La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, así como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han coincidido en pedir la dimisión del fiscal general del Estado tras ser imputado por revelación de secretos y así evitar un "daño reputacional" a la carrera fiscal.
Por contra, la Unión Profesional de Fiscales (UPF), de carácter progresista, ha mostrado su discrepancia con la argumentación con la que el Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir una causa penal contra Álvaro García Ortiz, y señala que ello "en modo alguno implica desvirtuar la presunción de inocencia" y defiende su actuación en la causa por la que ha sido imputado.
En declaraciones a EFE, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha considerado "irrespetuoso con la institución" que García Ortiz haya anunciado ya que no va a dimitir y considera que tendría que "reflexionar más" porque el daño reputacional "le trasciende a él".
La misión de la ONU en el sur del Líbano (FINUL) acusó este miércoles al Ejército de Israel de "abrir fuego directo y aparentemente deliberado" contra una de sus posiciones cerca de Kafer Kela, donde un tanque Merkava israelí disparó contra una torre de observación y destruyó dos cámaras de vigilancia.
En un breve comunicado, la FINUL explicó que las fuerzas de mantenimiento de la paz observaron esta mañana, en una posición próxima a Kafer Kela, "un tanque Merkava de las FDI (Fuerzas de Defensa Israelí) disparando contra su torre de vigilancia", en un ataque en el que "dos cámaras fueron destruidas y la torre resultó dañada".
"Una vez más vemos fuego directo y aparentemente deliberado contra una posición de la FINUL", agregó la nota en la que la misión de la ONU recordó al Ejército israelí y a todos los actores involucrados en el conflicto "su obligación de garantizar la seguridad del personal y los bienes de la ONU y de respetar en todo momento la inviolabilidad de sus instalaciones".
El pleno del Congreso ha rechazado este miércoles la proposición no de ley impulsada por el PP para reformar la ley electoral e impedir que puedan ser incluidos en listas electorales terroristas no arrepentidos, que no hayan pedido perdón a las víctimas y no hayan colaborado con la Justicia.
La votación se ha saldado con 169 votos a favor de la proposición de ley y 174 votos en contra.
En el debate, que tuvo lugar ayer martes, la mayoría de los grupos ya adelantaron su rechazo a la iniciativa y los portavoces del PSOE, Sumar, Bildu y Junts acusaron a los populares de buscar "rédito político" con las víctimas del terrorismo.
La propuesta fue registrada después de que EH Bildu incluyera en sus candidaturas para las elecciones del 28 de mayo de 2023 a 44 condenados por pertenencia y colaboración con ETA, entre ellos siete por asesinatos.
La cifra de muertos en el intenso bombardeo israelí de este miércoles contra varios puntos de la localidad de Nabatieh, en el sur del Líbano, subió a 16 y 52 personas resultaron heridas, informaron fuentes oficiales.
"16 mártires y 52 heridos en el balance final del ataque enemigo israelí contra los edificios del Ayuntamiento de Nabatiyeh y la Unión de Municipios", dijo el Ministerio de Salud Pública libanés en una escueta nota en su cuenta oficial de X.
Al menos 2.367 personas han muerto y otras 11.088 han resultado heridas por los ataques que el Ejército israelí ha lanzado contra diferentes localidades del Líbano en el último año, aunque la mayor parte de las víctimas se produjo al comienzo de la campaña de bombardeos de Israel a finales de septiembre.
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés difundió el recuento en un comunicado, en el que detalló que solo en la jornada de ayer, martes, al menos 17 personas murieron y otras 182 resultaron heridas en "ataques del enemigo israelí".
De acuerdo con el desglose de datos facilitado por el gabinete, tres personas murieron en el sur, donde otras 92 resultaron heridas; otras nueve fallecieron en Nabatieh, donde medio centenar fueron heridas; mientras que en el Valle de la Bekaa se registraron cinco muertos y 26 heridos y otros 15 heridos en Baalbel-Hermel.
El Concello de Neda ha llevado a cabo esta mañana el retiro de la cruz de los caídos erigida en los jardines del Coto en 1939. La medida se adoptó en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Y se hizo, tal y como prometió el Gobierno local, tras escuchar la opinión de la principal asociación memorialista de Ferrolterra, y contar con un informe histórico que certifica que se trata de un monumento de exaltación del levantamiento militar y de la dictadura franquista.
A primera hora de la mañana comenzaron los trabajos para desmontar y trasladar a un depósito municipal tanto la lápida como la cruz, que durante 85 años presidió esos jardines. La intervención se completó con éxito en poco más de media hora.
La retirada de la polémica cruz llegó por última vez al Pleno a finales de marzo, en forma de moción nacionalista. El equipo de gobierno, partidario de la desaparición de ese elemento, dejó en suspenso la decisión a la espera de la creación del Consejo Sectorial de la Memoria Democrática, a propuesta de la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática.
La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios de delito contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos por su presunta intervención en el denominado caso Koldo, y ha pedido al juez que se dirija al Tribunal Supremo para poder investigarle, al estar aforado.
Fuentes fiscales han informado de que el Ministerio Público ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el que apoya que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo para que abra una investigación al diputado y exministro.
Lo hace, según las fuentes, al considerar que José Luis Ábalos pudo incurrir en delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal en el marco de una trama de posibles irregularidades en la adjudicación pública de contratos de mascarillas en plena pandemia, en 2020, y al presunto cobro de comisiones.
Los ministros de Sumar ven una "vergüenza" la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de crear centros de retorno de migrantes ilegales fuera de la Unión Europea, porque entienden que es "contraria a los valores por los que merece la pena la UE".
De esta manera, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha manifestado en el Congreso su rechazo a este planteamiento como también lo ha dejado claro la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de conocer esta idea que Von der Leyen trasladó ayer a los líderes de la UE teniendo como referencia la experiencia del acuerdo entre Italia y Albania.
El plan de la primera ministra italiana, Georgia Meloni, es "básicamente una vulneración flagrante de la legalidad internacional y los derechos humanos", ha subrayado Díaz sobre este acuerdo para construir dos centros en Albania para identificar a los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo central con el objetivo, según justificó, de "descongestionar" la red de cogida del sur italiano.
Díaz ha defendido que el modelo de España "tiene que ser justamente la defensa de la legalidad internacional, los derechos humanos".
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la negativa del Supremo a amnistiarle y pide que le levante la pena de inhabilitación mientras resuelve el asunto, porque está causando un "injustificable daño" a sus derechos políticos.
El que fuera conseller del Govern de Carles Puigdemont ha presentado un recurso de amparo por la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a la pena de doce años de inhabilitación que se le impuso por un delito de malversación en el procés, al entender que su conducta afectó a intereses financieros de la Unión Europea y supuso un beneficio personal patrimonial.
Mientras el Constitucional resuelve sobre este recurso de amparo, la defensa de Turull, ejercida por el abogado Jordi Pina, solicita que se le suspenda cautelarmente la pena de inhabilitación, de la que le quedan seis años por cumplir, dado que vulnera su derecho fundamental a la participación política.
El escrito argumenta que la inhabilitación impide a Turull "participar con plenitud en posibles procesos electorales y acceder a cargos públicos, pese a tratarse de uno de los principales dirigentes de uno de los partidos políticos (Junts per Catalunya) con mayor apoyo electoral entre la ciudadanía".
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha manifestado que la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos es una "consecuencia directa del control del poder judicial del PP".
En declaraciones en una rueda de prensa, el portavoz de Podemos ha acusado al PP de usar al poder judicial como un "ariete político contra el Gobierno" y ha advertido al PSOE de que esta imputación deviene del pacto por renovar el poder judicial en España, que ha permitido que el PP "lo siga controlando".
"De aquellos polvos, estos lodos", ha expresado Fernández, que ha considerado que ese pacto entre PP y PSOE "enterró" la legislatura progresista en el poder judicial.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha respaldado este miércoles la labor de la Fiscalía General del Estado y ha pedido que la forma de hacer política en España "cambie de una vez por todas", según informa EFE.
Así lo ha manifestado en el Congreso de los Diputados tras conocerse la apertura de una causa penal contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Respeto absoluto a todas las instituciones del Estado, también las jurisdiccionales, y todo el apoyo y el respeto institucional a la labor de la Fiscalía General del Estado (...) y me gustaría que la forma de hacer política en este país cambie de una vez por todas", ha dicho Yolanda Díaz