El deterioro de la sanidad y la falta de seguridad incrementan un 30% las agresiones a sanitarios

Ocurrió el pasado 15 de febrero en en el Centro Residencial San Nicolás de la Fundación San José, en Madrid. Durante el turno de tarde, un Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de 57 años fue agredido, según varios testigos, por un paciente. El trabajador falleció apenas unas horas después. CCOO ya ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a la Orden de San Juan de Dios, propietaria y gestora del centro, por una posible infracción en la normativa de prevención de riesgos laborales. Pero todavía hay que esperar a la autopsia para determinar si hay una causalidad clara entre la agresión y la muerte, algo que desde el sindicato sí aseguran. Y achacan a la "ausencia de medidas de seguridad". Según añaden otras organizaciones sindicales y profesionales, no existen. Al menos no de manera suficiente. Y eso, junto al deterioro paulatino y continuado de los servicios, es lo que explica que en tan sólo un año las agresiones a los profesionales hayan aumentado un 29,89%, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2022.

"Todavía estamos esperando los datos de 2023, pero lo que esperamos es que haya un nuevo incremento. Cada vez hay más agresiones a los sanitarios", lamenta Jorge Curiel, secretario técnico de Salud Laboral de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Él, que lleva más de 30 años como médico de atención primaria, asegura que "el respeto que había antes por los médicos ya no existe". "La relación se ha deteriorado hasta un punto increíble", señala. Y no culpa a los pacientes. Ni a los médicos. Sino a los servicios de salud. "Por un lado no nos protegen y por el otro nos exponen más a los riesgos, porque detrás de esas agresiones está la situación de la sanidad: descontento con la asistencia, falta de recursos... Al final, los ciudadanos pagan su frustración con quien tienen delante", explica.

Comparte sus palabras el responsable del Grupo de Salud Laboral de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Francisco José Sáez. "Durante la pandemia se generó una situación de apreciar especialmente a los compañeros de los hospitales, mientras que a los de primaria se nos dijo que estábamos cerrados, lo que ha derivado en una situación de agresividad", lamenta.

Los datos no dejan lugar a dudas. Según Sanidad, en 2022 se notificaron —es decir, que puede que estos datos sólo reflejen la punta del iceberg— 13.210 agresiones en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, una cifra que supone 20,05 agresiones por cada 1.000 profesionales. Un año antes, en 2021, se denunciaron 10.170, es decir, 15,71 por cada 1.000 trabajadores. El incremento, por tanto, ha sido de un 29,89%. Y, como señala Sáez, casi siempre se producen en la atención primaria y extrahospitalaria (donde tuvo lugar el 59% de las agresiones).

La mayoría de quienes las sufren son mujeres. En concreto, el 78% de las notificaciones de este tipo de violencia las realiza una mujer, aunque también es conveniente señalar en este sentido que ellas suponen el 76% del total de la profesión. Es decir, son mayoría.

Casi siempre se enfrentan a violencia verbal (las agresiones no físicas supusieron el 85% del total) y quienes más lo sufren son los médicos (son los que reportan el 32% de las agresiones) y en su propia consulta (el 34% de las ocasiones lo sucedido tuvo lugar ahí). Pero el personal de enfermería no se queda atrás. Y así lo certifica Paloma Repila, portavoz de Satse. "Ha habido un repunte, sí", certifica. Y coincide con sus compañeros. "El estado de crispación que vivimos a nivel social está teniendo su reflejo en el ámbito sanitario. El paciente tiene ahora más poder de decisión y más información que antes, y eso mal antendido puede generar estos problemas", dice.

La mayoría de las agresiones se produden, de hecho, por la atención que percibe el usuario (son el motivo del 34% de las agresiones notifcadas).

Y eso corrobora las palabras de las voces consultadas. "La atención primaria ya llevaba tiempo en muy mala situación, pero la pandemia terminó de estallarla. En Madrid, por ejemplo, se modificó el sistema de las urgencias extrahospitalarias, y hay muchas ocasiones en las que una persona llega a un centro y no hay médico, así que se enfada e insulta, y también agrede físicamente", lamenta Sáez. "En primaria, por ejemplo, amplían la cartera de servicios pero no ponen más médicos. En los hospitales, hay gente que acude después de esperar un año para que le atiendan, y cuando llega el médico que le atiende no puede dedicarle el tiempo que necesita. Nos generan conflictos permanentes. Hay una demanda que es imposible atender y la gente se nos echa encima", añade Curiel.

Listas de espera y descontento

Observemos también los datos. Según los últimos del Ministerio de Sanidad, en diciembre de 2022 había 85,43 pacientes por cada 1.000 habitantes esperando a ser atendidos en una consulta externa. De media, tardaron 95 días en obtenerla. Sin embargo, un año antes los 77,23 que esperaban lo hacían, de media, durante 89 días. Es decir, hay más pacientes esperando, pero es que encima lo hacen durante más tiempo.

En atención primaria la situación no es mucho mejor. El Barómetro Sanitario de 2023 publicado el pasado mes de febrero por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reveló que un 69,8% de los pacientes que acudieron el último año a una consulta de atención primaria tuvieron que esperar más de un día para ser atendidos porque "no había cita antes". Es más, de media, el tiempo de espera superó los nueve días, una cifra superior a los 8,8 días de 2022. En la misma estadística, además, el 43,5% de los ciudadanos dijo que el problema de las listas de espera hospitalarias seguía al mismo nivel de gravedad, mientras que un 33,9% manifestó que la situación incluso había empeorado. Sólo el 11,3% dijo que había mejorado.

Con este escenario, es complicado que la percepción de la sanidad pública española sea buena. Y sobre esto también recogió datos el CIS. En concreto, el 4,7% de los encuestados por el organismo dijo sentirse "muy insatisfecho" con el funcionamiento general del Sistema Nacional de Salud, una cifra que un año antes se situó en el 4%. En marzo de ese año, un 7,5% aseguraba estar en la otra cara de la moneda: "muy satisfecho". Ahora, en 2023, ese porcentaje ha descendido hasta el 6%.

Medidas que protejan de este descontento

Pero ya no es sólo el descontento, sino que, critica Curiel, no hay medidas que les protejan de él cuando se manifiesta en el centro de salud o en el hospital. Y eso que, como recuerda Sanidad en su último informe sobre agresiones, estas son un problema reconocido. Incluso mundialmente. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluyó en un estudio sobre violencia en el lugar de trabajo realizado en 1998 que el riesgo de los profesionales sanitarios de sufrir agresiones durante el desempeño de sus labores era muy elevado en comparación con otros ámbitos laborales. Tanto es así, que cuatro años más tarde, en 2002, la OIT, la Organización Mundial de Salud (OMS), el Consejo Internacional de Enfermeras y la Internacional de Servicios Públicos publicaron las Directrices Marco para afrontar la Violencia Laboral en el Sector Salud.

A nivel europeo también se ha abordado el problema. El Tratado de Roma de 1957 incluyó, concretamente en el artículo 118, la obligación de establecer directivas para mejorar el nivel de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores.

¿Y a nivel nacional? Pues como recuerda Sanidad el Pleno del Senado aprobó en 2012, hace más de una década, una moción en la que recomendaba al Gobierno establecer mecanismos de información que reforzasen la figura del profesional sanitario como autoridad en su trabajo. A la vez, el documento recordó la necesidad de que los servicios de salud de todas las comunidades autónomas contasen con una serie de medidas preventivas y disuasorias frente a las agresiones en este ámbito.

Pero hay más. Una reforma del Código Penal llevada a cabo en 2015 incluyó como "actos de atentado los cometidos contra funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas".

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Pero el problema es que todo esto no llega a funcionar. Y aquí también se ven diferencias entre la atención hospitalaria y la hospitalaria. "En los hospitales estas situaciones se corrigen, pero en los centros de salud nunca hay una figura como esta", critica Sáez. Por eso piden actuar. "Hay una inacción absoluta, necesitamos herramientas como botones del pánico para avisar a personal de seguridad si pasa algo o consultas mejor diseñadas, que nos permitan salir si hay alguna situación de violencia", añade Curiel.

Repila, además, reclama en este mismo sentido protocolos "ágiles y que funcionen" para permitir al profesional saber cómo actuar en cada momento. "Las medidas preventivas y los cursos de manejo de situaciones de conflicto están bien, pero necesitamos recursos disuasorios y ayuda suficiente, también psicológica y jurídica, para que los trabajadores sepan cómo informar de una agresión", señala la portavoz del sindicato de enfermería. "Cada vez hay más conciencia y denuncian más, pero hay que ofrecerles ayuda", señala también.

Sobre todo porque todos esperan que los casos sigan aumentando. Porque ya no son sólo los datos de Sanidad, sino que los que recoge el propio Observatorio contra las Agresiones del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos también reflejan el paulatino y constante incremento. Y lo cifran, de hecho, en todavía más: un 38%.