El aterrizaje de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado fue de todo menos sencillo. A pesar de sus tres décadas acreditadas de servicios prestados, su nombramiento por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez no fue del agrado de buena parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Nada menos que siete vocales de un órgano de gobierno de los jueces entonces caducado se negaron a dar el visto bueno a la fiscal de la Audiencia Nacional. Todos ellos pertenecían al denominado bloque conservador. Y, tras un intenso debate, decidieron votar no al considerar que la designación creaba una "apariencia de vinculación" con el Ejecutivo. Delgado estaba marcada por su etapa previa como ministra de Justicia del Gobierno y diputada socialista en el Congreso de los Diputados. Una condición política que le ha perseguido durante todo su mandato a ojos de la derecha.
Ahora, más de dos años y medio después de su llegada al puesto, Delgado ha decidido dar un paso al lado. Este martes, la fiscal general del Estado ha presentado su renuncia ante la titular de Justicia, Pilar Llop. Lo ha hecho alegando motivos de salud. Hace casi tres meses, fue operada de "urgencia". Se le eliminó un quiste sinovial que comprimía el conducto entre dos vértebras y una fractura en la faceta articular de la vértebra. Tenía, en definitiva, la columna muy afectada. Estuvo de baja hasta finales de junio. Sin embargo, pocas semanas después de su reincorporación, ha concluido que no está "en las condiciones físicas exigidas" para continuar llevando las riendas del Ministerio Público. "El cese ha sido a petición propia y por motivos exclusivamente de salud por la enfermedad que padece", ha querido dejar claro la ministra de Justicia.
Álvaro García, el sucesor
El encargado de sustituirla en el cargo será su hasta ahora mano derecha, el fiscal Álvaro García. El Consejo de Ministros lo ha propuesto este mismo martes para el puesto. Ahora, deberá pronunciarse el Consejo General del Poder Judicial como paso previo a la comparecencia del candidato en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, una suerte de examen que desde la oposición utilizaron en su día para cargar con dureza contra la propuesta de Delgado, que no dudaron en tildar de "peligrosa" y "lamentable". El informe del órgano de gobierno de los jueces es preceptivo, pero no vinculante. Y en él se valora si el aspirante reúne los requisitos formales que se exigen en el Estatuto del Ministerio Fiscal para ocupar el cargo: ser jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.
García cumple sin problemas las exigencias marcadas. Ingresó en la Carrera Fiscal en el año 1998, siendo destinado en régimen de adscripción provisional a la Fiscalía de Mahón, en Menorca. Poco después recaló en la de Área de Santiago de Compostela, donde fue nombrado a finales de 2004 fiscal especial coordinador de incendios de la comunidad autónoma. Quien fuera portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y vocal del Consejo Fiscal por dicho colectivo, el mismo al que pertenece Delgado, tiene una dilatada experiencia en medio ambiente. De hecho, fue el representante del Ministerio Público en el caso Prestige. Y conoce bien el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, donde hasta ahora ha ejercido como jefe de la Secretaría Técnica, un puesto clave en el organismo.
Tanto la fiscal como el Ejecutivo se muestran satisfechos por la etapa Delgado. Bajo su mandato, tal y como se ha encargado de recordar Llop, se ha aprobado "un código ético" para el Ministerio Público, se ha actualizado el reglamento de la carrera fiscal, se han incrementado con su impulso "el número de plazas de fiscales" o se ha avanzado en "paridad" en los puestos "directivos" del Ministerio Público. "Muchos son los logros que se han conseguido", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la titular de Justicia. Luces que, sin embargo, se han visto empañadas por no pocas sombras. Desde que llegó al cargo, las críticas, los ataques y las polémicas han sido constantes, lo que ha ido erosionando poco a poco la imagen de una fiscal con más de tres décadas de trayectoria a sus espaldas.
La sombra de Villarejo
Cuando Delgado agarró las riendas del Ministerio Público, ya arrastraba algunas máculas de su etapa al frente de Justicia. Precisamente, por la relación que había mantenido con José Manuel Villarejo. Como tantos y tantos miembros de lo más granado de la sociedad española, la voz de la fiscal también estaba presente en las grabaciones que durante tantos años había ido almacenando el comisario jubilado. "Un maricón", decía al policía allá por 2009 sobre el entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska. Cuando se empezó a vincular su nombre con el de Villarejo a raíz de un apunte que constaba entre los archivos incautados al exagente, Delgado negó haber haber tenido "ningún tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial" con el excomisario. Pocos días después, dijo haber coincidido con él y otros policías o cargos judiciales y fiscales en al menos tres ocasiones.
Una sombra, la de Villarejo, que le siguió persiguiendo durante su etapa al frente del Ministerio Público. Y que llegó, incluso, a tensionar las relaciones dentro del Ejecutivo de coalición. El mismo día que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dictaba la puesta en libertad del comisario jubilado, Delgado se reunía en un piso del centro de la capital con Eduardo Inda y Manuel Cerdán, de OkDiario, la web que ha servido de altavoz para las maniobras de la denominada policía política. El encuentro, desvelado por Ctxt, llevó a Unidas Podemos a unirse a una solicitud de ERC y EH Bildu en la que se exigía la comparecencia de Delgado para dar explicaciones sobre el encuentro de la fiscal general con los, en palabras de Pablo Echenique, "principales socios de la cloaca mediática".
De los nombramientos al 'caso Stampa'
El mandato de Delgado también ha estado profundamente marcado por las críticas recibidas dentro de la Carrera Fiscal en relación a su política de nombramientos. El sector conservador, aglutinado alrededor de la mayoritaria Asociación de Fiscales, la ha acusado en reiteradas ocasiones de primar en las designaciones de la cúpula del Ministerio Público a miembros de la UPF, su asociación. De hecho, fue este colectivo el que decidió llevar al Supremo el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores. El Alto Tribunal estimó el recurso y ordenó repetir el proceso al entender que no se había motivado suficiente por qué se había decantado por éste y no por el otro aspirante, José Miguel de la Rosa. A pesar de ello, Delgado volvió a insistir en la designación. "No solo elijo a uno de los candidatos, también elijo un modelo", argumentó. Un movimiento que ha vuelto a ser recurrido.
El área de menores ha sido, de hecho, uno de sus últimos quebraderos de cabeza. Hace solo un par de semanas, más de un centenar de fiscales, la mayoría especializados en este ámbito, reprochaban a la jefa del Ministerio Público el cese de Francisco Manuel García Ingelmo como número dos de la sala de menores. En un escrito, los firmantes recordaron la "excelencia en el desarrollo del trabajo" demostrado por el fiscal, motivo por el cual consideraban el cese como "una excepcional pérdida" para la "especialidad". "Ha conseguido que los especialistas en menores nos sintiéramos vinculados por un compañerismo que, gracias a su buen hacer, es algo más que participar de la misma especialidad", resaltaban los compañeros a través de un escrito.
Otro de los asuntos que más desgaste le han producido en los últimos meses ha sido el denominado caso Stampa. El fiscal fue apartado de la investigación sobre el comisario José Manuel Villarejo a raíz de los expedientes disciplinarios abiertos contra él por supuestas revelaciones de secretos a Podemos en este procedimiento. Las pesquisas, finalmente, fueron archivadas. E Ignacio Stampa acusó a Delgado y su equipo de maniobrar para que la investigación que se había abierto en su contra se dilatara en el tiempo, de modo que siguiera abierta cuando el Consejo Fiscal se reuniese para decidir si le daba su apoyo para acceder a una plaza fija en Anticorrupción. El fiscal acusaba a García, llamado a sustituir a Delgado, de haberse dirigido al instructor para hacerle reconsiderar la propuesta de archivo. El hasta ahora jefe de la Secretaría Técnica, sin embargo, siempre ha sostenido que eran necesarias más indagaciones.
"Lo importante no es de dónde venga, sino cómo desarrolle mi función y que ello se pueda apreciar y someter al escrutinio de la ciudadanía. Sé que el foco está puesto sobre mi gestión. Creo que es bueno y una garantía de transparencia", decía Delgado en octubre de 2020 en una entrevista con infoLibre, en la que reconocía que la estaban dando "por todos lados" pero en la que también dejaba claro que los descalificativos "cutres y chabacanos" no la iban a hacer "temblar" en sus "decisiones".
Archivo masivo a las muertes en residencias
Delgado se hizo con las riendas del Ministerio Público a las puertas de una de las mayores crisis sanitarias recientes. Por eso, una parte importante del trabajo de la Fiscalía en estos dos años y medio ha tenido mucho que ver con la pandemia de coronavirus. Desde las demandas contra el Gobierno central a las acciones judiciales contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que apenas han tenido recorrido. Y, por supuesto, lo relativo a la gestión de las residencias, donde durante la primera ola perdieron la vida más de 20.000 residentes. A comienzos de año, Amnistía Internacional criticaba que la Fiscalía hubiese dado carpetazo a todas estas muertes sin haber llevado a cabo una investigación suficiente. Y lo hacía poniendo datos sobre la mesa: casi el 90% de las pesquisas acabaron archivadas. De hecho, la ONG recogía más de un centenar de cierres en los que ni siquiera se había escuchado a los familiares.
Carpetazo para los Ayuso
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Durante estos dos años y medio el Ministerio Público también ha puesto el foco en la compraventa de material sanitario a lo largo de la pandemia. Así, Anticorrupción investigó durante cuatro meses el contrato de 1,5 millones de euros para la adquisición de mascarillas adjudicado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a Priviet Sportive, la firma de un empresario amigo de los Ayuso con la que colaboraba el hermano de la presidenta. Las pesquisas confirmaron que Tomás Díaz Ayuso cobró en concepto de "comisión comercial" más de 234.000 euros por la operación: 175.000 euros se corresponden con un fijo acordado por los trabajos para Priviet en relación con diferentes ofertas, entre ellas la investigada, y 59.203,52 euros como "bonus pactado por la obtención del contrato de las mascarillas"
Ahora bien, el fiscal jefe, Alejandro Luzón, dio carpetazo al asunto al entender que no había indicios que hiciesen pensar que el hermano de la líder del Ejecutivo regional "llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones" ante la Comunidad de Madrid tendentes a conseguir un "trato de favor" para la empresa. Un archivo que Anticorrupción también dictó en relación con las pesquisas que había abierto tras una denuncia presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid en relación a las ayudas otorgadas por el Gobierno central a diferentes compañías. En este caso, Luzón resaltó que la "hipótesis delictiva" que planteaban los denunciantes se había "comprobado huérfana de una mínima base indiciaria".
La investigación estrella
Pero, sin duda, la gran investigación del Ministerio Público durante la era Delgado ha sido la relativa a la fortuna del rey emérito. Aquellas pesquisas pusieron de manifiesto que Juan Carlos de Borbón habría ocultado a Hacienda entre 2008 y 2012 unos 56 millones de euros por el impuesto de donaciones y de IRPF. Sin embargo, el asunto quedó zanjado con un duro escrito de archivo. La inviolabilidad durante su etapa al frente de la Jefatura del Estado o las regularizaciones fiscales cuando ya se veía cercado permitieron al emérito esquivar el reproche penal.
El aterrizaje de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado fue de todo menos sencillo. A pesar de sus tres décadas acreditadas de servicios prestados, su nombramiento por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez no fue del agrado de buena parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Nada menos que siete vocales de un órgano de gobierno de los jueces entonces caducado se negaron a dar el visto bueno a la fiscal de la Audiencia Nacional. Todos ellos pertenecían al denominado bloque conservador. Y, tras un intenso debate, decidieron votar no al considerar que la designación creaba una "apariencia de vinculación" con el Ejecutivo. Delgado estaba marcada por su etapa previa como ministra de Justicia del Gobierno y diputada socialista en el Congreso de los Diputados. Una condición política que le ha perseguido durante todo su mandato a ojos de la derecha.