El Gobierno mantiene su intención de presentar los presupuestos pese a las dudas sobre la senda de déficit

El Congreso de los Diputados ha iniciado la tramitación de una ley para la especialización de fiscalía y juzgados en violencia sexual y para que las víctimas de esta violencia machista puedan acceder a la asistencia jurídica gratuita, medidas de la ley del solo sí es sí que debía haber impulsado el Gobierno.

El Pleno de la Cámara Baja ha admitido a trámite una proposición de ley orgánica elaborada por Podemos con el objetivo de impulsar la aplicación de las medidas pendientes de la ley de garantía integral de la libertad sexual y conseguir la "plena protección de las víctimas de violencias sexuales". La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos del PSOE, Sumar, Junts, ERC y EH Bildu. PP y Vox se han posicionado en contra y el PNV se ha abstenido.

Son tres las cuestiones que aborda el texto: la especialización en violencia sexual de la Fiscalía y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la garantía de asistencia jurídica gratuita para las víctimas de este tipo de violencia y la modificación del Código Penal para que la reparación económica no sea suficiente para atenuar una pena en las condenas por violencia de género y violencia sexual.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que "siempre es un error no plantarse ante el chantaje de la derecha, tenga la bandera que tenga", en alusión a Junts, y ha advertido al PSOE de que si abre la negociación sobre el techo de gasto para unos, la abre para todos: "Empezamos de cero".

"Se abre una negociación y ahí estaremos", ha señalado Rufián en los pasillos del Congreso después de que el Gobierno haya retirado la tramitación en el Congreso de la senda de estabilidad presupuestaria, que se iba a votar este jueves en la Cámara Baja, debido a la falta de apoyos para sacarlo adelante, entre ellos los de Junts.

Rufián ha señalado que seguramente no tendrán "los mismos intereses que la derecha catalana" en la negociación del techo de gasto, pero lo intentarán. 

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmado que participó "en la tarea de facilitación" para que el líder opositor venezolano, Edmundo González, pudiera venir a España y se ha mostrado seguro de que "antes o después" habrá intentos para llegar a una solución política.

Zapatero ha hecho estas declaraciones a su llegada al Ateneo, donde se ha presentado el libro La democracia y sus derechos, del que ha sido coordinador.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado a Vox en el Senado de difundir bulos sobre la inmigración irregular y ha dado un dato: solo el 0,5 % de las personas migrantes que han llegado a España desde los años noventa lo han hecho en patera.

"Sin embargo, ustedes hablan de avalanchas, de invasiones, de otras expresiones que son totalmente falsas", ha señalado la ministra en respuesta a una pregunta de la senadora de Vox Paloma Gómez sobre el resultado del último barómetro del CIS, que sitúa la inmigración como uno de los principales problemas para los españoles.

Saiz ha asegurado que la formación de Santiago Abascal son los "responsables directos" de la desinformación que existe sobre este inmigración, al divulgar bulos que "los datos oficiales desmienten una y otra vez". Como ejemplo de ello ha explicado que, también según el CIS, la ciudadanía piensa que la población inmigrante es el 28 % del total cuando el porcentaje real está 10 puntos por debajo o cree que la mitad de los ciudadanos extranjeros reciben ayudas cuando solo el 11 % lo hace.

El Ministro de Salud Pública libanés, Firas Abiad, acusó este martes a Israel de haber atacado "deliberadamente" hospitales, ambulancias y otras instalaciones sanitarias en su escalada de bombardeos de los últimos días para "difundir el terror" y desplazar a los ciudadanos.

Así lo indicó en una entrevista con el canal saudí de televisión Al Hadaz, en la que señaló además que el país de los cedros se considera "ante una verdadera guerra" tras la masiva oleada de bombardeos llevada a cabo por Israel contra el sur y el este del Líbano y los suburbios de Beirut, que solo ayer dejaron más de 500 muertos.

"Ya antes de estos últimos ataques contra el Líbano, 26 trabajadores sanitarios habían muerto (por bombas israelíes), mientras que en tan solo ayer 14 ambulancias y vehículos para extinguir el fuego han sido objetivo de ataques, hay cuatro muertos de los equipos de avanzada, 16 heridos de los equipos de rescate y dos centros sanitarios han sido atacados", dijo.

Abiad agregó que "todo esto se hace a propósito y no por error, para difundir el terror entre la gente desarmada y desplazarlas de sus hogares y zonas de residencia".

Dos trabajadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y un periodista del canal libanés Al Mayadin murieron bajo los bombardeos israelíes en Líbano en las últimas horas, informaron este martes dichas organizaciones en sendos comunicados.

La ACNUR informó de la muerte de Dina Darwiche, funcionaria del organismo de las Naciones Unidas en el valle de la Bekaa, tras un ataque israelí el lunes que impactó en su casa, donde se encontraba junto con su marido y sus dos hijos menores. Darwiche y uno de sus hiijos murieron, mientras que el marido y el otro menor están en el hospital bajo tratamiento para sus "heridas serias". Ali Basma, limpiador de las oficinas de la ACNUR en Tiro, también murió el lunes en los ataques masivos israelíes contra el país de los cedros.

"La ACNUR está indignada y profundamente entristecida por el asesinato de dos queridos miembros de su familia en Líbano", indica el comunicado. En ese sentido, la ACNUR recordó que la protección de los civiles es una "obligación" para cualquier parte en un conflicto y recordó la petición del secretario general de la ONU, Antònio Guterres, para "una desescalada urgente y el pedido a todas las partes a proteger a los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios", tal y como señala "la ley internacional humanitaria".

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cifrado este martes en más de cien personas las beneficiadas por la aplicación de la ley de amnistía de un total de entre 300 y 400 que finalmente lo serán.

Lo ha dicho en el Pleno del Senado a preguntas del parlamentario de ERC Joan Josep Queralt, quien ha reprochado las "dilaciones" en la aplicación de la norma y quien ha querido conocer la valoración del Gobierno de que esta ley "no sea aplicada de manera uniforme por todos los estamentos judiciales".

Bolaños ha reconocido que hay resoluciones diferentes de los distintos tribunales, pero ha recordado que contra ellas las partes pueden presentar recursos y son los órganos superiores los que toman la última decisión. En suma, ha enfatizado que la tramitación de la ley es "absolutamente normal, como sucede con cualquier decisión judicial". "Cuando se está de acuerdo, se acata, y cuando no, se acata y se recurre, y es lo que está sucediendo", ha añadido.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha dirigido de nuevo por carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para que permita el uso de las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en la cámara al tratarse de un asunto "prioritario" para España.

Después de las cartas enviadas a la presidenta en septiembre de 2022 y marzo de 2024, Albares solicita por tercera vez que se puedan utilizar las lenguas cooficiales en la Eurocámara, subrayando que se trata de "un elemento esencial de la identidad nacional española", inherente a sus estructuras políticas y constitucionales fundamentales.

En la carta, a la que ha tenido acceso EFE, el ministro recuerda, entre otras cosas, que más de veinte millones de españoles viven en territorios donde se reconoce la oficialidad del catalán, del euskera y el gallego, y que son lenguas de trabajo en el Congreso y en el Senado y cuenta desde hace años con acuerdos administrativos sobre su uso en otras instituciones de la UE.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido este martes amparo a la Mesa del Congreso de los Diputados al considerar que sus derechos como diputada han sido vulnerados por no poder visitar a los activistas saharauis solicitantes de asilo retenidos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

En el texto dirigido a la Mesa del Congreso, al que ha tenido acceso EFE, Belarra pide el amparo ante la "limitación injustificada y arbitraria de sus funciones" de diputada y pide al órgano de la Cámara Baja que "interceda ante la administración competente para que la visita se pueda realizar en los próximos días".

Belarra recuerda en el escrito que este lunes, "previa notificación a la autoridad competente", se personó en la sala de la Terminal 1 del Aeropuerto de Barajas donde permanecen los activistas saharauis, pero le fue denegado el acceso "y la posibilidad de comprobar y actuar contra violaciones de los derechos humanos de las personas allí presentes".

"Todas las diputadas estamos habilitadas para recabar información donde se puedan estar socavando derechos humanos. Por eso hoy pedimos amparo a la presidenta del Congreso para que esclarezca quién dio la orden para que ayer no pudiéramos ver a los activistas saharauis retenidos en Barajas", ha explicado Belarra en su cuenta de la red social X.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado nuevamente en dependencias de la Diputación Provincial de Badajoz para "recoger información" relacionada con la investigación judicial abierta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, según ha informado la institución provincial.

A través de un comunicado, ha explicado que agentes de la Guardia Civil se personaron (por tercera vez) en dependencias de la Diputación para obtener información atendiendo al auto judicial dictado por el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz.

Su titular investiga a David Sánchez por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias.

Un auto dictado a principios del pasado mes de julio autorizó la primera intervención de la UCO en la Diputación provincial con el fin de obtener documentación laboral relacionada con David Sánchez, responsable de la Oficina de Artes Escénicas.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado este martes que el Ejecutivo mantiene su objetivo de presentar un proyecto de presupuestos para el próximo año pese a las dudas sobre su capacidad de aprobar una senda de estabilidad, que es un paso previo a las cuentas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha insistido en que la decisión de retirar la tramitación de la senda de estabilidad -que este jueves iba votarse en el Congreso, donde todo apuntaba a que iba a ser rechazada de nuevo- pretende "dar una oportunidad al diálogo".

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para seguir trabajando, dialogando y alcanzar un acuerdo" sobre la senda de estabilidad, ha insistido, lo que pasa tanto por hablar con Junts como con "todos aquellos grupos que quieran trabajar desde la responsabilidad".

Alegría ha pedido "responsabilidad" al PP y ha recordado que las regiones gobernadas por esta formación se abstuvieron en la votación de esta senda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "porque saben que esos 12.000 millones son beneficiosos para la ciudadanía". "Ojalá el PP al menos se comportase" como sus regiones, ha resumido.

La portavoz no ha aclarado si se baraja la posibilidad de cambiar los objetivos de déficit y deuda propuestos, qué plazo se da el Gobierno para alcanzar un acuerdo o si presentará una nueva senda en caso de que no logre cerrar el pacto, aunque sí ha defendido que "continuamos los trámites para hacer posible la aprobación" de los presupuestos.

El Tribunal Constitucional ha aceptado la petición del exministro y magistrado Juan Carlos Campo de abstenerse de todas las cuestiones que afectan a la amnistía y que suman una veintena, aunque lo ha hecho por la mínima, con 6 a 5, lo que avanza ya el duro escenario de recusaciones que se avecina en octubre.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha trasladado al pleno la petición de Campo, que se avanzaba como un "mero trámite" habida cuenta de que el pleno anterior ya aprobó su abstención por unanimidad en la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Supremo contra la amnistía.

Pero lo que a priori apuntaba a un trámite no lo ha sido tanto como acredita la votación. Seis votos a favor y cinco en contra, con tres votos particulares de los magistrados Enrique Arnaldo y José María Macías y la magistrada Concepción Espejel, añaden las fuentes.

Campo pidió apartarse de este asunto porque siendo ministro firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas en un documento en el que tachaba una futura amnistía de inconstitucional, un argumento que ha extendido al resto de sus abstenciones y que, por tanto, desde el tribunal entendían como "un paso lógico y esperado".

Aunque este pleno no ha abordado aun las recusaciones, la polémica está servida pues existen 54 -algo nunca visto en el tribunal- cuyo devenir se antoja vital para alterar o mantener el actual equilibrio de fuerzas entre progresistas y conservadores, que con la salida de Campo se queda en un 6 a 5.

El debate se centra ahora en cómo tramitar y resolver las recusaciones, con visiones contraopuestas entre los bloques progresista y conservador, que podrían bloquear el tribunal.

El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional el protocolo canario sobre la acogida de menores migrantes, ya suspendido por la Justicia, con el aval del Consejo de Estado, que ha afirmado que vulnera los derechos de los menores migrantes no acompañados, además de excederse en sus competencias.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este dictamen, que había solicitado el Gobierno y que ha concluido que existen fundamentos jurídicos para el recurso.

El órgano consultivo censura ciertos aspectos del protocolo autonómico, como que se condicione la recepción de menores a que se emita antes una resolución administrativa individualizada cuando estos son entregados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

El Consejo de Ministros ha acordado este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra uno de los artículos de la ley aprobada el pasado año por el Gobierno de La Rioja para tramitar de urgencia contratos públicos sobre la ejecución de los fondos de reconstrucción de la Unión Europea.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dado a conocer la presentación del recurso, sostenido en un informe del Consejo de Estado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa.

Según Torres, los apartados 1 y 2 del artículo 12 de la Ley autonómica de Medidas Fiscales y Administrativas para el presente curso “son incompatibles” con las bases nacionales relativas a los fondos europeos e invaden competencias del Estado, por lo que son inconstitucionales.

También ha observado que podrían vulnerar la normativa de la UE en materia de contratación, lo que podría “tener riesgo de correcciones y afección económica” en cuanto a la concesión de los fondos ‘Next generation’, impulsados para reactivar la economía tras la pandemia.

El Gobierno ha revisado tres décimas al alza el crecimiento previsto para 2024, hasta el 2,7 %, y otras dos décimas el de 2025 y 2026, hasta el 2,4 y el 2,2 %, respectivamente, gracias al dinamismo del empleo, del consumo y la inversión, así como a la fortaleza del sector exterior.

Así lo ha explicado este martes el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha añadido que las nuevas previsiones también tienen en cuenta la revisión anual ordinaria de los años 2021, 2022 y 2023 llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El consumo privado será uno de los principales motores del crecimiento, con tasas en el entorno del 2 % a lo largo de todo el periodo, una evolución "positiva" que se apoya, especialmente, en el buen comportamiento del mercado laboral. 

El exministro para la Transformación Digital y la Función Pública José Luis Escrivá ha tomado posesión este martes como gobernador del Banco de España y ha anunciado que la institución revisará su propia ley de autonomía con el objetivo de reforzar su independencia.

Tras las críticas por su nombramiento, Escrivá ha insistido en que el buen funcionamiento de las sociedades democráticas requiere de instituciones imparciales que ejerzan poderes delegados bajo mandatos acotados, y ha abogado por reforzar la independencia y transparencia del Banco de España.

Para ello, ha propuesto revisar la ley de autonomía de 1994 por la que se rige el Banco de España y con ese objetivo ha creado desde ya un grupo de trabajo, presidido por el consejero ejecutivo Fernando Fernández —muy próximo al PP—, para reflexionar sobre la conveniencia de introducir modificaciones en esta norma.

Se trataría de revisar aspectos de la ley que puedan "reforzar todavía más" la independencia del Banco de España, ha explicado Escrivá, entre los que se podría incluir una revisión sobre la forma en la que se elige a la cúpula de la institución o alargar el mandato más allá de los seis años actuales.

El nuevo gobernador, que ha tenido también palabras de elogio a su antecesor en el cargo, Pablo Hernández de Cos, presente en el acto, ha apostado igualmente por potenciar la comunicación del Banco de España con la sociedad, explicando y justificando sus actividades.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconoció este martes que España tiene un "problema de productividad" que el Gobierno debe afrontar. Ante esto, el líder conservador propone estudiar con los agentes sociales una semana laboral de cuatro días en "algunos sectores" a través de jornadas de "9 o 9,5 horas".

En una entrevista en Telecinco, Feijóo anunció que se sentará con sindicatos y patronal para intercambiar opiniones sobre la Ley de Conciliación que el PP quiere registrar en el Parlamento. En el marco de esas reuniones, adelanta la posibilidad de hablar también de asuntos como la reducción de la jornada laboral. Feijóo abre la puerta a la semana laboral de cuatro días en "algunos sectores" con jornadas de "9 horas o 9,5 horas"

"¿Cómo lo podemos hacer? ¿Podemos trabajar nueve horas cuatro días a la semana? ¿Podemos trabajar nueve horas y media cuatro días a la semana?", se preguntó para añadir que sería posible en algunos sectores productivos y en otros no.

"Nuestras empresas han perdido productividad con el resto de las empresas de la Unión Europea", admitió Feijóo que apunta que, por tanto, "lo primero que tenemos que hablar con los agentes sociales en serio es cómo recuperamos la productividad de nuestra economí

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha reprochado al PP que no quiera respaldar la senda de estabilidad que el Gobierno ha retirado ante la falta de apoyos suficientes para aprobarla en el Congreso y ha aseverado que oponerse "no es votar en contra de este Gobierno, sino en contra de la gente de este país".

Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha acordado la retirada del techo de gasto que el Congreso iba a debatir el jueves, ha cargado las tintas contra los populares, sin citar la falta de apoyo de Junts que ha empujado al Ejecutivo a aplazar la tramitación parlamentaria.

Y ha recalcado que los 12.000 millones de aumento del margen de gasto presupuestario, que lleva aparejado el objetivo de déficit, servirían para mejorar la "calidad de vida" de los ciudadanos porque permitirían contratar maestros, personal sanitario, mejorar la atención a mayores y dependendientes, servicios que prestan comunidades autónomas y ayuntamientos.

Frente al "cálculo partidista" que ha recriminado al PP dentro de su política "irresponsable y errática de votar en contra de todo", el Ejecutivo ha decidido dar "una nueva oportunidad al diálogo", ha dicho, para tratar de alcanzar un acuerdo que permita sacar adelante un nuevo objetivo, paso previo a los presupuestos de 2025.

La Audiencia Provincial de Madrid ha establecido que el juez Juan Carlos Peinado es el competente para decidir si investiga la querella que interpuso Hazte oír contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presunta apropiación indebida de un software del máster de la cátedra universitaria que codirigía.

Se trata de una querella que presentó la organización ultracatólica y que discurre al margen de la causa que investiga Peinado, titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez y otros dos imputados.

Dicha querella recayó en un juzgado diferente, el 48, que se inhibió a favor del de Peinado al considerar que los hechos tenían conexión con lo que él ya estaba investigando.

Disconforme con esta tesis, la Fiscalía recurrió la inhibición y ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado su recurso, de modo que el juez Peinado debe decidir si acuerda quedarse con esa querella e investigarla.

Según explica en su auto, al que ha tenido acceso EFE este martes, la Audiencia "no tiene constancia documental de cuáles son los hechos que están siendo investigados" por Peinado.

No obstante, conoce "como hechos notorios de la vida pública" que este magistrado investiga una querella, presentada por Manos Limpias, relacionada con hechos del máster de Transformación Social Competitiva, vinculado a la Complutense, del que era codirectora Gómez.

Una delegación del grupo parlamentario de Sumar ha acudido esta mañana al aeropuerto de Barajas para dar apoyo a los saharauis que esperan respuesta a su petición de asilo en España y ha instado al Gobierno, del que forman parte, a evitar "deportaciones masivas".

"Nuestro Gobierno, un gobierno de coalición progresista, debe velar y poner los derechos humanos en el centro de sus políticas", ha declarado a los periodistas la diputada Tehs Sidi, de origen saharaui.

Sidi ha asegurado que desde el grupo parlamentario y desde los ministerios que encabeza Sumar van a luchar "para evitar estas deportaciones masivas".

La sala de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas acogía este lunes a mediodía a 57 ciudadanos marroquíes, según fuentes del Ministerio del Interior, que informaron de que se había acordado la devolución a Marruecos de diez activistas saharauis con pasaporte marroquí a los que ya se les había denegado el asilo.

Sidi ha hecho hincapié en que "el Reino de Marruecos está ocupando más del 80 % del territorio del Sáhara Occidental", por lo que la nacionalidad marroquí es "impuesta" a los saharauis y, "por ende, no se les puede deportar a Marruecos ni tampoco Marruecos debería reclamarlos".