“Si a mí alguien me viniera y me dijera que sabe perfectamente cómo y qué día desescalar, no me lo creería. Todo el mundo dice que tiene dudas”. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, formalmente la piedra angular del Gobierno en la gestión de la lucha contra la pandemia, no deja margen para sospechar que conoce el futuro. Con más de 23.000 fallecidos por covid-19, Illa mantiene el principio de cautela antes de tomar decisiones sobre la segunda fase de la lucha contra el covid-19, la que nos llevará gradualmente al desconfinamiento y a lo que el Ejecutivo —todos los ejecutivos, porque el término ha hecho fortuna en el mundo— ha bautizado como la “nueva normalidad”. Una fase que el Gobierno considera aún más difícil que la del confinamiento y en la que quiere minimizar los riesgos de un rebrote. Por eso insiste constantemente en que, al menor indicio de rebrote, cualquier medida de desescalada que se tome será inmediatamente revertida.
El Gobierno juega con varias hipótesis y diferentes escenarios de lo que viene, pero no hará público en detalle hasta el martes su plan de desescalada, después de escuchar este domingo a las Comunidades Autónomas, a las que —esta vez sí— el Gobierno dice querer hacer cómplices de la gestión de la paulatina reducción de la medidas que desde hace seis semanas han detenido la vida económica y social del país. Aunque el presidente Pedro Sánchez se reserva la toma final de las decisiones.
Para garantizar la máxima coordinación, sostiene el Gobierno, “todo el proceso de desescalada se regirá por un mismo Cuadro de Mandos Integral para el conjunto del país. Ese Cuadro de Mandos integrará varios marcadores que serán valorados tanto desde el punto de vista cuantitativo como también desde el punto de vista cualitativo”. Este lunes tendrá lugar una reunión técnica para “acordar y afinar” los requisitos técnicos que supondrán ese Cuadro de Mandos, en el que está por ver cuál será la presencia exactade las comunidades autónomas.
En todo caso, el Gobierno ha prometido —y así lo reiteró este sábado Sánchez en su comparecencia televisada— que los marcadores “serán accesibles al público” para que cualquier ciudadano de a pie, desde cualquier territorio, pueda conocer “los criterios objetivos” en los que se van a basar las autoridades para fundamentar las decisiones políticas.
El punto de partida ya lo anunció el presidente hace una semana. Antes de desescalar hay que cumplir las seis condiciones fijadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS): tener la transmisión controlada —lo que implica contar con mecanismos de identificación y aislamiento de las personas contagiadas—, un sistema de salud en condiciones de determinar cada caso mediante pruebas, mantener bajo control los lugares de mayor riesgo de infección —hospitales y residencias de mayores—, la puesta en marcha de un sistema de control de personas procedentes de otros países, el diseño de estrictas medidas preventivas en centros de trabajo y educativos y una población comprometida con las reglas de higiene y la distancia social.
Y para cumplir esos requisitos, el Gobierno está diseñando un sistema de monitorización y vigilancia del que pueda fiarse, impulsa un refuerzo del sistema nacional de salud y trabaja en una actualización de los planes de contingencia para el caso de tener que hacer frente a un rebrote de la enfermedad.
Las medidas concretas se aprobarán el martes en Consejo de Ministros pero este domingo ya empezó un tiempo nuevo, porque la tercera prórroga del estado de alarma permite al ministro de Sanidad, como mínimo hasta el 9 de mayo, decidir cuándo y cómo se darán nuevos pasos hacia el desconfinamiento.
El siguiente ya lo anunció el sábado también Sánchez: “Si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo como lo está haciendo hasta ahora, a partir de próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos, siempre en las condiciones que nos marquen las autoridades sanitarias”.
El cambio en la regulación de los poderes extraordinarios del Gobierno es lo que permitirá modular las decisiones en función de los acontecimientos. El propio Salvador Illa ya había anticipado esta semana su disposición a hacerlo: “En los próximos quince días, en base a cómo evolucione la epidemia y con criterios de extrema prudencia, si podemos tomar alguna medida de alivio [adicional del confinamiento] no sería justo no tomarla”. Pero “necesitamos mejores resultados antes de entrar en la fase dos”, advirtió.
Illa no tiene que tomar esa decisión en soledad. Al frente de la discusión y definición de la estrategia de desconfinamiento gradual, en el que el Gobierno trabaja como “un proceso abierto” que irá evolucionando en el tiempo y que, aseguran en Sanidad, se desarrollará necesariamente en coordinación con las Comunidades Autónomas y la Unión Europea, está la vicepresidenta cuarta y ministra de Transformación Ecológica, Teresa Ribera.
La responsable de la política española contra la crisis climática, que es también una de las ministras en las que más confía el presidente Sánchez, mantiene una reserva absoluta, pero según algunas fuentes ha puesto ya en marcha hace varias semanas equipos de expertos en economía, epidemiología y transportes para diseñar diferentes escenarios de desconfinamiento gradual y asimétrico en los distintos territorios con el fin de identificar los que mejor se adapten a la situación de la enfermedad en las próximas semanas.
Segunda quincena de mayo
El horizonte —ya lo anunció Pedro Sánchez el miércoles en el Congreso— es la segunda mitad de mayo, pero eso no significa que el Gobierno haya descartado empezar a tomar medidas antes. “Si la evolución actual se mantiene y si cumplimos las condiciones marcadas por la Organización Mundial de la Salud, ya entrado mayo podemos plantearnos el inicio de esta segunda etapa de la transición”, reiteró el sábado el presidente.
La desescalada será gradual. Y eso significa “que no vamos a recuperar de golpe toda la actividad y toda la movilidad social, sino que lo vamos a hacer por etapas”. En cada campo de actividad se fijarán pasos sucesivos tanto en lo que se refiere a la reapertura de los comercios como a la restauración, el sector agrario y el sector turístico o cualquier sector industrial, en las actividades religiosas y en las actividades de cultura, de ocio y en los deportes. “Todas las actividades se recuperarán por etapas y bajo condiciones y limitaciones que irán variando con cada avance sucesivo que vayamos dando”, anticipó Sánchez.
Será el martes cuando el Consejo de Ministros apruebe ese Plan de Desescalada en el que se trabaja desde hace semanas y que “durará todo el mes de mayo. Veremos qué es lo que pasa en el mes de junio”, precisó el presidente el sábado.
Aunque todo indica que no será un plan con acciones y fechas concretas, sino de acciones vinculadas al cumplimiento de los indicadores. Su “corazón“, señaló Sánchez, será el informe independiente de los expertos que el doctor Fernando Simón presentó este domingo (ver aquí).
“Nosotros no vamos a poner fecha a la apertura de este o cual negocio”, advirtió el presidente en su última intervención pública. “Lo que vamos a definir es un cuadro de mandos, una serie de indicadores objetivos, indiscutibles, en base a los cuales vamos a hacer que los distintos territorios vayan transitando hacia esa nueva normalidad en función de distintas fases”. Entre las recomendaciones que figuran en el informe de expertos destaca la de que las comunidades dispongan del doble de camas de UCI de las que tenían antes de la pandemia.
Ningún país de nuestro entorno está siguiendo una pauta fija. Cada Gobierno está tomando decisiones y adaptando el desconfinamiento a su situación epidemiológica particular. Lo que está haciendo Alemania no tiene nada que ver con lo que ha decidido Portugal; lo que plantea Francia no se parece en nada a lo que ha anunciado Austria o prevé hacer Italia. A pesar de que sí existen algunas coincidencias generales. En primer lugar, la territorialización de la aplicación de las medidas de alivio. En segundo lugar, el comienzo por tiendas y comercios de pequeño tamaño, peluquerías e incluso de algunas escuelas, en todos los casos con drásticas medidas de aforo y de distanciamiento social.
Para definir esa hoja de ruta Ribera se está apoyando en ministros como Arancha González Laya, titular de Exteriores, y José Luis Escrivá, responsable de Inclusión y Seguridad Social. Illa aporta los científicos en los que ha basado las decisiones desde que comenzó la crisis y cada una de las 17 comunidades autonomías ha aportado un representante para hacer valer la voz de cada territorio.
No obstante, aunque Ribera e Illa están a la cabeza del grupo de trabajo, en última instancia, como siempre que ha tocado tomar una decisión sustancial, decidirá Pedro Sánchez. Y lo hará, según ha anunciado, una vez se hayan definido esos indicadores objetivos que afectan, sobre todo, al sistema nacional de salud, a su capacidad de respuesta en caso de rebrote y a su disponibilidad para gestionar la detección, el tratamiento y el seguimiento de nuevos casos. Algunos de esos indicadores parecen ya definitivos, como la situación del sistema de salud (ingresos hospitalarios, situación en las UCI, capacidad de la atención primaria) y la evolución del número de contagios y la cifra de fallecidos.
Una de las propuestas sobre las que se trabaja para plantear una reducción de las restricciones de movilidad y actividad en un lugar en particular es que consiga mantener al menos dos semanas una tasa de contagio por debajo de 1, que más de la mitad de las camas de las UCI estén libres de enfermos de covid-19, que la tasa de hospitalización por esta enfermedad baje del 30% y que la tasa de incidencia sea de dos casos nuevos o menos por cada 100.000 habitantes. Los detalles, según ha explicado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAE), se han discutido no sólo con las Comunidades Autónomas sino con la Unión Europea.
Estos parámetros serán muy importantes a la hora de poner en marcha la desescalada, pero no serán los únicos. También se tendrá en cuenta la concienciación de la población en los cambios de comportamiento, sobre todo la necesidad de mantener distanciamiento social y ser metódicos con las medidas de higiene, así como la disciplina a la hora de cumplir las restricciones vigentes. Y, sobre todo se mirará con lupa la situación epidemiológica por territorios, no sólo por comunidades autónomas: la mínima unidad a la hora de aplicar unas normas u otras sobre la que está trabajado el Gobierno son los municipios, lo que significa que puede ocurrir que ayuntamientos limítrofes tengan reglas de desconfinamiento distintas.
¿De qué dependerá? De los marcadores que tenga cada uno de ellos. Y, sobre todo, del índice de inmunidad poblacional —el porcentaje de personas que ya han superado la enfermedad y están inmunizados—. Obtener ese dato es el reto que se propone resolver Sanidad a partir de esta semana con la puesta en marcha de un ambicioso estudio serológico (basado en la detección de anticuerpos) con el que el Gobierno espera conocer, con cierto grado de detalle y a escala provincial, hasta dónde ha llegado en su progresión el virus del covid-19 en España.
El estudio, que adopta la forma de una gigantesca encuesta, supondrá tomar muestras a más de 60.000 personas en 36.000 hogares de toda España seleccionados aleatoriamente por el Instituto Nacional de Estadística de acuerdo a criterios diseñados para que los resultados obtenidos sean representativos del total de la población. Serán las comunidades autónomas, a través de sus servicios de atención primaria, quienes recojan las muestras a lo largo de tres oleadas consecutivas.
Los elegidos —que si aceptan participar en el estudio tendrán que someterse a dos análisis— recibirán una llamada telefónica en estos próximos días para proponerles la prueba y concertar una cita en su domicilio o en el centro de salud.
El trabajo de campo, de una enorme complejidad por el número de sanitarios que movilizará, se prolongará durante varias semanas, pero los resultados se irán haciendo públicos a medida que estén disponibles. Y esa información será clave para acompasar el ritmo y la localización de la desescalada, sobre todo en la segunda quincena de mayo.
Los datos van mejorando
Sanidad insiste en la prudencia porque quiere minimizar los riesgos. Pero creen que los datos de evolución de la pandemia van mejor de lo que parece. Esa opinión se basa, sobre todo, en que la evolución de las curvas de infectados y fallecidos siguen mejorando a pesar de que se han duplicado las pruebas diagnósticas PCR que se realizan cada día. En estos momento se hacen más de 40.000 pruebas diarias y Sanidad trabaja para alcanzar la cifra de entre 70 y 80.000. Hasta ahora, según fuentes del ministerio, se han realizado en total más de un millón.
El papel de la atención primaria será muy relevante a lo largo de todo el proceso y su trabajo, según Simón, permitirá estimar con detalle la dimensión real de la epidemia, conocer la prevalencia de la infección y disponer de una estimación de las personas que ya están inmunizadas.
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Los ritmos dependerán de los marcadores. Pero también de la disciplina social. Así que el Gobierno tiene que comprobar desde este domingo cómo funciona la autorización para sacar a pasear a niños menores de 14 de años. De momento Sanidad se declara muy satisfecha de cómo ha ido la vuelta al trabajo tras el parón de Semana Santa, porque quienes detuvieron su actividad han regresado a ella con una nueva conciencia de la necesidad de ser estrictos en el distanciamiento social y en las medidas de higiene.
Sobre el papel, y a la vista de la evolución de contagios y fallecidos, las comunidades con más posibilidades para ser de las primeras en aplicar medidas territorializadas de desescalada son Canarias, Murcia y La Rioja, además de Ceuta y Mellilla. Andalucía se acerca también a sus cifras en varios de los parámetros manejados.
A la hora de aprobar medidas de desconfinamiento en unos ayuntamientos y no en otros también influirán otros indicadores, como la densidad de población. En teoría, según todas las fuentes consultadas, las áreas rurales están en condiciones de aplicar mejor el distanciamiento que las urbanas.