Más de diez millones de ucranianos se quedan sin luz tras los últimos ataques de Rusia

La reunión entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria ha finalizado sin acuerdo, con posturas de ambas partes alejadas, y de este modo sigue en pie la convocatoria de huelga a partir del próximo lunes, día 21.

La cita, el primer contacto entre ambas partes tras la preceptiva reunión para fijar los servicios mínimos, se ha prolongado durante algo más de una hora y media para intentar aproximar posturas entre ambas partes sobre las reivindicaciones de los especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría de este primer nivel asistencial.

Según ha explicado tras el encuentro la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, se han constatado "algunos puntos en los que podría haber aproximación" pero como la Consejería de Sanidad parte de "un no rotundo a todo lo que suponga financiación", desde el comité de huelga no se ha pasado ni siquiera a valorarlos.

"El tener que pedir informes perceptivos a Hacienda no se puede convertir en un parapeto para que nunca haya dinero para Atención Primaria y sigamos gestionando a coste cero", ha censurado la portavoz de Amyts, convocante de la huelga indefinida.

El exvicepresidente Pablo Iglesias ha afirmado este viernes que "ponerse de perfil" cuando se "machaca a una compañera", en referencia a la ministra de Igualdad Irene Montero, "no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido".

Así lo ha indicado en Twitter para denunciar que la "cacería" contra Igualdad, a raíz de la polémica que rodea a la Ley del solo sí es sí y la revisión de penas a la baja en algunas sentencias de abuso sexual, y denunciar que la "derecha judicial" es un "actor político".

"Ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido", ha lanzado de forma genérica y sin hacer ninguna mención concreta. El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha opinado en redes de forma similar, al criticar que la derecha "está haciendo trampas para golpear a Podemos" mientras "tristemente" hay "silencios inexplicables".

Díaz ha pedido prudencia

Sus mensajes en redes sociales se producen después de que varios representantes del espacio confederal hayan realizado declaraciones a los medios sobre esta controversia.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido hoy no generar "alarma social" con las consecuencias que se están viendo de la aplicación de la Ley de solo sí es sí) y ha eludido pronunciarse sobre los ataques que ha lanzado Podemos contra los jueces. Eso sí, ha destacado que la normativa es de "extraordinaria importancia para el país" y ha apelado a la prudencia.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha rechazado que la Ley del solo sí es sí requiera modificaciones y ha subrayado que la ministra de Igualdad, Irene Montero, está defendiendo, en condiciones "muy difíciles", toda la labor del Gobierno.

Además, ha subrayado que cuando se está "atacando con tanta saña" a la titular de Igualdad, que ha conseguido avances para el feminismo, una "buena estrategia" y algo "sensato" en el seno de la izquierda es arropar "a los compañeros", frente a los que quieren "parar el cambio político".

Santiago y Asens

Mientras, el secretario general del PCE y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha reprochado que varias asociaciones judiciales hayan demandado la dimisión de la ministra de Igualdad tras las críticas a los jueces que han rebajado penas a condenados con la puesta en marcha de la Ley del solo sí es sí.

Una posición que ha refrendado también el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, para afear a estos colectivos que no tienen legitimidad para pedir ceses mientras sigan avalando a un Poder Judicial "caducado".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no se puede jugar con dos barajas", en alusión a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la derogación del delito de sedición, ya que considera que son dos proyectos contradictorios.

"No se puede servir a la independencia judicial y a la dependencia judicial, no se puede servir a la despolitización del sistema judicial y a la politización", ha advertido Feijóo en declaraciones a los medios tras visitar las instalaciones del Grupo Sifu en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) junto con el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y la eurodiputada Dolors Montserrat.

El dirigente popular ha reprochado al Gobierno que cuando empezaron a negociar sobre la renovación del CGPJ "en la habitación de al lado" se estaba hablando de derogar el delito de sedición, una iniciativa legislativa que considera que politiza la justicia y deja sin efecto las sentencias del Tribunal Supremo (TS), en sus palabras.

Considera que esta reforma da "la posibilidad a los condenados de redactar" el Código Penal y dejar fuera delitos por los que han sido condenados, en referencia a los líderes independentistas catalanes y las condenas tras el 1-O.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado la apertura de juicio contra la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; el presidente de ERC en el Parlament y exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el también diputado y exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, por presunta desobediencia en los preparativos del 1-O.

En concreto, Garriga está procesada por un presunto delito de desobediencia grave, mientras que a Jové y Salvadó también se les atribuyen los presuntos delitos de prevaricación y malversación, ha informado el TSJC.

La Sala Civil y Penal del TSJC ha dictado la apertura de juicio después de terminar la investigación contra ellos por supuestamente participar en los preparativos del 1-O, cuando Garriga era directora de Servicios de Vicepresidencia y Economía y Hacienda.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido hoy no generar "alarma social" con las consecuencias que se están viendo de la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida como la ley de sólo sí es sí) y ha eludido pronunciarse sobre los ataques que ha lanzado Podemos y la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra los jueces.

Así se ha pronunciado la vicepresidenta ante las preguntas de los periodistas antes de asistir en Valencia al Foro Técnico Internacional de Altos Responsables de Inspecciones de Trabajo, donde ha insistido en pedir "prudencia" y ha asegurado que el Gobierno "va a proteger a todas las victimas".

Los informadores preguntaron a Yolanda Díaz si estaba preocupada por la rebaja de las penas que contempla la citada Ley para los agresores sexuales y si compartía las opiniones de los miembros de Podemos que han atacado a los jueces asegurando que son "machistas con toga".

El Tribunal Supremo se ha dirigido a la Fiscalía, a la acusación particular y a la acusación popular, que ejerce la Asociación Clara Campoamor, en el caso de La Arandina, y a las defensas de dos de los exjugadores condenados por delitos de agresión sexual, para que se pronuncien sobre si consideran que la ley del sí es sí puede afectar a la sentencia.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular y popular y las defensas de los dos condenados presentaron recurso de casación ante el Tribunal Supremo después de que en 2020 la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL absolviese a uno de los tres ex jugadores, R.C.H, y rebajara las condenas a los dos otros dos C.C.S ('Lucho) y V.V.R ('Viti'), a cuatro y tres años de cárcel, respectivamente, tras revisar la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, que les condenó a penas de 38 años de cárcel.

La vista de los recursos de casación está prevista para el próximo 29 de noviembre y mientras que tanto la acusación particular como la acusación popular piden que se condene a los tres exjugadores a los 38 años impuestos por la Audiencia Provincial de Burgos, la Fiscalía pide que a los tres se les imponga una pena de 10 años de cárcel y se retiren los atenuantes que se les aplicaron mientras que desde las defensas se pide un fallo absolutorio.

El Ministerio de Igualdad ha explicado este viernes que no corresponde al Gobierno "corregir" los "errores" de interpretación que, a su juicio, se están produciendo en la aplicación de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como ley solo sí es sí. En este sentido, han llamado a la "calma" y a la "tranquilidad" y piden esperar a que pronuncien la Fiscalía General y el Tribunal Supremo.

La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha negado que, ante la revisión de penas a la baja que se han hecho a violadores en las últimas semanas, la solución sea la reforma de la norma para añadir una disposición transitoria que "no hace falta" porque "ya existe desde hace décadas" y que se aplica "en todo el territorio" nacional.

Según ha indicado, esta revisión de sentencias a la baja se están produciendo por la mala aplicación del nuevo delito único de agresión. De hecho, según Rosell, todavía no han visto "un caso en el que realemente se haya aplicado correctamente" porque se están mirando "solo los mínimos".

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha admitido este viernes que existe "alarma social" por la aplicación de la ley de garantía de la libertad sexual conocida como ley de solo sí es sí, que está provocando revisiones de sentencias a condenados por delitos sexuales, rebajas de penas e incluso órdenes de excarcelación.

En una entrevista en Cadena SER Mallorca, recogida por Europa Press, ha señalado que el Ejecutivo comprende "la alarma social y la preocupación" de la sociedad después de los últimos acontecimientos. Es la primera vez que un miembro del Gobierno utiliza esta expresión, que sí mencionó la excivepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, este jueves.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre si las víctimas que están viendo rebajadas las penas de sus agresores podrán recurrir, ha indicado que "hay procedimientos jurídicos para hacerlo" al tiempo que ha indicado que espera que "esas herramientas sirvan para avanzar en esa unificación de doctrina" y evitar el "efecto perverso" para los afectados.

A.A.V., condenado el pasado mes de junio por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real a nueve años de prisión por agredir sexualemente a una conocida en su domicilio de la capital ciudadrealeña, cumplirá finalmente 8 años de prisión, uno menos del que expresó en su día la sentencia, después de la entrada en vigor de la ley del 'sí es sí.

Fue el pasado mes de junio cuando este acusado de delito agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal a una mujer a la que había conocido a través de una amiga suya fue condenado.

En su día, la Fiscalía daba por probado que la víctima conoció a lo largo del día 6 de julio de 2020 a A.A.V. a través de una amiga suya. Sobre las 22.00 horas de ese día, la víctima telefoneó a su amiga, que se encontraba en compañía del acusado en el parque del cementerio de Ciudad Real.

El Partido Popular (PP) ha instado este viernes al Ministerio de Justicia a abordar "de manera urgente" una reforma de la ley del sólo sí es sí, impulsada por el Ministerio de Igualdad, y presentará su propia proposición de ley.

Así lo ha indicado este viernes la secretaria general del PP y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en la Cámara Baja tras finalizar la Junta de Portavoces, donde ha declarado que los efectos de la aplicación de la Ley han generado "alarma social" en el país.

En su intervención, Gamarra ha afirmado que el PP está trabajando en una proposición de ley, "a diferencia de lo que está haciendo el PSOE, a diferencia de lo que está haciendo Pedro Sánchez", que busca que "nadie pueda acogerse a unas penas menores a las que había anteriormente".

Las Audiencias Provinciales de Cáceres y Badajoz han comenzado a revisar de oficio todas las sentencias que podrían estar afectadas por la ley del sí es sí. Se ha empezado por las más urgentes que son aquellas cuyos acusados están en prisión y, de momento, en la provincia de Cáceres, no se ha detectado ningún caso en el que se tenga que revisar la pena de oficio, aunque podría pedirse por parte de los propios acusados.

En la Audiencia Provincial de Badajoz también se comenzado la revisión de las más urgentes y se han remitido un par de casos a los interesados para posibles alegaciones. En el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) tampoco se ha revisado ninguna sentencia de oficio pero, igualmente, los condenados pueden solicitarlo.

De momento, a día de hoy, en Extremadura ningún letrado ha solicitado la revisión de ninguna sentencia, ni tampoco ningún juez ha resuelto en ese sentido, pero "es absolutamente ineludible que los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma rescatarán todos los delitos contra la libertad sexual, y tendrán que comprobar y ver si es necesaria o no esa revisión de la duración de la pena", ha indicado la presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena.

Tena ha recordado que la ley del sí es sí ha cambiado las penas en algunos delitos y "por consiguiente, hay obligación legal conforme al artículo 2.2 del Código Penal de proceder de oficio a la revisión de esas condenas", aunque la revisión "no quiere decir que se vayan a modificar", ha añadido, pero "sí comprobar si es necesaria una modificación o no".

"Revisar no es sinónimo de modificar", ha insistido la presidenta del Alto Tribunal extremeño, quien ha incidido en que, si se comprueba que hay que modificar la sentencia porque por el delito que se le condenó corresponde una pena menor, "es obligación del juez proceder a esa modificación", y si la pena es mayor, se deja como está.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha asegurado hoy que el Ejecutivo "comprende la preocupación ciudadana" con la rebaja de condenas a delincuentes sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí, pero considera "inoportunas" las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y acusa a la derecha de utilizar el "dolor de las víctimas".

Preguntada por este asunto durante una rueda de prensa en Palma, Rodríguez ha recalcado que "nadie puede dudar" de que "el espíritu de la ley" es "proteger a las mujeres de los agresores y condenar a los agresores". "Ése es el espíritu que la guió y que nos hizo tramitarla", ha dicho.

Con todo, ante la pregunta planteada por los medios de comunicación, la ministra no ha concretado si el Gobierno modificará la ley en función de la postura que adopte el Tribunal Supremo, ni se ha pronunciado sobre la situación de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Isabel Rodríguez ha dicho "comprender la preocupación ciudadana" por las rebajas de condenas, asegurando que "es también una preocupación del Gobierno". En el contexto actual, a la espera de que el Tribunal Supremo unifique la doctrina, la portavoz del Ejecutivo central ha querido "trasladar un mensaje de prudencia y tranquilidad".

"Hay que esperar el trabajo de los jueces del Tribunal Supremo y la Fiscalía para analizar exactamente los casos", ha recordado la ministra, expresando "absoluto respeto y confianza en su trabajo".

Además, Rodríguez ha insistido en que "toda reprobación penal" debe ir "precedida" de una acción de prevención. "Quien ha cruzado el puente de la agresión o del abuso sexual es porque antes ha cruzado ya muchos otros puentes. Creo que antes del reproche penal tendríamos que profundizar más en el reproche social", ha declarado.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cargado este viernes contra la ley del solo sí es sí y ha urgido al Gobierno de Pedro Sánchez a cambiar "lo más rápido posible" la norma, que su partido votó a favor en el Congreso de los Diputados.

Preguntada en rueda de prensa por si se arrepiente de haber votado a favor, Arrimadas ha indicado que la posición del partido es la expresada en un mensaje en Twitter por la portavoz naranja de Igualdad, Sara Giménez, que ha dicho que hay que ser "responsables y autocríticos con lo votado", aunque admite que es una "modificación legal necesaria" pese a que "no ha salido bien".

Arrimadas ha arremetido contra los promotores de la ley, calificando de "absolutamente inútil" la actitud del Gobierno de "negar la realidad" e instando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que se dé prisa para corregir un "error evidente" que está teniendo "consecuencias terribles" como las rebajas de penas y excarcelaciones de condenados por delitos contra la libertad sexual.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha rechazado que la ley del solo sí es sí requiera modificaciones y ha subrayado que la ministra de Igualdad, Irene Montero, está defendiendo, en condiciones "muy difíciles", toda la labor del Gobierno, incluida la del Ministerio de Justicia que tuvo un papel relevante en lo relativo a las disposiciones referidas al Código Penal.

De esta forma, ha subrayado que cuando se está "atacando con tanta saña" a la titular de Igualdad, que ha conseguido avances para el feminismo, una "buena estrategia" y algo "sensato" en el seno de la izquierda es arropar "a los compañeros", frente a los que quieren "parar el cambio político". Es más, ha apuntado que Montero ha dicho "lo mismo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que ahora hay que esperar a que el Tribunal Supremo unifique doctrina.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso tras la celebración de la Junta de Portavoces, Echenique ha recalcado que la ley del solo sí es sí no tiene "ningún problema" sino lo que ocurre es que hay determinados jueces que están aplicando un "sesgo ideológico" por parte de determinados jueces al decretar, con su entrada en vigor, reducciones de penas a condenados por violación o agresión sexual.

La secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, Isaura Leal, ha defendido que "corresponde trabajar y pronunciarse a los tribunales y a la Fiscalía" sobre la ley del solo sí es sí, y ha añadido que su grupo parlamentario estará "muy atento a las conclusiones y actuaciones" que lleven a cabo en los próximos días, a la unificación de doctrina que corresponde realizar al Tribunal Supremo, y en base a esas conclusiones y actuaciones, tomarán "en su caso las decisiones que hubiere que tomar desde el punto de vista de Legislativo".

"Era clara la voluntad tanto del Ejecutivo como sin duda del legislador, que el objetivo de la norma era sin duda a reforzar la seguridad de las mujeres", ha afirmado Isaura Leal en rueda de prensa en la Cámara Baja, al ser preguntada sobre si hacen alguna autocrítica por los efectos que está teniendo la aplicación de la norma.

En este sentido, Leal ha insistido en que "toca esperar y mantener la prudencia a ver los pasos que dan en este momento los tribunales y la Fiscalía, que son los llamados a aplicar las leyes".

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, considera "claro" que, tras la rebaja de penas a agresores sexuales condenados, "algo habrá que hacer" con la Ley de Libertad Sexual, conocida como la ley del sí es sí, pero en todo caso prefiere esperar a que el Tribunal Supremo fije posición.

En declaraciones en el Congreso, Aitor Esteban ha señalado que el objetivo de esa ley "era lo contrario de lo que está sucediendo" y "parece evidente" que en su momento habría que haber metido una disposición transitoria para evitar estas rebajas de penas.

Ante los diferentes criterios de los tribunales a la hora de aplicar la nueva ley, Aitor Esteban espera que el Tribunal Supremo se pronuncie en unas semanas y, en función de eso, no descarta que haya que introducir algún "retoque" en la norma.

La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado este jueves que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca el próximo día 30 de noviembre ante el Pleno para responder por la tragedia que tuvo lugar en Melilla el pasado 24 de junio y, además, el Gobierno ha ofrecido a los portavoces parlamentarios visionar antes, en sesión secreta, las imágenes grabadas ese día en la frontera española.

Así lo han informado fuentes parlamentarias, que también han confirmado que la Junta de Portavoces ha rechazado poner fecha a la petición de comisión de investigación por este asunto que habían solicitado Unidas Podemos y los socios parlamentarios del Gobierno, una iniciativa ante la que el PP, de momento, ha votado en contra.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha pedido no convertir la polémica sobre la ley del solo sí es sí en una "pelea entre formaciones políticas" y ha señalado que ahora toca esperar a que el Gobierno decida la mejor solución al problema generado.

De esta forma, ha apuntado que lo más "pragmático" sería esperar a que el Tribunal Supremo fije doctrina y marque la jurisprudencia sobre la revisión de condenas, o si el Ejecutivo entiende que es mejor una reforma de la normativa.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Errejón ha exhortado a no "añadir más ruido" a la controversia generada tras varias resoluciones que reducen penas a condenados por agresión o violación con la entrada de la normativa, dado que es una disyuntiva "más jurídica" que política.

El Consejo General de la Abogacía ha lamentado y rechazado este viernes el uso del "insulto y la descalificación" contra los profesionales de la abogacía en el ejercicio de sus funciones por su actuación en las revisiones de condenas en virtud de la aplicación de la conocida como ley del solo sí es sí.

En un comunicado, recogido por Europa Press, la organización ha recordado que la petición y la concesión de reducción de penas ligadas a la entrada en vigor de una nueva ley "forma parte de la lógica de un buen número de reformas del Código Penal llevadas a cabo desde que fue aprobada la Constitución de 1978".

Es por eso que el Consejo de la Abogacía ha insistido en que el insulto "no es ni será nunca el camino para solucionar un problema de cuya generación son ajenos" los letrados, que solo cumplen con su trabajo.