Directo | España supera los 10 millones de contagiados desde el inicio de la pandemia

El PSOE, Unidas Podemos y algunos socios parlamentarios del Gobierno, como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), han recriminado al Partido Popular (PP) que haya llevado este martes al Congreso una iniciativa para pedir la supresión del Ministerio de Consumo con la "manipulación", la "mentira" y las 'fake news'.

En concreto, el Pleno del Congreso ha abordado esta tarde una proposición no de ley de los 'populares', que ha defendido la diputada Carmen Riolobos argumentando que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, es "irresponsable, incompetente" y "no defiende a los consumidores, sino que crea problemas, no tiene agenda ni casi actividad y se ha empeñado en dañar la reputación de sectores estratégicos que son importantísimos para la creación de empleo" en España.

Según ha explicado Riolobos, "la gota que ha colmado el vaso" ha sido el caso de 'The Guardian', en alusión a la entrevista que concedió Garzón al diario británico, en la que abordaba la cuestión de la ganadería intensiva y las macrogranjas.

Las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 40.133 nuevos casos de COVID-19. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 114.877 positivos, lo que evidencia la tendencia a la baja en la evolución de la pandemia.   La cifra total de contagios en España se eleva ya a 10.039.126 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 2.699,44, frente al 2.879,95 de ayer. En las pasadas dos semanas se han registrado un total de 1.276.762 positivos.

En el informe de este martes se han añadido 408 nuevos fallecimientos, en comparación con 382 el martes pasado (una cifra poco confiable porque se añadieron muertes de días anteriores). Hasta 93.633 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 762 personas con positivo confirmado en España.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha criticado que el documento enviado por Estados Unidos y la OTAN con sus propuestas para disminuir la tensión en la frontera con Ucrania "ignora las preocupaciones fundamentales de Rusia".

Tras un encuentro con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, Putin ha remarcado que, si bien Moscú está "analizando cuidadosamente" su respuesta a este documento, considera que "está claro" que no se tienen en cuenta sus inquietudes.

"Nos prometieron no promover la infraestructura del bloque de la OTAN hacia el este ni una pulgada, hoy vemos dónde se encuentra la OTAN: Polonia, Rumanía o los países bálticos", ha recriminado Putin, según recoge la agencia Sputnik.

Además, ha acusado a la Administración de Estados Unidos de no estar interesada en la seguridad en Ucrania, pues "su tarea principal es frenar el desarrollo de Rusia".

La Policía Local de Lorca (Murcia) ha detenido al primer ganadero que ha logrado identificar y que presuntamente irrumpió, este pasado lunes, de forma violenta en las dependencias del consistorio lorquino.

Efectivos del equipo de Intervención de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de Lorca han conseguido detener al único asaltante que presuntamente agredió a un agente durante la irrupción al lugar donde iba a desarrollarse el pleno para la modificación de la normativa respecto a la instalación de granjas porcinas en el término municipal.

Esquerra Republicana (ERC) ha emplazado al PSOE y Unidas Podemos a apoyar en el Congreso la tramitación de la reforma laboral como proyecto de ley y así poder cambiar el texto del decreto vía enmiendas, una vez convalidado.

Mientras que el PSOE se muestra "optimista" para poder convalidar el decreto ley en la votación prevista este jueves en el Pleno del Congreso, ERC parece asumir el resultado y ya se centra en la segunda decisión que debe tomar la Cámara: si tramita o no el decreto como proyecto de ley, es decir, si abre o no la puerta a estudiar posibles cambios en el acuerdo alcanzado po los agentes sociales.

El portavoz de ERC en la Comisión de Trabajo, Jordi Salvador, ha emplazado a la izquierda a unir fuerzas para, al menos, asegurar que la reforma laboral se tramita como proyecto en el Congreso.

Las autoridades italianas comenzarán a multar a aquellos ciudadanos mayores de 50 años que no estén vacunados del coronavirus a no ser que cuenten con una exención médica o acaben de superar la enfermedad.

Así, a partir de este lunes el Gobierno hace efectiva la obligación de vacunación que aprobó el pasado 7 de enero y que va acompañada de una sanción económica de 100 euros, tal y como recoge el diario italiano 'La Repubblica'.

Por otro lado, a partir del 15 de febrero entrará en vigor la obligatoriedad de vacunación para acceder a los lugares de trabajo para aquellas personas mayores de 50 años. Aquellos que no presenten este documento se exponen a una sanción económica de entre 600 y 1.500 euros y se considerará su ausencia laboral como no justificada, por lo que además se les suspenderá de sueldo, aunque no estarán sujetos a otro tipo de consecuencias disciplinarias.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha abordado este martes con la nueva embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, la necesidad de aplicar la "diplomacia" para reconducir la crisis generada con Rusia respecto de Ucrania.

Robles y Reynoso han mantenido este martes un encuentro después de la visita conjunta que ya realizaron el pasado viernes al acto de entrega del primer helicóptero 'Chinook' del Ejército español modernizado, que se celebró en la Base Coronel Maté de Colmenar Viejo (Madrid).

Según asegura el Ministerio de Defensa, la visita ha servido para intercambiar impresiones sobre "las buenas relaciones bilaterales" que mantienen España y Estados Unidos, sobre todo apoyadas en "una estrecha colaboración" en el ámbito de la Defensa.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Vivienda, pese al informe preceptivo en contra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y remitirá el texto al Congreso para su tramitación de urgencia.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha referido a ese informe que el Gobierno ha estudiado "con respeto absoluto a las consideraciones" y ha señalado que se han "incorporado comentarios" para "clarificar determinados artículos donde entra la normativa autonómica".

"El Gobierno quiere destacar que este proyecto de ley reconoce las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda y pone a su disposición aprobar todas aquellas herramientas para ayudar a hacer efectivo este derecho básico", ha dicho la Sánchez.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, también propulsora de la normativa, ha añadido que la ley "era absolutamente imprescindible para empezar a dar los primeros pasos en la dirección correcta".

"Esta ley protege a los inquilinos, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y exige responsabilidad a los grandes propietarios", ha apuntado Belarra.

El retraso de la vuelta del texto, aprobado en primera lectura a finales de octubre, al Consejo de Ministros responde a la demora del CGPJ en la emisión de su informe preceptivo.

El Ejecutivo ha recalcado en varias ocasiones, incluido el Consejo de Ministros de este martes, que no se trata de un informe vinculante y se solicitó al órgano judicial para estudiar posibles interferencias con tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sánchez ha comentado en la rueda de prensa que el Gobierno "entiende las funciones consultivas del CGPJ y cuál es el ámbito que tienen estos informes", por lo que el documento debía "circunscribirse a esos tres artículos".

No obstante, han tenido en cuenta algunas recomendaciones para mejorar la ley, aunque estas no han sido "de carácter sustantivo". "Esas apreciaciones que han supuesto introducir alguna modificación se refieren a cuestiones para clarificar el entendimiento del Estado para regular esta materia", ha comentado la ministra. Sánchez ha aludido al artículo 149 de la Constitución Española, sobre las competencias exclusivas del Estado.

Por tanto, los cambios en el texto inicial están dirigidos a "entender ese respeto entre las competencias del Estado y las comunidades autónomas". El CGPJ aprobó el jueves pasado el informe, crítico con el anteproyecto del Ejecutivo, al considerar que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica".

Plazo de 18 meses

Esta primera ley de Vivienda pretende abordar "la problemática de la vivienda en toda su dimensión", como ha señalado Sánchez.

La normativa busca garantizar el acceso a la vivienda, evitar la especulación inmobiliaria, proteger el parque público de vivienda social, dar alternativa a los desahucios o incentivar la movilización de los inmuebles vacíos, entre otras medidas. Sin embargo, el punto que ha resultado más polémico es la limitación del precio de los alquileres.

Los topes a las rentas se establecerán en las consideradas "zonas tensionadas", para lo que el Ejecutivo establece un plazo de 18 meses para fijar su limitación desde la entrada en vigor de la ley, una vez que se apruebe en el Parlamento.

Sánchez ha aclarado que ese año y medio de plazo es un "periodo máximo que no tienen que alcanzarse necesariamente" y confía en "reducirlo si es posible", aunque ha reconocido que será una tarea compleja establecer los valores de referencia, ya que hay comunidades que no disponen de los datos precisos. Belarra también ha insistido en que esos 18 meses es "el máximo".

"Esta ley es muy urgente y cuanto antes podamos tenerla en vigor, antes podrán las comunidades autónomas declarar mercado tensionado", ha agregado Belarra, ya que esa delimitación dependerá de las autonomías que quieran aplicarla.

Además, la ministra de Derechos Sociales se ha detenido a explicar las medidas de la Ley de Vivienda que más atañen a su cartera, como la de evitar los desahucios sin alternativa habitacional. Belarra ha comentado que antes del procedimiento se deberá pedir una informe a los servicios sociales para saber si la familia se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Después, las comunidades autónomas tendrán un plazo de entre dos y cuatro meses para "buscar vivienda alternativa, no puede ser un albergue".

Para movilizar la vivienda vacía, los ayuntamientos podrán aplicar un recargo en el IBI de hasta el 150% para sacar ese inmueble al mercado para su alquiler o venta. La ley también contempla bonificaciones fiscales de hasta el 90% para los propietarios de viviendas que rebajen los precios de los alquileres.

Asimismo, introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, la calificación indefinida de la vivienda protegida, la regulación de los parques públicos para evitar su enajenación o la definición de grandes tenedores, que se aplicará a la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, también de uso residencial, excluyendo en ambos casos garajes y trasteros.

Sánchez ha insistido en que el proyecto de ley se remitirá al Congreso para su tramitación con carácter de urgencia. La ministra ha pedido "responsabilidad a los partidos políticos", sobre todo a los de la derecha, para que "se sumen a una Ley que es histórica y que beneficia a la inmensa mayoría de este país".

La derecha terminará asumiendo la ley

Belarra, por su parte, ha augurado que los partidos conservadores terminarán "asumiendo como propia la ley con el paso del tiempo" y ha advertido al Partido Popular de que en el futuro se van a replantear su negativa.

"Cuando los dirigentes del PP tengan en sus manos una herramienta para regular los precios, van a tener que responder a la ciudadanía y se lo van a tener que plantear", ha señalado la ministra de Derechos Sociales.

La ley contempla también que en las áreas tensionadas en las que los caseros bajen un 5% la renta respecto al contrato anterior, la bonificación ascenderá al 90%. La deducción será del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años en esas zonas tensionadas. Si en el inmueble se han realizado obras de rehabilitación o mejora, la bonificación será del 60%.

Asimismo, los propietarios que firmen un contrato de, al menos, 10 años podrán librarse de la congelación de los precios en las zonas tensionadas y podrán incrementar el alquiler hasta en un 10% a cambio de ampliar la duración del contrato. Además, en esta zonas el inquilino podrá prorrogar su contrato tres años más de lo que se contempla actualmente, manteniendo las mismas condiciones, con lo que se aseguran que la renta sola suba con el IPC durante un periodo más amplio.

Asimismo, la ley protegerá de forma permanente el parque público de vivienda social, que no podrá ser enajenado. Además, introduce el concepto de vivienda asequible incentivada de titularidad privada, que otorgará beneficios fiscales o de cualquier otra índole para los propietarios que ofrezcan un alquiler a precios reducidos.

Para movilizar la vivienda y evitar los pisos vacíos, el anteproyecto establece recargos del 150% al IBI en la cuota líquida. De esta forma, se abre el abanico del 50% permitido en la actualidad hasta ese 150%. Este recargo máximo se aplicará a viviendas desocupadas durante más de dos años y a propietarios titulares de un mínimo de cuatro viviendas en el mismo municipio.

El Gobierno está estudiando la "mejor" fórmula para "esclarecer" los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica española y "dar cobertura al dolor de las víctimas" aunque no ha decidido todavía si se decantará por crear una comisión de investigación en el Congreso, tal y como proponen Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, o por una comisión independiente de expertos, como propone el PNV.

Según el Ejecutivo, quieren "hacerlo bien" y, por ello, prefieren darse un tiempo para estudiar las distintas alternativas.

"Queremos que se investiguen los abusos para reparar su dolor y que no vuelvan a ocurrir, estamos comprometidos con las víctimas, estudiando con absoluta determinación todas las fórmulas posibles para hacerlo de la mejor manera, que permita que se esclarezcan los hechos", ha precisado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, se ha declarado "optimista" de cara a convalidar este jueves en el Congreso el decreto ley con la reforma laboral sin necesidad de negociar cambios en el acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE.

"Respetamos los términos exactos del acuerdo alcanzado con sindicatos y patronal", ha dicho Gómez, argumentando esta postura en que el acuerdo "da respuesta real a las prioridades del mercado laboral en España".

En todo caso, el portavoz del PSOE ha subrayado que la reforma laboral "no es punto y final" de la estrategia del Gobierno para "la modernización del mercado de trabajo". "Las líneas de actuación no finalizan aquí. Van a continuar", ha dicho.