Lula insta al G20 a imponer tributos a los superricos

El Gobierno ha salvado en la Comisión de Hacienda del Congreso la ley que regula el tipo mínimo de las multinacionales y parte de su paquete fiscal gracias al acuerdo alcanzado en el último momento con ERC, Bildu y BNG para prorrogar un año más el gravamen a las grandes energéticas.

Aunque este acuerdo parece contradecir el pacto que el Gobierno mantenía con Junts -y que preveía, precisamente, dejar caer el impuesto energético-, el grupo independentista ha apoyado el texto.

En ese sentido, el Ministerio de Hacienda ha aclarado en un comunicado que "mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización".

La ley pasa ahora al Pleno, que la debatirá el jueves, donde son necesarios los votos tanto de Junts como de Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, ha advertido que sin Junts el acuerdo es "papel mojado" y solo apoyará la reforma fiscal si el impuesto energético realmente se mantiene.

La Comisión de Hacienda ha vivido este lunes una jornada caótica, que se ha prolongado durante casi ocho horas, hasta bien pasada la medianoche, con varios recesos y que ha culminado con un cambio de socios cuando todo apuntaba a que la ley iba a decaer por falta de apoyos -ERC, Bildu y BNG se negaban a apoyarla si no incluía el impuesto energético-.

Un eventual rechazo a la normativa hubiera supuesto un importante retraso en la transposición de la directiva del tipo mínimo, que ya está fuera de plazo y, por consiguiente, en riesgo de sanción. También hubiera complicado el quinto desembolso de los fondos europeos, al que está ligado la reforma fiscal.

Más impuestos al ahorro y al tabaco

Aunque el Gobierno no había logrado cerrar un acuerdo con sus socios parlamentarios, en la votación del centenar de enmiendas registradas se han aprobado algunas medidas, entre ellas subir dos puntos porcentuales el tipo del IRPF para la rentas del ahorro superiores a 300.000 euros, del 28 % al 30 %.

También cambios normativos para reforzar la lucha contra el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos y para paliar los efectos de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las reformas del impuesto de sociedades del PP, con medidas como la limitación de la compensación de las bases imponibles negativas o de las deducciones por doble imposición.

Asimismo, se ha acordado gravar los vapeadores y subir la fiscalidad del tabaco, promover una modificación de la directiva europea del IVA que permita aplicar el impuesto a los alquileres turísticos o impulsar la factura electrónica.

También mejoras en la tributación de las cooperativas, bajar el impuesto de sociedades a las cooperativas y empresas que facturan menos de un millón de euros, una mejora de la tributación de las actividades artísticas y una bonificación de las cuotas a la Seguridad Social para los clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro.

Impuestos a las grandes energéticas

La clave de la negociación ha sido desde el principio el mantenimiento del gravamen a las grandes energéticas, ya que el Gobierno pactó con PNV y Junts dejarlo caer a final de año pero ERC, Bildu y BNG lo reclamaban como requisito imprescindible para apoyar el paquete fiscal.

Finalmente, tras una negociación agónica y durante un último receso que se ha prolongado más de cuatro horas, ERC, Bildu y BNG han anunciado un acuerdo con el Gobierno para prorrogar un año más el gravamen energético, vía real decreto ley, a cambio de su apoyo.

También han acordado aprobar el impuesto a la banca en la votación del jueves en el Pleno -había sido rechazado en comisión-, lo que abre la puerta a rescatar otras enmiendas que no han sido incorporadas, como la subida de la fiscalidad del diésel, eliminar el régimen especial de las socimis o fijar un IVA del 21 % para los pisos de alquiler turístico. EFE

El presidente del Comisión de Hacienda del Congreso ha decidido suspender la sesión al menos hasta las 23.00 horas, lo que retrasará hasta entonces la votación de la transposición de la directiva del tipo mínimo de las multinacionales y el paquete fiscal del Gobierno.

Tras casi cinco horas de comisión, con varios recesos -el último de ellos de una hora-, el PSOE ha decidido volver a aplazar la votación en la que todo apuntaba a que iba a ser rechazado el texto, lo que ha generado críticas y protestas entre los diputados.

La comisión debatía este lunes el proyecto de ley que transpone la directiva europea que fija un tipo mínimo efectivo del 15 % para las multinacionales, una iniciativa que, en principio, contaba con apoyos suficientes para salir adelante, incluido el del PP.

Sin embargo, la inclusión en el texto de enmiendas -como la subida del IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros o gravar los vapeadores- ha llevado al PP a retirar su apoyo, que sumado a los anunciados rechazos de ERC y Bildu, hacían que el Gobierno no tuviera el respaldo necesario para sacarlo adelante.

Un eventual rechazo al texto obligaría al Gobierno a iniciar de nuevo la tramitación de la transposición de una directiva que ya está fuera plazo, con lo que España se arriesga a ser sancionada por Bruselas.

El Gobierno se ha comprometido hoy con ERC, Bildu y BNG a prorrogar un año más el gravamen extraordinario sobre las grandes energéticas, a pesar de que había pactado con Junts que este tributo decayera, han indicado las tres formaciones en un comunicado conjunto.

Este acuerdo se ha alcanzado en el marco de las negociaciones de la ley que transpone la directiva europea del tipo mínimo de las multinacionales, que saldrá adelante gracias al apoyo de estas tres formaciones en la Comisión de Hacienda del Congreso que lleva más de dos horas suspendida a falta de la votación final.

ERC, Bildu y BNG han acordado que el Gobierno presentará un real decreto ley para extender un año más, a 2025, el impuesto energético, que era un requisito irrenunciable de estas formaciones para apoyar la transposición de la directiva y el paquete energético del Gobierno, que se había incluido como enmiendas a esta ley.

El acuerdo también incluye el compromiso de aprobar en el Pleno del próximo jueves el mantenimiento del impuesto a la banca -que este lunes ha sido rechazado en comisión- y aumentar el tramo más alto del impuesto, así como que toda la recaudación se destine a las comunidades autónomas y se concierte el tributo con las haciendas forales.

Los tres partidos han celebrado este "acuerdo equilibrado" superando "obstáculos y diferencias" para avanzar hacia la justicia y la progresividad fiscal.

La aprobación de la transposición de la directiva ha estado en el aire hasta el último momento ante la negativa de ERC, Bildu y BNG de apoyarla si no incorporaba el impuesto energético y, al mismo tiempo, la decisión del PP de no votar a favor si incluía -como ha ocurrido- subidas fiscales.

Aunque no había un acuerdo con los socios parlamentarios del Gobierno, la comisión ha incorporado al texto varias enmiendas, entre ellas subir el IRPF para las rentas del capital de más de 300.000 euros, gravar los vapeadores, subir la tributación del tabaco o reformar el impuesto de sociedades para neutralizar la anulación de las reformas del PP a este impuesto. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a la Corporación RTVE con una multa de 405.000 euros por una infracción grave continuada al considerar que el diseño de la prueba del bocadillo del concurso 'Grand Prix' estuvo ligada al patrocinio de una empresa. Según fuentes de EFE, la resolución, del pasado 31 de octubre y a la que solo cabe ya recurso ante la Audiencia Nacional, se refiere a los tres programas emitidos el 22 y 28 de agosto y 4 de septiembre de 2023, y responde a una denuncia presentada por la asociación Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA).

Grand Prix es un programa concurso en el que se enfrentan dos pueblos en diversas pruebas. En este caso, el objeto de la denuncia fue la 'prueba del bocadillo', en la que los concursantes debían hacer el máximo de bocadillos de jamón que pudieran. La CNMC determina que se infringieron los requisitos del patrocinio establecidos en la Ley de Comunicación Audiovisual, ya que existió una relación entre la prueba y el patrocinio de un espacio del programa, que contrató la empresa Interporc. Es decir, que la CNMC sostiene que el patrocinio llevó a diseñar dentro del programa la prueba de elaboración de bocadillos de jamón. Además, durante la emisión de esos tres programas, se incluyó la prueba y, a continuación, se emitía la telepromoción en la que se publicitaba al patrocinador y el mismo producto de la prueba.

La CNMC cita, además, en su resolución, las tres notas de prensa que la empresa tenía publicadas en su página web sobre este patrocinio, y que hacían referencia a la prueba del bocadillo del concurso televisivo. La CNMC no atiende a las alegaciones de la Corporación, que negó que hubiera relación entre la prueba y el patrocinio, y defendió que la presencia de bocadillos de jamón en este programa no es inusual en este concurso.

El cuerpo sin vida del economista Antonio Noblejas, ex director general de la escuela de negocios EDEM, de 76 años de edad, fue encontrado este domingo junto al barranco del Poyo, en el término municipal de Ribaroja, según han confirmado a EFE fuentes de la familia. El cadáver fue localizado a mediodía de ayer por el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) y sumó una nueva víctima, la 219, a los fallecidos por la dana que el pasado 29 de octubre asoló parte de la provincia de Valencia.

Antonio Noblejas desapareció el pasado 29 de octubre cuando volvía de Chiva en coche tras compartir una comida con otros tres empresarios, Jose Luis Marín, propietario de los Colegios Mas Camarena; Vicente Tarancón, propietario de la firma de ropa deportiva Luanvi, y Miguel Burdeos Baño, fundador de la empresa SPB, cuyos cuerpos sin vida fueron también localizados

La cifra de víctimas mortales registradas a causa de la dana y las inundaciones posteriores que afectaron a la provincia de Valencia se mantiene en 219, mientras que la de desaparecidos es 11, dos menos que ayer, según el último balance oficial del Centro de Integración de Datos (CID).Según informa EFE, a todas estas 219 personas fallecidas se les ha practicado la autopsia y están plenamente identificadas: 170 por huellas dactilares, 45 por análisis de ADN y 4 por identificación hospitalaria en vida.

Por su parte, las oficinas 'ante mortem' habilitadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en colaboración con los médicos forenses contabilizan ahora 11 expedientes activos por denuncias de desaparición, dos menos que ayer.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes ante el G20 que España va a comprometer 400 millones de euros destinados a la entidad del Banco Mundial que presta ayuda a los países más pobres. Según informa EFE, en concreto, avanzó que España "está dispuesta predicar con el ejemplo" en la lucha contra el hambre y la pobreza y comprometerá 400 millones de euros - lo que supone un incremento de casi el 40 % respecto a la anterior reposición- en la próxima reposición de la Asociación Internacional de Fomento, que es la entidad del Banco Mundial que ayuda a los países más pobres. La Asociación busca la erradicación del hambre y la pobreza para 2030 mediante el impulso político al más alto nivel mediante la movilización de la financiación y promocionando la cooperación horizontal entre países.

Sánchez hizo este anuncio ante el resto de líderes del G20 en su intervención en la primera sesión de la cumbre de este grupo de países que se celebra en Río de Janeiro, dedicada a abordar el problema del hambre y la pobreza en el mundo. Las intervenciones de los líderes, a excepción del anfitrión, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fueron a puerta cerrada, pero fuentes del Gobierno español informaron del anuncio de Sánchez.

El presidente del Gobierno aseguró que España ya está cumpliendo con sus objetivos que se ha puesto en el país, como subir el salario mínimo más de un 50% desde 2018, crear un Ingreso Mínimo Vital que ya está protegiendo a dos millones de ciudadanos y reducir la desigualdad a lo que ha calificado de "mínimos históricos".

Ante el plenario de la cumbre, en el que estuvo presente la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, como las parejas de otros líderes tras la invitación expresa realizada por Lula, Sánchez reiteró el apoyo de España a la Alianza contra el Hambre y la Pobreza que vio la luz oficialmente al inicio de la reunión y que se trata de una iniciativa impulsada por el presidente brasileño.

Sánchez ensalzó el liderazgo personal de Lula para la creación de la Alianza, además de expresar su apoyo a su propuesta de crear un impuesto global para las grandes fortunas. Sánchez enmarcó este impuesto en una de las acciones que pueden mejorar el acceso al capital en los países en desarrollo que lo necesiten, así como políticas de lucha contra la evasión y elusión fiscales, y de mejora de la justicia fiscal. 

Para Sánchez, hay cifras "inaceptables" y totalmente evitables, como que alrededor de 733 millones de personas pasaban hambre en 2023, mientras que aproximadamente 712 millones de personas vivían en la pobreza extrema en 2022, 23 millones más que en 2019. Por eso consideró que no hay causa más importante ni urgente por la que luchar que erradicar el hambre, disminuir drásticamente la pobreza y reducir desigualdades. Además, destacó que la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la pobreza se ven agravadas por el cambio climático, y por eso llamó a luchar contra ello.

El presidente de Gobierno defendió también que para erradicar el hambre y la pobreza y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU hay que revisar la financiación para el desarrollo, por eso instó a adoptar decisiones audaces en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que se celebrará en España el próximo año. Declaró además que son necesarios, compromisos concretos para reformar la arquitectura financiera internacional y hacerla más inclusiva, democrática, responsable y sensible a las necesidades de los países en desarrollo.

Según informa EFE, la secretaria general de Podemos en Andalucía, Martina Velarde, ha anunciado este lunes que no aspirará a la reelección en el proceso de primarias del próximo 14 de diciembre, y su lista la liderará su secretaria de Organización, Raquel Martínez. Velarde ha anunciado su decisión en rueda de prensa en Sevilla y ha explicado que continuará como diputada en el Congreso de los Diputados.

Martínez se enfrentará con toda probabilidad a la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, aunque tiene encima de la mesa una propuesta para ir en una lista conjunta. Podemos ha iniciado este lunes el proceso para renovar liderazgos en las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha y Euskadi, que comenzará con la presentación de candidaturas y finalizará con una votación a la que está llamada la militancia del 9 al 13 de diciembre.

El proceso para elegir a los nuevos coordinadores y direcciones autonómicas de los citados territorios estaba previsto que comenzara el pasado 4 de noviembre, pero la formación morada decidió retrasarlo por la dana. A partir de este lunes, podrán presentarse candidaturas a la coordinación, al Consejo Ciudadano Autonómico y a la Comisión de Garantías Democráticas. A continuación, los aspirantes tendrán un plazo para presentar avales y días después se harán públicas las candidaturas y listas definitivas, con la intención de celebrar la votación telemática entre el 9 y el 13 de diciembre.

"Me despido tras 4 años de mucho trabajo pero también de mucho cariño por parte de mis compañeros y compañeras", ha indicado Velarde en su cuenta de la red social X. Ha asegurado que termina su mandato "con un equipo unido, que ha ido a una, y con incorporaciones fundamentales como (Diego) Cañamero y como nuestra juventud de Rebeldía", ha recalcado la líder de Podemos en Andalucía.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha nombrado a la presidenta ejecutiva de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) desde 2015, Marián Cano, nueva consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en sustitución de Nuria Montes, quien fue criticada por sus declaraciones sobre la presencia de familiares de víctimas de la dana en la morgue de la Feria Valencia.

Montes afirmó que no se iba a permitir el acceso de familiares a la zona donde se tenían custodiados a todos los fallecidos y les instó a "esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente", unas declaraciones por las que pidió perdón horas después en un vídeo por "la falta de empatía y de sensibilidad" de sus palabras.

Marián Cano, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, también forma parte del Comité Ejecutivo de la Confederación Empresarial Comunitat Valenciana(CEV), del pleno de la Mesa de Diálogo Social de la Generalitat, del Observatorio de Industria y los Sectores Económicos Valencianos, de la Asamblea General de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Asamblea de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), entre otros cargos.

La calidad de la democracia en España, según los expertos, se mantiene con una nota media de 6,4 sobre diez, igual que el año pasado, un dato "llamativo", señalan, en un momento en que la polarización ha crecido de manera significativa y hay un debate amplio sobre cuestiones centrales del modelo democrático.

Estas son algunas de las conclusiones del informe de la Fundación Alternativas que ha presentado en el Congreso el vicepresidente primero de la Mesa de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, sobre el estado de la democracia española en 2023, un año marcado por elecciones generales, autonómicas y municipales, y que lleva por título 'La renuncia del centro'. También destaca el informe que un 79 % de los expertos consultados es favorable a una reforma de la Constitución, en la que priorizarían la revisión de la organización territorial, la reforma del poder judicial y el blindaje de nuevos derechos sociales.

Como en los análisis anteriores de la institución, "las principales debilidades de la democracia española" son la corrupción, la falta de respeto que muestran los medios de comunicación, la dependencia económica del poder político, las interferencias internacionales sobre el país, la escasa accesibilidad de los representantes y "el difícil y desigual acceso al poder". Destaca respecto de la corrupción que, un año más, repite como lo peor valorado y nunca ha llegado al aprobado. En este informe baja del 4,7 de la edición anterior -el más alto de la serie- al 4,6.

El papel de los medios se sitúa en el límite del aprobado y alcanza su peor valoración desde 2019, algo que los analistas argumentan que puede deberse a "las polémicas por la proliferación de pseudomedios y al clima de polarización". Además, apuntan a otras cuestiones que deben mejorarse como la baja participación ciudadana, "la alineación de los medios de comunicación con determinadas posiciones partidistas", la dependencia de los partidos del poder económico y la escasa cooperación entre los distintos niveles de gobierno.

En cuanto a las principales fortalezas, los especialistas subrayan la limpieza de las elecciones y la libertad de voto, seguido por el respeto a las libertades religiosas, de partidos políticos y sindicatos aparte del "ajuste a la legalidad de los funcionarios y el cumplimiento de las obligaciones europeas".

La amnistía, "un efecto negativo en la recuperación del consenso".

El documento también hace referencia a la ley de amnistía, que aunque se aprobó definitivamente en mayo pasado, ya estaba encauzada en 2023, y señala al respecto que, si bien esta la ley puede atajar la vía unilateral en Cataluña, creen que tendrá "un efecto negativo en la recuperación del consenso". También auguran que tendrá ese efecto negativo "en el respeto a los valores constitucionales" aunque no aprecian que las percepciones sobre la ley de amnistía estén relacionadas con la evaluación que los expertos realizan de la democracia, según el estudio.

Un 45 % cree que la ley de amnistía tendrá un efecto positivo a la hora de parar está la vía unilateral, mientras que el 29 % piensa que será negativa, y en cuanto a la convivencia entre españoles: un 39 % espera un efecto positivo y un 37 % augura un impacto negativo. De forma general, ponen en valor que la democracia española haya logrado garantizar un alto grado de libertades y derechos para la ciudadanía, "lo que es una muestra de su solidez como sistema político". Aunque también subrayan que "no deben descuidarse" aspectos centrales de la sociedad del bienestar, entre ellos la atención a la salud y a la educación.

Mejoría en casi todos los aspectos del régimen político

La calificación obtenida (un 6,4) es la misma que la democracia española consiguió en 2023 cuando obtuvo el máximo histórico de la serie, es decir, de los últimos quince años, y subraya la encuesta que pese a este clima de crispación y de "alta desconfianza en los líderes", se detecta continuadamente "las fortalezas" del sistema. Los especialistas apuntan por otra parte que desde 2015, tras múltiples procesos electorales y la irrupción de nuevos partidos políticos, se aprecia una mejora de la valoración en casi todos los aspectos del régimen político.

Concretamente, ven una mejoría en la esfera social, la participación de la mujer, la responsabilidad de los poderes territoriales (ayuntamientos y comunidades autónomas) y la implicación de la ciudadanía "en los objetivos públicos". Las más sobresalientes tienen que ver con la celebración de las elecciones limpias y la libertad de voto, seguidas por el respeto a las libertades religiosa, de partidos políticos y sindicatos ‒de asociación, en general‒, así como el ajuste a la legalidad de los funcionarios y el cumplimiento de las obligaciones europeas. Entrando más al detalle, el informe subraya que cuatro de estas cuestiones cuentan con una nota de más del 7,5: el respeto a las prácticas religiosas, la libertad de asociación, sindical y la libertad "para que cada cual pueda vivir su vida como quiera"

La nueva portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha criticado este lunes que el PSPV y Compromís quieran "reabrir el debate" sobre la comida que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, mantuvo el 29 de octubre, el día de la dana, al haber pedido la factura de esa comida.

En su primera rueda de prensa como portavoz, la vicepresidenta del Consell ha afirmado que ya hace diez días que se explicó que fue una comida de trabajo y se ha contado "con quién, para qué y se ha explicado sobre todo que el president estaba perfectamente atendiendo a sus responsabilidades y localizado". "Esto es lo que está acreditado, y por tanto no voy a dar más círculos y más vueltas a la misma respuesta", ha aseverado Camarero, quien ha considerado que lo que hay que trasladar a la opinión pública es "lo que de verdad importa", que es cómo se va trabajar en la recuperación de Valencia tras la dana.

La portavoz ha lamentado los "bulos" que se difundieron en torno a esta comida, sobre la que no va a "volver atrás en cuestiones que están más que explicadas", y se ha peguntado si es que a alguien le interesa volver a hablar de ella "como una bomba de humo" para que no se hable, por ejemplo, de la situación política de Teresa Ribera.

Ha hecho hincapié en que la cronología de lo que hizo el president el día de la dana está "más que conocida, más que explicada y más que acreditada" en "cada minuto de ese día", y ha añadido que con la información de la que disponía de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) y de la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ), Mazón estaba "atento, pendiente y al teléfono".

Camarero ha insistido en que el día de la dana el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) estuvo "perfectamente formado y constituido", no solo por la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, sino también por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y representantes de Aemet la CHJ, el consorcio de bomberos y el 112. "Estaban todos los responsables que tenían que estar en ese momento, y entre ellos de forma colegiada y compartida tomaron las decisiones que se tomaron durante esa tarde", ha afirmado la portavoz del Gobierno valenciano.

A su juicio, si hay una información que aún no se ha tenido es "qué pasó durante las dos horas y media de silencio" de la CHJ, que desde las 16:30 horas a las 18:43 no trasladó "ninguna información" sobre las crecidas en el barranco del Poyo, mientras que "todo lo demás está conocido y está acreditado".

Preguntada por el hecho de que Salomé Pradas siga asistiendo a las reuniones del CECOPI cuando previsiblemente va a ser destituida, ha indicado que mientras sea la consellera de Justicia es la presidenta de ese órgano que coordina la emergencia, donde se trabaja "con normalidad y no hay ninguna disfunción". La vicepresidenta ha avanzado finalmente que Mazón no va a asistir a la próxima reunión del Comité de Regiones en Bruselas, ya que está dedicado "en cuerpo y alma" a la reconstrucción y recuperación de los municipios afectados por la dana.

Según informa EFE la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes en València que ya se han abierto 106 expedientes a empresas por incumplir la normativa laboral durante la dana y que esta cifra continuará subiendo porque Inspección de Trabajo está trabajando a gran velocidad.

Tras reunirse con autoridades autonómicas y agentes sociales de la Comunitat Valenciana, la vicepresidenta ha informado de que, hasta ahora, hay 18.668 trabajadores protegidos a través de alguno de los 1.490 ERTE por fuerza mayor aprobados en el marco de la catástrofe. Hasta el pasado viernes, el número de trabajadores era de 15.952, de un total de 1.178 empresas solicitantes.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, sigue trabajando en la configuración de su nuevo "Consell de la reconstrucción", para el que incorporará a "gente preparada" y "que sabe", mientras desde la oposición, el PSPV y Compromís buscan fórmulas para apartarle del gobierno autonómico. Tres días después de que avanzara en Les Corts que remodelará su gobierno, con una vicepresidencia y Conselleria de la recuperación económica y social y una nueva Conselleria de Emergencias e Interior, el único avance conocido hasta ahora ha sido, a través de un comunicado remitido a última hora del domingo, la designación de la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, como nueva portavoz del Consell en sustitución de Ruth Merino, que sigue como consellera de Hacienda.

"Esta y no otra" es la labor que el president ha encomendado a Camarero, según ha explicado ella en su primera rueda de prensa como portavoz, al ser preguntada por si había rechazado asumir la nueva vicepresidencia para la recuperación, y donde ha dicho que ella nunca diría que no al president en ninguna labor que le hubiera encomendado.

Respecto a la configuración del nuevo Consell, Mazón ha señalado a su llegada al Cecopi que está avanzando para incorporar a "gente que sabe, gente preparada" y que va a ayudar a los valencianos a levantarse para la recuperación tras la dana, y ha señalado que en las próximas horas y días dará cuenta de las nuevas incorporaciones. Ha adelantado que está "muy satisfecho con la capacidad, con la dedicación y con la profesionalidad" de los perfiles que se van a conocer, y ha defendido que es un proyecto "muy serio, muy centrado y muy priorizado en gente que sabe, gente preparada".

Feijóo: Hay que recuperar la confianza

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado desde Madrid una reconstrucción de la Comunitat Valenciana en la que no quepan errores y ha conminado al PP de esa región, y al president de la Generalitat, a recuperar la confianza de sus ciudadanos. "La confianza, máxime cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla", ha manifestado ante la Junta Directiva Nacional de su partido, donde también ha exigido evaluar desde la crítica y la autocrítica la tragedia y "compensar" lo ocurrido con una reconstrucción que permita a la gente vivir con normalidad y "tener la seguridad de que esto no va a volver a pasar".

Fórmulas para apartar a Mazón

Para el PSPV y Compromís, Carlos Mazón no puede seguir como president de la Generalitat ni un minuto más, aunque ambos partidos difieren en la manera de apartarle del cargo.

El PSPV insiste en su hoja de ruta: pedir al PP la destitución de Mazón, la formación de un Gobierno liderado por el PP pero con un perfil técnico y centrado en la reconstrucción, y convocar elecciones en el año 2025, cuando la situación se haya normalizado. Así lo ha planteado de nuevo la ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, quien ha ofrecido los votos del PSOE para formar ese Gobierno de perfil técnico.

Por su parte, el portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha ofrecido los 15 diputados de su grupo parlamentario al PSPV-PSOE para presentar una moción de censura a Mazón, una medida que ve absolutamente necesaria "por "dignidad y por decencia". Ha explicado que la presentación de una moción de censura necesita de 20 diputados -el reglamento de Les Corts establece que la puede proponer la quinta parte de los 99 diputados que conforman el hemiciclo-, por lo que han hecho este ofrecimiento a los socialistas, que tienen 31.

Diana Morant ha dicho que "respeta y comprende" la propuesta de Compromís pero cree que una "solución realista y transitoria" es que Feijóo "destituya a Mazón para dar paso a un gobierno de perfil técnico focalizado en la reconstrucción.

Camarero pide a PSPV y Compromís que bajen al barro

Para la nueva portavoz del Consell, el PSPV-PSOE y Compromís quizá deberían "bajar más al barro" para hablar con los afectados por la dana y ver sus problemas, en lugar de estar "en el tacticismo electoral" de plantear mociones de censura o dimisiones. Sobre los cambios en el Consell, ha afirmado que será el president quien contará "en tiempo y forma, cuando él considere", la remodelación en la que se va a contar "con los mejores", mientras que ha asegurado que se sienten respaldados por Feijóo y por el PP, como "no podía ser de otra manera".

Desde Vox, su síndic en Les Corts, José María Llanos, ha afirmado que "sea cual sea" el nuevo Gobierno valenciano, "que se ponga a trabajar desde ayer", porque los valencianos necesitan soluciones "desde ya" para sacar adelante la "grave" situación que ha dejado la dana. Asimismo, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha avanzado que no apoyarán la moción de censura contra el president de la Generalitat porque "con partidos separatistas" no van "ni a la vuelta de la esquina".

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha dicho que están apurando las negociaciones con los socios parlamentarios para tratar de sacar adelante el paquete fiscal en la comisión de este lunes y ha subrayado que ahora mismo no contemplan la opción de votar solo la transposición de la directiva europea.

"Estamos trabajando intensamente para sacar la mejor reforma fiscal", ha dicho en una rueda de prensa en la sede de Sumar.

El también ministro de Cultura ha reiterado en varias ocasiones que ahora mismo no están en el escenario de someter a votación en la comisión de Hacienda de este lunes en el Congreso únicamente la transposición de la directiva europea, que establece un tipo mínimo para las multinacionales, y excluir el paquete fiscal.

No obstante, es consciente de la dificultad de llegar a un acuerdo, ya que el PSOE pactó medidas tributarias con PNV y Junts a cambio de dejar caer el impuesto sobre las energéticas, y luego con Sumar, pero otros socios del Gobierno como ERC, EH Bildu, Podemos y BNG se niegan a apoyar el paquete fiscal a menos que se mantenga el impuesto energético, al que la formación de Yolanda Díaz asegura que no renuncia pese a todo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado una reconstrucción de la Comunitat Valenciana en la que no quepan errores y ha conminado al PP de esa región, y al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a recuperar la confianza de sus ciudadanos.

"Tenéis que seguir dando la cara, ayudando al pueblo, escuchándolo, porque la rabia y la decepción hay que entenderla dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones", ha afirmado Feijóo este lunes en su discurso, en abierto, ante la Junta Directiva Nacional de su partido.

Tres días después de que Mazón compareciese en el parlamento valenciano y se comprometiese a no buscar la reelección si no es capaz de liderar la reconstrucción en Valencia, Feijóo ha recalcado: "La confianza, máxime cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla".

También ha exigido evaluar desde la crítica y la autocrítica la tragedia y "compensar" lo ocurrido con una reconstrucción que permita a la gente vivir con normalidad y "tener la seguridad de que esto no va a volver a pasar". "No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir con las mismas consecuencias", ha recalcado.

La vicepresidenta y nueva portavoz del gobierno de la Comunidad Valenciana, Susana Camarero, ha considerado que el PSPV-PSOE y Compromís quizá deberían "bajar más al barro" para hablar con los afectados por la dana, en lugar de estar "en el tacticismo electoral" de plantear mociones de censura o dimisiones.

En su primera rueda de prensa tras ser nombrada portavoz del Consell, Camarero ha expresado su "agradecimiento infinito" al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la confianza al designarle "la voz del Consell" en esta nueva etapa, y ha asegurado que esta y no otra es la tarea que le ha encomendado, pues nunca le diría que no.

Sobre el resto de cambios en el Consell, ha afirmado que será el presidente quien contará "en tiempo y forma, cuando él considere", la remodelación en la que se va a contar "con los mejores".

Ha asegurado que se sienten respaldados por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y por el conjunto del partido, como "no podía ser de otra manera".

Los problemas políticos en general han escalado a la primera posición en la lista de preocupaciones de los españoles tras el paso por la dana, al subir algo más de cinco puntos en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de noviembre (23,8 %) sobre el estudio del pasado mes de octubre.

Por contra, la inmigración, que se disparó como preocupación ciudadana en septiembre y octubre al primer lugar de los problemas del país, cae ahora al quinto, mencionado por un 18,4 por ciento de los encuestados, superado por los problemas políticos, la vivienda, la crisis económica y el paro.

La vivienda es la segunda preocupación de los entrevistados en el estudio, que se realizó entre el 2 y el 7 de noviembre, y sube un puesto pero no de porcentaje (tenía un 22,7 en octubre, dos décimas más que en la actualidad).

El tercer lugar lo ocupa la crisis y los problemas económicos, que en el pasado barómetro era el segundo problema al inquietar al 21,9 %, cayendo casi un punto.

Los españoles sitúan el paro (21,3 %), que cae siete décimas, y la inmigración (que pasa del 28,1 de octubre al 18,4), en el cuarto y quinto lugar.

El juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha decidido imputar al exconsejero madrileño Juan José Güemes, que es directivo en el Instituto de Empresa, al que hoy había citado como testigo.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el juez Juan Carlos Peinado ha comunicado a Güemes el cambio de condición en la propia sala tras su declaración.

El juez investiga en esta causa presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias que, además de contra Begoña Gómez, se dirige contra el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.

Peinado citó a Juan José Güemes hace un mes, después de que la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE) le señalara como la persona que dio la orden de contratar a la mujer del presidente del Gobierno como responsable del instituto África Center, dependiente del IE. 

El sindicato CSIF se ha opuesto a la posible incorporación en nueve meses a la sanidad pública del millón de funcionarios que reciben actualmente asistencia sanitaria a través de Muface, que quedaría suprimida, tal y como plantea el Ministerio de Sanidad.

En un comunicado, CSIF ha informado de que se ha dirigido a los ministerio de Función Pública y de Sanidad para pedir explicaciones por el informe de éste último en el que se plantea trasladar a la sanidad pública la financiación que actualmente se destina a las aseguradoras privadas que participan en el concierto sanitario.

"No vamos a aceptar bajo ningún concepto una decisión unilateral del Gobierno sobre esta cuestión", ha señalado CSIF, que ha pedido una nueva licitación para el concierto con las aseguradoras, tal y como el Gobierno se comprometió a hacer en la última reunión del Consejo General de Muface.

Asimismo, CSIF ha dicho que, en caso de que el Gobierno no ofrezca "una respuesta adecuada", llevarán a cabo manifestaciones, paros o, incluso, una huelga en la función pública.