La abrumadora ignorancia y desmemoria que durante su declaración como imputada exhibió la infanta Cristina en todo lo relativo a los negocios de Iñaki Urdangarin y de la empresa que ambos comparten, Aizoon SL, la ha acercado un paso más al banquillo, sostienen fuentes conocedoras del caso.
El juez José Castro guarda un hermético silencio sobre las consecuencias de los 412 “no lo sé” pronunciados por la infanta y de su enroque en que jamás –“No me enteraba de nada”, dijo en su declaración– tuvo la menor noción de lo que hacían Instituto Nóos ni Aizoon SL ni su marido a efectos empresariales. Pero observadores que representan intereses y tesis contrapuestas dan por hecho que el magistrado incluirá su nombre en la lista de procesados una vez dicte el llamado auto de pase a procedimiento abreviado, que cierra la instrucción y abre la recta final hacia el juicio.
“Sus constantes evasivas –analiza una fuente– hacen que su declaración sea exactamente igual que si la infanta hubiese ejercido su derecho a no declarar: ni esclareció nada ni aportó ningún elemento que permita que el juez modifique la trayectoria de sus resoluciones anteriores para archivar la imputación que pesa sobre ella porque no se da ninguna de las condiciones que la ley prevé para un sobreseimiento antes del juicio oral”.
Las 120 páginas de la transcripción del interrogatorio incluyen afirmaciones chocantes o inverosímiles como su respuesta a la pregunta que el juez le formuló sobre por qué su empleada de hogar constaba como contratada por Aizoon SL en funciones de telefonista. “No lo sé –contestó la hija del rey–, porque yo no sé qué funciones ejercía cuando yo me iba de la casa, no sé”.
Si finalmente el juez Castro procesa a Cristina de Borbón por delito fiscal y/o blanqueo de capitales –a día de hoy, no se espera una decisión inminente–, el fiscal Pedro Horrach recurrirá sin duda ante la Audiencia de Palma, en cuyas manos quedará despejar el camino de la infanta o el del banquillo. Convencido de que la conducta de Cristina de Borbón puede merecer reproche ético pero no penal porque –y ese es su argumento clave– ni tenía por qué saber que su marido defraudaba a Hacienda ni conocer el origen ilícito del dinero de Aizoon que ella misma utilizó para gastos privados, el entorno de Horrach no recibirá con sorpresa su eventual procesamiento por parte del juez.
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Jamás habló con su marido de Aizoon
En ámbitos cercanos a la Fiscalía se pone el acento en cómo la transcripción del largo interrogatorio de la infanta muestra que el juez “se cuidó mucho con sus preguntas de remarcar ciertas respuestas” de la imputada. Básicamente, aquellas en que su alegato de ignorancia o desmemoria resulta especialmente inverosímil. Por ejemplo, cuando aseguró que jamás habló con su marido sobre Aizoon SL –“No hablamos de nuestros negocios en casa”–, o que no sabía que la empresa tenía su domicilio en el palacete familiar de Pedralbes ni que su instalación allí había venido precedida de un contrato de alquiler firmado por ella misma y por su marido. O cuando sostuvo que ignoraba lo que era Nóos Consultoría Estratética SL, la empresa creada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres y a la que la pretendida ONG homónima, Instituto Nóos, trasvasó 2,8 millones de euros de los seis obtenidos a dedo de la Generalitat valenciana y el Govern balear.
¿Y dónde queda entonces el testimonio de los peritos de Hacienda, que exculparon sin ambages a la infanta sin que el juez refutase sus argumentos? Pues, de momento, algunas fuentes ya manejan un nuevo razonamiento que permitiría a Castro seguir adelante con la imputación: “Hacienda debe decir si hay o no delito fiscal, pero se extralimita si pretende marcar al juez quién lo ha cometido y quién no, porque quién le dice a los funcionarios que en el delito no ha habido cooperadores necesarios o cómplices”. Lo importante –remacha una fuente para conjurar con sus palabras el fantasma de la doctrina Botín y la imposibilidad de llevar a alguien a juicio si la Fiscalía no le acusa– es que Hacienda sí ve aquí delito fiscal, algo que no sucedió en el caso Botín”.
La abrumadora ignorancia y desmemoria que durante su declaración como imputada exhibió la infanta Cristina en todo lo relativo a los negocios de Iñaki Urdangarin y de la empresa que ambos comparten, Aizoon SL, la ha acercado un paso más al banquillo, sostienen fuentes conocedoras del caso.