El PP se lía con el SMI: Aznar lo despreció, Rajoy lo congeló y Feijóo se une a Sumar para que no tribute

El Partido Popular está tratando de aprovechar el choque interno del Gobierno a cuenta de la tributación fiscal del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tras la última subida pactada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, que asciende a 1.184 euros al mes en 14 pagas. La formación de Alberto Núñez Feijóo busca unir fuerzas con Sumar, Podemos y otros aliados parlamentarios del Ejecutivo para reformar la ley tributaria y que los trabajadores sujetos al salario mínimo interprofesional no paguen IRPF a partir de este 2025. Así lo señalan fuentes del equipo de Feijóo, que se abren a negociar con el socio minoritario del Gobierno para lograr que los perceptores del SMI no tributen como sí reclama Hacienda. Desde la formación también apuntan a que el PP y Sumar podrían articular una mayoría alternativa en la Mesa del Congreso y levantar el previsible veto presupuestario a sus proposiciones de ley.

En la sesión de control al Gobierno el líder del PP calificó de "paripé" el encontronazo entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que la vicepresidenta segunda aseguró que se había enterado de la medida por la prensa. Y el conservador dejó claro que, en esa batalla, se posiciona con Díaz: "Quedarse con la mitad de la subida del SMI ni es progresista ni es justicia social", fue el mensaje que le lanzó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El socialista replicó tirando de hemeroteca. “Ahora entiendo por qué congelaron el SMI, para que no tuviera retención en el IRPF", le espetó. "Mucho mejor vivir con 735 euros a los 1.184 al mes", añadió. El jefe del Ejecutivo no rectificó la decisión tomada por María Jesús Montero, pero tampoco hizo ni pedagogía ni una defensa cerrada de la medida.

Durante la etapa de Sánchez en Moncloa, en la que el SMI ha crecido un 60,8%, el PP se ha opuesto a su subida —aunque no de manera explícita— posicionándose siempre con la patronal bajo el argumento de que encarece los costes laborales, frena la contratación y termina expulsando del mercado laboral a los trabajadores menos cualificados. Desde el Gobierno y las formaciones de izquierdas aseguran que se trata de un mecanismo necesario para dignificar el trabajo y garantizar un nivel básico de vida, además de reducir la necesidad de recurrir a subsidios públicos para sobrevivir.

González, Sánchez y Suárez, los presidentes que más han subido el SMI frente a Aznar y Rajoy

El SMI es la retribución mínima legal que un trabajador puede percibir por una jornada completa de trabajo. Se concibe como una herramienta que trata de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, facilitando que una persona con empleo pueda mantener un nivel de vida digno. Fue instaurado en España en 1963 con un importe de 10,82 euros, 1.800 pesetas y desde su creación no ha dejado de aumentar, aunque con muy distinto ritmo según los gobiernos y la coyuntura económica. En el Estatuto de los Trabajadores, aprobado en 1980, se estableció su revisión anual, aunque con el PP al frente de la Moncloa se congeló durante dos años.

Lo cierto es que los Ejecutivos del PP son los que menos han subido el SMI. El expresidente José María Aznar fue el menos generoso. En la primera legislatura lo elevó un 6,08% y en la segunda, un 6,24%, para dejarlo en 460,50 euros en 2004 Durante la etapa de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2018, la retribución mínima solo se elevó un 14,6%, hasta los 736 euros, aunque la mayor subida se produjo prácticamente al final de su mandato. En su primera legislatura solo lo subió un 1,12% tras solicitar a la Unión Europea el rescate financiero para sanear la banca y acometer un ciclo de recortes. Además, tanto en 2012 como en 2014, el Ejecutivo de Rajoy congeló cualquier subida, prorrogando las cuantías de años anteriores.

Datos que contrastan con los mandatos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo En la primera (1978-79) subió un 26,7% y en la segunda (1980-82), un 24,9%. Dejaron el salario mínimo en 170,93 euros al mes. Los próximos cuatro años, el primer Ejecutivo de Felipe González, el SMI subió un 24,8%. A lo largo de los cuatro mandatos del socialista, el alza fue de un 101,86%, la mayor subida. En 1996, el suelo de los salarios había alcanzado los 390,18 euros. El siguiente aumento por su cuantía se produjo en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, un 22,24%. Pero en su segundo mandato el SMI sólo creció un 2,7%.

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Al margen del SMI, el fenómeno que marca el debate es la extensión de un rechazo a los impuestos por parte del PP, donde ha calado a fondo el llamado "populismo fiscal" tras años de martilleo contra el supuesto "atraco" de un gobierno que ahora "se forra" gracias a la recaudación. Un argumento que ahora también utilizan para arremeter contra la ministra Montero. La siembra de ese discurso florece ya en una pérdida en el campo conservador de confianza en la utilidad de los impuestos y de compromiso fiscal con los servicios públicos. La solución para el PP pasa por “deflactar” la tarifa del IRPF —bajar el porcentaje que están obligados a pagar los asalariados— una política que, sin embargo, acaba beneficiando a las clases más altas, como ya sucede en los gobiernos autonómicos presididos por la formación, con la Comunidad de Madrid como el mejor ejemplo de esa política.

La comunidad presida por Isabel Díaz Ayuso hace gala del dumping fiscal, la práctica por la que un territorio ofrece beneficios mediante bonificaciones o deducciones de impuestos a personas y a empresas. Destacan las modificaciones introducidas en los tributos estatales cedidos, principalmente en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a lo que hay que añadir que han renunciado a tener tributación propia. El propio Gobierno madrileño cifra en casi 11.000 millones lo dejado de ingresar entre 2004 y 2023, sólo por las sucesivas podas al IRPF. Medidas que benefician, especialmente, al 5% más rico. El PP apoya su ofensiva contra el Impuesto de Patrimonio en planteamientos cuestionados, como el efecto derrame o la 'curva de Laffer', que mantienen no obstante una sólida implantación en la opinión pública.

A lo largo de toda la legislatura tanto el PP como Vox han situado la fiscalidad como uno de los principales problemas de la economía española. La de los ciudadanos, pero también la de las eléctricas, de las centrales nucleares, la del gas, la de las petroleras y de las empresas en general. Pero, al mismo tiempo, denuncian una elevada deuda pública y abogan por poner en marcha recortes para reducirla reduciendo el sector público. Un discurso que parece que ha calado entre la clase más desfavorecida, la que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) llama "baja/pobre". Sólo un 9,9% cree que los impuestos "son un medio para redistribuir mejor la riqueza", el menor porcentaje de todas las clases. También son los que más creen que son algo que se paga "sin saber muy bien a cambio de qué": 28,9% y es la clase que en mayor porcentaje considera que se pagan "muchos" impuestos (43,3%).