Vito Quiles se acoge a su derecho a no declarar en la causa que lo investiga por supuestas calumnias

El Tribunal Supremo ha rechazado una querella que interpuso la organización ultracatólica Hazte oír contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la entrada en España y posterior huida del expresident catalán Carles Puigdemont el verano pasado. La querella también se dirigía contra el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa; responsables policiales en el momento de los hechos, como el director adjunto operativo de la Policía, el director de la Guardia Civil y el de los Mossos; o la directora del CNI, entre otros.

En un auto dictado el pasado mes de octubre, el alto tribunal inadmite la querella presentada por esta organización y por un particular, que "únicamente describe" las responsabilidades inherentes a los diversos cargos enumerados, pero no "concreta conducta alguna por parte de los mismos". Según el Supremo, los querellantes "nada indican de cómo ordenaron o de qué modo se valieron para que los integrantes de los diversos cuerpos policiales fracasaren" en la detención de Puigdemont el pasado 8 de agosto, cuando reapareció fugazmente en Barcelona, dio un breve discurso antes de la investidura de Illa como president y huyó del país sin ser arrestado.

Para rechazar la querella, en la que pedían investigar si los querellados incurrieron en omisión del deber de perseguir delitos, el tribunal recuerda su jurisprudencia: "no puede fijarse la competencia del Supremo más que cuando se comprueba que existen indicios fundados de responsabilidad frente a un aforado". Tras la reaparición en Barcelona del líder de Junts, contra el que sigue pesando una orden nacional de detención por malversación en el "procés", el juez del Supremo Pablo Llarena encargó y después envió a los juzgados de Barcelona varios informes policiales, al considerar que podría haberse incurrido en delitos de encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos. 

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra este lunes con diversos actos institucionales y con manifestaciones en muchas ciudades, entre ellas Madrid, donde, por tercer año consecutivo, el feminismo marcha por separado, aunque por la misma causa. Hasta 40 manifestaciones han sido convocadas en las ciudades españolas para volver a escuchar el clamor contra la violencia machista, que este 2024 se ha cobrado la vida de 40 mujeres, que podrían ser 41 de confirmarse la naturaleza machista del asesinato de una mujer presuntamente a manos de su marido este sábado en Estepa (Sevilla). Este año, la Comisión 8M camina en Madrid bajo el lema Juntas, el miedo cambia de bando, mientras que el Foro de Madrid contra la violencia a las mujeres y el Movimiento Feminista de Madrid organizan una manifestación que marcha con el lema Combatir el sexismo para erradicar la violencia contra las mujeres. Como ya hiciera el año pasado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acude a esta segunda marcha. Las manifestaciones son unitarias en otras ciudades como Barcelona, donde la plataforma Novembre Feminista ha convocado su manifestación con el lema La vergüenza y el miedo para los agresores, y que leerá un manifiesto institucional en la Plaza de Sant Jaume. Entre otras ciudades convocadas a movilizarse está Sevilla, donde el Movimiento Feminista organiza una manifestación que partirá desde Plaza Nueva hasta la Alameda de Hércules. A esta convocatoria, promovida por la Plataforma 8 de marzo, se han sumado 33 organizaciones de mujeres con una sola voz: 'No a la violencia contra las mujeres'.

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha lamentado que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no acudiera este domingo a Massanassa tras el derrumbe en un colegio que causó la muerte de un operario y heridas a otro y ha afirmado: "La sociedad valenciana no puede permitirse a un president ausente".

Mazón no está "a la altura de las circunstancias" y "se borra del día 29 y también de los momentos importantes", ha asegurado Morant a los medios tras asistir en la sede de la Delegación del Gobierno en València a un acto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La ministra ha señalado que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, estuvo dándole un abrazo a todos los compañeros del trabajador fallecido -y fue increpada e insultada por varios vecinos en la zona- mientras Mazón "no se atrevió a acompañar a una víctima más de esta tragedia".

El president convocó una reunión de urgencia en el Palau de la Generalitat para analizar lo sucedido y hasta Massanassa se desplazó la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero. "Eso no puede ser, la sociedad valenciana necesita un presidente que esté a la altura de las circunstancias y el señor Mazón no lo está", ha subrayado Morant, quien ha añadido que, por eso, el Partido Socialista "sigue poniendo sobre la mesa la solución" que consideran "más realista, que el señor (Alberto Núñez) Feijóo mueva ficha y destituya a Mazón".

Según Morant, "mientras Mazón lleva una semana entre ceses y nombramientos, el Gobierno de España está enfocado en la reconstrucción" y ha afirmado que las ayudas directas del Ejecutivo central "multiplican por 32 las ayudas que ha puesto sobre la mesa el Consell".

Tras recordar que Feijóo dijo que Mazón "no podía permitirse ni un error más", ha dicho que este domingo se produjo en Massanassa un episodio "muy doloroso" con ese accidente mortal, y en la Comunitat "seguimos inmersos en una emergencia descomunal, queda mucho que hacer y ayer, de nuevo, Mazón estaba ausente", ha criticado.

Israel y Líbano están "más cerca que nunca" de lograr un acuerdo de alto el fuego, confirmó a EFE una fuente cercana al asunto, después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, haya aceptado "en principio" la propuesta estadounidense.

"Se han logrado progresos muy significativos", indicó la fuente sobre la propuesta que el mediador estadounidense, Amos Hochstein, presentó la semana pasada a ambas partes en un viaje a la región.

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido la "estabilidad" y "buena salud" del Gobierno de coalición con el PSOE en medio de las acusaciones contra altos cargos y exaltos cargos socialistas por el caso Koldo, pero ha insistido en la necesidad de luchar "de forma más eficaz" contra la corrupción.

Preguntado este lunes en una rueda de prensa en la sede de Sumar sobre cómo el caso Koldo puede afectar al Gobierno de coalición tras las acusaciones del empresario Víctor Aldama, uno de los investigados en el caso Koldo, Urtasun ha dicho que el Ejecutivo "goza de una muy buena salud" y tiene "estabilidad".

Además, cree que la reciente aprobación del paquete fiscal en el Congreso de los Diputados tras unas duras negociaciones con los grupos parlamentarios "allana el camino hacia los presupuestos" de 2025 y opina que el PP "empieza a asumir que esta legislatura va a ser larga".

Por ello, el también ministro de Cultura considera "ridículo" que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, haya propuesto de forma indirecta una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de reconocer que no tiene los votos suficientes para que salga adelante.

"Esto no significa que no tengamos que afrontar cuestiones importantes, ver de qué manera este país lucha de forma más eficaz contra la corrupción", ha añadido en alusión a casos como el caso Koldo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha emplazado este lunes al PP a apoyar la reducción de jornada a 37,5 horas en su trámite parlamentario, al igual que ya hizo (por error) con la reforma laboral, porque así lo piden "dos de cada tres ciudadanos". Durante su intervención en la sesión inaugural del 44 Congreso Confederal de UGT, ha preguntado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, allí presente, si su grupo apoyará el proyecto de ley para reducir la jornada y le ha recordado que éste es un compromiso electoral del Gobierno y que cuenta con un altísimo apoyo ciudadano.

"Cuando la ciudadanía dice que necesita reducir la jornada laboral es porque así lo siente y se le pide a los políticos que estén a la altura", ha dicho Díaz, al tiempo ha recordado que este ajuste será bueno para los trabajadores pero también para las empresas. "El hecho de que no se avance en esta dirección no es bueno para España ni para las empresas", ha dicho Díaz, quien ha criticado el rechazo de la patronal "a pesar de las facilidades y de los once meses de negociación".

Asimismo, ha considerado inadmisible que "se niegue la potestad del Gobierno para defender por ley la jornada máxima" y ha pedido a los empresarios que no confundan "el desacuerdo con el derecho de veto, que no es legítimo". Y ha dejado claro que seguirá "ganando derechos con los agentes sociales, con acuerdo o sin acuerdo", aunque ha reconocido que le gustaría que fuera mediante un consenso social tanto con sindicatos, como con patronal.

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha rechazado suspender a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y a Pilar Rodríguez como fiscal jefe provincial de Madrid, investigados por un presunto delito de revelación de secretos. Hurtado ha dictado un auto en el que desestima la suspensión cautelar de ambos investigados a petición de las acusaciones de Manos Limpias y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

La asociación consideraba que "si a cualquier fiscal que se encontrase en esta situación debería suspendérsele provisionalmente de empleo, cuando el afectado es el fiscal general del Estado la adopción de esta medida deviene obligatoria". Porque, advertía, "si Álvaro García Ortiz continuara siendo fiscal general del Estado durante el transcurso del procedimiento, él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir en la causa y en calidad de tal podría impartirle órdenes".

Mientras que Manos Limpias interesaba su suspensión por igual razón, esto es, porque, debido a la posición jerárquica superior que ostenta sobre todos los miembros del Ministerio Fiscal, ello pondría en quiebra la imparcialidad del que interviniese en la causa.

Pero el juez dice que no puede compartir el planteamiento, sino que "hay que partir de la base de que, si así llegara a ser, no debería obviarse que una actuación de tal tipo habría que contar con que la consintiera el fiscal encargado del caso; incluso, si así fuere y supusiese una extralimitación denunciando la situación".

A ello, recuerda la función institucional de la Fiscalía General del Estado y que García Ortiz firmó sendos decretos el 1 de abril y 30 de octubre en los que "ante la conveniencia de preservar la imagen de imparcialidad del Ministerio Fiscal", resuelve "no intervenir en dación de cuenta, seguimiento y/o cualesquiera otros trámites que hayan de tener lugar con el fiscal general del Estado en lo sucesivo"

Y, continúa el juez, toma como acuerdo "abstenerme de intervenir en la dación de cuenta o en cualesquiera otras actuaciones que correspondan al fiscal general del Estado [...]" en este asunto. Por ello y por "ese compromiso de abstención que viene de la Fiscalía, como institución, que es algo que no cabe obviar" el juez no accede a la suspensión cautelar de sendos fiscales. 

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está "absolutamente inhabilitado" para seguir al frente de la Fiscalía, pues "cumple los estándares de decencia que exige Pedro Sánchez, de estar imputado e investigado", pero no es lo que necesita la democracia.

Gamarra ha valorado la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado de ordenar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) analizar la información incautada al fiscal general del Estado, tras los "elementos" hallados en la investigación a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

A preguntas de los periodistas en Burgos, la secretaria general del PP ha insistido en que Álvaro García Ortiz no solo está imputado por no perseguir los delitos ni defender la legalidad, como le corresponde, sino también por presuntamente cometer delitos para "perseguir a un ciudadano particular para que Pedro Sánchez pueda debilitar a un adversario político, Isabel Díaz Ayuso", presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Entendemos que cumple los estándares de decencia que exige Pedro Sánchez, que es estar imputado e investigado. Parece que eso es lo que te avala", ha indicado Gamarra, pero "no es lo que necesita una democracia", de ahí que la 'popular' haya insistido en que el fiscal general está "absolutamente inhabilitado" parar continuar en el cargo.

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha insistido este lunes en que desde Moncloa se le envió un email con datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero ha descartado mostrar la conversación "privada" en la que se le remitió. Avanza que pedirá que se abra una investigación a la notaría donde mostró los mensajes.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes, marcada por la información publicada este domingo por Abc donde se recoge que Pilar Sánchez Acera -actual jefa de Gabinete del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez- le filtró el documento para que lo utilizara en una sesión de control a la presidenta regional en el Pleno.

"Lo que más me fastidia de esto es que una conversación privada se esté difundiendo públicamente, cuando en absoluto esa era la intención, sino todo lo contrario", ha planteado Lobato, quien preguntado por los periodistas ha negado que haya pedido este lunes permiso a Sánchez Acera para mostrar la conversación una vez han llegado las críticas desde sus rivales políticos como Ayuso.