los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez, la adscripción mayoritaria es progresista, y, previsiblemente lo seguirá siendo hasta 2031. En el tribunal prevén que los primeros recursos sobre la ley de amnistía lleguen a su sede a lo largo del verano. Sus resoluciones, casi con total seguridad, serán cuestionadas por el PP como parciales, profundizando el proceso de descrédito del órgano. Y eso será así pese a que la mayoría de sus 12 integrantes, también los propuestos por el PSOE, fueron elegidos con su voto.