La Unión Europea ha adoptado este jueves la nueva ronda de sanciones contra Rusia por la escalada del conflicto en Ucrania, un paquete que incluye como principal medida el tope al precio del petróleo ruso transportado por mar, además de más limitaciones al comercio con Rusia, castigos para quienes sorteen las sanciones o la prohibición de participar en consejos de administración de empresas estatales rusas.
La octava tanda de sanciones europeas llega en respuesta a los referéndums y anexiones de territorios ucranianos por parte de Rusia y a un recrudecimiento de la guerra, incluyendo la retórica nuclear contra Occidente. En este contexto, los Veintisiete han aprobado la base para establecer un límite al precio del petróleo ruso transportado por mar a terceros países, además de restricciones en el transporte marítimo de crudo, una medida que busca reducir los ingresos de Rusia, por un lado, y estabilizar los mercados internacionales, por otro.
Con este paso, la UE bloquea el transporte marítimo relacionado con el envío de crudo a terceros países desde el próximo mes de diciembre, mientras que la medida afectara a productos derivados del petróleo a partir de febrero de 2023. Aparte, la prohibición de embarcaciones de la UE para ofrecer servicios de transporte marítimo entrará en vigor cuando los Veintisiete fijen el precio máximo, asunto que se negocia a nivel del G7.
Un grupo de manifestantes han aplaudido a varias mujeres que han roto pañuelos este jueves frente a la Embajada de Irán en Madrid en una concentración convocada por Amnistía Internacional para protestar por la muerte de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini.
Tijeras en mano, las manifestantes han rasgado telas de colores mientras sonaba la versión persa de 'Bella Ciao', una canción que ha cobrado protagonismo en las últimas semanas tras el estallido social que ha provocado la muerte de Amini en Irán, la joven de 22 años que falleció en dependencias policiales después de ser detenida por la Policía de la Moral por llevar mal el velo.
La portavoz de Amnistía Internacional, Yolanda Vega, ha expresado en declaraciones a Europa Press que hay una "impunidad enorme" con respecto a la represión policial en el país y que las vías de justicia para exigir una rendición de cuentas "no es que se hayan agotado, es que no existen".
"Lo que estamos pidiendo al Gobierno español es lo que estamos pidiendo a todos los gobiernos que ahora están en el Consejo de Derechos Humanos y es que respalden, en el seno de Naciones Unidas, la creación de un mecanismo independiente y que sea internacional, y que garantice la investigación y la rendición de cuentas de lo que está pasando en Irán", ha indicado.
La Fiscalía de Madrid incoará diligencias para investigar los gritos machistas lanzados por alumnos del Colegio Mayor Elías Ahúja a sus vecinas del Colegio Mayor Santa Mónica por la presunta comisión de un delito de odio, han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.
La investigación se abrirá en relación a los hechos que recoge un vídeo que se ha hecho viral en el que alumnos del Colegio Mayor Elías Ahúja, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, amedrentan a sus vecinas del CMU Santa Mónica profiriéndoles gritos como "ninfómanas", "putas" y "os vamos a follar".
La Fiscalía entiende que estos hechos podrían incurrir en un delito de odio, por lo que incoará unas diligencias de investigación para averiguar quién estaría detrás de los cánticos machistas.
La Constitución de Rusia ya incluye como sujetos a las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia después de que el presidente Vladimir Putin promulgase el miércoles los tratados de adhesión.
De acuerdo con la nueva Carta Magna, Donetsk y Lugansk conservarán su estatus de repúblicas, mientras que Zaporiyia y Jersón serán consideradas por Rusia como regiones, según recoge la agencia rusa de noticias TASS.
Las fronteras de Donetsk y Luganks serán aquellas vigentes en 2014, cuando Moscú reconoció su independencia; mientras que los límites territoriales de Jersón y Zaporiyia serán aquellos reconocidos hasta el momento en que Moscú confirmó su anexión.
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, presentado este jueves en el Congreso, prevé destinar un 62,4% de la partida total de la política educativa, si se descuentan las dotaciones asociadas a los fondos de la Unión Europea.
Teniendo en cuenta los fondos europeos, el programa de becas y ayudas a estudiantes representa el 48,6% del total del presupuesto educativo, 2.474 millones de euros, un 18,7% más que en 2023 (400 millones más), según recoge el documento del proyecto de Presupuestos para el año que ha publicado por el Ejecutivo, recogido por Europa Press.
Excluidas las dotaciones asociadas a los fondos de la UE, que ascienden a 1.190 millones de euros, la política de Educación se sitúa en 2023 en 4.164 millones de euros, un 21,8% más que en 2022. Por lo tanto, en total, la dotación que el Gobierno quiere destinar a la política de Educación en el año 2023 asciende a 5.354 millones de euros, un 6,6% más que en el ejercicio anterior.
De ellos, un total de 4.712 millones de euros, sin tener en cuenta los fondos europeos, irían destinados al Ministerio de Educación y Formación Profesional, un 19,3% más que en 2022. Sumando los fondos de la UE el Ministerio que dirige Pilar Alegría recibirá 5.976 millones de euros, un 6,6% más que el año anterior.
El Gobierno prevé una transferencia para RTVE de 490 millones de euros en 2023, lo que supondría una subida del 10,5% respecto al ejercicio anterior, cuando presupuestó 443 millones de euros.
Así consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el congreso de los Diputados.
Esta subida contrasta con el descenso en la partida registrado en 2022, cuando el Ejecutivo rebajó un 6,3% la transferencia a la corporación. Con este incremento, la partida de 2023 sería incluso superior a la de 2021, cuando se presupuestaron 473 millones de euros, teniendo en cuenta además que en ese año había una inyección extra para la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio. De hecho, en 2021 el aumento presupuestario para RTVE fue de un 25,1%, mientras que en 2020, el crecimiento fue de un 9,5%.
El Gobierno tiene previsto invertir en 2023 un total de 13,9 millones de euros en el área de Memoria Democrática y en la aplicación de la nueva ley, que esta misma semana ha sido aprobada definitivamente tras superar el trámite en el Senado. Los fondos irán destinados a exhumaciones, a continuar el proceso de "resignificación" del Valle de los Caídos y también inversiones en museos y centros de memoria en Teruel y La Rioja.
Así consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 que el Gobierno ha registrado este jueves en el Congreso, y en el que el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños cuenta con 304 millones de euros, más 81 millones adicionales para la organización de la Presidencia rotatoria de la Unión Europea que España ostenta en la segunda mitad del próximo año.
Según se detalla en el tomo específico del Ministerio de Presidencia, que recoge Europa Press, el incremento del presupuesto para Memoria responde a la puesta en marcha de las medidas recogidas en la ley, así como al desarrollo de actuaciones en el marco de la Presidencia Europea de España, destinadas a la promoción y divulgación de los principios y valores de la Memoria Democrática.
Las ayudas que el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA) destinará en 2023 a guiones, proyectos, lenguas oficiales y salas de cine serán de 39 millones de euros, lo que supone un aumento del 290% respecto al año anterior, según se desprende del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobado por el Ejecutivo.
En concreto, en el presupuesto de 2022 la partida destinada a este apartado fue de 10 millones de euros. En general, el programa de Cinematografía contará con una dotación para 2023 de 167 millones de euros, un incremento de sus dotaciones de 70 millones de euros.
Así, destaca el incremento en las dotaciones del Fondo de Protección a la Cinematografía, que pasa de 65 millones de euros a 106 millones de euros, con el que se financian diversas convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva.
La Mesa del Congreso ha calificado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 y ha aprobado su calendario de tramitación, fechando el próximo jueves 27 de octubre su primera votación, la de las enmiendas a la totalidad.
Para entonces, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos deberá contar con apoyos suficientes para respaldar la tramitación de sus nuevas cuentas y rechazar las enmiendas de totalidad de los grupos que tratan de tumbar los Presupuestos.
Según el calendario aprobado por el Congreso, recogido por Europa Press, los grupos tendrán hasta el próximo lunes a las 14 para solicitar las comparecencias de altos cargos para explicar los principales números del proyecto.
Las comparecencias de altos cargos tendrán lugar en dos semanas, entre el lunes 17 y el viernes 21 de octubre. Tras escucharles, ese mismo viernes los grupos deberán decidir si presentan o no enmienda de totalidad a las nuevas cuentas para defender ante el Pleno del Congreso la devolución del Presupuesto.
El Gobierno de coalición ha decidido aplicarse una subida salarial del 4% para el próximo año, por encima del 3,5% previsto para funcionarios y diputados. Con ello, el sueldo anual del presidente Pedro Sánchez será de 90.010,20 euros anuales, lo que supone una retribución mensual de 7.500 euros.
El Ministerio de Hacienda pactó con Comisiones Obreras y UGT una subida de sueldo para los funcionarios de hasta un 3,5% en 2023 y, en consecuencia, ese mismo porcentaje es el que el Congreso y el Senado acordó aplicar también a sus señorías.
Ahora, en los Presupuestos Generales del Estado que acaba de presentar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se aplica al Ejecutivo una subida de sueldo del 4%, medio punto por encima de ese listón.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública plantea aprobar el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas como enmienda a la proposición de ley que tramita el Congreso para gravar los ingresos extraordinarios a grandes energéticas y entidades financieras. En estas enmiendas también se incluiría la limitación de las desgravaciones en el Impuesto sobre Sociedades para las grandes multinacionales, que recortará al 50% la posibilidad de compensar pérdidas de filiales en grupos consolidados.
Según han informado fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero, la intención del Ejecutivo pasa por aprobar estas dos medidas como enmiendas, agilizando su tramitación y asegurando su aprobación antes de fin de año, junto a los dos nuevos impuestos para el sector energético y financiero.
Estos dos nuevos impuestos fueron anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Debate sobre el estado de la nación en julio, registrados por PSOE y Unidas Podemos en agosto y tomados en consideración por el Pleno del Congreso en septiembre. Se trata de dos gravámenes temporales previstos para los años 2023 y 2024 con los que el Gobierno busca compensar los ingresos extraordinarios del sector energético y financiero consecuencia de la subida de precios y de los tipos de interés.