LA CONVIVENCIA DE LAS DERECHAS
"Es un infiltrado del traidor Sánchez": Vox la toma con el militar Gan Pampols y abre otro frente con el PP

La regularización de migrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros con la que se concederán autorizaciones de residencia y trabajo de un año busca beneficiar a al menos 25.000 personas afectadas por la dana y sus familiares directos, según cálculos aproximados del Ejecutivo. Se trata de una medida dirigida a que los migrantes sin papeles puedan optar a parte de las ayudas que conceden las administraciones por las consecuencias de la dana que causó 227 muertos en la provincia de Valencia. Se trata de una medida excepcional que ya aplicó, también de manera excepcional, el Gobierno de José María Aznar tras el 11M.
La primera reacción de la Generalitat Valenciana llegó a través del vicepresidente y consejero para la Recuperación Económica y Social tras la dana, el teniente general retirado Francisco José Gan Pampols, que dio la bienvenida a la iniciativa y recalcó que hay muchas personas "en condiciones de prestar alguno de los múltiples trabajos que son necesarios en la zona". "¿Qué hay que hacer con ellos? Pues formarlos y ponerlos a trabajar, ya saben ustedes el problema que hay de mano de obra", señaló este lunes, aunque la medida está dirigida, precisamente, a aquellos migrantes que ya están trabajando pero lo hacen de manera irregular.
Las palabras de fichaje estrella del presidente valenciano, Carlos Mazón, para tratar de dar una imagen de solvencia que no proyectó ni antes ni después de la dana del pasado 29 de octubre, encendieron los ánimos en la formación de Santiago Abascal que en los últimos meses ha entrado al choque directo con el vicepresidente valenciano por, supuestamente, "hacerle el juego" al Gobierno de Sánchez. El síndic de Vox en las Corts, José María Llanos, respondía a los pocos minutos a Gan Pampols así en X: “¿Pero a este qué le ha dado?¿Quiere 'esclavos'? ¿Es un infiltrado del traidor Sánchez? ¿No confía en los españoles? Pues si eso es lo que hay, gracias a este 'sabio' lo que no va a haber es Presupuestos. Agradézcanselo a Sánchez y a su títere Feijóo”.
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El choque ha llegado hasta el punto que ultraderechista ha pedido a la Generalitat que rectifique las palabras de su vicepresidente como condición para seguir negociando las cuentas autonómicas. "Cada día tengo más claro que Mazón tiene el enemigo en casa. Es una irresponsabilidad", criticaba, al tiempo que la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, evitaba respaldar a Gan Pampols de manera contundente. "Estamos encantados de que esté trabajando con nosotros", fue lo máximo que dijo este martes al ser preguntada, en varias ocasiones, sobre si el Gobierno de Mazón apoyaba al militar. "El vicepresidente habló de necesidad de mano de obra, no valoró una decisión que desconocemos", añadió Camarero ante la pregunta de si Pampols está "haciendo daño al Consell" como asegura Vox.
La estrategia de la Generalitat es clara: tender puentes con Vox de cara a aprobar los presupuestos, que el Ejecutivo de Mazón presentará previsiblemente la próxima semana, pese al último órdago de Abascal, que reclama a la dirección nacional del PP que "rompa" con los socialistas en Bruselas a cambio de dar su voto afirmativo a las cuentas autonómicas. "Vamos a hacer todo lo posible por contar con unos presupuestos. Vox ha sido nuestro socio (...) es un partido de estado, que ha trabajado con el Consell, que colaboró con el Consell, estoy convencida que seguiremos con las conversaciones", afirmaba la vicepresidenta primera.
Lo cierto es que, más allá de las polémicas, Mazón fio al militar su futuro político, pero no le está dando mando en plaza. Por ahora, el cometido del vicepresidente segundo para la reconstrucción es visitar los municipios afectados por la dana y tomar nota de sus peticiones, evitando así que el propio Mazón se desplace a estas localidades de l'Horta Sud de València para eludir las críticas de los vecinos. Actualmente tanto Gan Pampols como su equipo están elaborando un plan de reconstrucción, que tendrá que tener un contenido presupuestario, en un plazo de tiempo marcado por el propio Gan Pampols: un trimestre. Es decir, a finales de marzo. En ese periodo el plan debe arrancar o se marchará, según afirmó él mismo.
El propio vicepresidente para la reconstrucción asegura, sin embargo, que "cuenta con la absoluta confianza" de Mazón para llevar a cabo su cometido. “Cuento con su absoluta confianza, con el respaldo que me dio desde el primer momento para hacer lo que yo creo que tengo que hacer en este ámbito", afirmó este lunes tras la primera reunión oficial con el comisionado del Gobierno para la Reconstrucción, José María Ángel. También se le cuestionó sobre las informaciones que apuntan a su intención de dimitir, a lo que Pampols contestó señalando que no tenía "tiempo para chorradas".
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Más allá del papel del militar, la portavoz del Consell evitó posicionarse sobre si apoyan o no la regularización, asegurando que desconocían los detalles de la propuesta. Sin embargo, Camarero sí cargó contra la política migratoria del Gobierno central, que aseguró está "llevando a un efecto llamada desde hace tiempo", pero no dijo nada sobre los migrantes y su compleja situación. Organismos como Oxfam Intermón calculan que actualmente hay entre 28.000 y 41.000 personas en situación irregular que fueron afectadas por la dana y no pueden optar a las ayudas estatales, lo que las empuja a una situación de extrema vulnerabilidad.
En la propuesta que adelantó El País, uno de los requisitos exigidos por el Ejecutivo era contar con un certificado de empadronamiento, pero desde Oxfam y otras organizaciones especializadas en migraciones señalan que esto dejaría fuera a muchos migrantes sin papeles afectados. La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, también pidió al Ejecutivo que no deje al margen quienes no dispongan de padrón municipal. Por el momento, desde el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no han aclarado qué vías alternativas están contemplando para evitar estas exclusiones.
La Comunitat Valenciana, ya antes de la llegada de la dana, sufría una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social cuatro puntos superior a la media nacional, al tiempo que el porcentaje de pobreza laboral se sitúa en la en el 13,8%, alcanzando a un total de 273.546 personas y 223.720 hogares. En el sector primario y en el de las trabajadoras del hogar, entre los que hay una gran presencia de trabajadores migrantes en situación irregular, el porcentaje asciende hasta el 30%. Es decir, los migrantes ya estaban desprotegidos antes, por lo que la llegada de la dana sólo lo ha acrecentado: primero porque les ha hecho perder bienes o incluso el empleo y segundo porque no recibirán las ayudas del Gobierno para paliar lo que eso supone. Están, lamentan desde las organizaciones, fuera del sistema.