Diseccionando al CNI: de sus orígenes franquistas a su escasa transparencia y limitado control

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es uno de los organismos gubernamentales más herméticos y opacos de la administración española, quizá el que más. Tanto es así que uno de sus exdirectores, Alberto Saiz, admitió recientemente en una entrevista en Salvados que "hay muchas cosas en las que se podría levantar el velo": "Lo de los secretos oficiales está bien, pero lo de contar algo más, tener más visibilidad ante la ciudadanía de las cosas que hace el CNI estaría muy bien", admitió. Una declaración que corrobora un exalto cargo del ministerio de Defensa, que prefiere no ser citado por su nombre, en conversación con infoLibre: "A veces parece que seamos el archivo secreto del Vaticano", ironiza.

Las funciones del organismo, según establece la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (Ley 11/2002, de 6 de mayo) en su artículo numero 1, son "facilitar al presidente del Gobierno y al Ejecutivo las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones". Es precisamente uno de estos supuestos, el de la "amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial" a la que la citada fuente alude para justificar el presunto espionaje a los líderes independentistas mediante el programa Pegasus.

"Ese artículo da competencia clarísima al CNI para investigar a los independentistas que proclamaron la república catalana. El organismo está obligado a informar al presidente del gobierno de todos los asuntos en el que esté en cuestión la integridad nacional de España y, si está debidamente acreditado por un juez, puede intervenir sus teléfonos", apunta. Este exalto cargo desconoce si hubo una investigación, pero desmiente que Pegasus sea un software "que solo se vende a los Estados": "Si mañana lo compra Repsol, aunque tendría que justificar el gasto porque es muy caro, podría acceder a él sin problemas".

A Antonio Rubio, uno de los periodistas de investigación que mejor conoce la actividad del CNI, no le cabe la "menor duda" de que el centro de inteligencia está detrás del espionaje. "El CNI está detrás y creo que la Policía también. Es evidente que unos y otros tenían acceso al sistema", analiza. "Los servicios de inteligencia escucharon en el pasado, escuchan en la actualidad y seguirán escuchando en el futuro", explica a este periódico.

En ese sentido Rubio duda de la promesa del ministro de la presidencia, Félix Bolaños, de establecer una "investigación interna" para esclarecer lo ocurrido. "Eso es el equivalente a una inspección de trabajo. No lo va a hacer gente de fuera, lo va a hacer gente de dentro del organismo. El resultado de ese control habrá que ponerlo en cuarentena. ¿A quién le vas a meter el cuerno? ¿A tu jefa?", se pregunta. "Según lo veo yo tendrán que rodar cabezas, como ya sucedió en épocas pasadas". Una de las formaciones del Ejecutivo, Unidas Podemos, se ha alineado con las peticiones de los partidos independentistas y ya apuntan a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Los orígenes franquistas del Centro Nacional de Inteligencia

Décadas después del final de la Guerra Civil y con las manifestaciones estudiantiles de mayo en Francia como referencia, el dictador Francisco Franco creó la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN) en el año 1968. Lo hizo con el fin de enfrentarse a los movimientos de oposición al régimen en diversos ámbitos, especialmente en el universitario —que más tarde se amplió a otros campos—, recabando información y represaliando a quienes se oponían a la dictadura. En 1972 se integraría en el Servicio Central de Documentación (SECED), pilotado por el entonces vicepresidente, Luis Carrero Blanco. Con la llegada de la Transición, Adolfo Suárez creó el CESID, precursor del actual CNI, integrando a los cuadros de la citada organización franquista.

"La herencia franquista ha estado más presente en el CNI que en otras instituciones del Estado", apunta el antiguo alto cargo de Defensa. "La dictadura se empleó a fondo para su propia defensa y, por tanto, su componente militar era considerable: se entraba por recomendación y casi de modo exclusivo desde el Ejército, desde la Guardia Civil, la Policía o la propia Falange", expone. Aunque ha habido avances, la citada fuente cree que no se ha producido "una renovación": "De ahí no se ha echado a nadie. Los generales estuvieron dirigiendo el centro hasta que lo presidió Jorge Dezcallar, que fue la primera persona civil en dirigir en centro". Dezcallar fue elegido en el año 2002 por el Ejecutivo de José María Aznar.

En este punto también se detiene Rubio. "Hasta una determinada época solo podían optar a ser agentes del CNI gente que venía de la vía militar o de la Guardia Civil. Eso se transformó y comenzaron a haber oportunidades y la posibilidad de que entrara gente de carrera. El organismo se abrió también a las mujeres. Han sido procesos positivos pero, al igual que ha ocurrido en con la cúpula judicial o policial, todavía quedan restos del anterior sistema", explica.

Por su parte Isabel Bazaga, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos (IRJC), especializada en políticas de seguridad, señala que cuando se habla de políticas "el peso de la herencia es evidente, lo que ha pasado antes tiene influencia en lo que pasa ahora": "Ha habido un proceso de modernización y democratización en los servicios secretos, pero siempre tienen el decalaje entre lo posible y lo deseable".

Las funciones de los servicios de inteligencia

El artículo 4 de la Ley del CNI especifica que su función es "prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y las libertades de los españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población". También es competencia del CNI "promover las relaciones de cooperación y colaboración con los servicios de inteligencia de otros países", es decir, contribuir al mejor funcionamiento de lo que se ha llamado la "comunidad de inteligencia".

En la práctica, esto equivale a que el centro emite notas diarias en las que informan al Gobierno sobre "los asuntos de interés". Los destinatarios son el propio presidente del Ejecutivo, la ministra de Defensa y, habitualmente, el del Interior. Según confirman varias fuentes, estas notas también se dirigen a la Casa Real cuando procede. "Son unas notas detalladas, algunas veces son transcripciones de conversaciones importantes", confirma el exalto cargo. "Si el CNI recae en Defensa, como ha ocurrido históricamente y pasa en la actualidad, es el ministro el que aborda con el director del CNI las posibles dudas que le surjan al leer la información", relata.

Constantino Mendez, exsecretario de Estado de Defensa en época de Carme Chacón y presidente del Consejo de Seguridad y Defensa de la Fundación Alternativas, confirma este 'modus operandi': "Lo que se emiten son notas técnicas de apoyo", afirma. "También se pueden pedir informes específicos para conocer la naturaleza de alguna actividad o el detalle de alguna operación", relata en conversación con infoLibre.

Otra de las características que define el carácter de excepcionalidad del CNI como órgano de la Administración (que se recoge en el punto 5 de la ley), es la condición de secreto que afecta a todos y cada uno de los aspectos de su organización interna y funcionamiento. El secretismo de las actividades, organización, estructura interna, medios, procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos y fuentes de información es lo que el Ejecutivo está utilizando como argumento para evitar dar detalles sobre el presunto espionaje.

El control judicial y parlamentario sobre el CNI

Robles recalcó recientemente que “todas las actuaciones” del CNI "están sujetas al control parlamentario y judicial". Una analista en asuntos de inteligencia, que también prefiere no ser citada, asegura que "el espionaje es un tipo penal y todas las interceptaciones de comunicaciones que se realizan en el entorno de los servicios de inteligencia tienen tutela judicial": "El magistrado que lo determina y el segundo de oficio son absolutamente restrictivos y legalistas", apunta. "Las garantías constitucionales referidas al derecho a la intimidad se pueden saltar con permiso escrito del magistrado de la Sala Tercera que otorga unos permisos siempre motivados".

Bazaga también mantiene esa tesis: "Si la intervención se ha hecho por vía judicial, es lícita", señala. "Si hay una ordenación de la mano de un juez, habrá considerado que era relevante para la seguridad nacional", prosigue. Sin embargo, la experta también ve necesario abordar "el debate que se produce entre seguridad y libertad": "En términos de opinión pública hay cierto grado de tolerancia hacia ciertas restricciones cuando se trata de aumentar la seguridad nacional". Rubio concede que "al juez se le motiva la escucha", pero destaca que "los investigadores pueden utilizar ese recurso para hacer otras cosas".

Respecto al control parlamentario y como ya explicó recientemente infoLibre, se trata de una comisión que lleva más de tres años sin reunirse por los vetos de la derecha a los portavoces de ERC y Bildu. Precisamente el martes la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, propuso cambiar el método de elección de los diputados y disminuir la mayoría de 210 diputados a 176. Pero esto tampoco acabaría de solucionar la falta de control, según Bernardino León, columnista de infoLibre y miembro del proyecto europeo GUARDINT, que estudia las prácticas de los servicios de inteligencia occidentales, pone en cuarentena esa afirmación.

"En lo relativo al control parlamentario nuestro país carece de una comisión dedicada exclusivamente al control de los servicios de inteligencia, como sí la tienen países como EEUU", explica León. "En España tan solo tenemos la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, más conocida como Comisión de Secretos Oficiales, cuya responsabilidad es la de auditar los “fondos reservados” con los que se financia, entre otras instituciones, el CNI. Es un control financiero. Y es muy escaso", apunta. Es más, León destaca que varios diputados que han participado en esa comisión le han trasladado su "poca utilidad".

El investigador cree las revelaciones de Edward Snowden demostraron la falta de control de los servicios de inteligencia europeos y rechaza la "doble impunidad" con la que las agencias operan. "No solo actúan sin un control democrático efectivo, como ha denunciado el Consejo de Europa en numerosas ocasiones, sino que además consiguen intimidar o castigar a aquellos que tratan de denunciar sus acciones".

Los recursos económicos del CNI y el contexto internacional

El presupuesto del CNI aumentó un 4%, hasta los 312.276.540 euros, en la última partida de los Presupuestos Generales del Gobierno. Sus gastos de personal suponen el 66% del total, con una plantilla que supera las 3.000 personas. La partida de fondos reservados, que solo controla la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, se ha mantenido congelada en 19,8 millones de euros, igual que las de los departamentos de Interior, Defensa y Exteriores, con un monto total de 27,8 millones.

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Constantino Mendez asegura que su cometido como secretario de Estado de Defensa estaba relacionado, exclusivamente, con la cuestión presupuestaria. "Las conversaciones que yo tenía se limitaban a ‘te has pasado,’ ‘qué falta’ o ‘esto hay que revisarlo dos veces’", explica. "Cualquier organismo del ministerio presentaba su presupuesto pero tenía que especificar sus contenidos, el CNI estaba en disciplina presupuestaria como cualquier otro organismo, pero no se entraba en el detalle ni en la actividad".

Al contrario que en otros países de nuestro entorno, en España no hay una agencia que lleve asuntos relacionados con la inteligencia interior —que se ocupa de asuntos que afectan a cuestiones exclusivamente nacionales—, y otra con la inteligencia exterior —que se encarga de las cuestiones que afectan a la seguridad del Estado pero que se producen o se refieren a otros Estados—: todo pasa por el CNI. Esto sí sucede en Estados Unidos con el FBI y la CIA o en el Reino Unido con el MI5 y el MI6, que se encargan respectivamente de la inteligencia interior y exterior.

"Hay agencias que tienen dividido el trabajo en virtud de si es nacional o exterior, pero en España se decidió que no somos tan grandes ni tenemos tanto peso en el extranjero. Cuando hay zonas de interés, el CNI destaca gente y obtiene información en el extranjero. Hay más conversación entre servicio de inteligencia de lo que creemos y normalmente hay un trasvase de esa información entre países amigos", explica el exsecretario de Estado. A su juicio, el sistema español "es correcto" porque "el CNI está presente allí donde hay un riesgo para el país".