Las encuestas sonríen al bloque conservador de PP, Ciudadanos y Vox de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril. Desde hace meses, y especialmente a raíz del gran resultado obtenido por la ultraderecha en las elecciones autonómicas andaluzas, los sondeos sitúan consistentemente a las tres formaciones de derechas por delante de la suma del PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas periféricos, e incluso algunas proyectan que rondarán el 50% de los votos. No obstante, la traducción de sufragios a escaños puede traer malas noticias para los conservadores, ya que la ley electoral podría perjudicar a todo el bloque si Vox, como indican las encuestas, obtiene un resultado por debajo del 15% de los votos.
A pesar de que la Constitución establece que el sistema electoral español debe atender "a criterios de representación proporcional", una de las denuncias clásicas de partidos como IU es precisamente la escasa proporcionalidad de la ley electoral, que prima la concentración del voto y perjudica a las formaciones más pequeñas. La famosa ley D'Hondt, el sistema de reparto de las actas, tiene que ver en esta distorsión, pero la causa más importante de la misma es la sobrerrepresentación de las provincias rurales y, fundamentalmente, la abundancia de circunscripciones que eligen pocos diputados y en las que es complicado que las formaciones más pequeñas obtengan acta.
Para las elecciones generales, las circunscripciones se corresponden con cada una de las 50 provincias –además de Ceuta y Melilla–, que escogen más o menos diputados en función de su población. Solo en siete se escogen diez o más parlamentarios: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga y Murcia. Las otras 43 provincias se reparten entre las 24 que pueden considerarse medianas –entre las que se cuentan Cádiz, Zaragoza, Granada, Asturias o Valladolid–, que escogen entre cinco y nueve diputados, y las 19 provincias pequeñas, que eligen cuatro actas o menos. Entre estas últimas están lugares como Albacete, Salamanca, Huesca o Soria, que es la circunscripción más pequeña de España al designar solo dos diputados.
Esto implica que en las provincias más pobladas es más sencillo conseguir un escaño que en las más pequeñas, precisamente porque se reparten más, aunque también cada acta cuesta a los partidos un número –que no un porcentaje– mayor de votos. Buen ejemplo de ello son las generales de 2015, en las que IU se quedó sin representación en Asturias (que elige ocho escaños) pese a obtener un 8,5% de los votos, mientras que consiguió dos parlamentarios por Madrid (que es la provincia que más reparte, con un total de 36) con el 5,26% de los sufragios allí.
La barrera, en torno al 15%
Según explica Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y experto en sistemas electorales, en general los partidos que superan el 15% de los votos a nivel estatal consiguen que el sistema electoral "no les haga mucho daño", ya que si lo hacen es porque han conseguido un porcentaje significativo de los votos en todas o buena parte de las provincias. A partir de esa barrera, el porcentaje de sufragios obtenido por la formación en toda España comienza a reflejarse de manera más proporcional en el número de escaños que tendrá al final en el Congreso.
Con él coincide Carolina Bescansa, cofundadora de Podemos y experta en análisis electoral, que sostiene que "todos los partidos que tengan un porcentaje de votos por debajo del 13% o el 14% sufren mucho por el sistema electoral". "Por ejemplo, en una provincia mediana, en la que se elijan siete diputados, tienes que sacar como mínimo en torno a un 14% para conseguir el primer escaño", y esas barreras tan altas generan "un elemento de sanción a las fuerzas más pequeñas", explica.
El problema para el bloque de la derecha es que Vox, según las encuestas, cosecharía –en este momento– un porcentaje de apoyos menor al 15%, por lo que se encuentra "en esa banda de peligro" en la cual un buen resultado a nivel de votos puede verse reflejado en un número escaso de escaños, explica Simón, que apunta que "todo depende de dónde se estabilice" el voto de la formación ultraderechista. Un buen ejemplo de cómo puede perjudicar la ley electoral si no se sobrepasa esta barrera es el de Ciudadanos, que en 2016 obtuvo un 13% de los votos en toda España. El partido naranja solo consiguió representación en 20 de las 50 provincias, y su 13% de los sufragios se tradujo en apenas 32 escaños, que suponen un 9,1% de los 350 que tiene el Congreso.
Pero es que, además, al menos una parte de los votos que obtuviera Vox en las circunscripciones pequeñas en las que no consiguiera ningún escaño serían votos que no habrían ido a parar a PP y Ciudadanos, que de esta manera se verían indirectamente perjudicados por la no entrada de la ultraderecha en la provincia en cuestión. En este supuesto "Vox se queda sin representación, y los votos que le roba a PP y a Ciudadanos se pierden", resumen Bescansa y Simón.
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Concentrarse en determinadas provincias
Algunas formaciones no concurren en toda España, sino tan solo en unas pocas circunscripciones, como ERC, PDeCAT, PNV, Compromís o En Marea. Pero suelen obtener bastantes escaños ya que, en muchos casos, son las listas hegemónicas en esas provincias. Los nacionalistas vascos obtuvieron en 2016 apenas un 1,2% de todos los votos a nivel estatal porque solo se presentaron en las tres circunscripciones de Euskadi, pero allí alcanzaron los cinco diputados con apoyos que oscilaron entre el 15,95% de Álava y el 28,25% de Bizkaia.
¿Puede plantearse Vox no concurrir en todas las provincias para centrar sus recursos en aquellas con más posibilidades de obtener escaño? Pablo Simón duda de que a Vox le interese dejar de lado en su campaña las provincias pequeñas, donde tiene menos opciones de conseguir escaño, ya que "todavía no tienen una base muy sólida" con la que permitirse el lujo de centrarse en las circunscripciones más grandes. "Imagino que harán campaña en todos los sitios donde puedan", plantea.
Las encuestas sonríen al bloque conservador de PP, Ciudadanos y Vox de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril. Desde hace meses, y especialmente a raíz del gran resultado obtenido por la ultraderecha en las elecciones autonómicas andaluzas, los sondeos sitúan consistentemente a las tres formaciones de derechas por delante de la suma del PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas periféricos, e incluso algunas proyectan que rondarán el 50% de los votos. No obstante, la traducción de sufragios a escaños puede traer malas noticias para los conservadores, ya que la ley electoral podría perjudicar a todo el bloque si Vox, como indican las encuestas, obtiene un resultado por debajo del 15% de los votos.