El cambio político que llegó a muchos Ayuntamientos tras las municipales de mayo de 2015 trajo consigo una corriente favorable a la remunicipalización –es decir, la recuperación de la gestión municipal, sin empresas privadas de por medio– de algunos de los servicios que prestan los ayuntamientos como el agua, la zona azul, la grúa, la limpieza, la recogida de basuras, los teléfonos de información ciudadana...
El objetivo, al menos así se plasmó en algunos programas electorales, era dar la vuelta a una situación afianzada desde hace años después de que numerosos consistorios –por motivos ideológicos o económicos, o por una mezcla de ambos– traspasaran la gestión de algunos de estos servicios básicos a compañías privadas. En algunos casos esos contratos son de larga duración (hasta una década) y tienen condiciones blindadas.
Los modelos más habituales de la llamada gestión indirecta son las concesiones administrativas, que suponen la cesión de la explotación de un servicio a una empresa privada a cambio de una cantidad de dinero que le abona la Administración pública, o la venta de parte o de la totalidad de las empresas públicas que gestionan algunas de esas prestaciones básicas, un fenómeno que se ha dado principalmente en sectores como el abastecimiento de agua.
Aunque la mayoría de iniciativas en este sentido propuestas por los consistorios todavía están en fase de estudio y debate, sí hay algunas que se han puesto en marcha. Por ejemplo, el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó en mayo la modificación de la forma de gestión de los servicios funerarios. Lo hizo creando una nueva empresa de capital íntegramente municipal para la gestión de 14 cementerios, dos tanatorios y dos crematorios. Esos servicios estaban siendo prestados hasta este septiembre por una empresa que fue privatizada parcialmente en 1992. El contrato vencía ahora y se utilizó esta circunstancia para volver a la gestión directa.
El consistorio que dirige Manuela Carmena también anunció la semana pasada que la gestión del servicio de préstamo de bicicletas (Bicimad), que hasta ahora estaba en manos de la compañía Bonopark, pasará a depender de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), es decir, de una empresa pública ya existente. En este caso el contrato no había vencido pero el Ayuntamiento acordó con la concesionaria revertirlo por 10,5 millones de euros. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la empresa adquirida pierde 300.000 euros al mes por los daños y robos a sus bicicletas, según una auditoría del propio Ayuntamiento.
También el Ayuntamiento de Barcelona, capitaneado por Ada Colau, está dando pasos para recuperar prestaciones privatizadas. En este caso asumiendo directamente los servicios, sin empresas públicas o privadas de por medio. Por el momento lo ha hecho con el Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA) de mujeres maltratadas y el Servicio de Puntos de Información y Atención a las Mujeres (PiAD) asumiendo los contratos de sus 55 empleadas, que han pasado a integrar la plantilla municipal.
No obstante, aunque ahora parece haber una nueva corriente en este sentido, existen ejemplos previos de servicios subcontratados a grandes empresas y grupos económicos que fueron remunicipalizados. Por ejemplo, el Ayuntamiento de León, liderado por el PP, aprobó en 2012 la reversión de las competencias a la gestión pública del servicio de limpieza viaria, que hasta entonces gestionaba Urbaser.
Límites a la creación de empresas públicas
Sin embargo, la reforma local que el PP aprobó en 2013 sólo con el respaldo del PNV y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y que fue considerada la mayor metamorfosis de los ayuntamientos en democracia, puede dificultar que se pongan en marcha nuevos procesos de remunicipalización, tal y como confirman a infoLibre alcaldes, concejales y expertos en derechos administrativo. Además, la subrogación del personal y los costes derivados de las hipotéticas indemnizaciones a las empresas privadas que prestan los servicios amplían el catálogo de obstáculos.
Joaquín Tornos, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona (UB), explica que la reforma local de 2013 sí puede suponer un escollo para la remunicipalización en el sentido de que establece "límites" a la creación de empresas públicas. Precisamente esa es una de las principales vías de gestión pública, pues es muy poco habitual que los servicios se presten directamente por los órganos ordinarios del Ayuntamiento, que es la opción por la que está optando Barcelona. Lo que hace esta norma es impedir que las corporaciones que están en situación de déficit y sujetas a planes de estabilidad financiera puedan crear nuevas sociedades municipales.
Este es uno de los escollos que se están encontrando en Zaragoza, donde la voluntad del Ayuntamiento liderado por Zaragoza en Común –coalición apoyada por Podemos– de revertir la gestión privada del servicio telefónico del 010 y del punto limpio de la ciudad tiene todos los visos de frustrarse por esta prohibición de crear nuevas empresas al estar sometida la institución a un plan de ajuste.
Alberto Cubero, concejal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, explica que el equipo de Gobierno ha encargado los informes jurídicos pertinentes para conocer si pueden integrar estas prestaciones en sociedades públicas ya existentes, pues el problema es que no coinciden con el objeto social de ninguna. "La mejor fórmula para municipalizar manteniendo la estabilidad en el empleo es a través de mercantiles públicas pero es algo que no podemos hacer al estar sometidos a los objetivos de estabilidad", señala.
Esta misma vía es la que ya ha explorado, sin éxito, el Ayuntamiento de Cádiz, también capitaneado por una coalición apoyada por Podemos. Ante la imposibilidad de crear una nueva sociedad el alcalde de la ciudad, José María González, pretendía que otra ya creada (Aguas de Cádiz) asumiera los tres primeros servicios que quiere absorber el Ayuntamiento: limpieza de la arena de las playas, socorrismo y mantenimiento de los módulos de las playas. En un informe jurídico, el secretario municipal desaconsejó esta opción "por la situación económica y patrimonial" de la empresa pública que los iba a asumir aunque señaló que el objeto social sí se consideraba apto para estos servicios.
El concejal Cubero insiste, además, en que otro de los obstáculos que se está encontrando Zaragoza en Común en sus intentos de municipalizar servicios es el propio pleno municipal. Y es que la reforma local también establece que cualquier cambio de gestión debe ser aprobado por el pleno. Pues bien, en Zaragoza, los concejales de PP, PSOE y Ciudadanos han votado en contra del proyecto de remunicipalización del servicio de depuración de aguas de la ciudad, que sí lo podría asumir una empresa pública ya creada (Ecociudad) y que, según cálculos de ZEC, supondría un ahorro de 500.000 euros a las arcas municipales.
Los grupos votaron en contra de esta propuesta argumentando que otros informes, en este caso realizados por la empresa pública que asumiría ese servicio, no hablan del ahorro de 500.000 euros que defiende el concejal, sino que sostienen que el coste del servicio sería mayor y que tampoco se mejoraría la eficiencia del servicio. Por otro lado, los socialistas tampoco están de acuerdo con que se subrogue al personal sin hacer una oposición previa.
También está encontrando la postura en contra de la mayoría de la oposición el alcalde de Santiago, Martiño Noriega (En Marea), en su pretensión de municipalizar el servicio de aparcamiento regulado y la grúa municipal que gestiona la empresa Setex. El asunto todavía no ha llegado al pleno municipal, si bien los representantes de PP y PSOE en el consejo de administración de Tussa, la mercantil pública que lo asumiría, han votado en contra del estudio de viabilidad sobre la conveniencia de esta municipalización redactado por los responsables de Tussa. La operación siguió adelante gracias a los votos a favor de Compostela Aberta y el BNG y está a la espera de llegar al pleno.
Noriega conoce bien la cuestión de las municipalizaciones porque lideró la desprivatización del suministro de agua en el municipio de Teo (A Coruña), en un proceso que se alargó durante dos años y en el que hubo que crear una nueva empresa sólo para ese fin. Ahora, sin embargo, el mayor obstáculo son las reticencias de PP y PSOE, a los que critica por poner "todo tipo de obstáculos". "Veo un discurso de exigencia a la gestión pública que no lo hay con las concesionarias privadas", dice a preguntas de infoLibre.
Asegura que su equipo lleva meses "intentando demostrar lo que es de sentido común". "¿Si es rentable para una empresa privada que además paga un canon, cómo no lo va a ser para la Administración?", se pregunta. No duda en calificar el marco actual de "muy restrictivo" para las municipalizaciones. "También es clave el tema del personal, pues la reforma de Montoro está hecha para impedir la dimensión de lo público en lo municipal y para buscar nichos de negocio a la empresa privada", concluye.
Eficiencia y sostenibilidad
Mariano Bacigalupo, profesor de Derecho Administrativo de la UNED, explica además que la reforma local de 2013 también incluye en su articulado la obligación para los ayuntamientos de justificar que la gestión directa es más eficiente y más sostenible "incluso desde el punto de vista jurídico". Es decir, obliga a los ayuntamientos a optar por la fórmula que no aumente la deuda y posibilite un presupuesto equilibrado.
En este sentido, Tornos considera que la reforma local de 2013 sí introduce unos límites a la libre decisión de los ayuntamientos, pues les exige que acrediten que la opción escogida es la más eficiente y sostenible. Mientras que, al mismo tiempo, impone una cierta presunción a favor de las formas de gestión a través de empresas privadas, ya la opción por la gestión directa "exige una especial fundamentación" al tener que acreditar que existe ese equilibrio entreel criterio económico de los costes y el objetivo general de una prestación eficaz de los servicios públicos.
Por otro lado, la reforma local también pone condiciones a la continuidad de las empresas públicas, puesa las que hayan incurrido en déficit o pérdidas durante dos ejercicios económicos consecutivos les da un plazo de dos años para hacer efectivo su saneamiento. De lo contrario, se podría proceder incluso a su disolución automática, previa liquidación.
Trabajadores e indemnizaciones
Además de estas cuestiones, los expertos coinciden en que la subrogación del personal y los costes derivados de las hipotéticas indemnizaciones multimillonarias a las que los ayuntamientos se enfrentan si deciden abortar las concesiones contratadas antes de que caduquen son otros de los obstáculos a los que se enfrentan los equipos municipales que opten por las remunicipalizaciones.
Tornos explica que aunque el Estatuto de los Trabajadores permite la subrogación de los contratos cuando existe sucesión de empresas, hay que tener en cuenta que el acceso a la función pública requiere que los aspirantes demuestren méritos y capacidad, así que estos empleados pasarían en principio a ocupar puestos indefinidos no fijos pero podrían quedar al albur de superar después el concurso u oposición. Todo eso teniendo en cuenta, además, que hay que cubrir una partida presupuestaria para pagar sus salarios y que desde 2014 está establecida por ley la congelación de plantillas en determinados sectores de la función pública.
Por ejemplo, según explican desde el equipo de comunicación del Ayuntamiento de Madrid, el equipo de Manuela Carmena decidió renunciar a la municipalización del servicio de recogida de basura –propuesta incluida en su programa electoral– "por la dificultad e incertidumbre de crear una empresa de estas dimensiones" y por cuestiones relacionadas con el contrato del personal que está en plantilla en las empresas concesionarias. Los mismos motivos frustraron una operación similar con el 010 madrileño.
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La otra cuestión clave es la de las indemnizaciones que pueden reclamar los concesionarios, pues la cuantía de la misma puede ser el elemento determinante para llevar o no a cabo la municipalización de un servicio. De ahí que la opción más viable, según los expertos consultados, sea ir recuperando los servicios a medida que los contratos firmados anteriormente se van agotando.
En esta tesitura se encuentran muchos consistorios. El de Madrid, por ejemplo, ha creado un "órgano de deliberación y diagnóstico" integrado por grupos municipales, las empresas concesionarias y asociaciones vecinales para analizar el actual contrato integral de limpieza firmado en 2013, que supuso una reducción del 26% en el presupuesto y un recorte de 2.000 trabajadores en la plantilla, según datos facilitados por el Ayuntamiento.
Y es que aunque el Consistorio ha comprobado que el servicio prestado no cumple las condiciones mínimas aceptables, como los contratos integrales firmados por Ana Botella (PP) preveían un tiempo de duración de ocho años (hasta 2021), el equipo actual no puede rescindirlos sin exponerse a las reclamaciones de indemnización de las empresas adjudicatarias. El objetivo es que en este "órgano de deliberación y diagnóstico" –reclamado también por la oposición– se estudien posibles soluciones.
El cambio político que llegó a muchos Ayuntamientos tras las municipales de mayo de 2015 trajo consigo una corriente favorable a la remunicipalización –es decir, la recuperación de la gestión municipal, sin empresas privadas de por medio– de algunos de los servicios que prestan los ayuntamientos como el agua, la zona azul, la grúa, la limpieza, la recogida de basuras, los teléfonos de información ciudadana...