Sumar pide "responsabilidad" a Junts, aunque asume que el Gobierno también tendrá que "moverse" para salvar la amnistía

La Junta Electoral de Galicia ha desestimado el recurso de Vox frente al plan de cobertura de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) para las elecciones autonómicas del 18 de febrero, que no les otorgaba tiempos en los bloques informativos ni presencia en el debate que se celebrará el 5 de febrero.

El principal argumento que esgrime este órgano para justificar su decisión, en un acuerdo emitido este miércoles, 31 de enero, es que no reúne las condiciones de "grupo político significativo" en Galicia.

Vox solicitaba en su recurso que se le diese el mismo trato que a las coaliciones de Sumar y Podemos, que sí están incluidas en el plan de cobertura y en el debate --que será a cinco, junto a PP, BNG y PSdeG-- pese a ser fuerzas que no están representadas en el Parlamento autonómico.

La Junta Electoral de Galicia recuerda una resolución emitida hace escasos días y la doctrina de la Junta Electoral Central para insistir en que Vox no puede estar considerado como grupo político significativo porque no alcanzó la barrera del 5% en ninguna de las sucesivas citas con las urnas que hubo desde las últimas gallegas, en julio de 2020.

En concreto, el partido de Santiago Abascal obtuvo el 2,05% del voto en aquellas autonómicas, el 0,63% en las últimas municipales y el 4,87% en las generales de julio de 2023.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado que la ley de amnistía debería velar por los intereses de 4.000 "represaliados", en lugar de las 1.400 personas que prevé el texto que rechazó Junts en el Congreso este martes.

"Nuestro deber es trabajar para que sea para todos y la responsabilidad del PSOE debería de ser cumplir con lo que acordamos, que era que fuera una ley integral y de aplicación inmediata", ha sostenido en una entrevista de Cuatro recogida por Europa Press este miércoles.

En este sentido, ha asegurado que Junts trabaja "para que la ley dé cobertura a todo el mundo", al conjunto de personas que se han manifestado por la independencia de Cataluña o han trabajado para hacerla efectiva, en sus palabras.

"Tiene que salir esta ley porque así nos comprometimos y así serán nuestros votos efectivos en esta dirección", ha añadido Borràs, que ha afirmado que, a su juicio, una ley que empezaría mal no pueden tratar de mejorarla después.

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, ha ganado tiempo este miércoles al convencer a la Mesa para posponer el trámite de su expulsión del Grupo Parlamentario Vox, a la espera de informes jurídicos, al tiempo que se ha alineado con PSIB y MÉS para acelerar una reforma exprés del reglamento de la Cámara con la que serían los cinco diputados díscolos quienes pasen a ser no adscritos.

La Mesa del Parlament ha abordado los escritos que presentó el lunes la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, expulsando del grupo parlamentario a Le Senne y a la presidenta del partido en las Islas, Patricia de las Heras.

En el caso de Le Senne, su salida del grupo implicaría su cese como presidente. El reglamento establece que los miembros de la Mesa pierden tal condición al dejar de pertenecer a su grupo parlamentario. Inicialmente el cese de Le Senne se daba por hecho, pero este martes el presidente abría la puerta a una batalla legal anticipando que encargaría dos informes jurídicos: uno sobre la legalidad de su expulsión y otro sobre quién puede proponer candidatos a su relevo.

Su propuesta de no ejecutar la expulsión por el momento ha sido acordada por unanimidad en la Mesa, en la que también son parte PP y PSIB con dos miembros cada uno.

La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha destacado este miércoles la "necesidad imperiosa" de aprobar la ley de amnistía tras conocerse que el diputado de ERC y miembro de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, se haya instalado en Ginebra (Suiza) tras ser vinculado al Tsunami Democràtic.

Según ha dicho en rueda de prensa en el Parlament, el hecho de que Wagensberg esté en Suiza demuestra la necesidad de esta ley para "acabar con situaciones de impunidad en las que los jueces y diferentes poderes del Estado persiguen indiscriminadamente al independentismo".

La portavoz ha trasladado el apoyo del grupo parlamentario al diputado, así como "al resto de compañeros, al resto de personas que sufren la represión y esta persecución del Estado".

Vilalta ha afirmado que los episodios de ansiedad que sufre el diputado --que se encuentra de baja médica-- están "provocados por esta represión política que son consecuencia de esa injusticia que debe vivir en su propia piel".

La reunión entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para abordar la renovación del Consejo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya ha terminado.

El encuentro, en la sede de la Comisión Europea en Bruselas, ha arrancado en torno a las 15.00 horas y ha concluido hacia las 16.30. El comisario europeo ya ha abandonado el edificio sin hacer declaraciones sobre cómo ha ido el encuentro.

Bolaños y Pons, que han coincidido a su llegada y se han cruzado en la entrada del edificio y en el control de seguridad pero no se han saludado ante la prensa ni han intercambiado palabras, comparecerán ahora para dar cuenta de lo ocurrido.

La dirección nacional de Vox ha abierto un expediente disciplinario a los cinco diputados rebeldes en el Parlament balear que decidieron echaron del grupo parlamentario al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y a la presidenta del partido en las Islas, Patricia de las Heras, dando así inicio al proceso de expulsión.

Así lo ha explicado la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, este miércoles después de la Junta de Portavoces, en la que ha asegurado que los cinco diputados presentarán alegaciones.

Por otra parte, ha explicado que su formación "acata" la decisión de la Mesa del Parlament y que esperarán a los informes solicitados. Sin embargo, ha criticado que Le Senne se "atrinchere" en su despacho y "no dude en negociar con quienes hasta hace poco calificaba de golpista", en referencia al PSIB.

Asimismo, ha respondido a quiénes los llaman "tránsfugas" remarcando que el transfuguismo "ataca las mayorías" y que "quién lo está haciendo es el presidente del Parlament que tiene secuestrada la Mesa pactando con los amigos de los terroristas".

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons ya se encuentran reunidos en la sede de la Comisión Europea, donde les estaba esperando el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que actuará como mediador para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Bolaños y Pons, los elegidos por el Gobierno y el PP para liderar esta negociación, han coincidido a su llegada y se han cruzado en la entrada del edificio y en el control de seguridad, pero no se han saludado ante las cámaras y los medios de comunicación y tampoco han intercambiado palabras. Ambos han llegado acompañados de sus equipos minutos antes de las 15 horas, cuando estaba previsto que comenzase el encuentro.

Al ser cuestionado sobre lo que espera de este encuentro, Bolaños ha pedido esperar a que se desarrolle para dar explicaciones posteriormente. "Vamos a mantener la reunión y después ya hablamos y os cuento", ha indicado el ministro.

Bolaños y Pons ya coincidieron en el mismo vuelo de Madrid a Bruselas, este martes por la noche, después del pleno en el Congreso de los Diputados en el que Junts tumbó la aprobación de la ley de amnistía, y tampoco se produjo intercambio de palabras alguno entre los dos.

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha puesto en duda este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga voluntad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha exigido "garantías suficientes de que habrá al mismo tiempo una reforma legal del sistema para que los jueces elijan a los jueces.

Así se ha pronunciado antes de la reunión que esta tarde mantendrán en Bruselas el comisario de Justicia, Didier Reynders, con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y vicesecretario de Institucional de partido, Esteban González Pons, para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sémper ha defendido pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y "al mismo tiempo pactar un método de elección que respete la separación de poderes". "Nosotros tenemos voluntad de empezar de cero y llegar a buen puerto. Cabe conocer cuál es la voluntad del Partido Socialista y, sinceramente, les tengo que adelantar que tenemos dudas", ha admitido.

En este sentido, ha indicado que lo que pretende y busca su partido es la "despolitización de la Justicia, de manera que los jueces elijan a los jueces sobre criterios profesionales y no sobre criterios políticos". "Lo que queremos es que no haya más puertas giratorias en la Justicia", ha dicho, aludiendo a los nombramientos de los exministros de Justicia Dolores Delgado y Juan Carlos Campos en la Fiscalía y en el Tribunal Constitucional.

Nueve vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado al presidente interino, Vicente Guilarte, que convoque un Pleno extraordinario para realizar un pronunciamiento oficial tras las acusaciones lanzadas el martes por varios diputados contra jueces y magistrados durante la sesión parlamentaria en la que se debatió y rechazó el actual texto de la proposición de ley de amnistía.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, reclaman un "pronunciamiento sobre las declaraciones vertidas ayer, 30 de enero, en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, por oradores de varios grupos parlamentarios ante la aquiescencia y mutismo de la señora presidenta", Francina Armengol.

Durante el Pleno de la Cámara Baja, diputados de Junts, Podemos y Sumar aludieron al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó y condenó el procés; al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga Tsunami Democràtic; y al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que indaga en el caso Voloh.

La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) ha aprobado este miércoles una enmienda para defender que las nuevas reglas de la Unión Europea contra la corrupción incluyan la prohibición para los Estados miembro de conceder indultos o amnistías por delitos de malversación.

El texto ha salido adelante con 43 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, y se someterá a votación del pleno en su segunda sesión de febrero, entre los días 26 y 29, para su adopción definitiva.

El texto que resulte de la votación en sesión plenaria será el mandato negociador que marque las líneas rojas del Parlamento Europeo en la negociación con el Consejo (gobiernos) para la reforma con la que la Unión Europea quiere endurecer las normas para los delitos de corrupción.

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha calificado de traición a Cataluña el voto en contra de Junts que ha paralizado la aprobación de ley de amnistía y ha instado a los posconvergentes a cambiar su posición, "no estar siempre echándose al monte", bloqueando.

Peña ha defendido que el texto que se votó ayer en el Congreso garantiza la seguridad jurídica y la constitucionalidad de la ley. Y de ahí los socialistas no se van a mover, según ha dicho, porque no piensan ponerla en riesgo ante las exigencias de Junts, que para dar su 'sí' reclamaba el blindaje total frente a las acusaciones de terrorismo y los delitos de traición, entre otros, por los que se investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont y a su entorno.

"Tiene que haber una voluntad política clara de pasar página y ayer con su posición Junts parece que traicionó a los intereses de muchos catalanes, de Cataluña en general", a la que "ha fallado", según ha sostenido este miércoles en declaraciones a Radiocable, recogidas por Europa Press.

La portavoz socialista ha tachado de incomprensible el 'no' de Junts, al que ha reclamado que recapacite, ya que para los socialistas la propuesta de amnistía es impecable y "todo lo que roce la inseguridad y la inconstitucionalidad no forma parte".

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha respondido este miércoles a las "inaceptables descalificaciones" realizadas el martes en el Congreso de los Diputados hacia jueces y magistrados, haciendo un nuevo llamamiento institucional a que "dejen en paz" a los miembros del Poder Judicial.

"Permitidme que una vez más, y lamento ser cansino pero más lo son ellos, haga referencia a lo sucedido ayer en el Congreso. Amén del sainete y en lo que nos afecta, volvimos a escuchar inaceptables descalificaciones de miembros de la carrera judicial", ha dicho durante su intervención en el acto de inauguración del curso 2024-2025 de la Escuela Judicial.

"Hago de nuevo un baldío pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial cuyo proceder se guía por el principio de legalidad", ha añadido, según ha informado el CGPJ.

Guilarte ha invitado a los diputados a combatir "lo que no guste" a través del "sistema de recursos y de instancias superiores", recordando que esta "es la arquitectura básica que inspira un Estado de Derecho que les permite ocupar la tribuna que utilizan desviadamente para cuestionar desde el insulto al Poder Judicial".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que "toca blindar y hacer permanente" el impuesto a la banca, después de que el Banco Santander haya batido por segundo año consecutivo su récord de beneficios, con unas ganancias de 11.076 millones de euros en 2023, un 15,3% más. Díaz ha asegurado en la red social X que "los beneficios récord demuestran la necesidad de seguir reforzando el impuesto a la banca", por lo que "toca blindarlo y hacerlo permanente".

"Vamos a recaudar más de 600 millones de euros que servirán para mejorar los servicios públicos", ha manifestado la ministra de Trabajo y Economía Social. Banco Santander ha anunciado además ingresos totales (margen bruto) de 57.423 millones de euros en 2023, un 10,2% más que el año anterior. De esa cifra, los ingresos por intereses (margen de intereses) representaron el grueso, con 43.261 millones de euros, un 12% más.

Las comisiones netas se situaron en 12.057 millones de euros, un 2,3% más, al tiempo que los resultados por operaciones financieras y el impacto del tipo cambio mejoró los ingresos en 1.653 millones, un 59,3% más. Los ingresos por dividendos avanzaron un 17%, hasta 571 millones de euros. Los costes de explotación del banco en el año avanzaron un 6,4%, hasta los 25.425 millones de euros. De esa cifra, los gastos de personal se elevaron un 9,4%, hasta los 22.241 millones de euros, mientras que el resto de costes de administración se situaron en 13.726 millones de euros, un 9,4% más.

La amortización de activos tuvo un impacto negativo de 3.184 millones de euros en el año, un 6,7% más, mientras que las provisiones por deterioro de valor de activos financieros se situaron en 12.956 millones de euros, un 19,3% más. De esta forma, el beneficio antes de impuestos de Banco Santander para 2023 fue de 16.459 millones de euros, un 7,9% más. El Santander ha presentado sus resultados un día después de hacerlo BBVA, que también anunció un beneficio récord, con ganancias de 8.019 millones de euros en 2023, un 22% más frente al ejercicio anterior, excluyendo de la comparativa el impacto neto de la compra de oficinas a Merlin en España en 2022.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha considerado este miércoles que "Junts se ha equivocado" al no apoyar la ley de amnistía este martes en el Congreso. "Es un texto que habíamos trabajado de la mano, que no fue sencillo llegar a ese acuerdo", ha expuesto la ministra en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Rodríguez ha destacado que Junts debería plantearse su decisión cuando su dirección de voto "ha coincidido con aquellos que precisamente quieren bloquear esta norma, con aquellos que nunca estuvieron de acuerdo en avanzar en esa normalización, con aquellos que los quieren perseguir desde el punto de vista jurídico, amenazando con legislación para hacer ilegal su partido político".

Ha criticado que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que había sido entrevistada en el mismo programa minutos antes que Rodríguez, "habrá tenido que explicarse mucho" para que los catalanes comprendan por qué ayer no votaron a favor de una ley que es positiva, no sólo para Cataluña, sino para el conjunto de España, según ella. La ministra ha defendido que el Gobierno ha trabajado para "garantizar su plena constitucionalidad. Es una norma impecable desde el punto de vista jurídico". Ha reiterado las palabras del primer secretario del PSC, Salvador Illa: "Junts ha fallado a Cataluña, y yo creo que debe prestar atención para no fallar a los catalanes".

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana se ha comprometido a tener listo para su aplicación el Índice de Precios de Referencia de Alquiler para la declaración de zonas tensionadas "antes de que termine este mes de febrero". "Hemos tenido en cuenta este índice que ya se había trabajado en Cataluña y que considerábamos que era muy acertado introduciendo otros elementos. Están los equipos técnicos de ambas administraciones cotejando algunos datos y cogiendo muestras de diferentes municipios", ha señalado.

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha exigido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que aclare hoy mismo si mantendrá su "línea roja" ante Junts y la Ley de Amnistía no incluirá la alta traición.

"Sánchez debe decirnos hoy mismo al conjunto de los españoles si la línea roja de ayer será ya una línea invisible mañana porque en este momento sólo hay tres opciones para el señor Sánchez: O Puigdemont cede, o Sánchez traga, o, como dice Junts, colorín colorado", ha enfatizado en una rueda de prensa en el Congreso.

Sémper ha insistido en que es "fundamental" que Sánchez responda a estas preguntas "sin dilación": "¿La amnistía irá más lejos incluyendo la alta traición? ¿Es el paso siguiente o no? ¿Entre Puigdemont y señor Sánchez habrá reunión o no la habrá?".

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, sopesa dimitir si la mediación del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, para que PSOE y PP pacten la renovación del órgano de gobierno de los jueces -después de cinco años- finalmente fracasa. Así lo dejó caer el vocal conservador durante un acto celebrado el martes en el CGPJ por el Día Europeo de la Mediación donde afirmó que, si los buenos oficios de Reynders no tienen éxito, volvería a su trabajo como profesor. "Que vengan a buscarme a la Universidad de Valladolid", dijo, según han confirmado fuentes presentes a Europa Press.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran a esta agencia de noticias que realmente "esa es la idea", dimitir como responsable suplente del CGPJ si este nuevo esfuerzo negociador también descarrila. No obstante, las mismas fuentes insisten en que "hay que confiar" en que la mediación europea funcione porque "es una oportunidad que no puede desperdiciarse". Y eso a pesar de que se muestran conscientes de que el factor clave es la voluntad política de PSOE y PP.

Cabe recordar que el ex presidente del CGPJ Carlos Lesmes lanzó el mismo órdago en septiembre de 2022 para forzar la renovación, pero tras constatar que los contactos entre socialistas y 'populares' no llegarían a buen puerto lo cumplió y dimitió un mes después.

A Lesmes le sucedió el vocal progresista Rafael Mozo, por ser el vocal de mayor edad, y tras su jubilación, el pasado 19 de julio, Guilarte recogió el testigo siguiendo el mismo criterio. Para ocupar la silla de jefe del CGPJ, Guilarte tuvo que renunciar a sus trabajos como profesor y abogado porque el cargo exige dedicación exclusiva. De dimitir, el siguiente en la lista sería el también vocal conservador Wenceslao Olea.

El exdiputado de los comunes en el Congreso y negociador de Sumar con ERC y Junts, Jaume Asens, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de plantear una reforma del delito de terrorismo en el Código Penal, después del rechazo de Junts al texto actual de la ley de amnistía, en la que los de Carles Puigdemont quieren ajustar esa tipificación para que no afecte a su líder en las causas judiciales que tiene pendientes.

Bajo su punto de vista, esa reforma sería para un delito que "está definido de una forma en el Código Penal español que es muy difusa, que permite muchas interpretaciones". Asens ha considerado un error que Junts votara este martes en contra de la proposición de la ley de amnistía y ha avisado que "cuando tensas mucho la cuerda se puede romper".

Lo ha dicho este miércoles en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, en la que ha señalado que la situación es "delicada" porque, a su juicio, mientras que al PSOE le preocupa que la ley pase los filtros del Tribunal Constitucional (TC), el de Europa y el de la opinión pública, a Junts le preocupa que se cubran todos los casos. "Tenemos que encontrar un punto intermedio, porque no sirve de nada tener una ley que sea parcial, que no cubra a todo el mundo, pero tampoco sirve de nada tener una ley que nos la tumbe el Constitucional", ha apuntado. En este sentido, ha instado a las partes a ponerse de acuerdo y ha asegurado que la ley de amnistía "entró impecable y constitucional" al Congreso y que así seguirá siendo.

En cuanto a la causa abierta por el juez Manuel García Castellón del caso Tsunami Democràtic, Asens ha afirmado que "tiene los días contados". "El propio fiscal ha dicho que no tiene ningún fundamento jurídico la resolución. El fiscal que es un fiscal conservador", ha señalado Asens, que ha sostenido que la causa del juez es un grado de tentativa y no se ha materializado en nada concreto, en sus palabras.

La Comisión Europea sigue con su análisis abierto sobre la proposición de ley de amnistía que el PSOE pactó con ERC y Junts para asegurar la investidura de Pedro Sánchez, pero no tomará decisiones hasta que concluya la tramitación parlamentaria de la norma en España, han recordado este miércoles desde Bruselas, un día después de que la ley no superara la votación en el Congreso de los Diputados.

"No hay nada nuevo", han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo comunitario al ser preguntadas por si la Comisión ha dado un paso más en el proceso e iniciado una investigación formal contra la ley, tal y como ha sugerido este mismo miércoles el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez.

"Como se ha dicho antes, estamos en contacto con las autoridades españolas y analizando el borrador", han zanjado las fuentes consultadas. El propio comisario de Justicia, Didier Reynders, dijo el viernes en declaraciones a la prensa en Bruselas que observa "muy atento" la evolución de la ley de amnistía pero no que iba a reaccionar a "cada etapa" de su tramitación. En este contexto, los servicios de la Comisión Europea también han negado a Ciudadanos el acceso a la correspondencia que Reynders intercambia desde diciembre con las autoridades españolas para examinar la proposición de ley, incluido el cuestionario remitido al Ministerio de Justicia para conocer los detalles de la situación.

En base a las reglas de transparencia de la Unión Europea existen varios supuestos por los que se puede denegar el acceso a documentación, entre ellos la de proteger "investigaciones en curso". Este es el motivo por el que le ha sido denegado a Ciudadanos el acceso a la información requerida, un lenguaje legal habitual en las respuestas para no hacer públicos los intercambios confidenciales con Estados miembro y que Vázquez interpreta como una señal de que Bruselas quiere tener "todo bien atado".

La vicepresidenta del Govern de Cataluña, Laura Vilagrà (ERC), ha expresado que trabajarán para que la ley de amnistía se apruebe lo antes posible "porque lo necesitan miles de personas, no solo las personas más famosas", es decir, los líderes del 'procés', tras el 'no' de Junts en el Congreso al texto actual. Tras remarcar que la proposición de ley ya es robusta, legítima y necesaria, Vilagrà ha señalado que el texto rechazado por Junts, que quiere ampliar el alcance de la amnistía para blindar a Carles Puigdemont, "cubría todos los casos".

"Lo que haremos el Govern de la Generalitat es trabajar, como siempre hemos hecho, con rigor y seriedad para que se apruebe lo antes posible, porque lo necesitan miles de personas, no solo las personas más famosas que siempre citamos, sino miles de personas", como activistas o alcaldes encausados por el 1-O, ha indicado en una entrevista este miércoles en RNE, recogida por Europa Press.

Para Vilagrà, con el voto en contra de Junts perdieron esas miles de personas acusadas o ya juzgadas y "ganaron los jueces", a los que ha acusado de actuar con clara intencionalidad política para intentar sabotear la ley. "No se puede jugar con fuego, ir a remolque, jugar al gato y al ratón con los jueces y con una ley tan importante como esta, que es evidente que era buena, que cubría todos los casos", ha indicado.

La vicepresidenta catalana ha criticado que haya jueces en el más alto nivel de la judicatura que se inventan acusaciones graves de terrorismo, del que --a su juicio-- "no hay ni un ápice en ninguna acción" del proceso independentista catalán. Sobre si ERC planteará algún cambio al volver la ley a la Comisión de Justicia, Vilagrà ha recordado que tenían algunas enmiendas vivas que van a intentar negociar, si bien ha insistido en que ya estaban satisfechos con el texto que se votó este martes.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que la situación "atípica" que están viviendo en España con la Ley de Amnistía y los ataques a la Justicia evidencia que "ahora más que nunca" necesitan "jueces independientes", con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y un Tribunal Constitucional que sean "incuestionables". Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, horas antes de la reunión que el comisario de Justicia, Didier Reynders, mantendrá con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, para intentar desbloquear el CGPJ, que lleva cinco años caducado.

Feijóo ha afirmado que este martes la Ley de Amnistía no salió adelante y el PSOE rechazó las enmiendas de Junts porque el ministro de Justicia no podía acudir a esa reunión con Reynders con "un texto todavía más obsceno" de esa norma. El líder del PP ha rechazado que desde el Gobierno y sus socios se ataque a los jueces y que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no llamara al orden durante el Pleno a l portavoz de Junts. También ha censurado que el titular de Justicia en ese momento no pidiera la palabra para reprobar los insultos de los independentistas.

"Hay una enmienda a la totalidad al sistema judicial español. Se ha dicho que el sistema judicial español es un conjunto de prevaricadores y que los jueces son corruptos", ha criticado el presidente del PP. Al ser preguntado por las críticas de Vox ante la posibilidad de que el PP pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno en el CGPJ en el momento actual, Feijóo ha respondido a los de Santiago Abascal que su partido llega a acuerdos cuando considera que "algo es bueno para España".

"Es evidente que nosotros no podemos estar de acuerdo con el peor Gobierno que ha tenido España, que es éste, ni podemos estar de acuerdo con un presidente del Gobierno que está en manos de una persona que está buscada por el Tribunal Supremo", ha dicho, si bien ha subrayado que el PP se debea la Constitución, que "dice que hay que renovar el Consejo". Eso sí, Feijóo ha dicho que "el informe del Estado de Derecho Europeo también establece que hay que cambiar el sistema de elección" del órgano de gobierno de los jueces, que es lo que lleva demandando el PP estos meses.