Errejón asegura que sacarán delante la reducción de jornada sin bajada de salarios aunque no haya presupuestos

Cientos de personas se han concentrado esta tarde a las puertas de la sede del Partido Popular en Madrid, en la calle Génova, pidiendo la dimisión de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pidiendo su dimisión por los presuntos delitos de su pareja y la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia de covid.

Los manifestantes se han congregado alrededor de las 19.00 horas de este miércoles convocados por la asociación La Plaza bajo el lema "Mi familia se murió, la tuya se forró", a través de redes sociales. La Policía Nacional ha tenido que cortar el tráfico en la calle cuando ha ido creciendo la afluencia.

Ondeando banderas republicanas y portando carteles en referencia a las muertes de ancianos en residencias durante la pandemia han gritado consignas exigiendo su dimisión: "Ayuso dimisión", "no son muertes, son asesinatos"; "tu pisito es un delito" o "tranquilo Casado, aquí está tu legado".

Asimismo, han cargado contra el PP coreando "Partido Popular, partido criminal" o "ahí está cueva de Ali Babá", señalando la sede de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

A la manifestación han acudido además el portavoz de Podemos Pablo Fernández y el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Hugo Martínez Abarca.

La asociación había convocado el pasado lunes esta concentración para protestar por "todos sus escándalos de corrupción". "Tras el caso Avalmadrid por el que se perdonaron 311.000 de euros al padre de la presidenta, tras el caso Mascarillas por el que el hermano de Ayuso cobró 230.000 de euros en comisiones con la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid, tras el fraude a Hacienda de 350.000 de euros y los dos millones de euros cobrados por parte del actual novio de la presidenta en comisiones por la venta de material sanitario durante la pandemia o tras intentar hacer negocio con vacunas contra el covid, La Plaza considera que esta es la gota que colma el vaso en los escándalos de Ayuso tras cuatro años de gobierno", explicaron en un comunicado.

El fiscal de la Audiencia Nacional encargado de la causa Tsunami Democràtic ha acusado al juez instructor, Manuel García Castellón, de falta de rigor después de que el pasado 4 de marzo acordara que la Policía le remitiera información sobre el presunto viaje a Barcelona entre 2014 y 2019 de los espías rusos que estarían especializados en sabotajes.

Así consta en un informe del fiscal Miguel Ángel Carballo, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que critica severamente esta diligencia acordada por el magistrado ya que, apunta, se basa sólo en noticias periodísticas y "excede absolutamente del objeto del presente procedimiento".

"La diligencia solicitada --por los letrados de los policías personados y admitida por el juez-- excede absolutamente del objeto del presente procedimiento, no solo cronológicamente, puesto que se refiere a hechos supuestamente cometidos con anterioridad a la incoación del procedimiento, sino que estos hechos no son objeto de investigación en el presente procedimiento, no se conoce relación alguna de Tsunami Democràtic con la presencia de supuestos agentes rusos en España", explica.

El Ministerio Público se adhiere así a un recurso presentado por la defensa de la investigada Marta Molina contra esa diligencia, y subraya que ese movimiento del juez se acuerda con el respaldo de "noticias periodísticas" que "no son prueba ni acreditan circunstancia alguna, como es reiteradamente establecido por la jurisprudencia".

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra el Ministerio Fiscal por la nota de prensa difundida recogiendo "datos concretos de comunicaciones" de un letrado en el marco de un proceso de conformidad en curso, lo que incurriría en un delito de revelación de secretos y desbordaría "el deber de información".

Los hechos se refieren a la nota informativa en el que la Fiscalía Provincial de Madrid daba cuenta el pasado jueves de los correos cruzados entre el abogado de Alberto G. A, novio de Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal del caso en relación a las diligencias de investigación abiertas por un presunto fraude fiscal.

A juicio del Colegio estos hechos "ofrecen indiciariamente caracteres constitutivos de un delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417.2 del Código Penal, que sanciona el quebrantamiento por parte de una autoridad o funcionario público, del deber de sigilo y discreción que impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".

El ICAM recuerda en su denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, que este tipo penal protege el "servicio que los poderes públicos han de prestar a la comunidad en relación con el deber de guardar sigilo riguroso respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo".

Por ello, entiende que el autor material del presunto delito "sería el funcionario del Ministerio Fiscal que haya ordenado o consentido la publicación de la nota informativa de 14 de marzo de 2024 y/o del correo electrónico de 2 de febrero de 2024 en virtud del cual el Abogado del obligado tributario manifestó al Ministerio Público su intención de llegar a un pacto de conformidad con la pena solicitada por el mismo, pues es quien, teniendo conocimiento del secreto o de la información como consecuencia del cargo que desempeña, lo revela, haciéndolo público".

Es decir, la denuncia (y no querella por este motivo) no se dirige contra una persona en particular, sino que deja en manos del juzgado la investigación de las responsabilidades penales que se denuncian.

El PP recurrirá el archivo de la denuncia que presentó ante la Oficina de Conflicto de Intereses contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no inhibirse en las reuniones del Consejo de Ministros que aprobaron el rescate de la aerolínea Air Europa, dados los "vínculos de naturaleza económica y profesional" con esa compañía de su mujer, Begoña Gómez, según han avanzado fuentes del partido, que no descartan ir al Tribunal Supremo con este asunto.

El primer paso que va a dar la formación de Alberto Núñez Feijóo es solicitar el expediente completo que se ha instruido la Oficina de Conflicto de Intereses para conocer qué "averiguaciones han hecho" y en qué documentación se han basado para decretar ese archivo, han añadido fuentes de la formación.

"Exigiremos la entrega del expediente instruido por la Oficina de Conflictos e Intereses para verificar si en ese expediente hay algo más que el WhatsApp de Bolaños exigiendo que se archivase la cuestión", anunció ya este martes en rueda de prensa el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado.

Después de que el lunes, la portavoz del PSOE, Esther Peña, anunciase la decisión de la Oficina de Conflicto de Intereses, fuentes del PP han señalado que el partido recibió este martes alrededor de las 14.30 horas la notificación del archivo de su denuncia, en la que pedía que se inhabilitase al presidente del Gobierno "entre 5 y 10 años" por "no abstenerse" en el rescate de Air Europa, una compañía que, según los 'populares', "tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer".

Aparte de presentar ese recurso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, fuentes del PP no descartan la vía judicial para que se investigue ese "conflicto de intereses" de Sánchez, dados los negocios de su mujer. Fuentes del PP anticipan que en caso de dar ese paso sería ante el Tribunal Supremo, si bien tendrían que analizar si es por la vía contencioso-administrativa o por la vía penal.

Desde la cúpula del PP aseguran que si el Gobierno diera explicaciones sobre los vínculos de la esposa de Sánchez con Air Europa "se ahorrarían problemas, pero no las quieren dar", han señalado fuentes populares, que han afeado al Ejecutivo que no tenga "vocación de transparencia" con este asunto.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que "pronto" se sabrá por qué Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quiso llegar a un acuerdo con la Fiscalía porque no le interesa que prosiga la investigación por su presunto fraude fiscal y que entonces ella, y también el PP, tendrán que "dar más explicaciones y tomar más decisiones" de las que ha adoptado hasta la fecha.

Puente ha lanzado este aviso durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso para dar cuenta del 'caso Koldo', que ha tenido lugar a instancias del PP, al que ha echado en cara que exija que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuviera al tanto de las "andanzas" del exasesor de Ábalos pero justifiquen que Ayuso no conociera la procedencia del dinero con el que su novio había adquirido el piso en el que vive la pareja.

El ministro ha incidido en que ese "un escándalo muy grave" y en que está "probado" que González Amador está acusado, entre otros delitos, de fraude fiscal por no declarar las comisiones que cobró por la venta de mascarillas. Puente ha destacado que Hacienda le atribuyó ese delito el pasado mes de septiembre pero que, sin embargo, Ayuso compareció hace una semana para negarlo y argumentar que es el fisco el que le debe dinero a su pareja.

"¿Ayuso no conocía nada de esto hace una semana? Yo no me lo creo, pero si es así supongo que dará explicaciones y tomará decisiones porque, como mínimo, alguien la ha engañado gravemente y ella está en tela de juicio, en el mejor de los casos, como consecuencia del engaño grave que alguien ha cometido contra ella", ha deslizado.

El ministro ha insistido en calificar de "mentira" las explicaciones ofrecidas por la presidenta madrileña la semana pasada. "Luego supimos que sí había delito porque su abogado lo reconoció ante la Fiscalía", ha dicho, subrayando que, a su juicio, "la clave" está en por qué González Amador intentó llegar a un acuerdo con el ministerio público.

"¿Por qué ese afán en taparlo todo? Por que al señor González no le interesa que prosiga la investigación y pronto sabremos por qué y, cuando lo sepamos, tendrán que dar más explicaciones y dar más decisiones de las que han tomado hasta la fecha", ha avisado.

El diputado del PSOE y portavoz de la Comisión de Transportes en el Congreso, César Ramos, ha salido en defensa de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ante los señalamientos de la oposición por sus relaciones con la aerolínea Air Europa y considera que "tiene derecho a hacer su vida".

"Tiene derecho a hacer su vida igual que cualquier otro" sin que se la esté nombrando "en esta Cámara o en los medios", ha indicado desde la tribuna del Hemiciclo durante una interpelación al ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación al caso Koldo y sus vínculos con este departamento.

El diputado socialista ha hecho estas declaraciones horas después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtiese a Pedro Sánchez de que impulsarán una comisión de investigación parlamentaria específica sobre las relaciones de la mujer del presidente del Gobierno con la aerolínea Air Europa si el jefe del Ejecutivo no explica en qué consistieron.

Además, Feijóo dijo que no descartan una investigación judicial sobre este asunto "si es necesario", mientras Sánchez le respondió emplazándole a plantar cara a la corrupción y exigiéndole de nuevo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el presunto fraude fiscal cometido por su pareja, Alberto González Amador.

Ramos ha reprochado de este modo que se saque el nombre de la mujer del presidente en sede parlamentaria y por el contrario en el PP "se echen las manos a la cabeza" cuando el PSOE menciona a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el caso que afecta a su pareja por un presunto delito de fraude fiscal. "No sean tan hipócritas", ha lanzado.

Esquerra, Junts, el PNV y el BNG, socios habituales del Gobierno de coalición, han coincidido este miércoles en acusar al PP y al PSOE de montar en el Pleno del Congreso "una pelea de bar" o un "combate de boxeo" con la corrupción, sea el 'caso Koldo' o la investigación fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y se lamentan de que este "espectáculo" sólo sirve para "enfangarlo todo".

Los reproches han llegado en la sesión de control del Congreso, tras los cruces de reproches de los dos grandes partidos durante las preguntas al Gobierno y tras la primera intervención del ministro de Transportes, Óscar Puente, citado a comparecer por la trama de supuesto cobro de comisiones de la que formaba parte Koldo García Izaguirre, que fue asesor del entonces ministro José Luis Ábalos.

Así, el diputado de ERC Francesc-Marc Vidal ha reprochado el "espectáculo" ofrecido por PP y PSOE durante el Pleno del Congreso y ha optado por el castellano para pedirles que no conviertan la Cámara Baja en una "pelea de bar" y para que dejen de "darse tortazos" y "aparquen el 'y tú más'".

También Pilar Calvo, de Junts, ha criticado que el PP y el PSOE se hayan embarcado en un "combate de boxeo a golpes de acusación" e intentando "colocar al contrincante la etiqueta de corrupto" y cayendo en "el clásico 'Y tú más'". "En lugar de tomar medidas drásticas contra los corruptos, y tienen unos cuantos, a izquierda y derecha, nos obligan a ver una pelea electoralista, que utiliza el altavoz del periodismo de bufanda", ha lamentado.

Para el portavoz del PNV, Aitor Esteban, el PP y el PSOE piden comisiones de investigación o comparecencias pero ya tienen decidida su sentencia. En su opinión, da la impresión de que se busca es "crear un ambiente irrespirable". "¿Cuál es la conclusión de la gente ante esto? Pues que esto es un barrizal, que la política no es más que barro, que todo es sucio en la política y que no hay distinción entre unos y otros -ha subrayado-. No tienen perdón, de verdad".

También el BNG, a través de su diputado, Nestor Rego, ha reprochado ese "espectáculo bochornoso" de cruce de acusaciones. El portavoz del bloque gallego está convencido de que la ciudadanía siente "asco" y "hartazgo" porque lo que verdaderamente quieren no es el "y tú más", sino "mano dura con la corrupción" y "asunción de responsabilidades".

El portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha incidido en estas críticas avisando de que no permitirá que el PSOE y el PP se dediquen al "y tu más" mientras se renuncia a mejoras sociales al haber desistido de presentar unos Presupuestos para este año.

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para encargar a la Comisión General de las comunidades autónomas una ponencia sobre el contenido autonómico de la proposición de ley de amnistía, sumándose así a los informes que ya ha solicitado sobre este tema a los letrados de la Cámara Alta, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e incluso a la Comisión de Venecia.

En concreto, la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado ha acordado que los miembros de la ponencia serán tres integrantes del PP, dos del PSOE y uno por cada grupo: Sumar, PNV, Junts, ERC y Vox.

Se trata de otro mecanismo que el PP ha activado en la Cámara Alta, en la que tiene mayoría absoluta, para exhibir su rechazo a la proposición de ley de amnistía, después de que ya hayan pedido varios informes dentro de la institución y a organismos como el CGPJ y a la Comisión de Venecia.

Y es que el informe de los letrados del Senado concluye que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional en un texto en el que que critica la tramitación y el fondo de esta norma, a la que denomina como "reforma encubierta de la Constitución", aunque la Mesa de la Cámara Alta, con mayoría del PP, decidió tramitarla pese a la insistencia de Vox.

El PP y Vox han coincidido este miércoles en el Congreso en sentenciar que el llamado 'caso Koldo' de supuestas mordidas en contratos de material anticovid durante la pandemia es en realidad una "trama del PSOE" que se extiende al Palacio de la Moncloa y a la esposa del presidente del Gobierno.

Así se lo han dicho al ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha comparecido en un debate monográfico en el Pleno del Congreso para informar de las repercusiones del llamado 'caso Koldo', habida cuenta de que Koldo García fue asesor del entonces ministros José Luis Ábalos.

Gobierno corrupto

Para la dirigente del PP Ester Muñoz, el Gobierno de coalición "ni es digno ni es honrado", sino que es "corrupto", pues tiró "por la borda" su honradez y su dignidad al pactar con los independentistas tras perder las elecciones. "Eligieron la indignidad a cambio del poder --ha dicho--. Sus socios se ríen de ustedes y sólo les mantienen mientras sean de provecho".

La diputada del PP ha puesto etiqueta a los distintos socialistas salpicados por la trama: Koldo García, "que estaba en el Ministerio al servicio de sus jefes"; el exministro José Luis Ábalos "el proscrito"; Francina Armengol, Angel Victor Torres y Savador Illa, que compraban las mascarillas; y la vicepresidenta María Jesús Montero, "la encubridora que lo tapaba todo".

Y de ahí ha saltado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, "la mujer del 'don', cuya cátedra era financiada por empresas que después fueron rescatadas por el gobierno" y "que se reunía con los socios de la trama, con Aldama". "¿Era Begoña Gómez la conseguidora o la mediadora?", se ha preguntado.

Acabarán en el banquillo

Por su parte, la representante de Vox, Carina Mejías, ha asegurado que el caso Koldo es "una trama de corrupción del PSOE que alcanza no sólo al presidente, sino a la mujer del presidente, que es peor" y ve aún más grave que su actividad se produjera "aprovechando una situación desesperada" como una pandemia: "Los codiciosos, sin escrúpulos, aprovechan la oportunidad para enriquecerse a costa de la corrupción", ha enfatizado.

Según ha dicho, Sánchez utiliza a su ministro como "'sparring' para recibir los golpes y para morder", como un sustituto "para tapar las vergüenzas" del presidente y su señora", y ha querido dejar claro que Vox no va a "descansar hasta que paguen los responsables" y hasta "verlos sentados en el banquillo".

El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha acusado este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de haber "apretado del gatillo" para matar a los ancianos que murieron en residencias durante la pandemia, a lo que el PP ha replicado que lo mismo podría decirse del entonces vicepresidente y responsable de Derechos Sociales, el exlíder del partido morado Pablo Iglesias.

El rifirrafe ha tenido lugar durante la comparecencia ante el Pleno del ministro de Transportes, Óscar Puente, para da cuenta del 'caso Koldo', un debate que Sánchez Serna ha aprovechado para sacar a colación las conclusiones de la comisión ciudadana sobre la gestión del gobierno madrileño durante el coronavirus.

"Fueron las decisiones políticas de la señora Ayuso en efecto y fue el Gobierno de Ayuso el que apretó el gatillo y eso nada lo va a cambiar porque eso es lo que representa la señora Ayuso", ha sentenciado el diputado morado, quien se ha referido a la pareja de Díaz Ayuso, como "el novio de la muerte".

El portavoz adjunto del PP Jaime de Olano le ha pedido que retirara esa acusación y ha apuntado que lo mismo se podría decir de Pablo Iglesias, ya que en el estado de alarma era vicepresidente de Derechos Sociales y el Gobierno central asumió competencias extraordinarias.

"Hoy hemos oído cosas absolutamente inaceptables dirigidas a muchas personas, pero señor Sánchez, usted decide", ha intervenido la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. Pero Sánchez Serna ha optado por reafirmarse en su "forma metafórica" de responsabilizar a Díaz Ayuso de aquellas muertes.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha condenado este miércoles las actuaciones ejercidas desde los servicios de la Comunidad de Madrid contra periodistas de elDiario.es y 'El País', "que lo único que persiguen es intimidar a los profesionales de la información y amordazar la libertad de prensa".

"Ese es el objetivo que persigue la Comunidad de Madrid difundiendo la identidad y una fotografía de dos periodistas de 'El País' insinuando falsamente una conducta delictiva de estos informadores en un momento en que Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, está siendo cuestionada por el presunto fraude fiscal que ha confesado su pareja, Alberto González Amador", ha denunciado la FAPE.

Asimismo, ha reprobado que una semana después de amenazar con "triturar y cerrar" a elDiario.es, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, "ha filtrado una información falsa, según la cual, periodistas encapuchados del medio dirigido por Ignacio Escolar intentaron entrar 'por la fuerza' en una vivienda de la presidenta madrileña".

"Tampoco podemos olvidar las graves acusaciones de Rodríguez contra Silvia Intxaurrondo, acusándola de cobrar en B, algo que la propia periodista de Televisión Española ha desmentido con un comunicado pidiendo a todos los medios que lo publicaron que se retractaran", ha subrayado la organización.

En este sentido, la FAPE ve "intolerable que se intente amedrentar" a los profesionales de la información en el ejercicio de su labor, que "no es otra que la de informar verazmente sobre hechos de interés público". Desde la Federación, ponen a disposición de los periodistas y medios de comunicación afectados sus servicios jurídicos para emprender cuantas acciones legales consideren oportunas.

También ha instado de nuevo a los representantes públicos, "independientemente de su ideología, a que cesen el acoso contra periodistas y respeten su labor profesional, amparada por la Constitución". "Asimismo, hacemos un llamamiento para terminar con la crispación política", ha apostillado.

Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha exigido a la Comunidad de Madrid que "cese sus ataques" a medios y periodistas, "imputándoles falsos delitos"; "demuestre sus acusaciones"; y "ponga fin a intimidaciones dignas de regímenes autoritarios, que la organización persigue en todo el mundo".

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha acusado este miércoles en Bilbao al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "enfangar, mentir, irritar a la gente y generar un estado de ánimo al borde del colapso para esconder la falta de acción y de ideas" de su partido, y evitar pronunciarse sobre "qué va a hacer con la señora Ayuso".

"Nosotros no tenemos casos Ayuso, no escondemos cuentas B, sabemos lo que significa la libertad y no la confundimos con ir de cañas", ha afirmado, para censurar que la presidenta de la Comunidad de Madrid "entiende que lo mejor que se pueda hacer con la familia es enriquecerse".

Ribera ha comparecido en rueda de prensa en la sede de los socialistas en la capital vizcaína, junto al secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, tras mantener un encuentro con una representación de la Comisión Ejecutiva y de las candidaturas de los tres territorios para las elecciones del 21 de abril.

Al comenzar su intervención, en la que ha hablado, entre otras cuestiones, de la transición ecológica y la descarbonización, la vicepresidenta tercera del Ejecutivo se ha congratulado de estar con los socialistas vascos, que mantienen un "compromiso firme, coherente, seguro, transparente, de progreso industrial, de progreso social y honestidad", sin "nada de ruido" ni "mentiras" ni de "embarrar la política".

Teresa Ribera lo ha contrapuesto con "el espectáculo bochornoso" que se ha vivido este miércoles el Congreso de los Diputados, y ha defendido "la honestidad" de los socialistas. "Nosotros no tenemos casos Ayuso, no escondemos cuentas B, sabemos lo que significa la libertad y los derechos, no los confundimos con ir de cañas, que está muy bien", ha remarcado.

La ministra ha asegurado que lo peor "es enfangar, mentir, irritar a la gente, generar un estado de ánimo al borde del colapso para esconder la falta de acción, la falta de compromiso, la falta de ideas y la lectura de cuáles son los problemas que tenemos delante".

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha abogado por "combatir la corrupción" y aplicar "medidas de prevención" para evitarla y ha considerado que este es "el momento de dar respuestas, no de entrar en el juego del 'y tú más'".

Así lo ha aseverado Urtasun en Valencia -donde ha presentado este miércoles actos del Año Estellés- al ser preguntado por los medios por si cree que "el tono bronco" que se está viviendo en el Congreso influye en la forma de hacer política. En opinión del representante de Sumar, "el país lo que necesita es salir de una especie de dinámica en la cual los partidos se van acusando de casos de corrupción los unos a los otros".

"Necesitamos trasladar a la ciudadanía una sensación de que vamos a combatir la corrupción a fondo. Desde Sumar hemos dicho en numerosas ocasiones que España tiene deberes pendientes en la prevención de la corrupción: tenemos recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa y necesitamos una institución específica que fiscalice y combata la corrupción que todavía no tenemos en España".

Por lo tanto, Urtasun ha considerado que "lo que la ciudadanía española espera de nosotros es que combatamos la corrupción y que hagamos medidas de prevención de la corrupción". "Y desde Sumar lo que estamos es haciendo propuestas en este sentido. Creo que es el momento de dar respuestas, no de entrar en el juego del 'y tú más'", ha concluido.

Diputados del PP han lucido este miércoles en el Pleno del Congreso la chapa 'Yo soy concejal de pueblo' para denunciar el "desprecio" hacia los ediles que, a su juicio, exhibió hace una semana el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su ataque al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Hace una semana, en la sesión de control al Gobierno, Sánchez y Feijóo se cruzaron duros reproches mutuos en materia de corrupción, tanto sobre la 'trama Koldo' relativa a la compra de mascarillas en la pandemia como sobre el caso sobre presunto fraude fiscal que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En medio del rifirrafe parlamentario, el jefe del Ejecutivo incluso recriminó al presidente del PP su relación en el pasado con un narcotraficante y afirmó que "con ese historial", en el Partido Socialista no habría llegado "ni a concejal de pueblo".

El pasado viernes, el propio Feijóo reivindicó en un acto del PP en Ávila sus orígenes rurales en Galicia y arremetió contra Sánchez por "despreciar" de forma "altiva" a los concejales de pueblo. "Yo soy un ciudadano español que ha nacido en una aldea de Galicia y conozco muy bien la importancia de ser concejal de pueblo", proclamó.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha garantizado este miércoles en el Congreso que será "implacable" con la corrupción y que decidirá si acomete más "ceses" en su departamento en función de cómo evolucionen la investigación judicial y la auditoria que ha puesto en marcha sobre los contratos suscritos en pandemia para la adquisición de mascarillas a raíz del caso Koldo, pero ha rechazado se que abra una "causa general" contra su departamento.

Durante su comparecencia en el Pleno a solicitud del PP para rendir cuentas por el conocido como caso Koldo, Puente ha admitido que "pudo haber quien se lucrara de forma indigna" en aquella situación de emergencia sanitaria, pero ha recalcado que no se puede permitir que eso "tape el buen hacer" de los profesionales que se dejaron "la piel" aquellos días.

"Seré implacable con la corrupción. Implementaré cuantas medidas sean precisas para minimizar el riesgo de que pueda producirse en el futuro una situación de esta naturaleza. Y respecto a mi personal, tomaré las decisiones que sean coherentes con la evolución de las investigaciones", ha incidido.

Yo no nombré a Koldo

Eso sí, Puente ha hecho hincapié en que él no puede "responder por el nombramiento" de Koldo García Izaguirre, el que fuera asesor del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y ha remarcado que tampoco le corresponde "exigirle ninguna responsabilidad porque ya no presta servicios" en el ministerio.

"Confío en que la justicia determinará si se cobraron comisiones ilegales por compra de mascarillas durante la pandemia y que los culpables paguen por los delitos que hayan cometido", ha enfatizado, pidiendo que se deje trabajar a la Justicia con la que su ministerio, ha dicho, está colaborando, y sin perder de vista "el respeto a los derechos fundamentales que exige cualquier Estado de Derecho".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha informado este miércoles que se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para pedir un refuerzo de la seguridad en el entorno de la vivienda de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Lo ha confirmado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha expuesto que "está habiendo personas que se están acercando y que están tratando de hablar con el entorno, con los vecinos".

El también portavoz del Ejecutivo regional ha defendido que hay que tratar de "respetar los entornos privados, no solo de la presidenta de la Comunidad, sino de cualquier persona pública". "En esto, sinceramente creo que se están traspasando determinadas líneas rojas", ha alertado a continuación.

En este sentido, ha incidido en que "la presidenta tiene derecho de poder disfrutar de su vida privada sin ser acosada en su domicilio particular" y ha remarcado que la familia de la presidenta tiene "derecho al anonimato" porque no ostentan "ningún cargo público".

"Lo que creo es que tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser muy respetuosos con el entorno privado de cualquier político, de cualquier persona, y también, por qué no, de la presidenta de la Comunidad y que, como digo, tiene derecho a preservar su vida privada, su propia intimidad y su propia vida privada", ha zanjado.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha manifestado su respaldo a la advertencia de los 'comunes' al PSC, de votar en contra de los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona si no entran en el Ejecutivo municipal, y descarta que tenga repercusiones en la relación con los socialistas a nivel nacional.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, Errejón ha proclamado que las "decisiones en Barcelona se toman en Barcelona" por parte de su aliado catalán y ha criticado que las políticas del PSC en materia urbanística y económica son cada vez "más parecidas" a las del PP en las comunidades donde gobierna.

"Entonces no puede pedir (los socialistas) los votos por la izquierda y tendrán que pedirlos por otro lado. Si uno hace política contra el derecho a la vivienda o hace políticas de pelotazos con macrocasinos (en alusión al Hard Rock), eso ya saben con quién se saca, se saca con la derecha", ha enfatizado.

Cuestionado sobre si la situación en el consistorio de la ciudad condal puede repercutir en las relaciones de la coalición de gobierno entre PSOE y Sumar, Errejón ha insistido en que "las cosas que pasan en Barcelona o Cataluña "obedece" a las razones propias de los territorios, mientras que en España hay una "lógica propia" con un Gobierno "propio".

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al PP de "manipular" al Senado para frenar la Ley de Amnistía pactada entre los socialistas y las formaciones independentistas, después de que el PP anunciase su intención de plantear un conflicto institucional con el Congreso de los Diputados para que retire esta norma.

No obstante, el Gobierno piensa que el PP no logrará retrasar los plazos de aprobación de la ley, más allá de los plazos previstos y que por tanto la ley podrá ver la luz a finales del mes de mayo. "No va a afectar a la amnistía, los plazos se mantienen, ellos mismos han dicho que no afecta", ha señalado la también vicesecretaria general del PSOE.

Montero considera que los de Alberto Núñez Feijóo ha habían advertido de que intentarían utilizar la Cámara Alta para frenar la actividad legislativa del Congreso "que es donde reside la soberanía nacional", según ha señalado, y eso es lo que está ocurriendo.

Montero ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso, a la salida de la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles, al día siguiente de que el PP, que controla el Senado con mayoría absoluta, anunciase que llevará una iniciativa al Pleno de la Cámara Alta exigiendo al Congreso que retire la Ley de Amnistía. Si no se atendiera este requerimiento, plantearán un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

"Yo confío en la fortaleza de las instituciones", ha indicado al ser interrogada sobre las consecuencias que puede tener este choque entre Congreso y Senado. Además, dice que el PP considera "ilegítimo" al presidente Pedro Sánchez, al Gobierno, al Congreso, al Tribunal Constitucional y además "arremete" contra instituciones como la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Oficina de Conflicto de Intereses.

"En definitiva, cuando el Partido Popular no gobierna, lo que quiere es justamente poner en cuestión al conjunto de las instituciones del Estado", ha lanzado. Sin embargo, piensa que provocar este choque entre instituciones "no va a ningún lado" y finalmente la mayoría se "abrirá camino".

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha respondido este miércoles al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, sobre el cupo catalán y un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas asegurando que, desde el Gobierno, están "abiertos a un nuevo modelo de financiación" pero si éste es negociado con todas las comunidades autónomas.

"Estamos abiertos y dispuestos a plantear ese nuevo modelo de financiación para mejorar los servicios que en este momento reciben los ciudadanos, pero con todas las comunidades autónomas y siempre respetando el principio constitucional de solidaridad territorial", ha expresado la mandataria socialista en declaraciones a los medios tras el desayuno informativo de Europa Press con el presidente de la Generalitat.

Asimismo, Alegría ha instado al PP a dejar de lado "ese modelo de oposición de ataque, de absoluto bloqueo y desligitimación y que "por una vez plantee una propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica" ya que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este miércoles a los partidos no utilizar los "argumentos de la extrema derecha" para contrarrestarla, penasando que evitarán una hipotética entrada en el Parlament. "Sugeriría a todos los partidos políticos que, si no queremos dejar espacio a la extrema derecha, no pasemos a utilizar los argumentos de la extrema derecha. Cuando los conservadores franceses han dicho lo mismo que Le Pen, para intentar contrarrestar a Le Pen, han hecho más grande a Le Pen", ha constatado en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Al preguntársele si se refiere a Junts, ha asegurado que se refiere a todos los que tienen micrófono y capacidad de intervención, ha precisado.

"Cuando la familia conservadora europea, con los partidos liberales y conservadores, han pasado a utilizar argumentos de la extrema derecha con la idea de 'lo decimos nosotros porque si no lo va a decir la extrema derecha', el resultado es más extrema derecha. Miren en Francia qué ha pasado", ha expuesto.

Al preguntársele por la posible entrada de Aliança Catalana en el Parlament tras las elecciones del 12 de mayo, ha asegurado que la sociedad catalana no es inmune "a la extrema derecha, a la xenofobia".