La UCO señala a una firma publicitaria como tapadera del Canal de Isabel II para pagar el lavado de imagen de cargos del PP

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recién incorporado al sumario de la Operación Púnica desvela cómo, poco después de conseguir del Canal de Isabel II en 2012 un contrato de 4,25 millones, una firma especializada en la compra de espacios publicitarios comenzó a abonarle facturas a Alejandro de Pedro tras darle "instrucciones" exactas de por qué concepto y con qué importe debía emitirlas. Fechado el 20 de diciembre, el informe concluye que esas facturas podrían responder a "servicios no prestados"y que el "uso instrumental" del Canal y del organismo dedicado a informática en la Comunidad de Madrid, ICM, "fue la estrategia nuclear" empleada para pagar "la deuda por los servicios reputacionales prestados a altos cargos" del Ejecutivo madrileño. 

Hace ya tres años y tras el estallido de la Púnica, el hermano de Alejandro de Pedro confesó ante la Guardia Civil lo siguiente: que la "facturación ficticia" que se estaba pagando a las empresas de su hermano para saldar la deuda por el lavado de imagen de Ignacio González en Internet se hacía "a través del Canal de Isabel II".  Pero esta es la primera vez que la Guardia Civil identifica la que, según su informe, podría ser al menos una de las grandes tapaderas utilizadas por la empresa pública de aguas de Madrid para pagar el lavado de imagen de altos cargos como Ignacio González, que presidió el Canal hasta septiembre de 2012.

Ese año, y según los documentos oficiales de Hacienda, la firma señalada por la UCO abonó a una de las sociedades de Alejandro de Pedro, Madiva, 55.660 euros. Un año antes, en 2011, esa misma firma había notificado a la Cámara de Cuentas de Madrid la prestación de servicios al PP madrileño para las elecciones autonómicas y municipales por importe de 956.000 euros. infoLibre ha preferido omitir la identidad de esta central de medios, que hasta el momento no figura entre los imputados o investigados de la causa, tras atender la solicitud de su presidente, quien sostiene que desvelar el nombre de la empresa podría causarle un "daño irreparable".

El viernes, infoLibre logró por fin contactar con el presidente de esa central de medios, J.L.R., cuya eventual responsabilidad penal, al igual que la de la directora general, C.C., subraya la UCO. Tras asegurar en un primer momento que su empresa no trabajaba en 2012 para el Canal de Isabel II ni conocía entonces a Alejandro de Pedro, J.L.R. dijo luego que se había confundido y envió a este diario su versión sobre las facturas abonadas a Madiva y cuyo contenido, sospecha la UCO, era falso.

La versión de esa compañía es la siguiente: "En la segunda mitad de 2012, entramos en contacto con estos señores [Alejandro de Pedro] para que nos ayudaran en la parte de reputación online de una propuesta que hicimos a un potencial cliente. La propuesta no tuvo éxito y por tanto, no hubo relación comercial o facturación con estas empresas sobre este asunto. Al hilo de este trabajo, Madiva nos hizo una oferta de inserciones en sus soportes publicitarios, oferta que aceptamos porque era competitiva en precio y condiciones. Es decir, hicimos un acuerdo de compraventa de espacios publicitarios, que es nuestra actividad habitual. Madiva nos facturó el importe del acuerdo (compra) en 2012 y nosotros adjudicamos los espacios a nuestros clientes, por lo que pedimos a Madiva que nos facturara lo acordado haciendo referencia a los anunciantes que consumirían los espacios. Por otra parte, nosotros facturamos a nuestros clientes (venta) a medida que se producían los consumos de dichos espacios durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014".

El texto remitido por J.L.R. no explica uno de los aspectos más oscuros del asunto: que dos de los correos electrónicos que la UCO esgrime y reproduce en su informe demuestran que Alejandro de Pedro acudió en octubre de 2012 a esa firma publicitaria pidiendo instrucciones sobre cómo facturar en relación a su "cliente Comunidad de Madrid". Apenas cinco horas después, la directora general de la compañía, C.C., respondió a De Pedro indicándole el nombre y el CIF de la central de medios y detallando que debía emitir las facturas bajo dos conceptos por completo ajenos a la Administración madrileña: una campaña para una compañía de seguros y un acto por el 12 de octubre para el Ministerio de Defensa.

La UCO ya ha requerido a la central de medios bajo sospecha todos los soportes documentales de su relación comercial con las empresas de Alejandro de Pedro, Eico y Madiva. El informe de la UCO sostiene esto: "Respecto a [esa firma de publicidad], los pagos se tratarían de justificar mediante la subcontratación de presuntas campañas de publicidad encargadas a Eico/Madiva, si bien se considera a juicio policial que dichas campañas pudieran responder a servicios no prestados". 

De corroborarse la tesis de la Guardia Civil tal como apuntan todos los indicios reseñados en el informe,  se confirmaría que el Gobierno de Esperanza Aguirre e Ignacio González utilizó aquí un método casi idéntico al que, según ha confesado otro empresario del sector de la publicidad, Daniel Mercado, empleó para compensarle en 2007 por aquellos trabajos que su grupo, Over Marketing, hizo para el PP madrileño pero no llegó a facturarle. Y ese método consistía en encargarle a escondidas campañas de publicidad sobre los nuevos hospitales de gestión público-privada, campañas de cuya existencia real duda la Fiscalía y a cuyo pago venían obligadas las adjudicatarias de esos centros sanitarios. El pliego de condiciones de los respectivos concursos las obligaba a efectuar dichos pagos en virtud de la llamada cláusula del 1%, una especie de impuesto publicitario que centra una de las grandes líneas de investigación del caso Púnica. Esa cláusula les imponía destinar a publicidad el 1% del presupuesto total adjudicado. 

De esa forma, el dinero no salía estrictamente del erario madrileño sino de los grandes adjudicatarios de contratos públicos de la Comunidad. En el caso de Alejandro de Pedro y sus facturas por mejorar la imagen de los altos cargos autonómicos del PP, los pagos también provenían de adjudicatarios públicos a tenor de lo investigado por la Guardia Civil. El informe de la UCO apunta directamente a Ignacio González como artífice de esa fórmula en lo que respecta a la empresa pública de aguas: "El investigado –sostiene la Guardia Civil– habría mediado supuestamente ante organismos de la Comunidad de Madrid para facilitar las adjudicaciones de concursos en el Canal de Isabel II de las que también se beneficiaría la persona de Alejandro de Pedro". ¿Cómo?  "A través de subcontratación de empresas adjudicatarias". ¿Para qué? Para que De Pedro cobrase aquello que la Comunidad tenía difícil desembolsar sin dejar rastro y poner en alerta a los observadores.

"Cliente", Comunidad de Madrid; "concepto", Ministerio de Defensa

La UCO sustenta sus conclusiones en una amplia batería de SMS y correos electrónicos que acrecientan las sospechas de que, en realidad, la mencionada empresa de compra de espacios publicitarios se limitó a satisfacer de manera vicaria gastos por los trabajos de reputación online para los altos cargos del PP madrileño. "Al menos desde abril de 2012 a agosto de 2.014 –relata el informe– la empresa EICO habría estado realizado trabajos de reputación online para Ignacio González, contenidos en la multitud de informes de actuaciones en Twitter, informes semanales de noticias insertadas en redes sociales y webs para mejorar la reputación de Ignacio González". 

"A juicio policial –prosigue el texto– serían esos trabajos los que en buena medida habrían generado la deuda que reclamaba Alejandro de Pedro a la Comunidad de Madrid, para cuyo pago Isabel Gallego [entonces directora de comunicación del Gobierno regional]  y Salvador Victoria [consejero de Presidencia y sucesor de Ignacio González al frente del Canal de Isabel II desde septiembre de 2012] tratarían de articular varias vías de pago a cuenta de empresas públicas (Canal de Isabel II, ICM) o de adjudicatarios de contratos públicos de la Comunidad de Madrid (Indra, etc.)". Esa deuda, apostilla la UCO en ese párrafo, "se identifica inequívocamente con Ignacio González a tenor de los documentos [incautados] y de las llamadas intervenidas".

Entre los mensajes que menciona el informe figuran varios SMS cruzados entre Alejandro de Pedro e Isabel Gallego. Uno de esos sms fue enviado por Alejandro de Pedro a la entonces directora de comunicación del Gobierno madrileño el 9 de octubre de 2013. El mensaje era este: "Isabel, me urge comentarte un tema de salva de XXX, aunque sea en morse. Preferiría hacerlo en persona pero se q mañana estas liada y no quedan muchos días". Donde este diario ha colocado tres equis (XXX) aparece el nombre de la central de medios que ahora investiga la Guardia Civil. Es una incógnita por qué el conseguidor de la Púnica había de acudir a Isabel Gallego para tratar con ella ningún asunto concerniente a una empresa adjudicataria de un contrato multimillonario del Canal de Isabel II si esa empresa no mantenía con Alejandro de Pedro ninguna relación comercial en torno a la Comunidad de Madrid.

Pero si los SMS cursados entre De Pedro y Gallego resultan elocuentes, también presentan esa cualidad los correos que el experto en reputación online y una de sus subordinadas intercambiaron con la directora general de la central de medios objeto de las nuevas pesquisas.

Dos de esos emails están fechados el 3 de octubre de 2012. En el primero [pincha aquí para verlo] , Alejandro de Pedro le cuenta a la directiva de la firma de publicidad lo siguiente: "Mañana me reúno con el cliente Comunidad de Madrid para hablar de mi proyecto y sus avances. El problema que tengo es que sigo a fecha de hoy nada facturado y cobrado, por lo que no puedo hacer exactamente lo que me piden (...) como te digo, ni sabemos a quién se ha de facturar ni nos confirman cantidades ni tampoco tengo una previsión de cobro. Necesito tener claro esto para mi reunión de mañana con el cliente por favor, ¿me puedes ayudar?".

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Ese correo llegó a su destino a las 14.46 del 3 de octubre. Cinco horas y media después, exactamente a las 18.27 horas, la directora general de la referida central de medios respondió con un segundo email [pincha aquí para verlo] . Y lo hizo para decirle varias cosas. La primera, el nombre de la compañía para que emitiera a su nombre las facturas. Y justo después le dio instrucciones de por qué concepto y cuantía debía confeccionarlas: "Septiembre: Campaña Generali, 10.500 euros más IVA". "Octubre (aquí deben ser dos facturas): Campaña Generali, 6.525 euros más IVA). Mº Defensa Día de la Hispanidad, 3.975 más IVA".

"Llama la atención –recalca la UCO– que sea la directora general [de la central de medios] quien le tenga que indicar qué conceptos y cantidades facturar cuando ambos conceptos en una relación comercial ordinarias deberían ser conocidos por el proveedor de servicios".