Puerto Real (Cádiz) vuelve a ser el punto conflictivo de enfrentamientos en la huelga del metal

Los sindicatos y los empresarios del metal de Cádiz han alcanzado esta tarde un preacuerdo sobre los términos del convenio colectivo del sector. El acuerdo pone fin a la huelga iniciada el pasado día 16, en un sector que afecta a más de 20.000 trabajadores.

Las delegaciones negociadoras han rubricado en Sevilla, tras 12 horas de reunión, un preacuerdo que supone una subida salarial del 2% y que será revisada en 2024, según informa Cadena Ser.

Las negociaciones se han visto bloqueadas hasta hoy por las diferencias de criterio en relación a la subida salarial. Los sindicatos la habían cifrado en el IPC acumulado del año, cifra que los empresarios del metal consideraron inasumibles tras un año de caída de la actividad por la pandemia.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha insistido este miércoles, preguntado por los conflictos entre los trabajadores del metal movilizados en huelga en Cádiz y la Policía Nacional, que a los trabajadores "no se les puede tratar jamás como delincuentes" y que "quienes están incumpliendo son los que se saltan el derecho al trabajo, no cumplen los convenios y empujan a familias humildes a la pobreza, la precariedad, los salarios bajos o el desempleo".

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso tras defender las cuentas de su departamento, Garzón ha expresado su deseo de que "más temprano que tarde se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio" en el conflicto del metal, para lo cual ha pedido "que se impliquen todos los actores políticos".

"Es un conflicto laboral, pero también es un conflicto político", ha dicho el también coordinador general de Izquierda Unida, que cree que esta lucha "refuerza la necesidad de proteger el derecho del trabajo y la línea del Gobierno de derogar la reforma laboral de 2012".

El Ministerio de Sanidad ha registrado este martes, con datos aportados por las comunidades autónomas, 8.427 nuevos casos de coronavirus, de los que 5.219 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 6.667 el mismo día de la semana pasada, lo que eleva a 5.103.315 la cifra total de personas contagiadas de covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue aumentando, situándose en los 148,84 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 139,1 notificado el martes por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por covid-19, se han notificado 38 más, de los cuales 94 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 87.904 personas.

Actualmente, hay 3.172 pacientes ingresados por covid-19 en toda España y 562 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 512 ingresos y 337 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 2,56% y en las UCI en el 6,13%. 

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado este miércoles que las fuerzas políticas que acordaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso de 2017 tienen ahora la "oportunidad" de actualizarlo.

Para Montero, "el mayor consenso político" que existe en la Cámara baja en la actualidad es el de "no descansar" hasta la "erradicación" de las violencias que sufren las mujeres y, por ello, ha hecho un llamamiento a estos partidos a "seguir haciendo políticas públicas" e "inversiones económicas" con "la más absoluta unidad" y "consenso institucional, sin fisuras".

A su juicio, ahora hay una "oportunidad" de "actualizar el dictamen" de ese acuerdo y hacerlo bajo "el mismo consenso" que se consiguió en 2017. "Estamos obligadas por las mujeres asesinadas, sus hijos, sus familias, por las que no están, las que siguen luchando, las que van a venir y las que vendrán a convertir en permanente el Pacto y a blindar su financiación", ha insistido la responsable de Igualdad.

El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles por unanimidad limitar un poco más las actividades de las personas no vacunadas prorrogando el pasaporte sanitario hasta el 15 de enero de 2022, incluido en las zonas blancas del semáforo epidemiológico, con menor incidencia de la pandemia.

Con la nueva norma, los no vacunados no podrán acceder al transporte público, bares y restaurantes, gimnasios, cines, teatros y grandes eventos públicos, y solo podrán acudir a sus puestos de trabajo de manera presencial, o utilizar trenes de alta velocidad o aviones, previa prueba de coronavirus negativa, que no deberá superar las 72 hora en el caso de ser PCR y las 48 en la de antígenos.

"Nuestra situación está empeorando ligeramente pero de forma constante", ha señalado el primer ministro, Mario Draghi. "Queremos ser muy cautelosos y evitar riesgos y poder así preservar lo que han logrado los italianos", ha señalado tras el Consejo de Ministros celebrado este miércoles.

El inicio de la temporada alta turística en La Palma, a diferencia del resto del archipiélago, viene marcada por la incertidumbre derivada de la erupción volcánica pues se desconoce su finalización, y por la caída de la conectividad aérea que dificulta la llegada de los turistas.

"Pensamos ya en Semana Santa", asume resignado ante Europa Press el vicepresidente de Ashotel en La Palma, Carlos García, que señala que "no hay ninguna perspectiva" mientras no se apague el volcán. La temporada ya está empezada y aerolíneas y turoperadores han planificado sin contar con la isla.

En esa línea, señala que compañías como Condor o Easyjet han trasladado su operativa al mes de marzo y los escandinavos la han suspendido lo que hace inviable confiar en la llegada masiva de turistas del norte de Europa.

El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha emitido un nuevo informe, que evalúa el riesgo de la población ante la evolución de la pandemia hasta el 31 de enero de 2022, donde pide a los países de la UE y del EEE que focalicen sus acciones en vacunar a los no vacunados; mantener las medidas de salud pública en vigor durante las vacaciones y, en la medida de lo posible, administren ya la dosis de refuerzo a mayores de 40 años, ancianos y personas vulnerables.

Tras su publicación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que "está claro que debemos intensificar la vacunación para controlar la pandemia" y ha confiado en poder "convencer" a la población que aún se resiste a la inoculación. "El refuerzo debe estar disponible para todos los adultos, con prioridad para los mayores de 40 años y la población vulnerable. ¡Y sigamos con distancia y mascarilla!", ha pedido Von der Leyen, en línea con las recomendaciones del ECDC.

El informe alerta de que el nivel medio actual de consumo de vacunas en la UE/EEE será insuficiente para limitar la carga de casos de covid-19 y hospitalizaciones durante los meses de invierno. Por tanto, se insta a los países a dar la máxima prioridad a las personas que permanecen sin vacunar o que aún no están completamente vacunados.

El Gobierno de Eslovaquia ha anunciado este miércoles un confinamiento de dos semanas a partir de este jueves como parte de una estrategia de contención del coronavirus ante el incremento de los casos y la incidencia epidemiológica que ha llevado a un endurecimiento de las restricciones.

La Administración de Eduard Heger también ha aprobado el estado de emergencia en todo el país durante 90 días, por lo que se ha podido aprobar el confinamiento hasta el 9 de diciembre.

"No importa lo que apruebe el Gobierno, siempre habrá un grupo que no esté satisfecho. Soy consciente de eso, pero mi trabajo no es encontrar un compromiso, sino proteger vidas ", ha asegurado este miércoles Heger, anticipando una ola de rechazo a las nuevas medidas, un fenómeno que ya han experimentado países como Países Bajos o Austria.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha respaldado este miércoles en el Consejo Fiscal la decisión de Dolores Delgado de no proponer en octubre de 2020 al fiscal Ignacio Stampa para una de las ocho plazas de Anticorrupción destacando que no obtuvo ninguno de los 80 votos emitidos por los consejeros para las ocho plazas a las que concurría. Además, el comunicado de la FGE, se indica que en este caso concreto y "pese a las informaciones difundidas, no concurría causa objetiva alguna que afectase a la imparcialidad" de Delgado.

Esas informaciones a las que se refiere el comunicado recogido por Europa Press son las publicadas por diferentes medios de comunicación y tienen relación con esa decisión de octubre de 2020 que acabó con la salida de Stampa de Anticorrupción. El fiscal estaba adscrito al caso Tándem -donde se investigan los negocios presuntamente irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo-, y se da la circunstancia de que el despacho de abogados de la pareja de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, lleva la defensa de varios de los investigados.

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Joan Mena, ha exigido al líder del PP, Pablo Casado, que "deje de hacer el ridículo" tras ofrecer los votos de su formación para aprobar el artículo 155 de la Constitución, si la Generalitat de Cataluña se declara en rebeldía ante la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 25% de clases en español.

"Un señor que es líder de un partido condenado por corrupción, se inventa másteres que nunca ha hecho y va a misas de dictadores fascistas se permite pedir un 155 contra un modelo educativo que tiene mayoría social, política y pedagógica", ha censurado Mena a través de un comentario en Twitter.

Para el diputado en el Congreso, la sentencia del Supremo responde al marco legislativo de la LOMCE que han derogado, dado que la LOMLOE pauta que deben ser las administraciones educativas las que decidan el régimen lingüístico en los centros educativos.

Los grupos parlamentarios de la CUP y los comunes impulsarán una propuesta de resolución en el Parlament para instar al Govern a "acabar con los vínculos con Israel", y en concreto para que la agencia Acció, que depende de la Conselleria de Empresa y Trabajo, no establezca Israel como región estratégica.

En rueda de prensa este miércoles en el Parlament, la abogada de la organización palestina en defensa de los derechos humanos Al-Haq, Aseel AlBajeh, ha explicado la situación de su organización y de otras cinco más, que "el Gobierno de Israel ha declarado como terroristas e ilegales" y está impidiendo que hagan su trabajo.

AlBajeh ha asegurado que este tipo de acciones son una prueba a la comunidad internacional para "ver si actúa para acabar con la impunidad de Israel", y en la rueda, que también ha contado con la presencia de representantes de ERC, CUP y comuns, ha reclamado que el Govern aplique cláusulas de contratación y no destine dinero público a empresas "que se están lucrando en territorio ocupado palestino" y que también prohíba el comercio con asentamientos israelíes.

El Pleno del Consejo Fiscal celebrado este miércoles ha propuesto el nombramiento de Pablo Vicente Contreras como nuevo teniente fiscal ante el Tribunal Constitucional y el de Olalla Vázquez Moraga como fiscal de la Inspección Fiscal.

En concreto, en el pleno se han dirimido los informes para elevar la propuesta de sendos nombramientos. Contreras Cerezo, que forma parte de la fiscalía ante el Tribunal de Garantías desde 2007 y cuenta con una trayectoria de 40 años en la carrera, ha sido propuesto por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

La Fiscalía ha elogiado la "sólida formación y experiencia" de Contreras Cerezo al tiempo que ha asegurado que su designación como teniente fiscal "supone una continuidad al extraordinario equipo de fiscales que lo integran y pone en valor el trabajo realizado hasta ahora en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional".

La Policía ha evitado por segundo día consecutivo recurrir durante la huelga del metal en Cádiz a la tanqueta blindada que sí usó el lunes, lo que levantó las críticas airadas de Unidas Podemos, socio del Gobierno, reclamando directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que retirara este vehículo de seis ruedas.

La tanqueta se usó el lunes en Puerto Real, el municipio que conecta con Cádiz capital y donde se ubican Navantia y otras empresas contra las que se dirige la huelga de los trabajadores del sector del metal. En concreto, la barriada que concentra el mayor número de altercados, con choques diarios in crescendo con la Policía, es el de Río San Pedro.

Este miércoles, este barrio ha vuelto a ser el punto más conflictivo en cuanto a enfrentamientos entre manifestantes y policías. De hecho, el CEIP Viento del Sur ha tenido que cerrar ventanas y puertas para impedir que entrara el humo tóxico provocado por la quema de contenedores, para lo que los piquetes han usado salfuman.

El PSOE ha acusado este miércoles al líder del PP, Pablo Casado, de utilizar a los policías y guardias civiles para "atacar" al Gobierno y de pretender lograr réditos electorales con su apoyo a las protestas que han iniciado contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Además, le han afeado que fue el Gobierno de Rajoy el que utilizó a la Policía montando "un entramado" para "tapar la corrupción" del PP, en referencia a la operación Kitchen.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha subrayado el compromiso de su partido con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha dejado claro que no van a "permitir que determinadas formaciones políticas abanderen su defensa con un interés partidista".

El Pleno del Congreso, con los votos del PSOE, Unidas Podemos y formaciones nacionalistas e independentistas, ha rechazado este miércoles las enmiendas del PP y de Ciudadanos para tratar de parar la subida de sueldo del presidente Pedro Sánchez y los miembros del Ejecutivo de coalición que se contempla en el proyecto presupuestario para 2022.

La propuesta de congelar el sueldo de los miembros del Gobierno, como se ha hecho en la Comunidad de Madrid y se ha aplicado a diputados y senadores en las Cortes Generales, no sólo contó con los votos del PP y Vox sino que también sumó a Vox, Coalición Canaria, UPN, Foro Asturias e incluso a los diputados de Más País-Equo, que sí ha apoyado los Presupuestos Generales. Además, formaciones como BNG, Compromís y Teruel Existe rechazaron votar en contra de la enmienda y optaron por la abstención.

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha replicado este miércoles a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que son los mandos policiales que dirigen el operativo desplegado ante las protestas de los trabajadores del metal en Cádiz los que deben decidir si hay que mantener o no la presencia allí de la polémica tanqueta de los antidisturbios.

Así ha respondido Sicilia en una rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz al pedírsele opinión sobre la petición que Díaz realizó este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que retirase ese vehículo, recalcando que los trabajadores del sector del metal "no son delincuentes" sino que están "legítimamente defendiendo sus derechos".

El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha justificado el uso de la tanqueta en las protestas de la huelga del metal en Cádiz y ha acusado a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de "escurrir el bulto" tras pedir que se retire este vehículo.

A preguntas de los periodistas, coincidiendo con su presencia en un acto de la Plataforma No a la España Insegura, Olano ha argumentado que el mismo "se usa únicamente y exclusivamente para abrir paso a los antidisturbios y disolver las barricadas que puedan poner los violentos".

La líder de Podemos en Andalucía y diputada por Córdoba, Martina Velarde, ha exigido este miércoles en el Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que cese en Cádiz la "violencia policial" y la "presión" contra los trabajadores del metal que están "luchando por el pan de sus hijos" en las protestas que se están sucediendo en la provincia. "Basta de represión. La huelga es un derecho", ha proclamado la parlamentaria desde la tribuna del hemiciclo.

Los grupos del PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han aprobado una declaración de apoyo a la decisión de la jueza argentina María Servini de procesar al exministro de Gobernación de España, Rodolfo Martín Villa, por cuatro homicidios registrados entre 1976 y 1978, tres de los cuales se produjeron en la matanza del 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa, en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera.

A través de esta declaración institucional, que no ha sido suscrita por el PSE-EE y el PP, las tres formaciones firmantes del texto solicitan al Gobierno central, así como a la Justicia española, que "en cumplimiento de los deberes derivados de la normativa internacional aplicable al caso, colaboren activamente" en el proceso derivado del auto de procesamiento dictado por la jueza María Servini.