¿Y el día después de perderlo casi todo?: así reparan los daños materiales las personas afectadas por un desastre natural

"El Gobierno de España no escatimará recursos. Vamos a estar a su lado para intentar reconstruir y recuperar la normalidad". Así de tajante se mostró el sábado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras visitar las zonas afectadas por las intensas lluvias provocadas por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). El temporal que azotó la semana pasada el sureste peninsular dejó a su paso seis personas fallecidas y una desaparecida, además de numerosas inundaciones, desbordamientos, coches arrastrados, miles de evacuaciones, vías cortadas, etc. Y daños materiales en las propiedades de los vecinos que, ahora que ha remitido el temporal, intentarán regresar a la normalidad. Un día a día complicado de retomar hasta que se reparen todos los daños. El líder del Ejecutivo ya ha anunciado que contribuirán con indemizaciones, pero no es la única opción que tienen los afectados. Aquellos que tuvieran contratado un seguro privado podrán obtener, además de las posibles ayudas públicas, indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), una entidad dependiente del Ministerio de Economía y Empresa. Fuentes del Gobierno de la Región de Murcia, una de las comunidades más afectadas por este temporal, confirman a infoLibre que los vecinos podrán reconstruir sus bienes afectados a través de estas dos vías. 

No es, ni mucho menos, la primera vez que una catástrofe natural se ceba con alguna localidad española. La última experiencia, de hecho, tuvo lugar el año pasado. Fue en Mallorca, donde las intensas lluvias también dejaron numerosas inundaciones y cuantiosos daños materiales en varios municipios. En aquella ocasión, además, el temporal arrancó la vida de una docena de personas. Esto ocurrió siete años después de que un terremoto azotara la localidad murciana de Lorca, dejando a su paso nueve fallecidos y más de 320 heridos. El municipio, además, quedó completamente destruido. Todas estas localidades, tanto las de Mallorca como la afectada por el seísmo, fueron declaradas zona catastrófica por los consejos de ministros socialistas de entonces: el de José Luis Rodríguez Zapatero antes y el de Sánchez después. Más tarde llegaron las ayudas públicas en forma de reales decretos. Al menos, para los murcianos; los mallorquines, en cambio, denuncian que todavía no han visto el dinero, según publicó Diario de MallorcaDiario de Mallorca.

El día después de una catástrofe es un día de inventario, de cuantificar los daños y las pérdidas. Gloria Martín, portavoz de la Plataforma de Afectados por el Terremoto de Lorca, explica en conversación con infoLibre que la única manera de obtener una ayuda pública para paliar esos daños y esas pérdidas pasa por que la zona afectada sea declarada zona catastrófica. Una declaración que, añade, corre a cargo del Gobierno. Desde el año 2015, no obstante, la zona catastrófica se llama zona afectada gravemente por una emergencia. Lo establece el artículo 23 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que recoge que la declaración "se efectuará por acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, e incluirá, en todo caso, la delimitación del área afectada. Dicha declaración podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas".

Y eso es lo que han comenzado a hacer ya diversas instituciones de los municipios afectados por este último temporal. El Gobierno de la Región de Murcia, presidido por Fernando López Miras, aprobó el pasado sábado solicitar al Gobierno la declaración de zona catastrófica para toda la comunidad; el alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, hizo lo propio, al igual que varios municipios andaluces. 

El ejemplo de Lorca

Y es lo que hizo también el municipio murciano de Lorca. "Tuvimos una ayuda económica importante cuando ocurrió el terremoto" en el año 2011, recuerda Martín. "Se recibieron indemnizaciones para la reconstrucción y para la reparación de las viviendas. Se declaró zona catastrófica y se dieron ayudas para la reconstrucción de los edificios que habían tenido que ser demolidos porque estaban en una situación de derrumbe y, sobre todo, ayudas a los vecinos", señala. Porque el 80% de los habitantes del casco urbano, unas 60.000 personas, sufrieron algún tipo de daño en sus casas, dice.

Tal y como informó el Gobierno entonces, se otorgaron ayudas a particulares en los casos de fallecimiento y de incapacidad absoluta y permanente, ayudas por alquileres de viviendas y para la reconstrucción de sus casas. Además, se dieron subvenciones a las entidades locales y se abrió una línea preferencial de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial. Todos estos gastos, especifica Martín, corrieron a cargo del Gobierno central y del autonómico, que se los repartieron al 50%. Según especifica, esta es la habitual forma de proceder, aunque el porcentaje que aporta cada administración es establecida por el real decreto que apruebe el Gobierno para cada caso concreto. En este caso, recuerda Martín, los vecinos recibieron hasta 24.000 euros por familia. 

La ayuda llegó y los afectados pudieron reparar sus viviendas. Pero ahora, casi nueve años después, tienen un "problema monumental". Las subvenciones públicas, explica Martín, no son "ayudas a fondo perdido", sino que conllevan "una serie de obligaciones". Los vecinos tenían que "emplear el dinero en reparar aquellos elementos que los peritos de la comunidad autónoma entendían que había que reparar". Pero lo desconocían. Arreglaron sus casas enteras y, por eso, "ahora se les exige la devolución del dinero con intereses de demora y aplicación de recargos". "Las ayudas que se dieron se han incrementado casi un 40%, así que para las administraciones ha sido un negocio redondo, pero para muchos afectados una ruina económica", lamenta. "La situación es dramática. La gente no tiene el dinero porque lo gastó en arreglar las viviendas, pero ahora tienen que devolverlo", añade. Por eso, advierte a todas aquellas personas que recibirán una ayuda similar tras los efectos de la DANA.

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Pero en Lorca no sólo recibieron las indemnizaciones públicas. Y según las fuentes del Ejecutivo murciano, ahora tampoco ocurrirá así. Cuando se produce una catástrofe natural de este tipo, entra en juego el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que se encarga de indemnizar a toda persona que, previamente a lo sucedido, tenía contratado un seguro privado. Alejandro Izuzquiza, director de Operaciones de la entidad, explica que "en España, las aseguradoras privadas se ocupan de los riesgos 'estándar' y el CCS de los riesgos 'extraordinarios', que están relacionados en la propia legislación de seguros", como por ejemplo inundaciones, tornados, terremotos o erupciones volcánicas. "Se podría decir que cuando el asegurado sufre daños en su persona o en sus bienes por un riesgo extraordinario, el CCS 'sustituye' a su aseguradora privada y se ocupa de gestionar la indemnización", afirma. 

¿Cómo lo hacen? "Cuando se produce un evento como este, enviamos un equipo de peritos para hacer un reconocimiento de urgencia de las zonas dañadas para que hagan una estimación aproximada de clase y número de bienes dañados, coste medio y coste total de los medios de la zona", explica Izuzquiza. Y ya han comenzado a realizar las primeras valoraciones del coste de lo dañado por la DANA de los últimos días. Según asegura Izuzquiza, la previsión es de 29.000 asegurados afectados, "la mayor parte en Alicante y la Región de Murcia". "El coste estimado", continúa, "puede estar en el entorno de 190 millones de euros". Lo harán, dice, tras las solicitudes que reciban, que no tienen un plazo límite para ser presentadas. "Ya hemos recibido 2.994 solicitudes de indemnización, de las que 818 son de autos inundados o arrastrados por la corriente y 2.176 viviendas, oficinas y establecimientos comerciales. Sobre la base de las solicitudes recibidas y de las estimadas estamos confeccionando un equipo de peritos, que estará en el entorno de 175 profesionales", añade. 

No obstante, explica en conversación con infoLibre que esto no siempre ocurre así. Que en esta ocasión, y que en anteriores como en 2011, se haya combinado la indemnización pública del Estado y de la autonomía con estas no implica que, por norma, tenga que ser así. El sistema, dice, está así planteado para que quien no tenga la capacidad económica suficiente como para contratar un seguro privado pueda tener algún tipo de indemnización.