UP reitera su crítica por la elección de Campo para el TC pero rebaja tensión con el PSOE: No van a romper el Gobierno

La empresa Instalaza, ubicada en la calle Monreal, en la capital aragonesa, ha recibido en la tarde de este miércoles un sobre de similares características al que ha llegado este miércoles a la Embajada de Ucrania en Madrid, aunque no se han registrado heridos. El Tedax ha llevado a cabo una detonación controlada y no se han registrado heridos.

Instalaza es una empresa zaragozana que se dedica al diseño y fabricación de material militar de infantería. Comenzó su actividad en 1943 y posee tres factorías en la capital aragonesa y más de 150 empleados. Tiene representación comercial en más de 35 países. Produce granadas, bombas y lanzadores de cohetes equipando a países de todo el mundo, sobre todo a fuerzas armadas de España e Hispanoamérica.

La Policía Nacional ha activado el protocolo correspondiente a las amenazas de bomba y se han desplazado al lugar varias UVIs móviles, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de la Policía en Aragón. Sobre las 21.00 horas, el Tedax ha procedido a realizar una detonación controlada. Además, se han recogido muestras para determinar el contenido del sobre.

La empresa Instalaza, ubicada en la calle Monreal, en la capital aragonesa, ha recibido un sobre de similares características al que ha llegado este miércoles a la Embajada de Ucrania en Madrid.

Instalaza es una empresa zaragozana que se dedica al diseño y fabricación de material militar de infantería. La empresa fue comenzó su actividad en 1943 y tiene su sede en la capital aragonesa.

La Policía Nacional ha activado el protocolo ante las amenazas de bomba, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de la Policía en Aragón.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado hoy que "mejor le hubiera ido a este país" si el expresidente asturiano, Javier Fernández, hubiera sido el secretario general del PSOE en lugar de Pedro Sánchez. Así lo ha afirmado hoy durante la clausura de la mesa sobre 'El Estado de las autonomías: balance y mirada de futuro desde el ejercicio de la responsabilidad política'.

En este acto ha elogiado al expresidente de Asturias Javier Fernández, quien también ha intervenido, recordando sus acuerdos para luchar contra la despoblación. Lambán ha lamentado que cuando dimitió Alfredo Pérez Rubalcaba —en 2014— Fernández rehusara asumir la secretaría general del PSOE federal: "Mejor le hubiera ido a este país si Javier hubiera asumido esa responsabilidad".

El presidente aragonés ha aludido al Comité Federal del 1 de octubre de 2016, "un aquelarre", en el que "no se planteaba una disyuntiva meramente nominal, sino dos maneras distintas de entender la manera de gobernar España, las alianzas políticas", cuando Fernández lideraba una opción y Pedro Sánchez otra, ya que el hoy presidente del Gobierno central "entendía que era admisible la asociación para gobernar con nacionalistas e independentistas".

La carta explosiva que este miércoles ha causado heridas de carácter leve en una mano a un trabajador de la Embajada de Ucrania en Madrid contenía en su interior elementos de pirotecnia, según han informado fuentes policiales tras el análisis preliminar de la sustancia detonante.

La deflagración se ha producido cuando el trabajador, de nacionalidad ucraniana, manipulaba el sobre en una zona ajardinada de la legación situada en la calle Ronda Abubilla número 52, en el madrileño distrito de Hortaleza.

La carta iba dirigida al embajador, Sergei Pohoreltsev. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha asumido la investigación relativa a la explosión.

El Tribunal Constitucional ha desestimado la petición de tres magistrados progresistas para examinar a los dos candidatos designados por el Gobierno para formar parte de la corte de garantías —el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez—. Ha acordado esperar hasta la celebración del Pleno del Consejo General del Poder Judicial del 22 de diciembre para conocer si nombra a sus dos magistrados.

Esta decisión tiene lugar después de que ayer martes el Gobierno aprobara en el Consejo de Ministros los nombres de los dos magistrados que le corresponde designar al Tribunal Constitucional. Ese mismo día, fuentes de tribunal de garantías explicaron que, de momento, Campo y Díez no serían examinados en solitario en el Pleno del TC, pero advirtieron que era una decisión temporal que podría revisarse.

Este miércoles, en el marco de la reunión del Pleno del Constitucional, los magistrados Cándido Cónde-Pumpido, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán han propuesto adelantar el examen a los candidatos del Ejecutivo. Según fuentes jurídicas, el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, ha recabado la opinión del resto de los magistrados, que se han manifestado en contra, por lo que ha optado por no adelantar por ahora el Pleno para evaluar los nombres propuestos por Moncloa.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, de "banalizar" el machismo, el racismo y la homofobia. "Nadie ha hecho más por la banalización del machismo, el racismo y la homofobia que aquellos como Iglesias, Montero o Sánchez que dicen que lo defienden. Porque todos defendemos que no cabe en la sociedad", ha trasladado desde el Parque del Gasómetro.

Y es que, Almeida considera que "cuando se señala a todo aquel con quien no se comparten ideas, como hace Podemos; cuando se hostiga a todo aquel con quien no se comparte lo que se dice, o es fascista, o es homófobo, o es racista, y se está banalizando y se mete en una misma bolsa a todo el mundo con independencia de lo que defienda".

Así ha respondido tras ser requerido por las palabras de Montero, que ha acusado este miércoles al PP de "promover la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas", poniendo como ejemplo las campañas contra la violencia de género que los gobiernos 'populares' han puesto en marcha en comunidades autónomas como Galicia o la Comunidad de Madrid.

Considera el regidor que hoy Montero "no debería haber comparecido ya como ministra en el Congreso de los Diputados" porque "la culpable de que haya 11 agresores sexuales en la calle no puede seguir un minuto más, con una ley que es una chapuza administrativa no puede seguir un minuto más de ministra".

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles que el Gobierno "va poner todo de su parte" para que los agentes sociales lleguen a un acuerdo sobre el pacto de rentas que dé una senda de evolución en los próximos años de los salarios de los márgenes empresariales.

La vicepresidenta primera considera que el Gobierno ya ha contribuido "muy significativamente" a este pacto de rentas con todas las medidas movilizadas para apoyar a las familias para contener la inflación y también con el acuerdo que llegó con los sindicatos para el alza salarial en el sector público. De aquí al final de año, Calviño ha recordado que el Ejecutivo también adoptará el acuerdo para el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2023.

"Desde nuestra parte hay un compromiso total para ayudar a este pacto de rentas, pero dos no bailan si uno no quiere y en este caso tres no bailan si no hay esa confluencia", ha subrayado la vicepresidenta durante una jornada enmarcada en los actos de difusión de la 'Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España', que anualmente elabora el CES de España.

En este sentido, Calviño ha señalado que aprovechar "plenamente las oportunidades" y enfrentar eficazmente los retos no es solo labor de un Gobierno, sino también de todos los agentes económicos, los agentes sociales y del conjunto de la sociedad.

Los partidos socios del Gobierno en el Congreso han acusado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de mentir y ocultar información en su relato de los hechos ocurridos el pasado mes de junio en la frontera de Melilla y han hecho un llamamiento a la Cámara baja a activar una comisión de investigación en este tema para aclarar definitivamente lo sucedido.

Los representantes de ERC, EH Bildu, PNV, han cuestionado que el ministro se mantenga en su puesto en el Gobierno cuando, a su juicio, no ha contado la verdad en relación a la actuación de los cuerpos de seguridad en la frontera, la muerte de migrantes en territorio español, la realización de devoluciones en caliente o la falta de auxilio a heridos en la valla.

Frente a estos ataques, el PSOE ha salido a defender al miembro del Gobierno atacando, por su parte, al PP. El socialista David Serrada se ha mostrado sorprendido porque el principal partido de la oposición se haya situado en este debate "enfrente de la Guardia Civil" al "cuestionar el dispositivo de ese día" en Melilla. Además, le ha acusado de "tergiversar las palabras" dadas por el cuerpo en su explicación de los videos que se visionaron en el Congreso. "Estaban más pendientes de los canapés y las pastas que de prestar atención a los videos", ha denunciado.

Mientras, los socios de los socialistas en el Gobierno, Unidas Podemos, han puesto el foco en la necesidad de cumplir la ley en materia de asilo. El portavoz de Interior 'morado', Enrique Santiago, ha denunciado que, ni la legislación española, ni la de la UE, cuenta con "mecanismos eficaces para que una persona en persecución o en negación de sus derechos pueda alcanzar de forma segura la frontera para solicitar asilo o protección internacional". A su juicio, cambiando esta situación "nadie se jugará la vida saltando la valla o franqueando de forma abrupta un puesto fronterizo".

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha desmarcado este miércoles de la acusación de "promover la cultura de la violación" que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lanzado al PP y le ha advertido de que no debería "jugar" con este tipo de declaraciones puesto que ella misma ya ha experimentado esa "agresividad verbal".

"No me han parecido las mejores palabras después de todo lo que hemos vivido en este Congreso, y precisamente ella que ha vivido esa agresividad verbal no debería jugar con esto", ha señalado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

El exvicepresidente Pablo Iglesias ha criticado hoy que "no querer ver" en campañas institucionales desplegadas por el PP "la cultura de la violación es no tener ojos en la cara o ser muy miserable".

Así lo ha indicado en redes sociales en relación a la polémica suscitada en torno a la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien esta mañana ha acusado al PP de "promover la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas", poniendo como ejemplo las campañas contra la violencia de género que los gobiernos 'populares' han puesto en marcha en comunidades autónomas como Galicia o la Comunidad de Madrid.

"No debería pasar pero pasa... Así que no salgas a correr por la noche, no te pongas un top, no bebas, no vuelvas a casa sola que te pueden violar. No querer ver en estas campañas institucionales del PP la cultura de la violación es no tener ojos en la cara o ser muy miserable", ha lanzado Iglesias en las redes sociales.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que el afán de su formación es "cuidar" el Gobierno de coalición al impulsar medidas "valientes" y que sería un error, por parte del PSOE, bloquear las leyes que impulsa su espacio político por cálculo electoral.

En declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, ha dicho que van a dar la "batalla política" para aprobar cuanto antes proyectos legislativos como la Ley Trans, la de Familias o la de Bienestar Animal, que padecen retrasos o presentan discrepancias entre los socios de coalición.

No obstante, ha asegurado que Unidas Podemos no va a romper el Gobierno de coalición, que es una "conquista" de su partido y de colectivos sociales.

Los negociadores del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado más tiempo a sus pares progresistas para valorar el impacto de los nombramientos realizados por el Gobierno para el Tribunal Constitucional (TC) —el exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez— en las negociaciones internas del CGPJ para designar a sus dos aspirantes y completar así el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación en el TC.

Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, la reunión de la comisión negociadora celebrada este jueves ha sido breve --apenas cinco minutos-- porque básicamente ha servido para que los representantes del bloque conservador --José Antonio Ballestero y Carmen Llombart-- trasladaran a sus colegas progresistas --Álvaro Cuesta y Roser Bach-- que aún no estaban listos para retomar las conversaciones.

La razón, de acuerdo con dichas fuentes, es que los vocales conservadores aún no han tenido tiempo para estudiar cómo puede afectar a la negociación en el CGPJ el hecho de que el Ejecutivo nominara ayer a Campo y Díez como sus dos candidatos al Constitucional. Así, han pedido a sus homólogos progresistas verse mañana para celebrar el cónclave conservador este jueves por la noche y poder acudir a la mesa de negociaciones con una posición clara.

Varios cargos y diputados de Podemos en el Congreso han recriminado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que llamara al orden a la titular de Igualdad, Irene Montero, tras acusar al PP de "promover la cultura de la violación" y haya decidido retirar esa referencia del acta del Pleno, al justificar que es un término acuñado con la ONU y que aprecian en campañas institucionales lanzadas en Madrid y Galicia.

Estas declaraciones de la ministra ha provocado las protestas del grupo parlamentario que han detenido la sesión durante casi dos minutos en los que han pedido que Montero se retractase de estas palabras.

Y ante este episodio, Batet ha reprochado a Montero que las expresiones usadas en su intervención no son "adecuadas en términos parlamentarios dirigidas a un grupo parlamentario", en una situación, la de que la presidencia de la Cámara baja reprenda a un representante del Gobierno, que es excepcional.

La Embajada de Ucrania en Madrid ha alertado este miércoles a la Policía Nacional tras registrarse una explosión que ha herido a un trabajador de la delegación mientras manipulaba una carta, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El trabajador se encuentra herido de carácter leve y se ha trasladado por sus propios medios al Hospital Nuestra Señora de América, en la calle Arturo Soria de Madrid.

El aviso a la Sala de la Policía Nacional por la explosión se ha registrado a las 13.15 horas, activándose un dispositivo en la Embajada sita en la Ronda de la Abubilla, número 52, compuesto por especialistas de los Tedax y guías caninos.

La carta, según señalan otras fuentes, no había sido detectada por el servicio privado de vigilancia de la Embajada de Ucrania en Madrid.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dicho este miércoles que España no es el único caso en la Unión Europea en donde se encuentran exministros como magistrados del Tribunal Constitucional pero que esperará a tener los detalles de del nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, al tiempo que ha insistido en que la urgencia es renovar el Consejo General del Poder Judicial para desbloquear el resto de nombramientos.

"No es el único país en el que se produce esa situación. Todavía no lo he mirado. Vamos a ver cómo vamos a analizar la situación exacta de ese nombramiento", ha dicho Reynders a preguntas de Europa Press sobre el impacto del nombramiento de Campo en la independencia de la judicatura en España y sobre si Bruselas sopesa tomar medidas.

"Pero, lo repito, lo que pedimos sobre todo es primero la renovación del Consejo General del Poder Judicial que permita hacer todos los nombramientos en el Tribunal Constitucional", ha remachado.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha desmarcado este miércoles de la acusación de "promover la cultura de la violación" que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lanzado al PP. A su juicio, como firmante del Pacto contra la Violencia de Género, el PP "no fomenta ningún tipo de cultura contra las mujeres". Eso sí, ha pedido a los conservadores que "sean conscientes de que hay que seguir avanzando en la igualdad" y en lucha contra la violencia machista.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Montero ha achacado al PP el fomento de la cultura de la violación con algunas campañas institucionales realizadas por los gobiernos de Madrid y Galicia.

Preguntada si comparte esa afirmación, la titular de Justicia ha asegurado que "ningún partido demócrata que ha firmado el Pacto de Estado y que ha votado a favor de la Ley Integral contra la violencia de Género fomenta ningún tipo de cultura en contra de las mujeres".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería haber dimitido "hace semanas" y ha denunciado la "complicidad" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no cesarle cuando se ha "acreditado" que "mintió" a los españoles en relación con la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio.

"Las muertes y los heridos que se producen en la valla de Melilla son toda una declaración de intenciones de cómo entiende los derechos humanos y cómo entiende el trabajo que le corresponde al ministro del Interior", ha proclamado Feijóo, después de que una investigación de varios medios de comunicación bajo el consorcio de Lighthouse Reports haya señalado que al menos un migrante falleció en suelo español en la tragedia de Melilla.

Al ser preguntado si el PP va registrar una comisión de investigación por la tragedia de Melilla, después que el ministro haya dicho que no va a dimitir, Feijóo ha señalado que van a "escuchar" a Marlaska, quien esta tarde comparece ante la Comisión de Interior del Congreso.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha sumado a las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y ha acusado al PP de "promover la cultura de la violación" con campañas como la de la Xunta de Galicia que "culpa a la víctima de la agresión sexual".

En la campaña lanzada por el Gobierno de Galicia se observa a una mujer por la noche corriendo, junto al mensaje: 'Te vistes con las mallas de deporte. Vas a correr por la noche. ¿Qué sucede ahora? No debería pasar, pero pasa'. La campaña ha suscitado polémica por poner el foco en la víctima, en lugar de en el agresor.

"No debería pasar, pero pasa. Sí, cuando culpas a la víctima de la agresión sexual porque llevaba mallas e iba a correr por la noche estás promoviendo la cultura de la violación. Lo hace el PP y bien claro se lo ha dicho la ministra de Igualdad. Muy bien", ha comentado Ione Belarra en un mensaje en Twitter.

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido a la presidencia del Congreso y a los demás grupos parlamentarios más contundencia para poner límites a Vox, pues considera que su estilo "es violencia política" y que no es equiparable con que desde la izquierda se les llame "fascistas"

A primera hora, Rufián ha publicado un mensaje en redes sociales instando a la Mesa de la Cámara a "aplicar el Reglamento" y al resto de grupos parlamentarios a "combatir con claridad" a quienes usan la institución para hacer "campañas contra la mujer y la clase trabajadora", en referencia a Vox.

Rufián se refería a lo sucedido la semana pasada en el hemiciclo después de que una diputada de Vox espetara a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que su "único mérito era haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias".

A su juicio, no se puede hablar de "broncas" porque no se debe equiparar "a "agresores y agredidos", y en eso ha insistido minutos después en declaraciones en los pasillos del Congreso, después de la nueva bronca en el hemiciclo esta vez porque la ministra Irene Montero ha acusado al PP de "promover la culturas de la violación".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha denunciado este miércoles la permisividad que, a su juicio, ha demostrado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras decir que el PP "promueve la cultura de la violación". "Ya está bien de la señora Irene Montero y sus pasadas con todos los diputados", ha dicho.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, la líder de la formación naranja ha asegurado que es "una vergüenza" que a un diputado se "quite la palabra por llamar filoetarra a Bildu" y que Montero pueda llamar "fascista" a "todo el mundo" o "acusar de promover la cultura de la violación".

Arrimadas se refería a un episodio que tuvo lugar este martes cuando el vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quitó la palabra a la diputada de Vox Patricia Rueda por llamar "filoterrorista" a la coalición abertzale. Este miércoles el líder de Vox, Santiago Abascal, ha utilizado la misma expresión cuando presidía la sesión Meritxell Batet y no ha recibido ningún toque de atención.

"Es intolerable que el PSOE le quite la palabra a un diputado por usar filoterrorista y luego permita verter todas estas cosas contra cualquier diputado que no es de la bancada del Gobierno", ha resumido Arrimadas, sobre el comentario de Montero.