Un email destapa que la familia de Ignacio González se benefició del mayor plan de inversiones de Madrid

Un correo electrónico, una factura y un cheque que habían pasado inadvertidos y han sido localizados por las acusaciones populares del caso Púnica –Adade y el PSOE– acaban de convertirse en una nueva amenaza para Ignacio González, expresidente de Madrid. Los documentos destapan que a través de la empresa Tecnoconcret SL, de la que eran socios el hermano y el cuñado de González, el clan familiar del político hizo negocio como proveedor de césped artificial para campos de fútbol financiados con el Prisma, el mayor plan de inversiones (1.000 millones entre 2006 y 2011) de la Comunidad de Madrid.

El hallazgo de esos documentos, incautados en un registro policial y alojados en el sumario de otro notable caso de corrupción –la Operación Lezo–, ha llevado a Adade y al PSOEa dar un paso que nadie esperaba:en un escrito presentado hace una semana,  ambas acusaciones piden al juez instructor de Púnica que llame a declarar de nuevo como imputado a Ignacio González, a su hermano Pablo y a su cuñado Juan José Caballero. 

Tecnoconcret no figuraba como adjudicatario de ningún contrato para aquellas nuevas instalaciones deportivas. Pero el correo electrónico descubierto ahora y fechado el 10 de enero de 2007 demuestra que, para cobrar, la empresa de los González se valió de una treta mercantil: llegó a un acuerdo con otra compañía que, al menos y según las adjudicaciones que han encontrado las acusaciones, se hizo con cinco contratos para levantar campos de fútbol. Ese acuerdo –se lee en el email– le garantizaba a Tecnoconcret "una comisión del 5% de toda obra en futuros proyectos". Los cinco contratos sumaban 2,3 millones de euros.

El escrito de Adade y el PSOE remarca que Ignacio González hizo "el seguimiento" del proyecto de campos de fútbol a lo largo de los años. Hasta que en 2012 tomó el relevo de Esperanza Aguirre tras su sorpresiva dimisión como jefa del Ejecutivo autonómico, González era vicepresidente y consejero de Cultura y Deporte. Una nota oficial de julio de 2009 destacaba cómo el vicepresidente había inaugurado un nuevo campo de fútbol en Becerril de la Sierra. Y cifraba en 86 los de césped artificial construidos "en 65 diferentes municipios de la región en esta Legislatura". Es decir, desde el 20 de junio de 2007. infoLibre intentó sin éxito este lunes contactar con el entorno de Ignacio González, al que transmitió mediante un mensaje los datos básicos del escrito presentado por las acusaciones.

Extinguida desde 2019, la compañía que actuó de vehículo para trasvasar a Tecnoconcret fondos públicos del bautizado como programa de "Campos Verdes" se llamaba Elitesport SA. Y según ha verificado infoLibre, a su consejo de administración perteneció hasta octubre de 2005 Carles Sumarroca Coixet, uno de los empresarios que por corrupción política se sentarán en el banquillo junto a los miembros de otro importante clan, el de Jordi Pujol.

Arpegio y las sospechas de financiación ilegal

¿Alcanzó Tecnoconcret pactos con otras adjudicatarias de contratos para la construcción de campos de fútbol? No se sabe. Y por esa razón las acusaciones piden al juez que reclame, entre otros, el llamado modelo 347 de Tecnoconcret. Se trata del formulario que cada año permite a Hacienda saber quiénes han percibido de un mismo pagador más de 3.000 euros. Si el juez accede y en el listado del modelo 347 apareciesen otros contratistas de campos de fútbol con césped artificial, el panorama empeoraría para los González.

La factura mencionada en su escrito por Adade y el PSOE y a la que ha logrado acceder infoLibre apenas sobrepasa los 20.000 euros. Pero, emitida el 28 de febrero de 2007 contra Elitesport, su contenido corrobora que la relación comercial con Tecnoconcret existió. Y que su objeto eran los campos de fútbol. En el caso de la factura, solo dos: el de Manzanares del Real y el de Pedrezuela. La alusión que el correo electrónico hace a "futuros proyectos", concepto del que quedaban excluidas las dos adjudicaciones citadas, se explica por un factor: a ese concurso, Elitesport acudió en unión temporal de empresas (UTE) con otra firma. ¿Explica ese hecho por qué la factura se limita a 20.000 euros en lugar de cifrarse en el 5% del contrato, cuyo importe total fue aquí de 807.195 euros? De momento, no se sabe. Las acusaciones han requerido al juez para que llame en calidad de testigos a los responsables de la empresa que en esta licitación fue en UTE con Tecnoconcret. 

El juez saca a subasta la flota de Ferrari, Lamborghini y Porche de Jordi Pujol Ferrusola, tasada en 2 millones de euros

Ver más

Financiados por el Prisma, cuya multimillonaria gestión estaba en manos de Arpegio, uno de los grandes entes públicos ya desaparecidos y sobre los que recae la sospecha de haber financiado al PP de Madrid, los campos de fútbol no fueron el primer negocio que reportó a Tecnoconcret dinero del Gobierno madrileño. Ocho años antes de que González fuese detenido en abril de 2017, una investigación periodística del diario Público ya reveló cómo Tecnoconcret se había hecho en diciembre de 2006 con la adjudicación de un campo de golf promovido en el centro de la capital por el Canal de Isabel II. Es decir, por el gigante a cuyo frente se situaba el político que primero fue delfín y luego sucesor de Esperanza Aguirre.

La proximidad de las fechas entre la concesión del campo de golf del distrito capitalino de Chamberí y el acuerdo con Elitesport para quedarse con parte de los fondos destinados a nuevos campos de fútbol afianza una idea lesiva para los González y ya sostenida por un testigo de relevancia: que Tecnoconcret estaba en el proyecto del Canal de Isabel II para "robar y malversar". Lo declaró ante el juez uno de los socios de otra empresa a la que Tecnoconcret subcontrataba para instalar la hierba sintética, Onlygolf. Hasta hoy, nadie ha desvelado nada durante la instrucción de Púnica sobre los pagos por el césped artificial tendido entre portería y portería de cada "campo verde". El asunto no existía a efectos procesales. Y, por tanto, nadie ha preguntado por él en ningún interrogatorio. 

Pero la cosa no termina ahí. Porque además de las referidas al clan familiar de Ignacio González, las acusaciones formulan otra petición de calado: que el magistrado llame a declarar, también como investigado, al exconsejero madrileño Jaime González Taboada, cuya imputación ha aparecido cercana en distintas ocasiones pero nunca ha llegado a materializarse. Taboada, que había sido director general de Cooperación con la Administración Local y figura clave así en la ejecución del Plan Prisma, sostiene que nunca participó en las adjudicaciones de Arpegio. Pero Adade y el PSOE sustentan su solicitud basándose en lo que hace justamente un año adujo en un auto el juez instructor del caso, Manuel García Castellón: que los informes policiales permiten "acreditar indiciariamente la posible participación de Jaime González Taboada (...) en un reparto de obras convenido con el consejero de Presidencia, el investigado Francisco Granados". Enemigo interno y acérrimo de Ignacio González, Granados fue hasta 2011 el número dos del PP de Madrid. Su detención, en octubre de 2014, fue la que sacó a la luz la Operación Púnica.