Estados Unidos ha registrado este lunes más de un millón de casos de coronavirus, una cifra de contagios récord en todo el mundo marcada por la propagación de la variante ómicron, en una jornada en la que además ha confirmado cerca de 1.700 muertos por covid-19.
Según las cifras facilitadas por la Universidad Johns Hopkins, durante las últimas 24 horas se han registrado 1.083.948 contagios y 1.693 fallecidos, lo que eleva los totales a 56.191.523 y 827.749, respectivamente.
El número de positivos de este lunes es casi el doble del récord anterior hace solo tan cuatro días, que se fijó en 590.000 nuevos casos, aunque esta cifra no se contará como un registro diario porque incluye retrasos de este fin de semana, que ha sido festivo en decenas de estados.
Las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 117.775 nuevos casos de covid-19, 72.867 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 99.671 positivos, lo que evidencia la tendencia al alza en la evolución de la pandemia.
La cifra total de contagios en España se eleva ya a 6.785.286 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 2433,94 puntos, frente a 2295,80 puntos de ayer lunes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 1.153.324 positivos.
Actualmente, hay 12.942 pacientes ingresados por covid-19 en toda España (12.339 lunes) y 1.983 en UCI (1.974 ayer lunes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 10,58% y en las UCI en el 21,35%.
Según el informe publicado este martes por el Ministerio de Sanidad, la vacuna pediátrica de Pfizer se ha repartido entre las CCAA con un total de 1.374.000 dosis, de las que ya se han inoculado un total de 1.000.351 a niños de entre 5 y 11 años.
El 90,3% de la población mayor de 12 años, un total de 38.028.178 personas, ya ha recibido la pauta completa de vacunación contra el covid-19 y el 92,3% una dosis, lo que supone una cifra de 38.859.644 personas, según el informe publicado este martes por el Ministerio de Sanidad. En España se han administrado 84.506.437 dosis de las vacunas contra el covid-19 de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, el 96,6% de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 87.473.058 unidades.
La variante Ómicron representaba el 42,9% de los contagios de covid-19 en la semana del 13 a 19 de diciembre, mientras que la incidencia de Delta en esa misma semana era del 54,2%, según los datos recabados por el Ministerio de Sanidad. Una semana más tarde, el porcentaje de la nueva variante creció en torno al 70%, lo que supone "una rápida sustitución de la variante Delta".
De hecho, según un muestreo aleatorio realizado mediante PCR específica en 14 CCAA, se han detectado en la semana del 20 al 26 de diciembre porcentajes de entre el 22 y el 79,4% de Ómicron. En esa misma semana, con datos de 11 CCAA, el porcentaje de Delta se encontraba entre 18,8 y el 72,6%.
Mientras tanto, el resto de variantes continúa detectándose a niveles "muy bajos". De hecho, en las últimas 4 semanas analizadas, las otras variantes, en conjunto, solo alcanzan el 0,9 por ciento del total.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere promover la redacción de una normativa propia para los perros de caza y las rehalas que se adapte a sus circunstancias y a la actividad para las que son empleadas, dadas las "especificidades" que los "diferencian de los animales domésticos".
La intención del Agricultura, recogida en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, choca con la voluntad del Ministerio de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, de la cuota de Podemos y que dirige Ione Belarra, recogida en la futura Ley de Bienestar Animal. Según las medidas adelantadas por este último departamento sobre la norma, el texto trata a los perros de caza como cualquier otro can, es decir, quien tenga cinco deberá estar registrado como núcleo zoológico, si quiere criar como criador y deberá tener unas instalaciones adecuadas, entre otros aspectos. Además, propone que el cumplimiento de estos requisitos sea controlado por las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Todas las comunidades autónomas celebran que lo acordado este martes en la reunión conjunta entre Sanidad, Educación, Universidades y los consejeros autonómicos sea el reinicio de las clases en las fechas previstas y la total presencialidad. De hecho, las 17 regiones han defendido estas dos propuestas en la reunión, que no ha contado con ninguna novedad con respecto a las medidas que ya se estaban aplicando en colegios, institutos y universidades.
La región más crítica ha sido una vez más, la Comunidad de Madrid, pues su consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha calificado la reunión de este martes de "paripé", al tiempo que ha criticado la falta de medidas y propuestas. "Los ministerios no han propuesto ningún documento para debatir, ni cambio de protocolo y no han puesto encima de la mesa ninguna novedad", ha lamentado. Desde el Gobierno regional creen que este encuentro "tan solo va a servir para que el Ejecutivo de Sánchez pueda decir que se ha reunido con las comunidades autónomas".
Estudiantes y rectores han coincidido en celebrar la presencialidad en el regreso a las aulas, pero el alumnado considera "insuficiente" lo acordado y echa en falta "medidas concretas" para que las condiciones en los centros sean las "adecuadas".
Así han reaccionado, en declaraciones a Europa Press, al anuncio del acuerdo por "unanimidad" entre el Gobierno y las comunidades autónomas para que el regreso a las aulas tras vacaciones de Navidad se produzca de manera presencial a partir del 10 de enero, un período en el que la mayoría de instituciones académicas del país empieza los exámenes para dar inicio al segundo semestre en febrero.
El vicepresidente segundo del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), Marc Artigas, ha lamentado que "no se haya tenido en cuenta" a los estudiantes en una decisión que les "afecta directamente" y ha afirmado que la presencialidad "pasa por unos protocolos eficientes". "Los actuales protocolos contemplan la ventilación como medida fundamental en las aulas junto con las mascarillas y la distancia social. No obstante, tener ventanas abiertas para ventilar con las condiciones climáticas actuales no es una solución óptima", ha precisado.
Familias españolas han celebrado la decisión acordada por Gobierno y comunidades autónomas sobre la vuelta presencial de los niños a las aulas tras las vacaciones de Navidad, pero se sienten "abandonadas" y "agotadas" y reclaman medidas para conseguir una "conciliación real" como un permiso retribuido de cuidado en el caso de aulas confinadas.
Desde el Sindicato de Familias, una agrupación que había anunciado movilizaciones si no se retomaban las clases presenciales el 10 de enero y que ha recogido más de 24.000 firmas en la plataforma Change.org, han recibido la noticia "con alegría" aunque se han mostrado "sorprendidas" por el hecho de que no se haya planteado una bajada de ratios en las aulas ni permisos por confinamiento y piden "algún tipo de mecanismo para promover la conciliación" porque cuando un niño queda confinado por un compañero enfermo, las familias se tienen que "buscar la vida para conciliar".
El Govern ha aprobado este martes un acuerdo para defender el catalán y la cohesión social en los centros educativos, que prevé prestar protección jurídica a los docentes y equipos directivos ante los problemas que puedan surgir tras los fallos judiciales sobre la las cuotas de castellano en las aulas.
El Govern ha promovido este acuerdo después de que el Tribunal Supremo (TS) ratificara la obligación de ofrecer el 25% de la enseñanza en castellano y de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estableciera este porcentaje mínimo para una escuela de Canet de Mar (Barcelona).
La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha destacado en rueda de prensa tras el Consell Executiu que el Govern ya estaba poniendo a disposición de los docentes y del personal de los centros sus servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica, y que con este acuerdo quiere "reafirmar" su compromiso con el catalán en la escuela.
Ifema Madrid ha confirmado las fechas de celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2022 entre los días 19 y 23 de enero, una decisión avalada por Gobierno de España, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Organización Mundial de Turismo, así como el sector privado, según ha anunciado la organización.
En concreto, la decisión se ha validado unánimemente en una reunión convocada por el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, José Vicente de los Mozos, y en la que han participado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz; el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés; la Concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maillo; la asesora del Secretario General de la OMT, Isabel Oliver, así como el sector privado representado por el presidente del Comité Organizador de Fitur y de Iberia, Javier Sánchez-Prieto.
Todos los actores presentes en este encuentro han coincidido en manifestar que la celebración de Fitur es "la mayor garantía de apoyo al sector del turismo en un momento crítico para su total reactivación y para recuperar los niveles de actividad y negocio previos a la pandemia".
La Fiscalía Superior de Catalunya ha enviado un informe al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que no se opone a prorrogar 14 días más el toque de queda y otras restricciones que ha propuesto la Generalitat para prevenir contagios de coronavirus.
El informe del fiscal, consultado por Europa Press, valora que el Govern pide prorrogar las medidas porque el viernes va a caducar el plazo por el que se aprobaron, y recuerda que el TSJC ya dio el aval judicial a estas restricciones al considerarlas proporcionadas.
Además de al toque de queda, el informe se refiere a la prórroga que la Generalitat ha pedido para la limitación de los encuentros sociales a un máximo de 10 personas, el aforo de hasta el 70% en actos religiosos y ceremonias civiles y para el uso del certificado covid.