La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido este miércoles que el Ejecutivo no tiene las competencias para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano en el sistema educativo catalán, ya que la Educación está en manos de las comunidades y, por lo tanto, de la Generalitat.
En todo caso, fuentes gubernamentales explican que, como ocurre con cualquier sentencia, los Ministerios afectados están estudiando el caso, y a la espera de ver qué dicen los informes jurídicos que siempre se elaboran en estas situaciones.
Los sindicatos y los empresarios del metal de Cádiz han alcanzado esta tarde un preacuerdo sobre los términos del convenio colectivo del sector. El acuerdo pone fin a la huelga iniciada el pasado día 16, en un sector que afecta a más de 20.000 trabajadores.
Las delegaciones negociadoras han rubricado en Sevilla, tras 12 horas de reunión, un preacuerdo que supone una subida salarial del 2% y que será revisada en 2024, según informa Cadena Ser.
Las negociaciones se han visto bloqueadas hasta hoy por las diferencias de criterio en relación a la subida salarial. Los sindicatos la habían cifrado en el IPC acumulado del año, cifra que los empresarios del metal consideraron inasumibles tras un año de caída de la actividad por la pandemia.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha insistido este miércoles, preguntado por los conflictos entre los trabajadores del metal movilizados en huelga en Cádiz y la Policía Nacional, que a los trabajadores "no se les puede tratar jamás como delincuentes" y que "quienes están incumpliendo son los que se saltan el derecho al trabajo, no cumplen los convenios y empujan a familias humildes a la pobreza, la precariedad, los salarios bajos o el desempleo".
En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso tras defender las cuentas de su departamento, Garzón ha expresado su deseo de que "más temprano que tarde se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio" en el conflicto del metal, para lo cual ha pedido "que se impliquen todos los actores políticos".
"Es un conflicto laboral, pero también es un conflicto político", ha dicho el también coordinador general de Izquierda Unida, que cree que esta lucha "refuerza la necesidad de proteger el derecho del trabajo y la línea del Gobierno de derogar la reforma laboral de 2012".
El Ministerio de Sanidad ha registrado este martes, con datos aportados por las comunidades autónomas, 8.427 nuevos casos de coronavirus, de los que 5.219 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 6.667 el mismo día de la semana pasada, lo que eleva a 5.103.315 la cifra total de personas contagiadas de covid-19 desde el inicio de la pandemia.
Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue aumentando, situándose en los 148,84 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 139,1 notificado el martes por el departamento dirigido por Carolina Darias.
En cuanto a los fallecidos por covid-19, se han notificado 38 más, de los cuales 94 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 87.904 personas.
Actualmente, hay 3.172 pacientes ingresados por covid-19 en toda España y 562 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 512 ingresos y 337 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 2,56% y en las UCI en el 6,13%.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado este miércoles que las fuerzas políticas que acordaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso de 2017 tienen ahora la "oportunidad" de actualizarlo.
Para Montero, "el mayor consenso político" que existe en la Cámara baja en la actualidad es el de "no descansar" hasta la "erradicación" de las violencias que sufren las mujeres y, por ello, ha hecho un llamamiento a estos partidos a "seguir haciendo políticas públicas" e "inversiones económicas" con "la más absoluta unidad" y "consenso institucional, sin fisuras".
A su juicio, ahora hay una "oportunidad" de "actualizar el dictamen" de ese acuerdo y hacerlo bajo "el mismo consenso" que se consiguió en 2017. "Estamos obligadas por las mujeres asesinadas, sus hijos, sus familias, por las que no están, las que siguen luchando, las que van a venir y las que vendrán a convertir en permanente el Pacto y a blindar su financiación", ha insistido la responsable de Igualdad.
El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles por unanimidad limitar un poco más las actividades de las personas no vacunadas prorrogando el pasaporte sanitario hasta el 15 de enero de 2022, incluido en las zonas blancas del semáforo epidemiológico, con menor incidencia de la pandemia.
Con la nueva norma, los no vacunados no podrán acceder al transporte público, bares y restaurantes, gimnasios, cines, teatros y grandes eventos públicos, y solo podrán acudir a sus puestos de trabajo de manera presencial, o utilizar trenes de alta velocidad o aviones, previa prueba de coronavirus negativa, que no deberá superar las 72 hora en el caso de ser PCR y las 48 en la de antígenos.
"Nuestra situación está empeorando ligeramente pero de forma constante", ha señalado el primer ministro, Mario Draghi. "Queremos ser muy cautelosos y evitar riesgos y poder así preservar lo que han logrado los italianos", ha señalado tras el Consejo de Ministros celebrado este miércoles.
El inicio de la temporada alta turística en La Palma, a diferencia del resto del archipiélago, viene marcada por la incertidumbre derivada de la erupción volcánica pues se desconoce su finalización, y por la caída de la conectividad aérea que dificulta la llegada de los turistas.
"Pensamos ya en Semana Santa", asume resignado ante Europa Press el vicepresidente de Ashotel en La Palma, Carlos García, que señala que "no hay ninguna perspectiva" mientras no se apague el volcán. La temporada ya está empezada y aerolíneas y turoperadores han planificado sin contar con la isla.
En esa línea, señala que compañías como Condor o Easyjet han trasladado su operativa al mes de marzo y los escandinavos la han suspendido lo que hace inviable confiar en la llegada masiva de turistas del norte de Europa.
El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha emitido un nuevo informe, que evalúa el riesgo de la población ante la evolución de la pandemia hasta el 31 de enero de 2022, donde pide a los países de la UE y del EEE que focalicen sus acciones en vacunar a los no vacunados; mantener las medidas de salud pública en vigor durante las vacaciones y, en la medida de lo posible, administren ya la dosis de refuerzo a mayores de 40 años, ancianos y personas vulnerables.
Tras su publicación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que "está claro que debemos intensificar la vacunación para controlar la pandemia" y ha confiado en poder "convencer" a la población que aún se resiste a la inoculación. "El refuerzo debe estar disponible para todos los adultos, con prioridad para los mayores de 40 años y la población vulnerable. ¡Y sigamos con distancia y mascarilla!", ha pedido Von der Leyen, en línea con las recomendaciones del ECDC.
El informe alerta de que el nivel medio actual de consumo de vacunas en la UE/EEE será insuficiente para limitar la carga de casos de covid-19 y hospitalizaciones durante los meses de invierno. Por tanto, se insta a los países a dar la máxima prioridad a las personas que permanecen sin vacunar o que aún no están completamente vacunados.
El Gobierno de Eslovaquia ha anunciado este miércoles un confinamiento de dos semanas a partir de este jueves como parte de una estrategia de contención del coronavirus ante el incremento de los casos y la incidencia epidemiológica que ha llevado a un endurecimiento de las restricciones.
La Administración de Eduard Heger también ha aprobado el estado de emergencia en todo el país durante 90 días, por lo que se ha podido aprobar el confinamiento hasta el 9 de diciembre.
"No importa lo que apruebe el Gobierno, siempre habrá un grupo que no esté satisfecho. Soy consciente de eso, pero mi trabajo no es encontrar un compromiso, sino proteger vidas ", ha asegurado este miércoles Heger, anticipando una ola de rechazo a las nuevas medidas, un fenómeno que ya han experimentado países como Países Bajos o Austria.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha respaldado este miércoles en el Consejo Fiscal la decisión de Dolores Delgado de no proponer en octubre de 2020 al fiscal Ignacio Stampa para una de las ocho plazas de Anticorrupción destacando que no obtuvo ninguno de los 80 votos emitidos por los consejeros para las ocho plazas a las que concurría. Además, el comunicado de la FGE, se indica que en este caso concreto y "pese a las informaciones difundidas, no concurría causa objetiva alguna que afectase a la imparcialidad" de Delgado.
Esas informaciones a las que se refiere el comunicado recogido por Europa Press son las publicadas por diferentes medios de comunicación y tienen relación con esa decisión de octubre de 2020 que acabó con la salida de Stampa de Anticorrupción. El fiscal estaba adscrito al caso Tándem -donde se investigan los negocios presuntamente irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo-, y se da la circunstancia de que el despacho de abogados de la pareja de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, lleva la defensa de varios de los investigados.
El diputado de Unidas Podemos en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Joan Mena, ha exigido al líder del PP, Pablo Casado, que "deje de hacer el ridículo" tras ofrecer los votos de su formación para aprobar el artículo 155 de la Constitución, si la Generalitat de Cataluña se declara en rebeldía ante la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 25% de clases en español.
"Un señor que es líder de un partido condenado por corrupción, se inventa másteres que nunca ha hecho y va a misas de dictadores fascistas se permite pedir un 155 contra un modelo educativo que tiene mayoría social, política y pedagógica", ha censurado Mena a través de un comentario en Twitter.
Para el diputado en el Congreso, la sentencia del Supremo responde al marco legislativo de la LOMCE que han derogado, dado que la LOMLOE pauta que deben ser las administraciones educativas las que decidan el régimen lingüístico en los centros educativos.