Los diputados del PSOE multados por el 'no' a Rajoy recurren y alegan que cumplir el programa es la prioridad

Los diputados socialistas que concurrieron a las elecciones del 26J en las listas del PSOE y que votaron no en la investidura de Mariano Rajoy presentaron este miércoles sus escritos de recurso contra la sanción de 600 euros que les impuso la dirección del grupo la semana pasada.

En sus argumentaciones, según ha podido saber  infoLibre señalan que la multa es "improcedente" y que el cumplimiento del programa electoral está por delante de las resoluciones del Comité Federal, el órgano que aprobó la resolución que consumó el viraje del no es no a la abstención ante el PP.

Se trata de un total de ocho parlamentarios -Sofía Hernánz, Pere Joan Pons, Susana Sumelzo, Luz Martínez Seijo, Rocío de Frutos, Odón Elorza y las independientes Margarita Robles y Zaida Cantera-. Los siete diputados del PSC, que también se opusieron al candidato del PP, no han recurrido.

Sanción injustificada

El escrito incluye diferentes razones -muchas de ellas comunes en todos los casos y otras ligeramente diferentes en el escrito de cada diputado- para recurrir la multa que se les impuso, que fue de la cuantía más alta de las previstas por la normativa interna del grupo. Algunos argumentos son jurídicos y otros de fondo político.

Entre los primeros, los díscolos recuerdan que la Constitución establece que los diputados y senadores no están sujetos al "mandato imperativo", que gozan de "inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones" y que su voto es "personal e indelegable".

También echan mano de la normativa interna del grupo. Así, señalan que están en situación de "indefensión" porque no han tenido acceso al informe del presidente de la comisión de disciplina en el que se basa la sanción, con lo que no han podido "hacer observación alguna" y desconocen sus fundamentos.

En esa misma línea, sostienen que la dirección del grupo no ha tenido en cuenta la posibilidad de votar en libertad de conciencia. En este caso, ahondan, había "razones excepcionales que justificaban" la emisión de un voto en contra, como que abstenerse implicaba apartarse "de los comprometido con los electores".

Además, niegan que el reglamento del grupo contemple sanciones específicamente por votar en una dirección distinta a la marcada por las resoluciones del Comité Federal. Por ello, y de acuerdo con la jurisprudencia del Constitucional, "no puede haber ni infracción ni sanción si la norma no las define de manera concreta y precisa", apuntan.

Un 'no' coherente

En cuanto a las motivaciones de fondo político, señalan que el reglamento del grupo establece que los diputados se orientarán por "los compromisos adquiridos en el programa electoral del PSOE, así como por las resoluciones aprobadas en el Congreso Federal y por las directrices del Comité Federal".

En este sentido, los díscolos subrayan que la normativa interna "sitúa en primer lugar" y "por delante de las resoluciones" de los órganos del partido el cumplimiento del programa. Y su no a Rajoy, remachan, fue "necesario" para "salvaguardar" los "compromisos con el programa" y el electorado.

Para los diputados del no, no es una "buena política" que el PSOE imponga sanciones "por cumplir con la palabra dada" y "por mantener la coherencia con el programa electoral" y la "trayectoria de un ideario absolutamente opuesto a la corrupción y las políticas de derecha del PP".

Por último, defienden que el sentido de su voto, además de responder a razones "éticas y de defensa del proyecto del PSOE", refleja "el sentir mayoritario" de la militancia y los votantes socialistas, ante quienes se comprometieron precisamente a que ningún voto al PSOE sirviera para que gobernara el PP.

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Doble multa

Además, los diputados que resultaron afectados por la reorganización de los cargos en comisiones parlamentarias han incluido otro punto en el que subrayan que es "especialmente injusto" ser víctima de una doble sanción, lo que implica un "agravio comparativo" con situaciones similares del pasado.

Y es que tres semanas después de la investidura, en una tensa reunión, la gestora aprobó una profunda reorganización del grupo parlamentario en la que castigó a varios de los díscolos y a parlamentarios afines al ex secretario general, Pedro Sánchez, relegándolos de sus puestos en comisiones.