El empresario Daniel Mercado, que hace tres semanas confesó ante el juez de Púnica cómo el PP madrileño le pagó parte de su campaña de 2007 en negro y con facturas falsas abonadas por constructoras, confirmó ese día una de las grandes sospechas de la Fiscalía Anticorrupción: que la denominada cláusula del 1% estaba al servicio del PPcláusula del 1%. Esa cláusula funcionaba como una especie de impuesto publicitario aplicado por el Gobierno de Esperanza Aguirre y en virtud del cual las adjudicatarias de la construcción y gestión parcial de nuevos hospitales debían destinar el 1% del presupuesto total a supuestas campañas de publicidad institucional. En su declaración, a la que infoLibre ha tenido acceso, Mercado insinuó que Esperanza Aguirre formaba parte de la "plana mayor" que le daba a los distintos miembros del Ejecutivo madrileño indicaciones para favorecer a su grupo, Over Marketing.
A preguntas de la fiscal Carmen García Cerdá, el empresario reconoció que fue la Consejería de Sanidad la que adjudicó a Over, siempre "verbalmente" y a dedo, esas campañas del 1%. ¿Eran una forma de recompensarles por no facturarle al PP todos los gastos electorales del partido?, inquirió la fiscal. "Yo creo que sí, yo creo que sí", respondió Mercado, quien a lo largo del interrogatorio reconoció varias veces que su grupo había sido "beneficiado por la Comunidad de Madrid". Solo en el cuatrienio 2004-2008, Over Marketing y sus tres empresas satélite obtuvieron contratos del Ejecutivo madrileño por casi 10 millones. Esa cifra no incluye lo facturado a las empresas adjudicatarias de los seis hospitales de gestión parcial privada que Esperanza Aguirre lanzó al final de su primera legislatura como paradigma de la excelencia en gestión sanitaria: era la Consejería de Sanidad la que decidía que el supuesto trabajo de publicidad institucional lo realizaría Over pero eran las concesionarias las que pagaban. García Cerdá advirtió a Mercado de que Anticorrupción "duda de la realidad de esos trabajos".
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El relato del empresario, que declaró en calidad de investigado, dibuja un paisaje donde la frontera entre los intereses y los gastos del Gobierno madrileño y los del PP durante la etapa de Esperanza Aguirre resulta por momentos indistinguible. La expresidenta, dijo Mercado, participó en numerosas reuniones del partido donde nunca se habló de adjudicar a Over contratos públicos licitados o de efectuar pagos en B pero de las que él mismo guarda memoria por lo siguiente: " Lo que sí recuerdo es que estábamos bien vistos para licitaciones". ¿Se ponía encima de la mesa que ustedes serían bien vistos para las adjudicaciones?, interpuso en ese momento la fiscal. Y Mercado respondió así: "Claro, sin ninguna duda".
Un ejemplo: para ilustrar cómo parte de los gastos electorales se pagaban en dinero negro , Mercado mencionó el lema que, según su declaración, dio la victoria a Esperanza Aguirre en las segundas elecciones autonómicas de 2003, forzadas por el tamayazo. "Algunas cosas las pagaban en B. Por ejemplo, nunca supe cómo facturamos el logotipo de La suma de todos pero recuerdo que hubo una factura tonta pero creo que algo se pagó en efectivo"La suma de todos. En realidad, La suma de todos fue el lema de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2016.
En las más de tres horas de declaración, Mercado se escabulló una y otra vez en dos asuntos: no admitió de forma explícita el amaño de contratos netamente públicos, los licitados y pagados por las distintas consejerías, y se cuidó de disparar sin tapujos contra Esperanza Aguirre. En cambio, fue muy preciso al señalar a Francisco Granados e Ignacio González, entonces los dos hombres fuertes de Aguirre y hoy protagonistas principales en los casos Púnica y Lezo. En un momento del interrogatorio, la fiscal le recordó que, según él mismo, los consejeros ni siquiera le habrían recibido sin la intercesión de Granados y González. El empresario convino en que así era: “Sin ninguna duda”, fue su respuesta.
Los vínculos con el partido y los contratos a dedo
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Como ya adelantó este diario, Mercado también dio detalles sobre el papel del exgerente del PP regional, el también imputado Beltrán Gutiérrez, en la estrategia para camuflar gastos electorales y evitar así traspasar el límite legal establecido para las campañas autonómica de 2007: "La gerencia nos dijo que [parte de los servicios electorales de 2007] lo teníamos que facturar a equis empresas y esos servicios no se los facturamos al PP de Madrid". El imputado respondió así a preguntas de su abogado. Y a renglón seguido precisó que la mayoría de esas empresas eran "constructoras".
Pero que el dueño del extinto grupo capitaneado por Over Marketing se aferrara al equívoco y la perífrasis cada vez que la fiscal dirigía sus cuestiones hacia el campo de los contratos públicos amañados no le impidió admitir un dato de relevancia para la investigación: que el trato de favor que le otorgaba la Comunidad se tradujo también en contrataciones directas como las del ya desaparecido Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade). Mercado contó cómo Aurelio García de Sola, su máximo responsable en aquella época, la primera legislatura de Aguirre, le dio numerosas adjudicaciones sin concurso porque el Imade "no tenía que llevar la normatividad". "Si yo no estaba vinculado al partido ese señor nunca me iba a contratar directamente", apostilló aquí el empresario.
Solo en 2006, el Imade adjudicó a Over Marketing, tras una licitación formalmente impecable, una campaña de publicidad de dos millones de euros. En 2010 y tras una investigación periodística, la oposición madrileña denunció que los trabajos de publicidad jamás se habían llevado a cabo. La denuncia se convirtió en papel mojado. La supuesta campaña publicitaria se inscribía en un proyecto financiado por la UE. Ahora, y como publicó en julio este diario, el expediente íntegro de aquella licitación ha desaparecido.
El empresario Daniel Mercado, que hace tres semanas confesó ante el juez de Púnica cómo el PP madrileño le pagó parte de su campaña de 2007 en negro y con facturas falsas abonadas por constructoras, confirmó ese día una de las grandes sospechas de la Fiscalía Anticorrupción: que la denominada cláusula del 1% estaba al servicio del PPcláusula del 1%. Esa cláusula funcionaba como una especie de impuesto publicitario aplicado por el Gobierno de Esperanza Aguirre y en virtud del cual las adjudicatarias de la construcción y gestión parcial de nuevos hospitales debían destinar el 1% del presupuesto total a supuestas campañas de publicidad institucional. En su declaración, a la que infoLibre ha tenido acceso, Mercado insinuó que Esperanza Aguirre formaba parte de la "plana mayor" que le daba a los distintos miembros del Ejecutivo madrileño indicaciones para favorecer a su grupo, Over Marketing.