Álvarez (UGT) se suma a Díaz y califica los salarios de los altos directivos del Ibex de "pornográficos"

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha defendido al juez encargado de investigar a Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, negando que actúe con "una pretendida motivación política a modo de respuesta judicial al acuerdo de investidura entre los partidos PSOE y Junts per Catalunya y a la proposición de ley de amnistía".

Así se han expresado los magistrados de la Sección Tercera en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que avalan las diligencias de investigación acordadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, al tiempo que rechazan las acusaciones vertidas por el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, investigado en la causa.

Esa sección, encabezada por el presidente de la propia Sala de lo Penal, el magistrado Alfonso Guevara, destaca que son "absolutamente rechazables las alegaciones de la defensa" de Alay "sobre una pretendida motivación política" de García Castellón al dictar tres autos distintos el pasado mes de noviembre.

Esta resolución llega el mismo día en el que la Audiencia Nacional ha expresado un profundo malestar por las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, acusando al juez instructor de 'Tsunami' de tener "cierta querencia" a realizar pronunciamientos judiciales en "momentos políticos sensibles". Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recuerdan que no instruir esa causa sería "prevaricar" y lamentan que se busque aplicar la amnistía de "forma preventiva".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este viernes por unanimidad expresar su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez del caso 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castellón, al considerar que son "contrarias" al "deber de respeto a la independencia judicial", al tiempo que ha reclamado "responsabilidad institucional" para "evitar la utilización política de la Justicia".

Los tres vocales conservadores que integran la Comisión Permanente -José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona- habían pedido al presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, que convocara una reunión urgente, algo que se ha hecho de forma telemática para alumbrar un pronunciamiento unánime, poco usual en este Consejo, habitualmente dividido en los bloques-

El objeto era analizar las palabras de Ribera criticando la reciente resolución de García Castellón que confirma su decisión de enviar 'Tsunami Democràtic' al Tribunal Supremo para que se investigue al ex presidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras 10 personas por presuntos delitos de terrorismo.

"Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", ha asegurado Ribera en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Para la Comisión Permanente, "estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional" y "al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de Derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia".

La Autoridad Palestina (AP) ha acusado este viernes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de recurrir al "exterminio" de palestinos y a una "interminable violencia" como alternativa el reconocimiento del Estado palestinos, un día después de que rechazara dicha posibilidad en cualquier escenario posguerra.

"Benjamin Netanyahu sigue justificando el exterminio del pueblo palestino y la liquidación de sus derechos, como alternativa a una solución política a las causas reales del conflicto", ha denunciado este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina a través de un comunicado que ha recogido Europa Press.

Exteriores ha señalado que Netanyahu mientras "continúa matando a civiles palestinos y empujándolos a emigrar de su tierra natal", a la vez sigue vendiendo a la opinión pública israelí e internacional "numerosos pretextos para justificar su guerra genocida" y su negativa a establecer un Estado para el pueblo palestino.

Así, en lugar de reconocer las causas del conflicto -"que son la ocupación israelí"- y buscar soluciones políticas, Netanyahu "está huyendo como siempre debido a su hostilidad hacia la paz y recurriendo a la destrucción de Palestina".

"Desde que llegó al poder en 2009, ha estado dando golpeando a los acuerdos firmados con la parte palestina, negándole sus justos y legítimos derechos nacionales como se afirma en las resoluciones de Naciones Unidas", ha denunciado.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, considera que ante los potenciales desafíos para la competitividad de la UE en los mercados que pueden plantear eventos como la posible victoria de Donald Trump en las elecciones de noviembre en Estados Unidos "la mejor defensa es el ataque".

En un coloquio en el Foro Económico Mundial en Davos, la banquera central de la zona euro ha subrayado la importancia para tomar la iniciativa de contar con un mercado fuerte y profundo, "tener un verdadero mercado único", según ha informado Europa Press.

"Creo que la mejor defensa, si así lo queremos ver, es el ataque. Y para atacar correctamente es necesario ser fuerte en casa", ha afirmado la francesa, recordando que, si bien la UE es una enorme zona económica en el mundo, todavía no es completamente un mercado único.

En este sentido, ha instado a que "el dinero que se ahorra en Europa, o el dinero asociado a las pensiones, se invierta realmente en una unión del mercado de capitales que realmente funcione eficientemente", con el fin de levantar las inversiones necesarias para la transición hacia una economía más verde.

Por otro lado, Lagarde, que respetando las reglas del BCE no podía hacer comentarios que afecten o puedan desvelar nada sobre la postura de la entidad al faltar menos de una semana para la reunión del Consejo de Gobierno, ha señalado que la economía mundial avanza hacia la "normalización de la no normalidad".

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que "es muy difícil, por no decir imposible", que esta legislatura dure cuatro años. En caso de que se aprueben los presupuestos, ha dicho que el Gobierno de PSOE y Sumar podría mantenerse durante la mitad del mandato, pero ha advertido de que "las tensiones entre unos y otros" pueden hacer caer las cuentas.

En declaraciones a ETB, recogidas por Europa Press, Esteban ha explicado que en esta legislatura los grupos que apoyaron la investidura tienen que tener "la suficiente habilidad para poder adaptarse", y ha señalado que el Gobierno debe ser consciente de que tendría que "llevar al Parlamento, en cuanto a normativa, las menos cosas posibles y muy concretamente".

"Nosotros entendemos que en una coalición tan compleja no todo puede ser a tu gusto. No sé si otros grupos tienen eso interiorizado. Es muy difícil, por no decir imposible que esta legislatura dure cuatro años, las cosas como son", ha remarcado. No obstante, cree que, si se logran aprobar los Presupuestos, supondría "un impulso como para mantenerse durante dos años".

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha acordado investigar la denuncia presentada por el PSOE contra Vox y su presidente, Santiago Abascal, por su "clara incitación directa al odio y la discriminación" después de que el dirigente declarase al diario argentino Clarín que "habrá un momento" en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así consta en un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, firmado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, fechado el pasado 10 de enero.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, considera una "buena noticia" las críticas de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, aunque considera que el PSOE debería "pedir perdón" y reconocer que se ha beneficiado de su silencio en ocasiones anteriores: "Si no alzas la voz contra las injusticias, al final vienen a por ti también".

"Es una buena noticia que el PSOE se sume a la denuncia del sector reaccionario del poder judicial que se ha saltado todos los principios democráticos para perseguir adversarios. García Castellón, uno de sus máximos representantes, fue denunciado por Podemos por prevaricación", ha celebrado Belarra a través de su cuenta de X, tras las palabras de Ribera.

En concreto, Ribera ha criticado que García Castellón tiene "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles" como lo es el actual por la tramitación de la ley de amnistía, tras mantener el juez la tesis terrorista en la causa sobre 'Tsunami Democràtic', en la que investiga al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, por un presunto delito de terrorismo.

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha señalado este viernes que es una "percepción lógica" que los hombres se sientan discriminados tras cinco años con Irene Montero de ministra de Igualdad en el Gobierno. Así lo ha puesto de manifiesto respecto a los resultados de la encuesta 'Percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género', del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que reflejan que el 44,1% de hombres y el 32,5% de las mujeres creen que las políticas de igualdad discriminan a los varones.

"Con cinco años que hemos tenido a Irene Montero de ministra en el gobierno de España, con Pedro Sánchez permitiéndoselo absolutamente todo, señalando constantemente a los hombres, luego, por tanto, es lógico que se sientan así", ha asegurado en una entrevista concedida a Radio Club Tenerife, recogida por Europa Press.

Asimismo, ha destacado que, durante el Gobierno de Pedro Sánchez, "ha habido mucha propaganda pero muy poco avance" y que "se ha señalado de manera constante a los hombres como los culpables de las desigualdades de las mujeres".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido al Gobierno de España "contundencia" con el secretario general de Junts, Jordi Turull, y no con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de las declaraciones de la dirigente sobre las dos denuncias interpuestas por agresiones sexuales en el municipio de Alcalá de Henares, y ha defendido que el político catalán es el único que "ha vinculado la inmigración con la delincuencia".

"¿Dónde hay una afirmación de la presidenta Díaz Ayuso en ese sentido? Lo que sí hay es una afirmación de Jordi Turull, de Junts per Cataluña, hace escasas fechas donde dijo que la inmigración estaba conectada a la delincuencia, y que ellos querían la competencia para poder expulsar a los multirreincidentes, que ya estaba bien de tener que aguantar a los inmigrantes multirreincidentes", ha afirmado este viernes ante los periodistas desde Chamartín.

Así, se ha preguntado si el Gobierno va a hablar con "la misma contundencia" de Turull que lo está haciendo con Ayuso. "A esos, a la sucursal de Le Pen en España, como los definió Pedro Sánchez, son a los que les va a entregar la competencia de inmigración", ha criticado.

Las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, acusando al juez instructor de 'Tsunami', Manuel García Castellón, de tener "cierta querencia" a realizar pronunciamientos judiciales en "momentos políticos sensibles" han generado un profundo malestar en el seno de la Audiencia Nacional (AN). Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recuerdan que no instruir esa causa sería "prevaricar" y lamentan que se busque aplicar la amnistía de "forma preventiva". 

Ribera ha realizado estas declaraciones este viernes después de que el jueves el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 emitiera una resolución en la que rechazaba un recurso del Ministerio Fiscal oponiéndose a mandar la causa al Supremo para que se investigue el papel que ha podido tener en los hechos investigados el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de imputados.

Frente a la acusación de Ribera de que el juez tiene querencia a pronunciarse en "un momento particularmente oportuno" y "siempre en una misma dirección", estas fuentes recuerdan que "los tiempos de la política no son los de la Justicia" y que, casualmente, para los políticos nunca es buen momento si la resolución o decisión judicial no les gusta.

La vicrepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes que el Gobierno emprenderá en los "próximos días" una reforma legislativa para que la invalidez permanente no sea motivo para el despido automático de un trabajador. "Las personas que sufren una invalidez permanente de distintos grados, algunas de ellas llevan asociadas la extinción del contrato de trabajo. Pues bien, vamos a emprender una modificación legislativa para que las personas con invalidez permanente y que están afectas a la legislación en vigor, no se produzca automáticamente el despido de las mismas", ha explicado la vicepresidenta.

Díaz, en declaraciones a la prensa a la llegada a la clausura de unas jornadas de UGT sobre el futuro del empleo, ha indicado que esta modificación legal se producirá "en los próximos días" y beneficiará a un colectivo "muy importante" de personas en España que sufren alguna forma de discapacidad.

"Lo que estamos haciendo ahora es acoplar y desarrollar uno de los déficit que tenemos, que es la extinción automática en una serie de casos de invalidez permanente, con una realidad concreta como fue ayer la modificación del artículo 49 de la Constitución", ha señalado Díaz.

Esta reforma del despido en el caso de invalidez, una reclamación de Cermi, se hará "con carácter inmediato", de la mano del diálogo social y como una "separata" de la reforma global del despido que emprenderá el Gobierno en esta legislatura, según ha explicado la vicepresidenta segunda. "Hemos hecho una transformación importantísima constitucional que nos permite que en aquellos supuestos legislativos que llevaban automáticamente la extinción contractual, esto es el despido por razón de una discapacidad, hoy la modifiquemos", ha precisado la ministra.

El Gobierno afirma que "por supuesto" respetará la decisión final que adopte la Audiencia Nacional sobre el caso 'Tsunami', que investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont por un posible delito de terrorismo. Moncloa hace estas declaraciones después de las críticas lanzadas contra el magistrado Manuel García Castellón, titular del Juzgado de Instrucción número 6, por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Según indican fuentes gubernamentales, el Ejecutivo demuestra con su actuación su respeto institucional al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados en su labor. Afirman además que el Gobierno respeta "siempre" las decisiones judiciales "aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas".

"En el caso Tsunami, las decisiones del magistrado fueron recurridas por el Fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional. Ese debate jurídico se resolverá por los órganos judiciales y el Gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte", señalan.

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el incidente de nulidad presentado por la ex ministra socialista Magdalena Valerio contra la sentencia por la que la sede judicial tumbó su nombramiento como presidenta del Consejo de Estado al considerar que no cumplía con el requisito legal de ser una jurista de reconocido prestigio.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo explica que Valerio "decidió no personarse", una circunstancia que determina que "no pueda servirse ahora del incidente de nulidad".

"Tuvo en su mano, era su derecho, comparecer ante esta Sala para exponer sus argumentos y defender así la legalidad de su nombramiento, pero prefirió no hacerlo. Por tanto, debe estar a las consecuencias de sus actos", dicen los magistrados.

Según recoge la resolución judicial, Valerio adujo que no se personó porque confiaba en que las alegaciones de la Abogacía del Estado sobre la falta de legitimación de la Fundación Hay Derecho para impugnar su designación prosperaran.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado este viernes al PP de "airear" en medios y redes sociales un documento policial confidencial para "salvar al soldado Ayuso de sus mentiras" a costa de "estar dispuestos a implicar a quien haga falta".

Tras un desayuno informativo, Martín ha hecho un llamamiento a la "prudencia y a la responsabilidad" y ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "que detenga esta espiral en la que se ha adentrado, porque ya no sé hasta dónde están dispuestos a llegar en esta operación salvar a la soldado Ayuso de sus mentiras que están practicando".

"Han sido capaces de airear un documento confidencial, policial, que está ahora mismo en las redes sociales promovido por responsables políticos del Partido Popular, un documento confidencial. Tenemos a una alcaldesa de Alcalá de Madrid que está desinformando en relación a una investigación policial cerrada, dando información a la que no debería tener acceso y que además es errónea la que está dando", ha afirmado.

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha asegurado este viernes que está "alineado" con la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en inmigración y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "falta de responsabilidad". Así, ha denunciado que "hay personas hacinadas" en municipios y no existe ni coordinación ni información del Ejecutivo central a las autoridades locales y regionales.

Así se ha pronunciado después de que esta semana Ayuso haya exigido al Gobierno un plan ante la "tremenda oleada" de migrantes y no llevarlos de "tapadillo" a la Península. Además, dijo que se habían producido "varias reyertas graves" en el centro de Alcalá de Henares y que vecinas habían denunciado agresiones sexuales.

En una entrevista en Telecico, que ha recogido Europa Press, Sémper ha apostado por ofrecer un respaldo humanitario. "Se trata de seres humanos que buscan una vida mejor y el Gobierno trata a estas personas de forma irresponsable", ha afirmado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este viernes que "tratar a la Justicia" como si España fuera "una república bananera expulsa la inversión" y "mata la creación de puestos de trabajo".

Así lo ha expuesto en declaraciones a los periodistas, durante una visita a la cooperativa Covirán, en Coslada, haciendo alusión a las declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien criticó la "cierta querencia" del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a pronunciarse en "momentos políticos sensibles".

Estas declaraciones así como "las de todo el Consejo de Ministros", para la presidenta, no dan "confianza a las personas que ponen el patrimonio de sus hijos en juego para crear puestos de trabajo como hacen los empresarios" y hacen "un flaco favor a todo esto".

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de impulsar el "blanqueamiento obsesivo" del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ante sus declaraciones culpando al Estado de que ETA no dejase antes de matar. "Pido que reaccione, que le pare los pies", le ha emplazado.

Sémper ha incidido en que Otegi "era de los que gritaba 'ETA, mátalos'". "Y hoy nos viene a decir que no, que ellos mataban prácticamente porque el Estado de Derecho, es decir, todos los españoles les empujaban a hacerlo", ha denunciado.

En declaraciones este viernes a Telecinco, recogidas por Europa Press, el dirigente 'popular' ha tildado de "mezquindad" e inaceptables las palabras de Otegi, al que ha calificado de "canalla moral".

Para el portavoz, el problema no es tanto que Otegi "siga siendo lo que siempre ha sido", sino que en la policía española actual hay una "especie de blanqueamiento obsesivo de todo lo que representa" y "está impulsado por el Gobierno".

El PP ha acusado este viernes a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de "poner voz a los que dicen que en España hay lawfare" al cuestionar al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Tras afirmar que "el sanchismo asume el discurso independentista" de que la Justicia no es imparcial", ha destacado que no criticaban a este magistrado cuando instruía casos como Púnica, Lezo o Kitchen, según han informado fuentes de la formación.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ha respondido así a Ribera, que ha asegurado que García Castellón tiene "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles", tras insistir el juez en la tesis terrorista en la causa sobre 'Tsunami Democràtic', en la que investiga al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, por un presunto delito de terrorismo.

Según el PP, es de "una gravedad extrema" que una vicepresidenta del Gobierno "insinúe que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones". "El sanchismo asume el discurso independentista de que la Justicia no es imparcial y Ribera pone voz a los que dicen que en España hay lawfare", han señalado fuentes del partido.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha criticado este viernes la "obsesión política" del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para incriminar, en sus palabras, al independentismo.

"Hay una obsesión del juez García Castellón con el fin de incriminar al independentismo, a ERC, a Junts, a Marta Rovira y al presidente Carles Puigdemont, como terroristas", ha sostenido en una entrevista en La1 recogida por Europa Press.

Para Vilalta, no es casual que, en paralelo a los trabajos que están llevando a cabo en relación a la ley de amnistía, el juez quiera "incriminar (el independentismo) por terrorismo sólo por ejercer derechos fundamentales".

En su opinión, lo que ocurrió en Cataluya tras la sentencia del Tribunal Supremo del 1-O, fueron "movilizaciones de muchísima gente que salió a la calle" para protestar contra dicho fallo.