Educación retoma el Estatuto Docente cuando mayor desgaste sufre la escuela pública

El Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT, CSI-F, STES y ANPE retoman este martes la negociación del Estatuto Docente. Se trata de una vieja reivindicación de maestros y profesores, que vienen reclamando desde hace casi treinta años –se han debatido sin éxito varios borradores desde 1987– que se fije en una norma específica la carrera profesional de los docentes de colegios e institutos públicos.

Los sindicatos acuden a la reunión con el mismo documento que ya hicieron llegar al Ejecutivo el pasado noviembre y que, a su vez, estaba construido sobre la base del último borrador negociado entre todas las fuerzas sindicales en 2007 aunque adaptado a la nueva realidad de crisis y recortes que, a su juicio, han sumido a la escuela pública y a sus profesionales en una situación de fuerte deterioro, con 6.400 millones menos de presupuesto desde 2010. Sólo en el curso 2012-2013 hubo 19.523 docentes menos a pesar de que el número de alumnos aumentó en 70.841. Además, la previsión enviada en 2012 por el Gobierno a la UE preveía un recorte educativo entre 2010 y 2015 de entre 10.000 y 11.000 millones.

El del Estatuto Docente es un asunto con muchas aristas. Uno de los principales puntos, aunque no el único relevante, es el relativo al acceso a la función docente. Este es precisamente el único asunto sobre el que los sindicatos han recibido información de cara al encuentro de este martes. El borrador del departamento de José Ignacio Wert, al que ha accedido infoLibre, tiene como novedad la propuesta de que las oposiciones a profesor incluyan pruebas de idiomas y de nuevas tecnologías. Educación propone también dar más peso en la oposición a la nota del examen, en lugar de primar los méritos y la experiencia docente. Este cambio no gusta a los interinos, pues hasta la fecha en la mayoría de las autonomías –Madrid cambió la fórmula en  la convocatoria de 2013– los seleccionados se ordenan primando la antigüedad por encima del resultado del examen.

Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, critica que el Ejecutivo sólo le haya transmitido una propuesta "descontextualizada" sobre la que, dice, es difícil opinar sin tener "un todo". "El Estatuto Docente no es sólo el acceso, también es negociar cómo se aborda la permanencia dentro del sistema, cómo es el modelo de carrera, qué incentivos se dan a los profesionales... Lo que tenemos claro es que sin reversión de los recortes es muy complicado llegar a acuerdos porque sería una forma de perpetuarlos y cronificarlos. No podemos elaborar una ley sobre una plantilla que ha perdido 32.000 profesionales en el último año y medio", señala.

Una propuesta sin concreción 

En relación a la voluntad del Ejecutivo de incluir pruebas de idiomas y nuevas tecnologías, el responsable de Enseñanza de CCOO no ve "razonable" que se introduzcan nuevos requisitos para los que no se ha formado a los profesionales interinos que siguen optando a una plaza en un centro público. Adrián Vivas, presidente del sector de Enseñanza de CSI-F, también expresa su sorpresa por el hecho de que la propuesta de Educación se limite a desarrollar lo relativo a la selección de personal. "Hay 500.000 profesores de la educación pública que están esperando que se apruebe esta norma, vamos con voluntad de negociar pero no podemos dejar de expresar nuestra sorpresa por el hecho de que sólo se nos haya proporcionado una parte de todo el borrador. La pública está machacada y si no se mejoran las condiciones laborales de los docentes no progresará", añade.

El secretario general de FETE-UGT, Carlos López, califica de "positivo" que se marquen estos objetivos, pues, a su juicio, supondrán mejorar el perfil del profesional docente aunque dice estar en "desacuerdo" con el modo de llevarlo a cabo, que considera "inconcreto". Por ello, reclama que se transformen los planes de estudio o se den plazos a los interinos para que se adecúen a los nuevos requisitos. "No es un tema que se pueda exigir de un día para otro", amplía.

El coordinador de política educativa de STES, Augusto Serrano señala que la propuesta de Educación "suena un poco rara", pues "no se especifica el nivel" de cada una de las destrezas que se pretende exigir a los opositores, informa Europa Press. Además, lamenta que los futuros maestros se tengan que examinar de una materia, el inglés, "que no se estudia en las carreras y que los alumnos tendrán que buscar por su cuenta". Desde el sindicato ANPE reclaman un sistema de acceso a la función pública docente "más eficiente" en el que se valore la experiencia y la capacitación profesional y que "permita interesar por la docencia a los mejores estudiantes". "Este nuevo modelo de acceso debe armonizar sus requisitos con la situación actual del profesorado interino", aseveran. 

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Otros asuntos relevantes 

Sin embargo, además del acceso a la función docente, los sindicatos esperan que en la tercera reunión con el ministerio bajo el mandato de José Ignacio Wert sobre este tema se pongan sobre la mesa otros asuntos que también consideran relevantes. Se refieren en este punto a la promoción una vez que se está dentro del sistema, la formación del profesorado y una nueva vía de acreditación de méritos o lo relativo a las jubilaciones, que fueron los asuntos que ya marcaron el debate en la negociación con el exministro Ángel Gabilondo.

Así, las fuerzas sindicales reclaman que los profesores puedan mejorar sus condiciones laborales cada tres años de servicio a través de evaluaciones voluntarias, que se acepte una prórroga indefinida para la jubilación anticipada a los 60 años y que se convoquen pruebas extraordinarias para pasar de profesor de primaria a secundaria, pues ahora se mantienen escalas distintas con distintas retribuciones. En este sentido, el líder de Enseñanza de CCOO apela también a "la voluntad de las partes" para avanzar en cuestiones como la formación o el sistema de acreditación de méritos. "El único problema es que quién tiene que impulsarlo, hasta ahora no lo ha hecho" apostilla. Asimismo, este sindicato pedirá que se elimine la tasa que limita al 10% la reposición de profesionales de la educación, de forma que puedan recuperarse los puestos de trabajo suprimidos "y con ellos la calidad del sistema educativo".