Los ayuntamientos de 26 municipios catalanes han dicho nonoa la petición de la Generalitat de facilitar sus locales para el referéndum del 1-O. Dichos municipios cuentan con una población de 1.699.912 personas, ya que figuran entre ellos dos de las cuatro capitales de provincia –Lleida y Tarragona– y muchos del área metropolitana de Barcelona, bastión histórico del PSC. Se trata del 22,73% de la población de Cataluña y el 21,29% del último censo electoral catalán, es decir, de las personas que están llamadas a votar (si la Generalitat utiliza esa lista y no otra). Sin embargo, ello no implica que, llegado el día de la consulta, los habitantes de estos pueblos y ciudades no tengan dónde introducir la papeleta, se la lleven de casa o no: en la carta firmada por el president, Carles Puigdemont, y el vicepresident, Oriol Junqueras, y en la Ley del Referéndum, se especifica que la Generalitat tratará de poner los medios para la votación si las corporaciones locales no hacen esa labor. No queda claro cómo lo hará, sobre todo si finalmente Barcelona, con la decisión aún pendiente, se suma al bando de la negativa: en ese caso, el 21,29% pasaría a un 43,7% de catalanes en disposición de poder votar sin sus alcaldes dispuestos a ceder espacios para hacerlo.
"La administración electoral del Govern de la Generalitat puede determinar locales alternativos para hacer efectivo el derecho de los electores", rezaba la carta enviada por correo ordinario a todos los municipios de Cataluña. Son palabras literales de la Ley del Referéndum, de su artículo 29, que además obliga a los consistorios catalanes a poner a disposición de la jornada los centros de su titularidad, que se usan habitualmente como centros de votación en las elecciones ordinarias. Sin embargo, muchos de los municipios están contestando al Gobierno autonómico que la norma que regula la consulta es ilegal por orden del Tribunal Constitucional y, por tanto, no la acatarán. La Vanguardia asegura que la intención del Gobierno catalán es habilitar los centros de titularidad pública más próximos a los locales habituales para facilitar el voto de los ciudadanos de los municipios cuyas alcaldías se niegan a participar en el referéndum.
Queda por saber cómo se concretará esa labor de la Generalitat en esos municipios y qué pasará con los que aún no se han posicionado ni a favor, ni en contra, o han pedido más información, como es el caso del consistorio de Barcelona. Estos municipios suman el 36% de la población catalana. Lo que parece claro es que, con la ayuda de los alcaldes o sin su ayuda, la Generalitat hará todo lo posible por que en estos municipios se instalen urnas. La Associació de Municipis per la Independència y la Generalitat no facilitan los datos sobre el número de consistorios que han declarado su apoyo al 1-O antes o después de la prohibición del Constitucional
Donde no tendrán problema para la organización, a pesar de las advertencias del Estado central, es en los municipios donde los alcaldes han manifestado su disposición a participar en el referéndum. Según datos de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), suman ya 668, una aplastante mayoría en cuanto a número de ellos, aunque no en cuanto a población: representan aproximadamente al 41% de los ciudadanos de Cataluña. La Generalitat, ante la petición de infoLibre, no ha respondido a la pregunta de cuántos de ellos se adhirieron a la consulta antes de la suspensión del Tribunal Constitucional y cuántos lo han hecho a posteriori. La AMI asegura que no cuentan con ese dato, a pesar de estar elaborando un listado que actualizan constantemente.
La incógnita y la importancia de Barcelona
De ese 36%, un 21,5% es de barceloneses. Los ciudadanos del último censo electoral de Barcelona son, concretamente, el 21,8% del total del censo en Cataluña. La posición de la ciudad es clave, por lo tanto, no solo por su simbología como capital y gran centro neurálgico, sino por su peso demográfico. La duda se cierne sobre cómo se llevará a cabo la jornada electoral en Barcelona sin la participación del Ayuntamiento, donde en las elecciones autonómicas de 2015 se abrieron 1.609 mesas. La logística que desplegará el Gobierno autonómico, en caso de negativa de la corporación municipal, es una incógnita.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, contestó el pasado viernes a la misiva de Puigdemont y Junqueras reclamando garantías para la protección de los funcionarios que participen en la organización de la consulta. Reiteró la disposición del Ayuntamiento para "garantizar y facilitar el derecho a la participación política y la movilización ciudadana", pero matizó que lo hará "siempre que no se ponga en riesgo a la institución y a los servidores públicos municipales".
Al respecto, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró en una entrevista recogida por Europa Press que se está buscando una solución en Barcelona. "Si un ayuntamiento directamente no puede ponerse ante la solución, pero acepta no formar parte del problema, hay un margen para trabajar", argumentó, y añadió que el deber del Govern es garantizar que se pueda votar. Crece la presión sobre Colau y los 'comunes' para que impulsen el referéndum tras la suspensión del TC
Fuentes del entorno de Ada Colau denuncian las presiones que están sufriendo para posicionar a la ciudad a favor del 1-O. "Las fuerzas independentistas están intentando colocar todos los focos en la decisión de Barcelona", aseguran. Y no solo por su importancia demográfica, sino por la importancia política de la capital y de su Gobierno local, liderado por un Catalunya en Comú que pretende mantenerse al margen de la lucha entre secesionistas y centralistas.
Este es el mapa político de los municipios que concentran el 43% del censo para el referéndum
Dichas fuentes consideran que darle importancia, por parte del bloque independentista, al posicionamiento de la Ciudad Condal, cumple doble función. La primera es que un hipotético sí a poner al Ayuntamiento al servicio de la consulta arrastraría a muchos municipios que aún no se han pronunciado a participar, y lo contrario en caso de una negativa. La segunda es que consideran que los secesionistas pueden utilizar la decisión o bien para debilitar a Colau o bien para apuntarse el tanto de la participación de la gran capital. En caso de un no definitivo, podrían acusarla de "traidora a la causa" y propiciar que pierda importancia en el marco de la izquierda catalana, en favor de Esquerra Republicana, fiel aliado o motor del procés. Al propio Podemos estatal, aseguran las fuentes, también le conviene que Barcelona no participe, ya que perciben a la ex lideresa antidesahucios como una peligrosa competidora en el futuro. "Se ha convertido en adversaria de todos los frentes", aseguran estas voces de En Comú.
La intención de Colau y su equipo es, por lo tanto, mantener en lo posible a la alcaldesa al margen de la pugna. "El Ayuntamiento está intentando mantenerse en la posición que las bases [de Catalunya en Comú] decidan, entre si apoyan o no la participación en la movilización popular, sin contemplar que pueda asumirse como un referéndum vinculante", afirman las fuentes. Esa es la postura que defenderán para evitar que alguno de los dos bloques lleve la decisión a su terreno.
El debate sobre el lugar de Barcelona en el 1-O se mantiene en el cénit de los días previos al 1-O. Este lunes se celebra la movilización de la Diada, una marcha en la Ciudad Condal convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural que se prevé masiva. Ya se han inscrito más de 360.000 personas, una cifra superior a los manifestantes que se congregaron en la capital en 2016. Durante la misma mañana del 11 de septiembre, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el líder de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, compartirán cartel en un acto titulado Una Cataluña soberana, diversa y valiente, en el que intentarán fortalecer sus mensajes: el 1-O como movilización popular pero no como referéndum vinculante, una Cataluña soberana pero no independiente. Está por ver si la "tercera vía" resistirá a la polarización creciente que admiten los independentistas y que, temen, puede afectar al músculo de la manifestación que recorrerá Barcelona a partir de las 17:14 horas.
Los ayuntamientos de 26 municipios catalanes han dicho nonoa la petición de la Generalitat de facilitar sus locales para el referéndum del 1-O. Dichos municipios cuentan con una población de 1.699.912 personas, ya que figuran entre ellos dos de las cuatro capitales de provincia –Lleida y Tarragona– y muchos del área metropolitana de Barcelona, bastión histórico del PSC. Se trata del 22,73% de la población de Cataluña y el 21,29% del último censo electoral catalán, es decir, de las personas que están llamadas a votar (si la Generalitat utiliza esa lista y no otra). Sin embargo, ello no implica que, llegado el día de la consulta, los habitantes de estos pueblos y ciudades no tengan dónde introducir la papeleta, se la lleven de casa o no: en la carta firmada por el president, Carles Puigdemont, y el vicepresident, Oriol Junqueras, y en la Ley del Referéndum, se especifica que la Generalitat tratará de poner los medios para la votación si las corporaciones locales no hacen esa labor. No queda claro cómo lo hará, sobre todo si finalmente Barcelona, con la decisión aún pendiente, se suma al bando de la negativa: en ese caso, el 21,29% pasaría a un 43,7% de catalanes en disposición de poder votar sin sus alcaldes dispuestos a ceder espacios para hacerlo.