El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es partidario de llamar a declarar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la compra de material sanitario durante la pandemia que se ponen en marcha esta semana. Además, ha negado que recibiera ninguna indicación para adjudicar contratos de mascarillas a la empresa investigada en el caso Koldo cuando era presidente de Canarias y asegura que todo se hizo correctamente.
Así lo ha indicado en una entrevista en La Hora de la 1, recogida por Europa Press, donde, además, ha pedido a Ayuso más "transparencia" y que acepte comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid sobre las personas que murieron en las residencias de mayores durante el covid. En este sentido pone en duda que el PP quiera claridad y transparencia y dice que solo quiere que se investigue el 'caso Koldo' pero no la compra de mascarillas en comunidades donde gobernaba el PP, según ha indicado. Además ha afeado a los 'populares' que votaran en contra de la comisión de investigación en el Congreso "que ha decidido que se investigue todo, en todas las administraciones".
Considera por tanto que el PP está señalando al PSOE respecto a posibles irregularidades que se cometieron en la compras durante la pandemia pero a la vez está "encubriendo a los propios". En la misma línea, respecto al caso de la pareja de Ayuso, el ministro ha señalado que si su pareja o alguna persona de su entorno cercano estuviera en la misma situación que Alberto González Amador, los 'populares' estarían pidiendo su dimisión, la de Armengol o de cualquier presidente socialista.
"Nos la piden y cubren, encubren y ocultan lo que ocurre con la presidencia de Madrid, porque nosotros no tenemos a nadie cercano que haya dicho claramente a través de su abogado que ha cometido delitos con respecto a Hacienda", ha señalado. Ve además "inexplicable" que Ayuso, que como representante público debe velar por el derecho de la gente y el cumplimiento de las leyes y las obligaciones tributarias" de "excusas" . "¿Con qué moral pide a los madrileños que paguen sus impuestos cuando protege a quien no lo hace?, ha lanzado.
La Comunidad de Madrid ha defendido que la Ley Trans regional, aprobada en diciembre a iniciativa del PP, "asegura un acompañamiento de profesionales sanitarios en una decisión que toma un menor que será irreversible".
Así lo han manifestado este lunes fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a Europa Press después de que el Defensor del Pueblo haya recurrido este lunes ante el Tribunal Constitucional (TC) un artículo por considerar que "patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad".
"No patologiza a los menores, sino que asegura un acompañamiento de profesionales sanitarios en una decisión que toma un menor que será irreversible", han recalcado desde el departamento que dirige Ana Dávila.
En este sentido, han explicado que "siguen las recomendaciones" de las sociedades médicas como el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, la Asociación Española de Pediatría y de su Sociedad de Psiquiatría Infantil, la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual, entre otras.
La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha rechazado participar en una comisión bilateral sobre la Ley de Memoria Democrática, cuya derogación considera "jurídicamente intachable", y ha invitado al Ejecutivo central a "acudir directamente al Tribunal Constitucional (TC)".
Así se ha manifestado Vaquero en una nota de prensa después de que el Gobierno de España haya anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional para "reparar el daño a todas las víctimas" de la Guerra Civil y el franquismo en caso de que ambas administraciones no lleguen a un acuerdo en torno a esta norma.
Desde el Ejecutivo aragonés han recalcado que la legalidad derogación de la Ley de Memoria Democrática está sustentada en el análisis de los servicios jurídicos y en el "escrupuloso respeto" a la legislación y a los trámites democráticos, ha defendido la portavoz, Mar Vaquero, en respuesta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Vaquero ha subrayado que el futuro Plan de Concordia, que se aprobará en las próximas semanas por parte del Gobierno de Aragón, no tiene rango normativo y también que se trata de un compromiso suscrito por las formaciones que lo conforman -PP y Vox-.
El PP ha exigido este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez bajar el IVA de la luz y el gas durante el año 2024, como aprobó el Congreso de los Diputados a instancias del Grupo Popular. Además, ha censurado la política fiscal del Ejecutivo tras haber vuelto a hacer "récord de recaudación", algo que, a su entender, evidencia que no practica la "justicia tributaria" sino que se dedica a "vaciar el bolsillo de los españoles".
Los populares han realizado esta petición de bajar el IVA coincidiendo con la subida del IVA al 21% en el gas natural que entra en vigor a partir de este mes de abril y que supondrá un encarecimiento medio de la factura de 4,12 euros al mes en el mercado libre, lo que representa cerca de 50 euros al año, según datos de Kelisto.es.
En concreto, el coste medio de la factura, según cálculos de la compañía, era en marzo de 41,42 euros al mes en el mercado libre con un gasto promedio de 5.000 kilovatios hora (kWh) al año. Con la vuelta del IVA del gas al 21%, el gasto medio pasa a ser de 45,54 euros al mes.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha resuelto mediante acuerdo varios de los expedientes que abrió durante la pasada legislatura contra aerolíneas que no disponían de teléfono de atención al cliente o, si lo tenían, eran de difícil acceso.
Desde el Ministerio informan que las compañías han asumido su responsabilidad y han suscrito una serie de compromisos de no reiteración, por lo que los expedientes han terminado sin sanción.
El caso se remonta a julio de 2023, cuando la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador (SGIPS) abrió varios expedientes sancionadores contra aerolíneas por no disponer de este teléfono de atención al cliente.
El Defensor del Pueblo ha recurrido este lunes ante el Tribunal Constitucional (TC) un inciso introducido por la Ley Trans de la Comunidad de Madrid al considerar que "patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad".
Según señala la institución, en el mes de febrero se registraron dos solicitudes para que el Defensor del Pueblo ejercitara su facultad de formular recurso de inconstitucionalidad contra diferentes preceptos de la ley por un lado, y la totalidad de la misma, por otro, al considerar los solicitantes que vulnera varios preceptos constitucionales.
En este sentido, el Defensor del Pueblo subraya que entiende que "concurren requisitos objetivos de inconstitucionalidad en relación con las obligaciones que la norma impone a los menores transexuales".
Al menos seis personas han muerto en un bombardeo sobre el Consulado iraní en la capital siria, Damasco, atribuido a Israel por las autoridades, según un balance del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
El grupo, una organización con sede en Londres pero con informantes dentro del país árabe, ha indicado que "misiles israelíes han destruido un edificio anexo a la Embajada iraní" en Damasco. Entre los fallecidos en la sede diplomática habría altos cargos iraníes, según el Observatorio.
La agencia de noticias iraní siria, SANA, ha confirmado por su parte un ataque contra el Consulado iraní en el barrio damasceno de Mezé y atribuye también el bombardeo a Israel. Además destaca que el ataque provocó la activación de las defensas antiaéreas.
El Observatorio ha informado además de que el domingo al menos cuatro proyectiles israelíes impactaron sobre un área de investigación científica en Yamraya, Damasco, y causaron un incendio en el lugar.
El Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad, ha destinado siete millones de euros a las subvenciones destinadas a programas y proyectos de concienciación, prevención, sensibilización, investigación e innovación para la erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres correspondientes a 2024.
La convocatoria, que se publicó el jueves pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene como objetivo prevenir la violencia contra las mujeres y difundir los valores de "igualdad, diversidad y tolerancia".
Según han precisado desde el departamento que dirige Ana Redondo, el plazo para la presentación de solicitudes es de quince días hábiles, desde este 1 de abril y hasta el 19 de abril a las 23:59 horas.
La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha acusado al PP de querer "enterrar la memoria" con las leyes autonómicas que están impulsando en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana y consideran que son un pago a Vox por sus apoyos en comunidades autónomas y ayuntamientos.
En declaraciones a los medios desde la sede nacional del partido en la calle Ferraz, ha afirmado que el único objetivo de estas iniciativas es derogar la normativa sobre Memoria Democrática y eliminar cualquier política pública en esta materia.
"Nunca avanzar y siempre retroceder, tirar por tierra todo consenso alcanzado en los últimos 40 años todo lo avanzado juntos. El PP y Vox hoy con estas proposiciones vuelven a insultar a miles de familias en este país pero lo peor de todo es que disparan al corazón de nuestra Constitución", ha señalado.
El PSOE abre la puerta a llamar al presidente nacional del PP y expresidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, en el Congreso de los Diputados. En una comparecencia desde la sede nacional del partido en la calle Ferraz, la portavoz del PSOE, Esther Peña ha señalado que esa comisión, auspiciada por los socialistas en la Cámara Baja, tiene el objetivo de aclarar lo que pasó.
Aunque no ha querido mencionar nombres concretos, ya que la comisión se constituye este martes, ha afirmado que es "evidente" que "en la Comunidad de Madrid, igual que en Galicia, los responsables políticos y técnicos, lo más lógico es que vengan a explicar qué sucedió".
Al ser interrogada de nuevo sobre si de este modo estaba abriendo la puerta a que también acuda a declarar Núñez Feijóo, que era presidente de Galicia durante la pandemia, ha señalado que no se cierran a que "ningún responsable, ni técnico ni político, comparezca".
Además dice que mencionó Galicia y Madrid porque es donde se han conocido "los casos más escandalosos en la gestión y contratación de mascarillas", pero también podría hablar de Castilla y León -también gobernada por el PP- "o de cualquier otra comunidad.
En este sentido ha subrayado que esta comisión de investigación compete a todas las comunidades autónomas y todas las administraciones "desde lo local a lo nacional". A este respecto, fuentes socialistas critican que, por el contrario, en la comisión que promueve el PP en el Senado no se investigará lo que sucedió en las comunidades autónomas.
Sumar pedirá la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, Ayuso, en la comisión de investigación en el Congreso sobre presunta corrupción en contratos públicos de compra de material sanitario durante la pandemia. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha confirmado que Ayuso estará en su propuesta de comparecientes en este órgano parlamentario como avanzó el portavoz parlamentario Íñigo Errejón, además de volver a exigir su "dimisión inmediata" al frente del Ejecutivo autonómico.
Para el también ministro de Cultura, las informaciones sobre el presunto fraude fiscal y los negocios de su novio muestran, a su juicio, que Ayuso es "cada vez más responsable de lo que acontece con los escándalos de presunta corrupción que afectan a su pareja".
"La relación sentimental con Ayuso cada vez parece más claro que fue la que habría permitido al señor Alberto González Amador hacer sus negocios. Solo hace falta sumar dos más dos para relacionar los ingresos que han aparecido en las informaciones esta mañana de las empresas de este señor con su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha apostillado. Y por lo tanto, una vez más, señalar dos cosas.
Es más, ha reiterado que Ayuso debe dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid, pues en última instancia es la responsable política de las presuntas irregularidades que afectan a su pareja. Además, ha lanzado que también debe dejar el cargo por los "protocolos de la vergüenza" sobre los ancianos en residencias contagiados de covid-19 durante la pandemia, un "escándalo" que para Urtasun perseguirá a la dirigente popular durante toda su carrera política.
También ha indicado que la actitud de Sumar es que las comisiones de investigación, tanto en el Senado como en el Congreso, deben servir para que "caiga todo aquel" que esté implicado en la corrupción, con independencia del "color político" que tenga. "La sociedad española no tolera que se hayan producido estos casos en un momento en el cual lo estaba pasando mal y estaba afrontando una situación muy delicada", ha enfatizado.