La derecha descubre ahora los efectos nocivos de una ley electoral que lleva décadas perjudicando a la izquierda

"Cuanto más Vox, más Sánchez". Ese va a ser uno de los mensajes clave en la campaña del PP para las próximas elecciones generales del 28 de abril, en la que la formación liderada por Pablo Casado tratará de apelar al voto útil para mejorar sus resultados y evitar que el inédito fraccionamiento de la derecha en tres formaciones pueda terminar perjudicando las expectativas electorales de todo el bloque. Y es que los efectos de la ley electoral en las circunscripciones menos pobladas podrían resultar muy dañinos para los conservadores, un problema que conocen bien formaciones como IU, tradicionalmente muy desfavorecidas en el reparto de escaños.

A pesar de que la Constitución establece que el sistema electoral español debe atender "a criterios de representación proporcional", una de las denuncias constantes de los partidos pequeños es precisamente la escasa proporcionalidad de la ley electoral, que prima la concentración del voto y perjudica especialmente a las formaciones que se quedan por debajo del 15% de los votos. La famosa ley D'Hondt, el sistema de reparto de las actas, tiene que ver en esta distorsión, pero la causa más importante de la misma es la sobrerrepresentación de las provincias rurales y, fundamentalmente, la abundancia de circunscripciones que eligen pocos diputados y en las que es complicado que las formaciones más pequeñas obtengan acta, ya que en ellas el sistema electoral tiene efectos mucho más mayoritarios.

Esta circunstancia, tradicionalmente, ha perjudicado a los partidos de la izquierda mucho más que a los de la derecha, que desde hace años y hasta 2015 había concentrado sus votos casi exclusivamente en el PP. Así se desprende del análisis de los votos que no sirivieron para obtener escaños en las tres últimas elecciones generales, en las que entre 1,7 y 2,5 millones de personas votaron a formaciones que no consiguieron representación en su circunscripción.

Los comicios de 2011 fueron los últimos generales en los que imperó el sistema bipartidista que ha dominado el escenario político español desde la transición hasta la irrupción de Podemos y, posteriormente, de Ciudadanos. Y esas elecciones son una buena muestra de cómo la dispersión del voto que ahora preocupa al PP ha perjudicado tradicionalmente a la izquierda. La candidatura que entonces lideraba Mariano Rajoy obtuvo una cómoda mayoría absoluta de 186 escaños –el 53% de los sillones– con solo el 44,6% de los votos, y su buen resultado, unido a la debacle del PSOE, les permitió obtener escaños en todas las provincias, por lo que ningún votante del PP quedó sin representación.

En el otro extremo de la ecuación se encontraron en 2011 IU y UPyD. La federación de izquierdas, tradicionalmente perjudicada por la ley electoral, sumó 11 escaños con sus 1,68 millones de votos en esas elecciones, pero de ellos un total de 781.940 fueron en provincias donde IU no consiguió representación, lo que implica que la papeleta se perdió. El partido de Rosa Díez sufrió un problema similar: sus cinco diputados únicamente procedieron de dos circunscripciones –Madrid y Valencia–, y 711.477 de los 1,14 millones de personas que votaron a UPyD vieron como su sufragio no se traducía en peso parlamentario.

En total, en esas elecciones fueron 2,43 los millones de votos que no sirvieron a los partidos para obtener representación. Y, entre las pequeñas formaciones de izquierdas, hubo muchas otras que vieron muchos de sus sufragios quedarse por el camino: es el caso del BNG (casi 39.000 de sus 184.000 votos no se tradujeron en escaños), Compromís (le ocurrió lo mismo con 39.500 de sus 125.000 votos) o ERC (que vio cómo más de 54.000 de sus votos no servían para obtener escaño). Pero, además de IU y UPyD, hubo otros dos partidos especialmente perjudicados, ambos progresistas: Equo y Pacma, que se quedaron fuera del Congreso pese a obtener, a nivel estatal, 217.000 y 102.000 votos, respectivamente.

La competencia entre Podemos e IU en 2015

En las elecciones de diciembre de 2015 se reprodujo un patrón similar, aunque con actores diferentes. Fueron dos las formaciones especialmente perjudicadas en términos absolutos por los efectos de la ley electoral: IU, de nuevo, y Ciudadanos. La federación de izquierdas, en las últimas generales en las que se presentó en solitario, solo obtuvo representación en Madrid, y 736.590 de sus 926.783 votos –casi el 80%– quedaron en el limbo. Por su parte, el partido naranja consiguió 3,5 millones de votos, pero de ellos, 572.694 papeletas no sirvieron para obtener escaño.

Podemos y las confluencias también se vieron perjudicadas por los efectos de la ley electoral en lo relativo a la concentración del voto, aunque en menor medida: casi 300.000 de sus cinco millones de votos quedaron sin representación. Y lo mismo les ocurrió a formaciones como el Pacma (220.369 votos) y UPyD (155.153 sufragios), que no consiguieron diputados en ninguna provincia y cuyos votantes, por tanto, quedaron huérfanos en el Congreso. A su lado, los electores de PP y PSOE fueron más afortunados: solo 84.654 y 14.532 de ellos, respectivamente, vieron cómo su voto no servía para que el partido obtuviera al menos un escaño en su provincia.

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Por el contrario, en las elecciones de 2016 las tornas se dieron la vuelta y la izquierda, en términos generales, fue capaz de rentabilizar mejor sus votos que la derecha. La causa fundamental de esta transformación fue la alianza que suscribieron Podemos e IU para presentarse aliados en la coalición Unidos Podemos, que pese a no cumplir las expectativas que auguraban el sorpasso al PSOE, solo dejó a 287.592 de sus votantes sin representación, por el millón largo de electores de ambas formaciones por separado que en 2015 vieron cómo su papeleta no servía para que su partido obtuviera escaño en su circunscripción.

A diferencia de lo ocurrido con la coalición morada, el empeoramiento de los resultados de Ciudadanos –que pasó de 3,5 a 3,1 millones de votos– se dejó notar en el número de sus votantes cuya papeleta no les sirvió para que el partido naranja obtuviera escaño: fueron un total de 725.516. Y otros 286.700 votos que se perdieron fueron los de un habitual, el Pacma, que no pudo obtener representación pese a crecer significativamente.