El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha solicitado que de forma urgente se reúna la Conferencia de Presidentes para abordar las crisis que, según ha señalado, son urgentes para el Gobierno central, como la vivienda o la inmigración, después de la propuesta del Ejecutivo para instalar un centro de acogida en el aeropuerto de Ciudad Real.
En una entrevista en la Cadena Cope, Page ha asegurado que este miércoles solicitará al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que se convoque con "extrema urgencia" la Conferencia de Presidentes y se ha mostrado confiado en que lo hará, pues ha sugerido que de lo contrario quedarían dos opciones, o que "los temas no son urgentes o que hay miedo a convocarla".
Ha opinado que la cuestión de la llegada de inmigrantes no se debe abordar en términos de "a ver cómo nos los quitamos de encima".
De este modo, ha criticado el planteamiento del Gobierno central de habilitar un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real, pues ha criticado que "parece que quieren meterlos en una terminal de carga, como si fueran una carga los inmigrantes".
Asimismo, ha advertido de que se trataría de una "auténtica chapuza" y ha denunciado que ha habido "un evidente intento" de ocultar al Gobierno castellanomanchego "esta ocurrencia".
La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios de delito contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos por su presunta intervención en el denominado caso Koldo, y ha pedido al juez que se dirija al Tribunal Supremo para poder investigarle, al estar aforado.
Fuentes fiscales han informado de que el Ministerio Público ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el que apoya que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo para que abra una investigación al diputado y exministro.
Lo hace, según las fuentes, al considerar que José Luis Ábalos pudo incurrir en delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal en el marco de una trama de posibles irregularidades en la adjudicación pública de contratos de mascarillas en plena pandemia, en 2020, y al presunto cobro de comisiones.
Los ministros de Sumar ven una "vergüenza" la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de crear centros de retorno de migrantes ilegales fuera de la Unión Europea, porque entienden que es "contraria a los valores por los que merece la pena la UE".
De esta manera, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha manifestado en el Congreso su rechazo a este planteamiento como también lo ha dejado claro la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de conocer esta idea que Von der Leyen trasladó ayer a los líderes de la UE teniendo como referencia la experiencia del acuerdo entre Italia y Albania.
El plan de la primera ministra italiana, Georgia Meloni, es "básicamente una vulneración flagrante de la legalidad internacional y los derechos humanos", ha subrayado Díaz sobre este acuerdo para construir dos centros en Albania para identificar a los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo central con el objetivo, según justificó, de "descongestionar" la red de cogida del sur italiano.
Díaz ha defendido que el modelo de España "tiene que ser justamente la defensa de la legalidad internacional, los derechos humanos".
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la negativa del Supremo a amnistiarle y pide que le levante la pena de inhabilitación mientras resuelve el asunto, porque está causando un "injustificable daño" a sus derechos políticos.
El que fuera conseller del Govern de Carles Puigdemont ha presentado un recurso de amparo por la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a la pena de doce años de inhabilitación que se le impuso por un delito de malversación en el procés, al entender que su conducta afectó a intereses financieros de la Unión Europea y supuso un beneficio personal patrimonial.
Mientras el Constitucional resuelve sobre este recurso de amparo, la defensa de Turull, ejercida por el abogado Jordi Pina, solicita que se le suspenda cautelarmente la pena de inhabilitación, de la que le quedan seis años por cumplir, dado que vulnera su derecho fundamental a la participación política.
El escrito argumenta que la inhabilitación impide a Turull "participar con plenitud en posibles procesos electorales y acceder a cargos públicos, pese a tratarse de uno de los principales dirigentes de uno de los partidos políticos (Junts per Catalunya) con mayor apoyo electoral entre la ciudadanía".
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha manifestado que la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos es una "consecuencia directa del control del poder judicial del PP".
En declaraciones en una rueda de prensa, el portavoz de Podemos ha acusado al PP de usar al poder judicial como un "ariete político contra el Gobierno" y ha advertido al PSOE de que esta imputación deviene del pacto por renovar el poder judicial en España, que ha permitido que el PP "lo siga controlando".
"De aquellos polvos, estos lodos", ha expresado Fernández, que ha considerado que ese pacto entre PP y PSOE "enterró" la legislatura progresista en el poder judicial.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha respaldado este miércoles la labor de la Fiscalía General del Estado y ha pedido que la forma de hacer política en España "cambie de una vez por todas", según informa EFE.
Así lo ha manifestado en el Congreso de los Diputados tras conocerse la apertura de una causa penal contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Respeto absoluto a todas las instituciones del Estado, también las jurisdiccionales, y todo el apoyo y el respeto institucional a la labor de la Fiscalía General del Estado (...) y me gustaría que la forma de hacer política en este país cambie de una vez por todas", ha dicho Yolanda Díaz
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, así como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han coincidido en pedir la dimisión del fiscal general del Estado tras ser imputado por revelación de secretos y así evitar un "daño reputacional" a la carrera fiscal.
Por contra, la Unión Profesional de Fiscales (UPF), de carácter progresista, ha mostrado su discrepancia con la argumentación con la que el Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir una causa penal contra Álvaro García Ortiz, y señala que ello "en modo alguno implica desvirtuar la presunción de inocencia" y defiende su actuación en la causa por la que ha sido imputado.
En declaraciones a EFE, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha considerado "irrespetuoso con la institución" que García Ortiz haya anunciado ya que no va a dimitir y considera que tendría que "reflexionar más" porque el daño reputacional "le trasciende a él".
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado este miércoles que, durante su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, analizó con él la opción de llegar a algún tipo de acuerdo para confiar a Rabat la atención de menores marroquíes que en este momento están bajo la tutela de la comunidad autónoma, según informa EFE.
En un desayuno organizado por el diario Canarias 7, Clavijo ha matizado que no se trata de trasladar a los menores a un tercer país -como ha acordado Italia con Albania con el beneplácito de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el rechazo del Gobierno español- sino a su país de origen, con las garantías previstas en la ley.
Se trata de una alternativa que el jefe del Gobierno canario ya está explorando con Marruecos al bloqueo actual sobre la reforma de la ley de extranjería para que las comunidades autónomas estén obligadas a compartir la responsabilidad de esa acogida.
Canarias ha emplazado de nuevo al Gobierno y al PP a reunirse para estudiar su nueva propuesta, un guante que ya ha recogido el ministro Ángel Víctor Torres, quien ha invitado a su interlocutor en la oposición, Miguel Tellado, a fijar una cita para la próxima semana.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respaldado la actuación del fiscal general del Estado en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que ha sido imputado, y ha considerado que el asunto "quedará en nada" porque "contar la verdad y desmentir un bulo" no puede ser delito.
Bolaños, que ha comparecido en el Congreso tras conocerse la apertura de una causa penal contra el fiscal general en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, ha garantizado el apoyo del Ejecutivo a García Ortiz: "Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad".
El titular de Justicia ha garantizado su "total respeto" al Supremo y, al mismo tiempo, su "total respaldo" a la labor del fiscal general en este caso y en su actuación persiguiendo el delito.
A su juicio, en este asunto es importante "hacer pedagogía" y explicar el inicio del caso, que comienza en el momento en que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconoce que ha cometido dos delitos fiscales y plantea a la Fiscalía un acuerdo para no ingresar en prisión, ha explicado.
Cuando desde el entorno de Díaz Ayuso se traslada una información "falsa", señalando que era la Fiscalía la que le estaba ofreciendo un acuerdo, el Ministerio Público emite un comunicado para desmentir esa información y contar la "verdad objetiva", ha continuado Bolaños.
El presidente canario, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria (CC), ha dicho este miércoles que si él fuera Pedro Sánchez disolvería las Cortes y convocaría elecciones para que la ciudadanía elija otro gobierno que pueda cambiar las cosas, algo que, a su juicio, ahora no sucede.
En un encuentro informativo organizado por el periódico "Canarias 7", en el que ha contestado a preguntas de periodistas, Clavijo ha calificado de "guirigay" el contexto político nacional, un clima en el que, según ha dicho, prima "la batalla del relato" y al que se ha sumado en esta jornada la imputación del Fiscal General del Estado por el Tribunal Supremo.
Preguntado por su visión de la legislatura, el dirigente de CC ha considerado que se encuentra en un "punto muerto" y ha recordado que en el ciclo político anterior su partido estuvo en la oposición en Canarias y al lado del Gobierno presidido por el socialista Ángel Víctor Torres en un momento delicado marcado por el impacto socioeconómico de la pandemia de la covid-19, que paralizó el motor del archipiélago: su turismo.
A su juicio, se gobierna para cambiar las cosas y cuando no se puede lo mejor es que la ciudadanía elija.
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha urgido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a convocar el pleno para votar el 'veto' a la ley de antecedentes que beneficia a etarras y ha acusado a la Cámara baja de invadir sus competencias por rechazar su decisión.
En un oficio dirigido a Armengol, el presidente del Senado ha considerado "incomprensible" la decisión de la Mesa del Congreso de este lunes, que decidió no dar por válido el veto de la Cámara que preside, que el pasado lunes rechazó esa norma por mayoría absoluta.
"Discrepo radicalmente de esa valoración", ha expresado Rollán, que ha tachado de "insólito" que se tomase esa decisión sin estar en el orden del día y tras conocer sus oficios "horas antes" de la reunión de la Mesa.
Además, Rollán ha precisado que "no existe jurisprudencia aplicable a este caso", que "es inédito", por lo que ha pedido que se dé por válido ese 'veto' del Senado "en tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional".
"Con todos los respetos, no es a esa Mesa del Congreso a quien le compete decidir si el resultado de la votación (...) tiene el efecto de un veto, sino al Tribunal Constitucional", ha esgrimido.