La Generalitat valenciana ha abonado ya a un total de 1.091 personas de los municipios afectados por la dana las ayudas urgentes de 6.000 euros por vivienda para paliar la pérdida de bienes y enseres de primera necesidad, lo que supone un montante total de 6.546.000 euros.
Entre los municipios con más ayudas ya pagadas figuran Picanya (166), Alfafar (139), Algemesí (119), Riola (110), Catarroja (80) o Paiporta (72).
Se trata de las ayudas de concesión directa incluidas en el Decreto 163/2024, de 4 de noviembre, del Consell. A medida que se van recibiendo las solicitudes de estas ayudas, se procede a su tramitación y pago a los afectados durante los siguientes días.
Hasta el momento, la Conselleria de Justicia e Interior ha recibido un total de 23.225 solicitudes y, con el objetivo de acelerar la tramitación y pago de estas ayudas, ha incorporado un total de 19 técnicos que se suman al equipo destinado a esta labor desde la aprobación del Decreto.
La cifra de víctimas mortales registradas a causa de la dana y las inundaciones posteriores que afectaron a la provincia de Valencia se mantiene en 219, mientras que la de desaparecidos baja a ocho, tres menos que ayer, según el último balance oficial del Centro de Integración de Datos (CID). A todos los fallecidos se les ha practicado la autopsia y están plenamente identificadas: 170 por huellas dactilares, 45 por análisis de ADN y 4 por identificación hospitalaria en vida, según informa EFE.
Por otro lado, hasta las 20 horas de este martes ascienden a 218 las familias de los difuntos que se han hecho cargo ya de los restos mortales de sus seres queridos, tres más que al cierre del balance de ayer, lunes.
El CID es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones a las personas fallecidas en sucesos con múltiples víctimas, en virtud del RD 32/2009.
Este centro es el único facultado por ese Real Decreto para facilitar públicamente a los medios cifras oficiales, a través de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, relativas al tratamiento médico forense y de policía científica del suceso.
Según datos oficiales, la mayoría de las víctimas mortales confirmadas pertenecen a la Comunidad Valenciana, y el resto son de Castilla-La Mancha (7) y Andalucía (1).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido de que, tras las nuevas actuaciones del juez Juan Carlos Peinado sobre su esposa, podrá comprobar que Begoña Gómez es "pulcra, honesta" y con unas cuentas similares a las de millones de trabajadores. Según informa EFE, Sánchez ha hecho estas consideraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la cumbre del G20 de Río de Janeiro ante la decisión del juez de pedir a la Policía Judicial que consulte las cuentas corrientes de Gómez, y al Registro Civil su certificado de matrimonio.
Unas peticiones en el marco de la investigación de Peinado contra ella por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, caso por el que había sido citada a declarar el pasado lunes. Sin embargo, la mujer de Sánchez alegó que estaría en Brasil junto a su esposo para no acudir a esa citación, que finalmente se pospuso al 18 de diciembre.
El presidente del Gobierno ha reiterado que, ante el caso de su esposa, tiene "absoluta tranquilidad" y también garantiza "absoluta transparencia". "Si se quiere investigar el estado de las cuentas de mi esposa, perfecto, porque se verá que es una mujer pulcra, honesta y que tiene un estado de cuentas que refleja la de cualquier profesional, trabajador como millones de españoles en nuestro país", ha añadido. Y ha proseguido en esa misma línea: "Si el señor juez, el señor Peinado quiere comprobar por escrito, que Begoña y yo estamos casados, pues tampoco hay problema".
La Fiscalía de Manhattan que lleva el caso contra el presidente electo Donald Trump por pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels se opuso hoy a desestimar una condena contra el líder republicano, pero se abrió a posponerla mientras Trump esté en la Casa Blanca. Los argumentos de la Fiscalía son que su próxima investidura plantean un nuevo escenario. "A la luz de estos hechos, la defensa pidió a esta Fiscalía en una carta del 8 de noviembre desestimar el caso", señala el escrito de la fiscalía.
La Fiscalía anuncia que "piensa oponerse" a esa petición, y pide al juez Juan Merchán que fije el 9 de diciembre una nueva sesión para pronunciarse sobre ello. Pero más adelante admite que la jura como presidente de Donald Trump como acusado "presentará cuestiones legales sin precedentes", y precisa que "respeta profundamente el cargo de presidente y las obligaciones de la presidencia", lo que los medios han interpretado como una admisión de facto de que apoyarán posponer el caso mientras dure el mandato de Trump. El juez Juan Merchan aún no se ha pronunciado al respecto, pero se da por hecho que aceptará posponerlo.
De inmediato, el equipo de Trump celebró como "una rotunda victoria" la decisión de la fiscalía: "Esta es una victoria rotunda y definitiva para el presidente Trump y el pueblo americano (...) La fiscalía de Manhattan admite que esta caza de brujas no puede continuar", escribió el jefe de comunicaciones del presidente electo, Steven Cheung. "El equipo legal del presidente está actuando para que este caso sea desestimado de una vez por todas", añadió Cheung, en un mensaje hacia el juez Merchan, sometido a una gran presión y que ya tomó una decisión muy favorable a Trump cuando pospuso el caso, originalmente programado para el 17 de septiembre una fecha anterior para una fecha posterior a la elección presidencial.
El pasado mayo Trump ya fue declarado culpable de los pagos irregulares a la actriz Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre una relación extramarital, pero aún queda pendiente la resolución del juez sobre cuál será la pena por los 34 delitos de que fue encontrado culpable.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes que el 26 de noviembre está convocado el comité de expertos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con el objetivo de "seguir subiéndolo el año que viene" y así "seguir mejorando las condiciones laborales". "Son tiempos complicados, pero tenemos que estar a la altura porque la ciudadanía nos está esperando. Hay que ir dando pasos entre lo posible y necesario y siempre mirando a los ojos de la clase trabajadora", ha asegurado Díaz en Barcelona durante la celebración del 60 aniversario de CCOO de Cataluña.
La ministra de Trabajo ha hecho hincapié en que cada derecho "merece la pena", como subir el SMI o la reducción de la jornada laboral en la que el Gobierno de coalición está trabajando conjuntamente con los agentes sociales. En este sentido, ha afirmado que esta es la medida "más esperada" por los trabajadores "voten a quien voten", días después de apuntar al objetivo de "avanzar hacia el horizonte de las 32 horas semanales", más allá de las 37,5 horas semanales en las que se trabaja actualmente. "Llevamos 40 años con la misma jornada laboral y pocas empresas se han adaptado a una nueva. No hay trabajadores de primera y de segunda, debemos conseguir que aquellos que se dedican a sectores más vulnerables no queden excluidos", ha señalado Díaz.
Por otra parte, la titular de Trabajo ha reivindicado el papel del Estado a la hora de "proteger el empleo" ante emergencias como la vivida a raíz de las inundaciones causadas por la dana en Valencia. "Queremos proteger el empleo y reconstruir infraestructuras, sanar las heridas de las personas afectadas y ayudarles a recuperar sus planes de vida", ha señalado Díaz, quien ha indicado que, en estos momentos difíciles, mecanismos como los ERTE "están salvaguardando miles de puestos de trabajo". "Necesitamos una fiscalidad justa para tener a empresas y trabajadores protegidos. Hay algunos que dicen que no quieren impuestos ni educación o sanidad pública. Pues lo público merece la pena", ha concluido la ministra de Trabajo.
Los convocantes de la manifestación que el pasado 9 de noviembre reunió a cerca de 130.000 personas en València para pedir la dimisión del president Carlos Mazón por la gestión de la dana, están organizando una nueva marcha para el próximo día 30 y un día antes, cuando se cumple un mes de la riada, concentraciones a las 20:11 horas, momento en la que sonó la alarma de protección civil.
Así lo ha informado este martes a EFE Beatriu Cardona, de Intersindical Valenciana, una de las entidades que forman parte de la comisión organizadora de la protesta, a la que se han unido alrededor de setenta entidades.
Cardona ha explicado que el día 29, un mes después de la dana, convocarán concentraciones en los municipios a las 20:11 horas, hora en la que sonó la alerta de Protección Civil, y realizarán una acción aún por concretar: "O un silencio sepulcral o haremos que suenen las alarmas de los móviles intentando reproducir el sonido de la alerta".
Según explica, municipios como Castelló, València, Alicante y Elche ya han confirmado que realizarán estas concentración, aunque prevén que sean muchas más las que se sumen, al igual que hicieron el pasado 9 de noviembre.
Para el día 30 de noviembre, al ser sábado, están organizando otra "gran manifestación" en València, que podría ser también replicada en Alicante y Elche, aunque aún no han concretado el lugar y la hora en la que se celebrará esta marcha para pedir la salida de Carlos Mazón.
La líder de los socialistas de la Comunidad Valenciana, Diana Morant, ha resaltado este martes que el teniente general Francisco José Gan Pampols, nombrado nuevo vicepresidente regional para la Recuperación tras la dana, estará a las órdenes del presidente, Carlos Mazón, "que es quien no puede estar al mando".
"Los militares conocen la cadena de mando y al mando sigue estando Mazón, que es quien no puede estar al mando ni en la reconstrucción ni en nada porque los valencianos ya no confían en él", ha contestado la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades a la prensa en los pasillos del Senado.
Preguntada por la elección de Gan como vicepresidente del Consell, Morant no ha hecho ninguna objeción sobre el nombrado, sino solo sobre quien le nombra, "el señor Mazón, que no puede seguir dirigiendo la Comunidad Valenciana", porque "tendría que haber asumido responsabilidades y no lo hizo".
Los reyes han llegado sobre las 16.40 horas de este martes a Letur (Albacete), donde el 29 de octubre fallecieron seis personas a causa de la riada que siguió a las lluvias torrenciales de aquel martes de hace justo tres semanas, y que además dejó numerosos daños en el pueblo.
Felipe VI y doña Letizia han visitado Letur horas después de acudir también a las localidades valencianas de Chiva y Utiel. Han estado acompañados por el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
El rey Felipe VI ha manifestado este martes en Utiel (Valencia), durante su visita oficial a las zonas afectadas por la dana, que es importante representar al Estado y que los vecinos que han sido víctimas de ese desastre sientan "que España está con ellos".
Así se ha expresado el rey al acercarse a los medios de comunicación presentes durante la visita a Utiel junto a la reina Letizia, el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Felipe VI ha apuntado que la intención es ver la situación, que ha mejorado respecto a hace veinte días, pero siendo consciente, ha dicho, de que existe una necesidad enorme de recuperación, reconstrucción y solucionar la vida particular de muchas personas que han perdido “todo o casi todo”. “Y esto es lo que día a día hay que trabajar, y todos unidos para que vayan viendo la mejora cada día”, ha insistido para destacar la importancia de que vayan llegando las ayudas, “y eso no es fácil”, ha añadido.
La Generalitat valenciana ha abonado ya a un total de 1.091 personas de los municipios afectados por la dana las ayudas urgentes de 6.000 euros por vivienda para paliar la pérdida de bienes y enseres de primera necesidad, lo que supone un montante total de 6.546.000 euros.
Entre los municipios con más ayudas ya pagadas figuran Picanya (166), Alfafar (139), Algemesí (119), Riola (110), Catarroja (80) o Paiporta (72).
Se trata de las ayudas de concesión directa incluidas en el Decreto 163/2024, de 4 de noviembre, del Consell. A medida que se van recibiendo las solicitudes de estas ayudas, se procede a su tramitación y pago a los afectados durante los siguientes días.
Hasta el momento, la Conselleria de Justicia e Interior ha recibido un total de 23.225 solicitudes y, con el objetivo de acelerar la tramitación y pago de estas ayudas, ha incorporado un total de 19 técnicos que se suman al equipo destinado a esta labor desde la aprobación del Decreto.
Sindicatos de vivienda de Madrid han entrado este martes en el Ministerio de Derechos Sociales para exigir la paralización de los desahucios de CaixaBank. Colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) recuerdan que el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), es el principal accionista de la entidad bancaria, con un 18%.
Las organizaciones exigen el desbloqueo de las negociaciones, la paralización de los desahucios, negociación de alquileres sociales, condonación de deudas y que la negociación se dé sin criterios discriminatorios de ningún tipo, tal y como ha expresado en redes sociales el Sindicato de Vivienda de Tetuán.