El Gobierno sopesa recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión de Bruselas de vetar la pesca de fondo en zonas marinas protegidas, según ha señalado este lunes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha matizado que dependerá de si hay "base jurídica", tras las reclamaciones del sector pesquero y de algunas comunidades autónomas más dependientes de este sector.
"Yo tengo las ideas muy claras. El Gobierno de España es firme y este ministro también. Si tenemos base, vamos a ir al Tribunal de Justicia, lo tengo decidido", ha aseverado Planas ante la prensa a su entrada al Consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea, al tiempo que ha avanzado su intención de "consultar a los servicios jurídicos del Estado".
En este sentido, el ministro de Agricultura ha destacado que a su juicio "hay una base jurídica fuerte sobre esta materia" y ha señalado que de la mano del sector y de las comunidades autónomas "más interesadas" el Gobierno "va a defender los intereses del sector pesquero".
"No descarto en modo alguno, más bien al contrario, mi posición es favorable, a recurrir ante el Tribunal de Justicia. Estamos en consulta con los servicios jurídicos del Estado, pero creo que hay materia para que, efectivamente, esta decisión sea recurrida ante el Tribunal de Justicia europeo", ha argumentado el ministro de Agricultura.
El Ministerio del Interior ha informado a última hora de la tarde de este lunes de que los partidos de derecha han logrado 237 de los 400 escaños de la Cámara de Diputados, con lo que se confirma una sólida mayoría para respaldar un gobierno liderado por Giorgia Meloni.
El partido de Meloni, Hermanos de Italia, la Liga de Matteo Salvini, Fuerza Italia de Silvio Berlusconi y Nosotros Moderados suman un total de 121 diputados electos por candidatura uninominal, a los que habría que sumar los plurinominales: 69 de Hermanos de Italia, 23 de la Liga y 22 de Fuerza Italia.
La coalición de centro-izquierda suma 80 diputados, mientras que el Movimiento 5 Estrellas acumula 51 y la coalición centrista Tercer Polo, 21, según los datos definitivos difundidos por el Ministerio del Interior italiano.
En el Senado son 112 los escaños obtenidos por los partidos de derecha, frente a los 39 del centro-izquierda, los 28 senadores del Movimiento 5 Estrellas y los 9 de Acción-Italia Viva.
El PSOE ha propuesto en el Congreso, al margen de su socio de Unidas Podemos, dos modificaciones legislativas para agilizar los desahucios: que los jueces puedan ordenar desalojos en 48 horas y que los jurados ya no lleven los casos de allanamiento de morada.
Socialistas y 'morados' presentaron una serie de enmiendas conjuntas al proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, pero el PSOE, ya por separado, registró estas propuestas sobre okupación, más coincidentes con iniciativas presentadas en los últimos meses el PP o el PDeCAT.
En febrero de 2021, el PSOE, Unidas Podemos, los grupos independentistas y las fuerzas que sustentan al Ejecutivo rechazaron una proposición de ley contra la okupación presentada por el PP, que incluía facilitar a la Policía el desalojo de okupas en un máximo de 48 horas.
En sus enmiendas, recogidas por Europa Press, lo que plantea el PSOE es una modificación de artículo 544 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que en los casos de "allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena" el juez o tribunal pueda "acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de la parte legítima o desde la remisión del atestado policial". Todo ello "sin necesidad de la presentación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble".
La Comisión Europea ha rebajado a un tercio la multa que España paga por la gestión deficiente de las aguas residuales urbanas, a consecuencia de las mejoras detectadas tras la puesta en marcha de nuevas instalaciones en Gijón-Este (Asturias) e Isla Cristina (Huelva). En concreto, de los 10,3 millones de euros ahora la cuantía se rebaja hasta los 3,1 millones de euros por semestre.
Además, Bruselas ha constatado que la mitad de las aglomeraciones incluidas en la sentencia condenatoria de 2018 cumplen ya los requerimientos que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE impuso a España en julio de 2018.
Según ha informado la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea se ha certificado la entrada en funcionamiento de dichas plantas que entraron en funcionamiento a finales de 2021 y en la actualidad operan a plena capacidad. En total, dan servicio a 161.800 y 33.000 habitantes equivalentes, respectivamente.
Unidas Podemos ha requerido al Ministerio de Cultura si se compromete a devolver obras de arte "robadas" por el régimen franquista a sus legítimos propietarios si se confirma que se encuentran en pinacotecas de titularidad estatal, como en el caso del Museo del Prado.
Además, demanda al departamento dirigido por Miquel Iceta si contempla investigar en otros centros museísticos si hay también obras expoliadas por la dictadura a particulares.
También solicita al Ministerio que elabore un plan de actuación de devoluciones, con un calendario de actuación y recursos específicos para localizar esas obras de arte de las que se apropió el régimen de Francisco Franco.
Así lo trasladad la diputada del grupo confederal y representante de En Comú Podem Mar García Puig, mediante una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Ejecutivo.
En este sentido, alude a una información publicada en 'eldiario.es' sobre la investigación para determinar, dentro de los fondos del Prado, obras de arte robadas por la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, creado por Franco en plena Guerra Civil española, y que "jamás se devolvieron a sus legítimos dueños".
Francesco Lollobrigida, el actual portavoz del grupo parlamentario de Hermanos de Italia, el partido de la virtual primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha insinuado este lunes que podrían impulsar una reforma de la Constitución italiana.
"La Constitución es hermosa, pero también tiene 70 años", ha afirmado Lollobrigida en declaraciones a la prensa italiana tras ser interrogado por la posibilidad de una reforma constitucional.
Para Lollobrigida la Carta Magna incluye "cuestiones críticas" y ha argumentado durante su comparecencia en Roma que esa circunstancia ha "trabado" algunas reformas, según recoge el diario La Repubblica.
Además, el dirigente de Hermanos de Italia se ha referido a la renta de ciudadanía, uno de los blancos más recurrentes de las críticas del partido en campaña electoral.
"La renta ha fallado estrepitosamente y hay que cancelarla, pero eso no significa dejar sin apoyo a los débiles ya los que no pueden trabajar. Por otro lado, hay que adoptar verdaderas políticas de empleo", ha afirmado.
La Comisión Europea ha organizado este lunes un encuentro de alto nivel con los principales actores humanitarios para debatir las necesidades en Ucrania ante la llegada del invierno y los retos que plantea el contexto de guerra para la asistencia humanitaria a los ucranianos.
El evento ha contado con la presencia de la vice primera ministra ucraniana, Olga Stefanishyna, y representantes de los Estados miembros de la UE, organizaciones de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Banco Mundial, además de varias organizaciones humanitarias financiadas por la UE y otros donantes.
El comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, ha señalado que "además de los despiadados ataques de Rusia, los ucranianos se verán amenazados por las bajas temperaturas", es por eso que ha defendido una coordinación con los actores clave del mundo humanitario para abordar los desafíos venideros.
"Se necesita un enfoque unificado y coordinado para ayudar a Ucrania a superar este invierno. El punto de vista de la UE siempre ha sido claro: seguiremos apoyando a Ucrania en todas las dificultades que se avecinan", ha indicado.
La reunión llega en un momento en que la comunidad humanitaria se enfrenta a graves desafíos en Ucrania, sobre todo en lo que respecta a la creación de refugios para el invierno, garantizar el acceso humanitario a todos los rincones del país y llegar a todos las personas en necesidad.
El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, prepara este lunes una nota con el anuncio de su dimisión. Así lo han confirmado a infoLibre fuentes del ente público. Pérez Tornero ocupó en marzo de 2021 la presidencia de la radiotelevisión pública, en sustitución de Rosa María Mateo, bajo la promesa de una transformación de la corporación.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tomará declaración este martes a varios perjudicados por la presunta estafa piramidal millonaria perpetrada por el promotor musical Antoni Mas, conocido como el "Madoff catalán", que habría defraudado más de 1.100 millones de euros a numerosas personas pertenecientes a la alta sociedad.
Según ha adelantado El Mundo y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, ha impulsado la causa con una ronda de citaciones que continuará la próxima semana.
Esta causa comenzó a investigarse en un juzgado de Barcelona, pero dado que el fraude, de más de 200 millones de euros, se extendió a varias comunidades autónomas, la Audiencia Nacional se hizo cargo a mediados de 2018 de las diligencias, que recayeron en el Juzgado Central de Instrucción Número 6.
El procedimiento contra el "Madoff catalán" se abrió cuando en mayo de 2017 el propio sospechoso se personó en una comisaría de los Mossos d'Esquadra para confesarlo todo porque dos antiguos socios a los que había estafado 18 millones de euros le habían enviado dos sicarios para amenazarle de muerte tanto a él como a su familia.
Con estos dos socios, Mas había fundado Publipro, una empresa de promoción musical y publicidad, un negocio similar con el que después, ya en solitario y a través de la sociedad Publiolimpia, cometió la estafa piramidal por la que se le investiga en la Audiencia Nacional.
La Policía Nacional ha registrado la vivienda de Alberto Luceño y la sede de su mercantil dentro de una pieza separada del caso mascarillas en la que el juez Adolfo Carretero investiga las comunicaciones del empresario, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
La entrada y registro en la vivienda y la empresa Takamaka Invest tuvo lugar el pasado 22 de septiembre por orden judicial del instructor tras la apertura de una pieza separada el pasado mes de septiembre.
El propio juez denegó a Más Madrid el listado de llamadas entre los vinculados a los tres contratos que investiga en el caso de las mascarillas por los que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,6 millones de euros para dotar a la ciudad de guantes, mascarillas y test Covid al inicio del covid.
La Comunidad de Madrid sustenta su recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de ahorro energético del Gobierno interpuesto esta mañana en la colisión directa con competencias exclusivas en materia de sanidad, comercio interior, turismo y protección de sus instalaciones.
La semana pasada, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, manifestó que había dado orden a los servicios jurídicos de presentar este recurso ya que el decreto se presentó de forma arbitraria" y "autoritaria" y atenta "contra los comercios y demás establecimientos públicos en un momento muy difícil para todos ellos".
El recurso recoge los motivos de impugnación por invadir competencias estatales y de la Comunidad de Madrid. En primer lugar denuncia la "abusiva" e "indebida" utilización del Real Decreto-Ley por no motivar de forma suficiente la extraordinaria y urgente necesidad de las medidas adoptadas, lo que supondría "una vulneración de los artículos 23.2 y 86.1 de la Constitución Española".