Más de 11,6 millones de habitantes en España viven en municipios sin ningún medio que les proporcione información local sobre el área en la que viven. Esta cifra forma parte de las conclusiones del estudio Sin población, sin noticias: desiertos informativos y áreas en riesgo en España, que acaban de publicar los investigadores de la Universidad de Santiago Cruz Negreira, Jorge Vázquez y Xosé López.
Es una cifra “alarmante”, subraya el informe, porque significa que “el 24.51% de la población española vive en lo que los investigadores denominan “desiertos informativos”, una expresión que define el territorio, cada vez más extenso, en el que los ciudadanos carecen de uno de los ingredientes fundacionales de la comunidad y del sistema democrático. Son los municipios en los que la gente puede “no tener sus necesidades críticas de información cubiertas”.
Y la situación va camino de agravarse: otro 9,47% de la población vive en uno de los 523 municipios en riesgo de convertirse en desiertos informativos, es decir, que a finales del año pasado solo estaban cubiertos por un medio.
Los riesgos
Los estudios que se han llevado a cabo sobre el impacto de este fenómeno en el resto del mundo han llegado a conclusiones comunes sobre sus efectos adversos “que también podemos aplicar al caso español”, señala el informe. “Los residentes de los desiertos informativos no reciben información profesional actual o información publicada en medios tradicionales” y eso les expone mucho más a recibir información a través de otros canales, como redes sociales permeables a la desinformación. “Y esto perjudica su funcionamiento democrático, cohesión social o sentido de comunidad. Los vecinos y las organizaciones locales no están representados en los medios, no obtienen visibilidad real para sus comunidades y carecen de un servicio público fundamental para tomar decisiones que afectan su calidad de vida”.
Si entendemos que el periodismo debe ejercer como contrapoder y asumir un papel fortalecedor de la democracia, lo que está pasando en los desiertos de noticias “es un problema moderadamente grave”, confirma la profesora de Comunicación Cruz Negreira. La ciudadanía que vive en esas áreas despobladas de medios y de información no está pudiendo cubrir sus necesidades informativas básicas”. Y eso “es un riesgo potencial para el funcionamiento democrático de esas comunidades, que seguramente tenga impacto a nivel comunitario o nacional”.
Espacio para las redes sociales
Donde no hay periodismo profesional, explica, se crean las condiciones para “que haya una ausencia total del relato de lo que ocurre en esos municipios o en esos territorios. Supone que no haya vigilancia del poder” y eso es “un factor de riesgo más asociado a la desinformación”.
En ausencia de medios y de periodistas profesionales, “la ciudadanía crea, o puede crear, sus propios mecanismos de comunicación a partir de las redes sociales” susceptibles de “caer de forma mucho más fácil en las dinámicas propias de la desinformación”.
Los autores del estudio todavía no han llegado a conclusiones concretas sobre esta derivada del problema, pero ya están en ello. Será su siguiente paso. Para averiguarlo, están examinando “qué rutinas de consumo informativo tienen los ciudadanos que habitan en esas zonas”.
Una de las conclusiones del informe es que, en el caso de España, la desigualdad territorial en el acceso a la información local va de la mano con la desigualdad poblacional. “Hemos encontrado que los municipios con menos habitantes y aquellos que han sufrido procesos de despoblación en los últimos años son los que tienen menos medios y son más frecuentemente desiertos informativos”. La despoblación emerge así como un factor de riesgo determinante en la aparición de desiertos informativos, “al igual que el índice de riqueza, aunque en menor grado”.
De los 4.929 municipios que perdieron más del 1% de su población en el período 2001-2021, el 88% son desiertos informativos, “lo que debería preocupar” desde el punto de vista de “la protección del ecosistema mediático y el acceso a la información local en territorios despoblados”.
Los más afectados
En el conjunto de España hay claras diferencias en la presencia de desiertos informativos en las diferentes comunidades autónomas. Hay cinco en las que más del 90% de sus municipios pueden considerarse desiertos informativos: Castilla y León (96.89%), La Rioja (95.98%), Comunidad Foral de Navarra (93.38%), Castilla-La Mancha (90.86%) y Cantabria (90.19%). En ellas hay porcentajes de población de entre el 30% y el 50% que pueden no tener cubiertas sus necesidades críticas de información.
En la posición opuesta están cinco comunidades autónomas con un porcentaje de municipios considerados desiertos informativos de menos del 60% y con menos del 20% de su población en estos territorios. Son Cataluña, Galicia, Región de Murcia, Comunidad de Madrid y País Vasco. Las tres que destacan por sus ecosistemas de medios locales (Cataluña, Galicia y País Vasco) son comunidades autónomas con sus propios idiomas oficiales además del castellano.
La relación entre este problema y la despoblación puede parecer obvia, pero Negreira llama la atención sobre la ausencia de referencias a los desiertos de noticias cuando se reseñan los retos y se buscan soluciones a la España vaciada. “Falta poner un poco de atención en ese servicio informativo y periodístico, que claro, muchas veces se asume que no es la prioridad absoluta, pero que tiene su importancia”, en particular en lo que afecta al funcionamiento democrático de las sociedades y la capacidad de las comunidades afectadas de “construir su identidad”. “El acceso a la información local y la protección de los medios locales deben contemplarse como parte de la estrategia del gobierno contra el llamado reto demográfico”, remarca el estudio.
Las crecientes áreas informativamente yermas contrastan con el rico y creciente ecosistema de medios digitales en España. El motivo es que los medios digitales tienden a concentrarse en las ciudades más pobladas y en las capitales de las provincias. “Además”, precisa el informe, “la mayoría de ellos tienen un alcance regional o provincial, con un menor peso de los medios locales que cubren áreas municipales o comarcales más pequeñas y remotas, y con una presencia excepcional de medios hiperlocales”.
Se trata de un fenómeno, concluyen los autores del estudio, que “necesita ser abordado en España. Hay un gran territorio y más de 11 millones de habitantes que no tienen sus medios locales para contar su realidad y satisfacer el derecho a la información de los ciudadanos reconocido por la Constitución española”.
En busca de soluciones
En Estados Unidos, donde hace años que se ha detectado el problema y sus graves consecuencias para el funcionamiento del sistema democrático, se están ensayando mecanismos de financiación pública para tratar de mantener vivo el periodismo local. Pero que son difíciles de plantear en España, donde el flujo de dinero desde las instituciones a los medios está permanentemente bajo sospecha.
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Es un problema difícil de solucionar, concede Negreira, y todavía estamos en la fase de tomar conciencia sobre él. “La ciudadanía tiene que entender que el periodismo ocupa un espacio en nuestras democracias importante y necesario”, pese a la “pérdida generalizada de confianza” por parte del público que está sufriendo.
En las comunidades locales, defiende la coautora del estudio, se debería reforzar el apoyo ciudadano, empresarial y de los gobiernos locales a los medios de comunicación. También por parte del sector profesional, los colegios y las asociaciones de periodistas, deberían reivindicar la necesidad de los medios locales.
La solución, en todo caso, “no es fácil”, admite. “Al estar muy vinculado al tema de la despoblación”, si eso no se corrige, “al final no hay solución tampoco para los medios”.
Más de 11,6 millones de habitantes en España viven en municipios sin ningún medio que les proporcione información local sobre el área en la que viven. Esta cifra forma parte de las conclusiones del estudio Sin población, sin noticias: desiertos informativos y áreas en riesgo en España, que acaban de publicar los investigadores de la Universidad de Santiago Cruz Negreira, Jorge Vázquez y Xosé López.