La Mesa del Congreso admitirá a trámite este martes la reforma del artículo 49 de la Constitución pactada por PP y PSOE para eliminar el término "disminuido" y sustituirlo por "persona con discapacidad", y con ello se iniciará el proceso para aprobarla por la vía rápida este mismo mes.
Según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, el órgano de gobierno de la Cámara dará su visto bueno formal a la iniciativa registrada el pasado 29 de diciembre por el PSOE y el PP en virtud del pacto que habían alcanzando una semana antes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Como hace con todas las proposiciones de ley, la Mesa remitirá el texto al Gobierno para que se pronuncie sobre su tramitación, habida cuenta de que el Ejecutivo tiene la facultad de vetar las iniciativas de los grupos si considera que implican un aumento de gasto o una merma de ingresos.
La viceprimera ministra para la Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania, Olha Stefanishyna, afirmó este martes que la “supervivencia” de su país depende de que la Unión Europea (UE) logre dar luz verde a un apoyo de 50.000 millones de euros para los próximos años procedente de la revisión del presupuesto comunitario hasta 2027.
“Que se complete este apoyo financiero para los próximos cuatro años, es vital para nosotros, y básicamente no nos podemos imaginar la situación si la decisión no se toma el 1 de febrero”, indicó Stefanishyna.
La vice primera ministra ucraniana se pronunció así en una intervención por videoconferencia del foro Europa Global organizado en el Parlamento Europeo por el grupo de los liberales en esa cámara, Renovar Europa, según ha informado Efe.
Se refirió a la cumbre extraordinaria de la UE convocada en Bruselas el próximo 1 de febrero para llegar a un acuerdo sobre la revisión del presupuesto plurianual comunitario hasta 2027, después de que los líderes de la Unión no consiguieran en diciembre desbloquear el veto de Hungría a dedicar 50.000 millones de euros para Ucrania.
“Es literalmente una cuestión de supervivencia”, enfatizó.
Nicaragua cerró el 2023 con 119 personas consideradas "presas políticas" por los organismos humanitarios, entre ellos un periodista, dos obispos, tres seminaristas y 13 sacerdotes, según un informe divulgado este martes por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Hay "119 personas presas políticas al 31 de diciembre de 2023" con el Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua, en el poder desde el 2007, indicó en un informe el Mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según recoge Efe.
Entre ellos están monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, quien fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados traición a la patria tras negarse a ser expulsado a Estados Unidos en febrero de 2023.
También monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, obispo de la diócesis de Siuna, en el Caribe norte de Nicaragua, que fue detenido el 20 de diciembre pasado junto a los seminaristas Alester Sáenz Centeno y Tony Palacios, un día después de orar durante una homilía por el obispo Álvarez.
Además los sacerdotes Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua; Pablo Villafranca, canciller de la Curia Arzobispal de Managua; Héctor Treminio, tesorero de la Arquidiócesis de Managua; y Silvio Fonseca, vicario de Familia, Niñez y Juventud de la Arquidiócesis de Managua y director del Instituto Juan Pablo II.
Un tribunal iraní condenó a dos años y ocho meses de cárcel y 74 latigazos al cantante Mehdi Yarrahi por publicar una canción en la que llamaba a las mujeres a quitarse el velo y apoyaba las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022, ha recogido Efe.
Yarrahi ha sido condenado "de acuerdo con la sentencia de la sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán”, según informó este martes Zahra Minuei, una de sus abogadas, en la red social X.
Minuei indicó que el cantante se encuentra en estos momentos en libertad bajo fianza de unos 275.000 euros (300.000 dólares) y podría cumplir al menos un año de prisión.
“Soy libre y esta es mi sangre. No dudes de mi camino, tu fe”, escribió Yarrahi en su cuenta de X poco después de que se conociese la sentencia. "Roosarito", que así se llama la canción ilegal del músico -detenido a finales de agosto- "desafía las costumbres y la moral de una sociedad islámica". En ella incita a las iraníes a quitarse el hiyab y muestra su apoyo a las protestas de 2022.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado que los trabajadores puedan decidir su propia baja durante los tres primeros días de una enfermedad leve y ha destacado que se quiera promover la autobaja laboral mientras se desincentiva la automedicación.
En un almuerzo-coloquio en el Club siglo XXI, Garamendi ha señalado que la mayoría de trabajadores son responsables, pero no tienen conocimientos médicos, por lo que el derecho a la atención sanitaria debería ser "lo primero", según ha recogido Efe.
Se ha quejado de que el Ministerio de Sanidad "haya lanzado un titular" sin contar primero la medida ni a las comunidades ni a los agentes sociales y ha considerado que se podría pedir la colaboración de las mutuas y del sector de la sanidad privada en situaciones específicas, como ya se hizo durante la pandemia.
Garamendi ha hecho hincapié en que las empresas tienen derecho a llevar un control del absentismo y ha reclamado al Estado que corra con el gasto de las autobajas y que alivie de ese coste a las empresas.
Las empresas no están obligadas a asumir el pago de los primeros tres días de baja, aunque muchas lo contemplan en sus convenios.
El Gobierno no ha dejado clara su posición respecto a la propuesta de Junts de sancionar a las empresas que no regresen a Cataluña tras su marcha por el 'procès'. Una posición medida con el objetivo de "respetar" y no perjudicar la negociación que está en marcha con Junts para la convalidación de varios decretos leyes.
Así lo indican fuentes de Moncloa, que insisten en que están negociando, sentados a la mesa con el partido del expresidente Carles Puigdemont y lo seguirán haciendo "hasta el último minuto".
A pesar de que queda solo un día para que los decretos se voten en el pleno del Congreso de los Diputados, en el Gobierno son optimistas y confían en llegar a un acuerdo que salve la votación. Por el contrario, dan por perdido el posible apoyo del PP y consideran que el principal partido de la oposición ya ha fijado posición y votará 'no'.
Al ser cuestionada sobre la posición del Ejecutivo sobre sancionar a las empresas, la portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, se ha limitado a repetir que el Gobierno "siempre" da la máxima seguridad jurídica a las empresas españolas.
A pesar de que ha sido preguntada en cuatro ocasiones sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha llevado a cabo este martes en La Moncloa, Alegría no ha llegado a aclarar si el Gobierno rechaza la iniciativa propuesta por Junts, cuyos votos son imprescindibles para alcanzar la mayoría necesaria.
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado que no funcionará el "pressing" a Junts que asegura que está haciendo el Govern para que apoye los decretos del Gobierno central que se votarán este miércoles en el Congreso.
"Ni zanahorias, ni chantajes. De nadie. No es la primera vez que lo advertimos, pero parece que la pausa navideña ha ablandado la memoria de algunos y hay que reforzarla", ha afirmado en un apunte en 'X' este martes recogido por Europa Press.
"La pelota no está en nuestro tejado. Y lo saben", ha subrayado el expresidente catalán, después de que la portavoz del Govern, Patricia Plaja, haya defendido la necesidad de aprobar los reales decretos del Gobierno.
Eurodiputados españoles socialistas, de Izquierda Unida y del BNG han reclamado este martes a la Comisión Europea que se pronuncie sobre el vertido de pellets que afecta a las costas del norte de España y critican la gestión de la Xunta de Galicia, que tachan de "pasiva" y "negligente".
Los eurodiputados socialistas César Luena y Nicolás González han solicitado una reunión urgente con el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para tratar sobre la contaminación por pellets plásticos, una petición a la que se ha sumado también la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que además ha solicitado un encuentro con la comisaria europea de Transporte, Adina Valean.
Además, en una pregunta escrita al Ejecutivo comunitario "con carácter prioritario", González ha pedido que se "considere activar un protocolo europeo a la vista de que la contaminación por pellets plásticos afecta a varios Estados miembro" y que recuerda que la pérdida de seis contenedores cargados de pellets frente a Portugal "está contaminando las costas de Galicia y se ha extendido a las del norte de España y aparentemente de Francia".
Los socialistas han criticado que "ante este grave problema el Gobierno gallego ha mantenido una actitud pasiva, con graves carencias de información a las autoridades locales y total descoordinación".
En la misma línea, Ana Miranda ha lamentado en rueda de prensa la "falta de respuesta rápida" de la Xunta, que ha hecho que los ayuntamientos afectados se sientan "abandonados" y "desbordados", mientras la limpieza de playas corre a cargo de voluntarios que "carecen de medios" y utilizan "escurridores y coladores" frente a esta "catástrofe" medioambiental.
La eurodiputada gallega considera que la Comisión "tiene que mojarse" ante esta situación y debe instar a la Xunta a que haga "todo lo posible por la limpieza y el control de vertidos y a que active todos los mecanismos legales que exige la normativa europea tras el desastre del Prestige".
La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostuvieron este martes que el Gobierno "da siempre la máxima seguridad jurídica a las empresas" ante las preguntas sobre la petición de Junts de multar a las empresas que trasladaron su sede social fuera de Cataluña durante el procés.
Esta es una de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa Junts en la negociación para convalidar los tres reales decretos del Ejecutivo que se someterán este miércoles a votación en el Pleno del Congreso y que todavía no tienen los votos suficientes.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Alegría y Cuerpo evitaron responder con un sí o no a la propuesta de Junts, pero remarcaron en varias ocasiones el mensaje de que el Ejecutivo garantiza la seguridad jurídica de las empresas.
Además, Cuerpo remarcó que la "estabilidad y la seguridad jurídica en el marco jurídico es fundamental". "Ahí es donde nos van a encontrar las empresas", añadió el nuevo titular de Economía, que compareció por primera vez tras el Consejo de Ministros.
Informa Antonio Ruiz Valdivia.
La Xunta de Galicia declarará este martes el nivel 2 de alerta por la marea de microplásticos para que "el Estado asuma la limpieza de los 'pellets"
Pellets de plásticos similares a los localizados en las playas de Galicia han sido encontrados este martes en los arenales de Santander, según han confirmado a EFE fuentes del consistorio, que va a mantener un encuentro con el Gobierno cántabro para analizar esa situación.
De hecho, la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la capital cántabra, Margarita Rojo, acude a las 13.30 horas a la sede del Ejecutivo, donde se va a hablar de la llegada de los microplásticos a las playas de Cantabria.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ya ha mostrado en sus redes sociales, sobre las 13.00 horas, un vídeo con pellets de plástico en su mano, que asegura que han recogido en la playa de la Virgen del Mar de la capital.