Los letrados del Parlamento balear rechazan por un defecto de forma la expulsión de Le Senne y De las Heras

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la apertura de un nuevo expediente sancionador contra Hungría por reformas que atentan contra el Estado de derecho, en este caso por considerar que su controvertida "Ley de Defensa de la Soberanía" para investigar presuntas injerencias extranjeras vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo principios como el de la democracia y los derechos electorales de los ciudadanos.

El procedimiento de infracción arranca con una carta de emplazamiento que concede un plazo de dos meses al Gobierno de Viktor Orbán para enmendar la situación y es la primera de las tres fases previstas en el mecanismo comunitario. En caso de no resolverse la situación, permitirá a Bruselas denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según ha informado Europa Press.

El Ejecutivo comunitario ha subrayado al anunciar el expediente que su decisión es resultado de una "evaluación exhaustiva" de la norma adoptada por el Parlamento húngaro en diciembre del pasado año y que crea una Oficina de Defensa de la Soberanía para investigar actividades que beneficien a otro Estado o a una organización o persona extranjera si se sospecha que pone en riesgo la soberanía de Hungría o pretende influir en la decisión de voto de los húngaros.

Este marco, que voces críticas alertan de que busca reforzar el poder de Orbán y silenciar a sus críticos, contiene también disposiciones y modificaciones de la legislación húngara vigente que prohíben a los candidatos y los partidos políticos utilizar financiación extranjera en sus campañas electorales y prevé sanciones penales para ellos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, viajan este jueves a Mauritania para ofrecer más apoyo en forma de fondos e inversiones a este país a cambio de una mayor cooperación en el control de los flujos migratorios, tras dispararse en los últimos meses la partida de cayucos de sus costas con rumbo a las islas Canarias.

España entiende que Mauritania es un socio estratégico en una región particularmente convulsa en los últimos tiempos como es África Occidental y el Sahel, donde se han sucedido los golpes de Estado y el yihadismo está en plena expansión, y quiere que la UE también lo vea de este modo, estableciendo una cooperación más estrecha con este país, como ya la tiene con otros del norte de África como Túnez o Marruecos, según ha informado Europa Press.

"Mauritania es la única democracia de esa zona de África y tenemos que apoyarla", defendió este lunes Sánchez. Para hacer ver esta realidad, el Gobierno propuso a Von der Leyen una visita conjunta, durante la que ambos se reunirán con el presidente del país, Mohamed Uld Ghazuani.

Aunque fuentes gubernamentales aseguran que la cuestión migratoria no es el objetivo central del viaje, lo cierto es que la visita se produce después de que se haya constatado que el 83% de los cayucos llegados en enero a Canarias procedían de Mauritania y de que el archipiélago registrara más de 7.000 llegadas en el primer mes del año.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha elevado a tres las mujeres presuntamente asesinadas por violencia de género por sus parejas o exparejas este año, tras confirmarse el caso de la localidad alicantina de Alfàs del Pi. Así, el número de víctimas muertas por este motivo asciende a 1.243 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Según ha precisado el Ministerio de Igualdad y Europa Press, esta última víctima tenía 44 años, dos hijos menores de edad y fue presuntamente asesinada por su pareja este lunes 5 de febrero.

Este pasado jueves también se confirmó el caso de la mujer de 45 años hallada sin signos de vida en un vehículo en Girona, que murió el 27 de enero.

La primera víctima por violencia machista de este 2024 fue una mujer de 56 años, que fue presuntamente asesinada el 12 de enero en la provincia de Málaga. El hallazgo del cuerpo de la mujer se produjo en su vivienda en el núcleo urbano de Torre del Mar, en Vélez-Málaga.

En ninguno de los casos confirmados este 2024 existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El Parlamento Europeo denunciará este jueves en una resolución las injerencias rusas durante el procés independentista en Cataluña y pedirá que se investiguen efectivamente las conexiones de los eurodiputados presuntamente asociados con el Kremlin, en un texto que ha sido consensuado entre la mayoría de grupos incluidos socialistas y verdes.

La resolución conjunta sobre las injerencias rusas en procesos democráticos en Europa, entre otras cosas, reclama a España que investigue las conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin, en línea con la instrucción de la causa judicial que apunta que el entorno de Carles Puigdemont estableció vínculos con exdiplomáticos rusos en el marco del pulso independentista en 2017.

El texto acordado por las formaciones mayoritarias en la Eurocámara, al que ha tenido acceso Europa Press, expresa la "profunda preocupación" del Parlamento Europeo por las "supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y la administración rusa" y señala que la injerencia rusa en Cataluña "formaría parte de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión de la UE".

En este sentido, indica que Moscú ha organizado "campañas masivas de desinformación en Cataluña" y apunta a los "presuntos profundos contactos" y reuniones entre agentes rusos y miembros del movimiento independentista. Por todo ello, la resolución pide a las autoridades judiciales competentes que "investiguen efectivamente las conexiones de los diputados al Parlamento Europeo presuntamente asociados con el Kremlin y los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la UE", una referencia que encaja con la situación del expresident catalán y actual eurodiputado de Junts, aunque no le nombra expresamente.

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado inadmitir a trámite las querellas que presentaron Vox y el sindicato Solidaridad -vinculado a dicho partido- contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al no ver delito en las actuaciones policiales que se llevaron a cabo durante las manifestaciones celebradas frente a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz contra los pactos de investidura y la amnistía al procés.

Los magistrados han adoptado esta decisión al considerar que ni el sindicato ni el partido han aportado "indicios o principio de prueba alguno que pudieran servir de apoyo" para sostener que Grande-Marlaska dio órdenes con "motivación política".

Así las cosas, el Supremo ha descartado que el ministro cometiera presuntos delitos de prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos contra derechos individuales. Ha rechazado también presuntos delitos de tortura, contra la integridad moral y delito leve de lesiones.

El alto tribunal ha seguido el criterio de la Fiscalía al entender que no puede imputarse responsabilidad penal de carácter objetivo a Grande-Marlaska sobre la única base de ser el máximo responsable del Ministerio del Interior del que depende el Cuerpo Nacional de Policía, "sin ofrecer dato o circunstancia alguna que permita afirmar que conoció los pormenores de la concentración que se estaba produciendo y/o dio instrucciones sobre la manera en que debían actuar los agentes policiales".

La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, trabaja sin un plazo delimitado en el informe final en el que fijará si el Ministerio Público ve pertinente o no que en la causa de Tsunami Democràtic se investigue por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont por su presunta implicación en los disturbios atribuidos a la plataforma independentista en el otoño de 2019 en protesta a la sentencia del procés.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el Supremo no fijó plazo alguno al Ministerio Público en la providencia en la que le dio traslado para que se pronunciase sobre la petición que hizo el juez de la Audiencia Nacional (AN) a cargo de 'Tsunami' al TS para que investigue por terrorismo al expresident y eurodiputado de Junts. De acuerdo con las mismas fuentes, el hecho de que el tribunal no delimitara el plazo responde al criterio que suele seguir en este tipo de asuntos.

Fuentes fiscales han asegurado que la número dos del Ministerio Público está trabajando en su informe y que aunque no se prevé que lo presente de forma inmediata ante la Sala de lo Penal del TS, tampoco tardará semanas en entregarlo.

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que no le preocupa que la mayoría de la junta de fiscales del Tribunal Supremo pida investigar por presunto terrorismo al líder de Junts en la causa de 'Tsunami Democràtic'.

"No estoy nada preocupado, en absoluto. No hay nadie con las defensas más blindadas que el señor Puigdemont", ha considerado este miércoles en Rac1, recogida por Europa Press después de que este martes la junta de fiscales del Supremo decidiese tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo y se posicionara a favor de investigar al expresidente por terrorismo.

Boye ha dicho que no le ha sorprendido la postura de los fiscales porque son "los mismos" que acusaron de rebelión a los líderes independentistas catalanes en el juicio por el 1-O.

El abogado de Puigdemont ha indicado que quienes le preocupan son "las otras 70 personas" implicadas en el caso y ha sostenido que no existe soporte legal para que los fiscales rechazasen el informe de Redondo, partidario de la tesis de que no hubo terrorismo en las protestas de Tsunami Democràtic contra la sentencia del procés.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado este miércoles al Gobierno de utilizar la amnistía a los encausados por el 'procés' para "impedir la alternancia" y expulsar al PP del "tablero político" y ha echado en cara al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que legisle no sólo "ad delinquens", sino también contra "jueces concretos", como el de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Ha sido en el Pleno del Congreso en el transcurso de una interpelación que dará lugar a una moción que el PP someterá a votación en el hemiciclo dentro de dos semanas, ya después de las elecciones gallegas.

Para la diputada 'popular', no existen precedentes de una amnistía concedida para "comprar el poder", por lo que el Gobierno de Pedro Sánchez es "corruptamente único". "Si el fiscal general lo fuera del Estado y no del señor Sánchez ya habría actuado contra ustedes de oficio. Está demasiado ocupado y ofuscado defendiendo a un prófugo", ha agregado.

En este punto, ha sacado a colación la decisión de la Junta de Fiscales del Supremo favorable a la propuesta del juez Manuel García-Castellón de investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont. "Qué devastadora para ustedes, que esperanzadora para la Justicia", ha dicho. La interpelante ha acusado al Gobierno de "alentar", "legitimar" y "reanudar" el proceso separatista, emplazando a Bolaños a aclarar si "van a renunciar a un referéndum" y ha hecho hincapié en que al Ejecutivo sólo le preocupa "la convivencia entre el chantajista y el chantajeado porque sin ella, colorín colorado".

Y es que, según la tesis de Álvarez de Toledo, desde el Gobierno se invoca la "convivencia con el separatismo para liquidar la convivencia constitucional". "Porque eso es en realidad la ley de amnistía, un instrumento para impedir la alternancia en España", ha alertado. En concreto, la dirigente 'popular' ha señalado que la amnistía es "un paso más" en la estrategia iniciada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "para echar a la derecha del tablero político mediante un cambio espurio en las reglas del juego". Y, tras recalcar que Zapatero ha fijado como reto de esta legislatura, el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña, ha preguntado a Bolaños si "el siguiente paso es un referéndum de autodeterminación" y "si la lo han negociado en un chalé suizo".

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Idoia Ribas, ha señalado este miércoles que los diputados díscolos estudian ahora los informes de los letrados del Parlament sin aclarar si volverán a repetir la expulsión de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras. En una comparecencia en la Cámara autonómica, Ribas no ha respondido a las preguntas de los periodistas y ha evitado pronunciarse sobre la respuesta de sus compañeros a los informes de los letrados.

"Comprenderán que el texto lo hemos conocido hace muy poco y, por tanto, lo que voy a hacer a partir de ahora es ponerlo en conocimiento de los miembros del resto del grupo parlamentario y no les puedo adelantar cuál será nuestra decisión. No se tomará ninguna decisión hasta que no hayamos podido estudiar en profundidad estos informes", ha afirmado.

Cabe recordar que este miércoles se ha conocido el contenido de los informes de los letrados del Parlament que, aludiendo a un defecto de forma, rechazan la expulsión de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras del Grupo Parlamentario de Vox. El informe jurídico alude a un defecto de forma y determina que la reunión en la que Vox acordó la expulsión del presidente de la Cámara y de la líder del partido en las Islas no tenía convocatoria ni orden del día en el que constara la propuesta de expulsión.

Por su parte, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha expresado este miércoles su deseo de que la crisis de Vox se cierre de manera satisfactoria y haya reconciliación entre las partes enfrentadas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que el Ministerio del Interior no tuvo "ninguna intervención" en la devolución de los menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021, que el Tribunal Supremo (TS) consideró recientemente "ilegal". En concreto, el TS consideró que las autoridades españolas actuaron con "absoluta inobservancia" de la Ley de Extranjería e incumplieron el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las "expulsiones colectivas de extranjeros".

"Yo no tengo ningún inconveniente en corresponsabilizarme como miembro de la Administración General del Estado, pero vuelvo a decir, lean la sentencia, lean otras sentencias, y entonces se dice que el Ministerio del Interior, por cuestión simplemente competencial, no tuvo ninguna intervención y les diré quién y dónde recae la tutela de los menores y quién dispone en ese respecto", ha asegurado Grande-Marlaska en el Pleno del Senado.

En todo caso, el titular de la cartera de Interior ha subrayado en su turno de réplica que "siempre", ante una resolución judicial, sacan "las conclusiones necesarias para trabajar en un futuro mejor".

También la expuesto que la sentencia del TS dice que "el acuerdo con Marruecos para la prevención de la migración irregular de los menores y su retorno asistido tenía efectos jurídicos, lo que derivó en que no excluía, bajo otra interpretación judicial, la necesidad de un expediente individualizado".