Mazón cesa a Nuria Montes y sitúa a Marián Cano como nueva consellera de Turismo

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes ante el G20 que España va a comprometer 400 millones de euros destinados a la entidad del Banco Mundial que presta ayuda a los países más pobres. Según informa EFE, en concreto, avanzó que España "está dispuesta predicar con el ejemplo" en la lucha contra el hambre y la pobreza y comprometerá 400 millones de euros - lo que supone un incremento de casi el 40 % respecto a la anterior reposición- en la próxima reposición de la Asociación Internacional de Fomento, que es la entidad del Banco Mundial que ayuda a los países más pobres. La Asociación busca la erradicación del hambre y la pobreza para 2030 mediante el impulso político al más alto nivel mediante la movilización de la financiación y promocionando la cooperación horizontal entre países.

Sánchez hizo este anuncio ante el resto de líderes del G20 en su intervención en la primera sesión de la cumbre de este grupo de países que se celebra en Río de Janeiro, dedicada a abordar el problema del hambre y la pobreza en el mundo. Las intervenciones de los líderes, a excepción del anfitrión, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fueron a puerta cerrada, pero fuentes del Gobierno español informaron del anuncio de Sánchez.

El presidente del Gobierno aseguró que España ya está cumpliendo con sus objetivos que se ha puesto en el país, como subir el salario mínimo más de un 50% desde 2018, crear un Ingreso Mínimo Vital que ya está protegiendo a dos millones de ciudadanos y reducir la desigualdad a lo que ha calificado de "mínimos históricos".

Ante el plenario de la cumbre, en el que estuvo presente la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, como las parejas de otros líderes tras la invitación expresa realizada por Lula, Sánchez reiteró el apoyo de España a la Alianza contra el Hambre y la Pobreza que vio la luz oficialmente al inicio de la reunión y que se trata de una iniciativa impulsada por el presidente brasileño.

Sánchez ensalzó el liderazgo personal de Lula para la creación de la Alianza, además de expresar su apoyo a su propuesta de crear un impuesto global para las grandes fortunas. Sánchez enmarcó este impuesto en una de las acciones que pueden mejorar el acceso al capital en los países en desarrollo que lo necesiten, así como políticas de lucha contra la evasión y elusión fiscales, y de mejora de la justicia fiscal. 

Para Sánchez, hay cifras "inaceptables" y totalmente evitables, como que alrededor de 733 millones de personas pasaban hambre en 2023, mientras que aproximadamente 712 millones de personas vivían en la pobreza extrema en 2022, 23 millones más que en 2019. Por eso consideró que no hay causa más importante ni urgente por la que luchar que erradicar el hambre, disminuir drásticamente la pobreza y reducir desigualdades. Además, destacó que la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la pobreza se ven agravadas por el cambio climático, y por eso llamó a luchar contra ello.

El presidente de Gobierno defendió también que para erradicar el hambre y la pobreza y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU hay que revisar la financiación para el desarrollo, por eso instó a adoptar decisiones audaces en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que se celebrará en España el próximo año. Declaró además que son necesarios, compromisos concretos para reformar la arquitectura financiera internacional y hacerla más inclusiva, democrática, responsable y sensible a las necesidades de los países en desarrollo.

Según informa EFE, la secretaria general de Podemos en Andalucía, Martina Velarde, ha anunciado este lunes que no aspirará a la reelección en el proceso de primarias del próximo 14 de diciembre, y su lista la liderará su secretaria de Organización, Raquel Martínez. Velarde ha anunciado su decisión en rueda de prensa en Sevilla y ha explicado que continuará como diputada en el Congreso de los Diputados.

Martínez se enfrentará con toda probabilidad a la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, aunque tiene encima de la mesa una propuesta para ir en una lista conjunta. Podemos ha iniciado este lunes el proceso para renovar liderazgos en las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha y Euskadi, que comenzará con la presentación de candidaturas y finalizará con una votación a la que está llamada la militancia del 9 al 13 de diciembre.

El proceso para elegir a los nuevos coordinadores y direcciones autonómicas de los citados territorios estaba previsto que comenzara el pasado 4 de noviembre, pero la formación morada decidió retrasarlo por la dana. A partir de este lunes, podrán presentarse candidaturas a la coordinación, al Consejo Ciudadano Autonómico y a la Comisión de Garantías Democráticas. A continuación, los aspirantes tendrán un plazo para presentar avales y días después se harán públicas las candidaturas y listas definitivas, con la intención de celebrar la votación telemática entre el 9 y el 13 de diciembre.

"Me despido tras 4 años de mucho trabajo pero también de mucho cariño por parte de mis compañeros y compañeras", ha indicado Velarde en su cuenta de la red social X. Ha asegurado que termina su mandato "con un equipo unido, que ha ido a una, y con incorporaciones fundamentales como (Diego) Cañamero y como nuestra juventud de Rebeldía", ha recalcado la líder de Podemos en Andalucía.

La calidad de la democracia en España, según los expertos, se mantiene con una nota media de 6,4 sobre diez, igual que el año pasado, un dato "llamativo", señalan, en un momento en que la polarización ha crecido de manera significativa y hay un debate amplio sobre cuestiones centrales del modelo democrático.

Estas son algunas de las conclusiones del informe de la Fundación Alternativas que ha presentado en el Congreso el vicepresidente primero de la Mesa de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, sobre el estado de la democracia española en 2023, un año marcado por elecciones generales, autonómicas y municipales, y que lleva por título 'La renuncia del centro'. También destaca el informe que un 79 % de los expertos consultados es favorable a una reforma de la Constitución, en la que priorizarían la revisión de la organización territorial, la reforma del poder judicial y el blindaje de nuevos derechos sociales.

Como en los análisis anteriores de la institución, "las principales debilidades de la democracia española" son la corrupción, la falta de respeto que muestran los medios de comunicación, la dependencia económica del poder político, las interferencias internacionales sobre el país, la escasa accesibilidad de los representantes y "el difícil y desigual acceso al poder". Destaca respecto de la corrupción que, un año más, repite como lo peor valorado y nunca ha llegado al aprobado. En este informe baja del 4,7 de la edición anterior -el más alto de la serie- al 4,6.

El papel de los medios se sitúa en el límite del aprobado y alcanza su peor valoración desde 2019, algo que los analistas argumentan que puede deberse a "las polémicas por la proliferación de pseudomedios y al clima de polarización". Además, apuntan a otras cuestiones que deben mejorarse como la baja participación ciudadana, "la alineación de los medios de comunicación con determinadas posiciones partidistas", la dependencia de los partidos del poder económico y la escasa cooperación entre los distintos niveles de gobierno.

En cuanto a las principales fortalezas, los especialistas subrayan la limpieza de las elecciones y la libertad de voto, seguido por el respeto a las libertades religiosas, de partidos políticos y sindicatos aparte del "ajuste a la legalidad de los funcionarios y el cumplimiento de las obligaciones europeas".

La amnistía, "un efecto negativo en la recuperación del consenso".

El documento también hace referencia a la ley de amnistía, que aunque se aprobó definitivamente en mayo pasado, ya estaba encauzada en 2023, y señala al respecto que, si bien esta la ley puede atajar la vía unilateral en Cataluña, creen que tendrá "un efecto negativo en la recuperación del consenso". También auguran que tendrá ese efecto negativo "en el respeto a los valores constitucionales" aunque no aprecian que las percepciones sobre la ley de amnistía estén relacionadas con la evaluación que los expertos realizan de la democracia, según el estudio.

Un 45 % cree que la ley de amnistía tendrá un efecto positivo a la hora de parar está la vía unilateral, mientras que el 29 % piensa que será negativa, y en cuanto a la convivencia entre españoles: un 39 % espera un efecto positivo y un 37 % augura un impacto negativo. De forma general, ponen en valor que la democracia española haya logrado garantizar un alto grado de libertades y derechos para la ciudadanía, "lo que es una muestra de su solidez como sistema político". Aunque también subrayan que "no deben descuidarse" aspectos centrales de la sociedad del bienestar, entre ellos la atención a la salud y a la educación.

Mejoría en casi todos los aspectos del régimen político

La calificación obtenida (un 6,4) es la misma que la democracia española consiguió en 2023 cuando obtuvo el máximo histórico de la serie, es decir, de los últimos quince años, y subraya la encuesta que pese a este clima de crispación y de "alta desconfianza en los líderes", se detecta continuadamente "las fortalezas" del sistema. Los especialistas apuntan por otra parte que desde 2015, tras múltiples procesos electorales y la irrupción de nuevos partidos políticos, se aprecia una mejora de la valoración en casi todos los aspectos del régimen político.

Concretamente, ven una mejoría en la esfera social, la participación de la mujer, la responsabilidad de los poderes territoriales (ayuntamientos y comunidades autónomas) y la implicación de la ciudadanía "en los objetivos públicos". Las más sobresalientes tienen que ver con la celebración de las elecciones limpias y la libertad de voto, seguidas por el respeto a las libertades religiosa, de partidos políticos y sindicatos ‒de asociación, en general‒, así como el ajuste a la legalidad de los funcionarios y el cumplimiento de las obligaciones europeas. Entrando más al detalle, el informe subraya que cuatro de estas cuestiones cuentan con una nota de más del 7,5: el respeto a las prácticas religiosas, la libertad de asociación, sindical y la libertad "para que cada cual pueda vivir su vida como quiera"

La nueva portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha criticado este lunes que el PSPV y Compromís quieran "reabrir el debate" sobre la comida que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, mantuvo el 29 de octubre, el día de la dana, al haber pedido la factura de esa comida.

En su primera rueda de prensa como portavoz, la vicepresidenta del Consell ha afirmado que ya hace diez días que se explicó que fue una comida de trabajo y se ha contado "con quién, para qué y se ha explicado sobre todo que el president estaba perfectamente atendiendo a sus responsabilidades y localizado". "Esto es lo que está acreditado, y por tanto no voy a dar más círculos y más vueltas a la misma respuesta", ha aseverado Camarero, quien ha considerado que lo que hay que trasladar a la opinión pública es "lo que de verdad importa", que es cómo se va trabajar en la recuperación de Valencia tras la dana.

La portavoz ha lamentado los "bulos" que se difundieron en torno a esta comida, sobre la que no va a "volver atrás en cuestiones que están más que explicadas", y se ha peguntado si es que a alguien le interesa volver a hablar de ella "como una bomba de humo" para que no se hable, por ejemplo, de la situación política de Teresa Ribera.

Ha hecho hincapié en que la cronología de lo que hizo el president el día de la dana está "más que conocida, más que explicada y más que acreditada" en "cada minuto de ese día", y ha añadido que con la información de la que disponía de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) y de la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ), Mazón estaba "atento, pendiente y al teléfono".

Camarero ha insistido en que el día de la dana el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) estuvo "perfectamente formado y constituido", no solo por la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, sino también por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y representantes de Aemet la CHJ, el consorcio de bomberos y el 112. "Estaban todos los responsables que tenían que estar en ese momento, y entre ellos de forma colegiada y compartida tomaron las decisiones que se tomaron durante esa tarde", ha afirmado la portavoz del Gobierno valenciano.

A su juicio, si hay una información que aún no se ha tenido es "qué pasó durante las dos horas y media de silencio" de la CHJ, que desde las 16:30 horas a las 18:43 no trasladó "ninguna información" sobre las crecidas en el barranco del Poyo, mientras que "todo lo demás está conocido y está acreditado".

Preguntada por el hecho de que Salomé Pradas siga asistiendo a las reuniones del CECOPI cuando previsiblemente va a ser destituida, ha indicado que mientras sea la consellera de Justicia es la presidenta de ese órgano que coordina la emergencia, donde se trabaja "con normalidad y no hay ninguna disfunción". La vicepresidenta ha avanzado finalmente que Mazón no va a asistir a la próxima reunión del Comité de Regiones en Bruselas, ya que está dedicado "en cuerpo y alma" a la reconstrucción y recuperación de los municipios afectados por la dana.

Según informa EFE la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes en València que ya se han abierto 106 expedientes a empresas por incumplir la normativa laboral durante la dana y que esta cifra continuará subiendo porque Inspección de Trabajo está trabajando a gran velocidad.

Tras reunirse con autoridades autonómicas y agentes sociales de la Comunitat Valenciana, la vicepresidenta ha informado de que, hasta ahora, hay 18.668 trabajadores protegidos a través de alguno de los 1.490 ERTE por fuerza mayor aprobados en el marco de la catástrofe. Hasta el pasado viernes, el número de trabajadores era de 15.952, de un total de 1.178 empresas solicitantes.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, sigue trabajando en la configuración de su nuevo "Consell de la reconstrucción", para el que incorporará a "gente preparada" y "que sabe", mientras desde la oposición, el PSPV y Compromís buscan fórmulas para apartarle del gobierno autonómico. Tres días después de que avanzara en Les Corts que remodelará su gobierno, con una vicepresidencia y Conselleria de la recuperación económica y social y una nueva Conselleria de Emergencias e Interior, el único avance conocido hasta ahora ha sido, a través de un comunicado remitido a última hora del domingo, la designación de la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, como nueva portavoz del Consell en sustitución de Ruth Merino, que sigue como consellera de Hacienda.

"Esta y no otra" es la labor que el president ha encomendado a Camarero, según ha explicado ella en su primera rueda de prensa como portavoz, al ser preguntada por si había rechazado asumir la nueva vicepresidencia para la recuperación, y donde ha dicho que ella nunca diría que no al president en ninguna labor que le hubiera encomendado.

Respecto a la configuración del nuevo Consell, Mazón ha señalado a su llegada al Cecopi que está avanzando para incorporar a "gente que sabe, gente preparada" y que va a ayudar a los valencianos a levantarse para la recuperación tras la dana, y ha señalado que en las próximas horas y días dará cuenta de las nuevas incorporaciones. Ha adelantado que está "muy satisfecho con la capacidad, con la dedicación y con la profesionalidad" de los perfiles que se van a conocer, y ha defendido que es un proyecto "muy serio, muy centrado y muy priorizado en gente que sabe, gente preparada".

Feijóo: Hay que recuperar la confianza

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado desde Madrid una reconstrucción de la Comunitat Valenciana en la que no quepan errores y ha conminado al PP de esa región, y al president de la Generalitat, a recuperar la confianza de sus ciudadanos. "La confianza, máxime cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla", ha manifestado ante la Junta Directiva Nacional de su partido, donde también ha exigido evaluar desde la crítica y la autocrítica la tragedia y "compensar" lo ocurrido con una reconstrucción que permita a la gente vivir con normalidad y "tener la seguridad de que esto no va a volver a pasar".

Fórmulas para apartar a Mazón

Para el PSPV y Compromís, Carlos Mazón no puede seguir como president de la Generalitat ni un minuto más, aunque ambos partidos difieren en la manera de apartarle del cargo.

El PSPV insiste en su hoja de ruta: pedir al PP la destitución de Mazón, la formación de un Gobierno liderado por el PP pero con un perfil técnico y centrado en la reconstrucción, y convocar elecciones en el año 2025, cuando la situación se haya normalizado. Así lo ha planteado de nuevo la ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, quien ha ofrecido los votos del PSOE para formar ese Gobierno de perfil técnico.

Por su parte, el portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha ofrecido los 15 diputados de su grupo parlamentario al PSPV-PSOE para presentar una moción de censura a Mazón, una medida que ve absolutamente necesaria "por "dignidad y por decencia". Ha explicado que la presentación de una moción de censura necesita de 20 diputados -el reglamento de Les Corts establece que la puede proponer la quinta parte de los 99 diputados que conforman el hemiciclo-, por lo que han hecho este ofrecimiento a los socialistas, que tienen 31.

Diana Morant ha dicho que "respeta y comprende" la propuesta de Compromís pero cree que una "solución realista y transitoria" es que Feijóo "destituya a Mazón para dar paso a un gobierno de perfil técnico focalizado en la reconstrucción.

Camarero pide a PSPV y Compromís que bajen al barro

Para la nueva portavoz del Consell, el PSPV-PSOE y Compromís quizá deberían "bajar más al barro" para hablar con los afectados por la dana y ver sus problemas, en lugar de estar "en el tacticismo electoral" de plantear mociones de censura o dimisiones. Sobre los cambios en el Consell, ha afirmado que será el president quien contará "en tiempo y forma, cuando él considere", la remodelación en la que se va a contar "con los mejores", mientras que ha asegurado que se sienten respaldados por Feijóo y por el PP, como "no podía ser de otra manera".

Desde Vox, su síndic en Les Corts, José María Llanos, ha afirmado que "sea cual sea" el nuevo Gobierno valenciano, "que se ponga a trabajar desde ayer", porque los valencianos necesitan soluciones "desde ya" para sacar adelante la "grave" situación que ha dejado la dana. Asimismo, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha avanzado que no apoyarán la moción de censura contra el president de la Generalitat porque "con partidos separatistas" no van "ni a la vuelta de la esquina".

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha dicho que están apurando las negociaciones con los socios parlamentarios para tratar de sacar adelante el paquete fiscal en la comisión de este lunes y ha subrayado que ahora mismo no contemplan la opción de votar solo la transposición de la directiva europea.

"Estamos trabajando intensamente para sacar la mejor reforma fiscal", ha dicho en una rueda de prensa en la sede de Sumar.

El también ministro de Cultura ha reiterado en varias ocasiones que ahora mismo no están en el escenario de someter a votación en la comisión de Hacienda de este lunes en el Congreso únicamente la transposición de la directiva europea, que establece un tipo mínimo para las multinacionales, y excluir el paquete fiscal.

No obstante, es consciente de la dificultad de llegar a un acuerdo, ya que el PSOE pactó medidas tributarias con PNV y Junts a cambio de dejar caer el impuesto sobre las energéticas, y luego con Sumar, pero otros socios del Gobierno como ERC, EH Bildu, Podemos y BNG se niegan a apoyar el paquete fiscal a menos que se mantenga el impuesto energético, al que la formación de Yolanda Díaz asegura que no renuncia pese a todo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado una reconstrucción de la Comunitat Valenciana en la que no quepan errores y ha conminado al PP de esa región, y al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a recuperar la confianza de sus ciudadanos.

"Tenéis que seguir dando la cara, ayudando al pueblo, escuchándolo, porque la rabia y la decepción hay que entenderla dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones", ha afirmado Feijóo este lunes en su discurso, en abierto, ante la Junta Directiva Nacional de su partido.

Tres días después de que Mazón compareciese en el parlamento valenciano y se comprometiese a no buscar la reelección si no es capaz de liderar la reconstrucción en Valencia, Feijóo ha recalcado: "La confianza, máxime cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla".

También ha exigido evaluar desde la crítica y la autocrítica la tragedia y "compensar" lo ocurrido con una reconstrucción que permita a la gente vivir con normalidad y "tener la seguridad de que esto no va a volver a pasar". "No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir con las mismas consecuencias", ha recalcado.

La vicepresidenta y nueva portavoz del gobierno de la Comunidad Valenciana, Susana Camarero, ha considerado que el PSPV-PSOE y Compromís quizá deberían "bajar más al barro" para hablar con los afectados por la dana, en lugar de estar "en el tacticismo electoral" de plantear mociones de censura o dimisiones.

En su primera rueda de prensa tras ser nombrada portavoz del Consell, Camarero ha expresado su "agradecimiento infinito" al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la confianza al designarle "la voz del Consell" en esta nueva etapa, y ha asegurado que esta y no otra es la tarea que le ha encomendado, pues nunca le diría que no.

Sobre el resto de cambios en el Consell, ha afirmado que será el presidente quien contará "en tiempo y forma, cuando él considere", la remodelación en la que se va a contar "con los mejores".

Ha asegurado que se sienten respaldados por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y por el conjunto del partido, como "no podía ser de otra manera".

Los problemas políticos en general han escalado a la primera posición en la lista de preocupaciones de los españoles tras el paso por la dana, al subir algo más de cinco puntos en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de noviembre (23,8 %) sobre el estudio del pasado mes de octubre.

Por contra, la inmigración, que se disparó como preocupación ciudadana en septiembre y octubre al primer lugar de los problemas del país, cae ahora al quinto, mencionado por un 18,4 por ciento de los encuestados, superado por los problemas políticos, la vivienda, la crisis económica y el paro.

La vivienda es la segunda preocupación de los entrevistados en el estudio, que se realizó entre el 2 y el 7 de noviembre, y sube un puesto pero no de porcentaje (tenía un 22,7 en octubre, dos décimas más que en la actualidad).

El tercer lugar lo ocupa la crisis y los problemas económicos, que en el pasado barómetro era el segundo problema al inquietar al 21,9 %, cayendo casi un punto.

Los españoles sitúan el paro (21,3 %), que cae siete décimas, y la inmigración (que pasa del 28,1 de octubre al 18,4), en el cuarto y quinto lugar.

El juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha decidido imputar al exconsejero madrileño Juan José Güemes, que es directivo en el Instituto de Empresa, al que hoy había citado como testigo.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el juez Juan Carlos Peinado ha comunicado a Güemes el cambio de condición en la propia sala tras su declaración.

El juez investiga en esta causa presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias que, además de contra Begoña Gómez, se dirige contra el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.

Peinado citó a Juan José Güemes hace un mes, después de que la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE) le señalara como la persona que dio la orden de contratar a la mujer del presidente del Gobierno como responsable del instituto África Center, dependiente del IE. 

El sindicato CSIF se ha opuesto a la posible incorporación en nueve meses a la sanidad pública del millón de funcionarios que reciben actualmente asistencia sanitaria a través de Muface, que quedaría suprimida, tal y como plantea el Ministerio de Sanidad.

En un comunicado, CSIF ha informado de que se ha dirigido a los ministerio de Función Pública y de Sanidad para pedir explicaciones por el informe de éste último en el que se plantea trasladar a la sanidad pública la financiación que actualmente se destina a las aseguradoras privadas que participan en el concierto sanitario.

"No vamos a aceptar bajo ningún concepto una decisión unilateral del Gobierno sobre esta cuestión", ha señalado CSIF, que ha pedido una nueva licitación para el concierto con las aseguradoras, tal y como el Gobierno se comprometió a hacer en la última reunión del Consejo General de Muface.

Asimismo, CSIF ha dicho que, en caso de que el Gobierno no ofrezca "una respuesta adecuada", llevarán a cabo manifestaciones, paros o, incluso, una huelga en la función pública.

El síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha asegurado este lunes que cualquier remodelación del Consell que plantee el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, será "absolutamente insuficiente" mientras se mantenga él al frente, ya que está "inhabilitado para seguir".

Muñoz ha anunciado que van a pedir la factura de "la presunta" comida que Mazón mantuvo el 29 de octubre, el día de la dana, pues ha dado "cinco versiones distintas" de por qué "no estaba en el puesto de mando cuando tocaba" y puede que haya incluso "un sexta" versión.

El síndic socialista ha insistido en que "el problema para la reconstrucción" en la Comunitat Valenciana es Mazón, quien "falló estrepitosamente" el día de la dana que devastó la provincia de Valencia, "cuando no estuvo en su puesto haciendo lo que tenía que hacer", y no tiene "autoridad moral" para liderar este proceso.

Ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "una respuesta inmediata" a la propuesta socialista de destituir a Mazón como presidente de la Generalitat, nombrar un Consell técnico para la reconstrucción y convocar elecciones anticipadas en 2025.

La portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, ha reprochado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparecerá tarde en el pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión de la dana, previsiblemente el miércoles 27, y le ha pedido asumir responsabilidades.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Pérez ha comentado que "está bien" que Sánchez comparezca en el Congreso, pero cree que "es lo que debía haber hecho la semana pasada o la anterior, en lugar de mandar a comparecer a otros ministros como el de Política Territorial".

"Esperamos que en esta comparecencia Sánchez no haga lo mismo que hizo el viernes pasado (Carlos) Mazón en les Corts Valencianes: echar balones fuera, volver a la pelea partidista y no asumir responsabilidad alguna", ha dicho en alusión al presidente de la Generalitat valenciana, del PP.

En su opinión, Mazón es "culpable de una gestión homicida y criminal" de la dana que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana, pero Sánchez "tiene responsabilidad también por inacción" al no haber "tomado el mando cuando debía" y no haber decretado el estado de alarma ante una situación "catastrófica".

El presidente andaluz y vicepresidente del Comité de las Regiones de la UE, Juanma Moreno, ha asegurado en Bakú que la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene que demostrar, como cualquier otro aspirante a cargos europeos, que es la mejor candidata al puesto que pretende asumir en la Comisión Europea.

"Cualquier comisario europeo lo que asume es una enorme responsabilidad en el Gobierno de Europa, y por eso se requiere un nivel de exigencia máximo", ha añadido Moreno durante una rueda de prensa en la cumbre climática COP29 que se celebra en la capital de Azerbaiyán.

Las declaraciones las ha hecho Moreno tras ser preguntado por el supuesto bloqueo del Partido Popular Europeo contra la ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, candidata española a convertirse en numero dos de la Comisión Europea, con una vicepresidencia con atribuciones de política verde y la cartera de competencia.

El número de trabajadores amparados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor tras la dana asciende a 18.668 personas, que están empleadas en alguna de las 1.498 empresas que han solicitado esta protección, según datos del Ministerio de Trabajo difundidos este jueves que recoge EFE.

Según datos de la Generalitat, hasta ayer se habían resuelto 1.326 de estos expedientes presentados, el 92 % del total.

Además de los ERTE, se habían solicitado 15 expedientes de regulación de empleo (ERE), que implican despidos.

El Gobierno calcula que unos 350.000 asalariados que trabajan en los municipios afectados por la dana podrían verse protegidos por los ERTE de fuerza mayor y 37.000 empresas, totalmente exoneradas del pago de las cuotas a la Seguridad Social de sus empleados hasta febrero de 2025.

Asimismo, son 70.000 los autónomos en la zona que podrán pedir el cese extraordinario habilitado, de forma que los potenciales beneficiarios directos de estas medidas incluidas en el plan de respuesta a la crisis de la dana superarían los 400.000.

Un geoportal que integra 70 mapas procedentes de distintas fuentes, desde la Generalitat Valenciana hasta la Unión Europea, contribuirá con información gráfica "relevante y unificada" al apoyo a los afectados, los trabajos de restauración de las Administraciones Públicas y la elaboración de análisis para diagnósticos futuros, según recoge EFE.

Esta herramienta, de difusión gratuita, incorpora datos y mapas en un entorno abierto, con un visor que permite estudiar la información geográfica de manera superpuesta con opciones de transparencias y personalización en el orden de activación de las capas —incluyendo distintas cartografías y fotografías aéreas— según un comunicado facilitado por la firma de urbanismo Arnaiz y la empresa tecnológica Urbimática, encargadas de su puesta en marcha.

El geoportal, que puede encontrarse en esta dirección, presenta datos procedentes de "fuentes clave" como la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del Ministerio de Transición Ecológica, el Instituto Geográfico Nacional, la Universidad Valenciana o el programa Copernicus, entre otras.

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha ofrecido este lunes los 15 diputados de su grupo parlamentario al PSPV-PSOE para presentar una moción de censura al president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la gestión que ha hecho de la dana.

Baldoví ha explicado a los medios de comunicación que la presentación de una moción de censura necesita de 20 diputados, por lo que han hecho este ofrecimiento a los socialistas, y que "por dignidad y decencia" es necesario presentarla tras la comparecencia de Mazón en Les Corts, aunque finalmente no fructifique.

El síndic de Compromís ha avanzado que no aspiran a tener un cargo en el nuevo Consell, sino que lo primordial es que Mazón no siga "ni un minuto más" al frente de la presidencia de la Generalitat. 

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la gestión de la catástrofe de la dana será "absolutamente clarificadora" y "esclarecedora".

Torres se ha expresado así en declaraciones a los periodistas a su llegada al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat para asistir a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), al que asiste también el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

"Va a ser una comparecencia absolutamente esclarecedora de todo el trabajo que está haciendo el Gobierno desde el 29 octubre, con los comités de crisis diarios, con dos decretos ley ya en vigor, 14.000 millones de euros en ayudas y la presencia del Gobierno a través de la delegada del Gobierno en los CECOPI", ha dicho.

Preguntado por las acusaciones de Mazón al Gobierno de difundir "bulos", el ministro ha subrayado que "la ciudadanía tiene bien claro lo ocurrido: los pasos, la cronología y también lo que tenía que hacerse o no por parte de los responsables políticos".