El proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por el que se trasponen al ordenamiento jurídico español directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, está en trámite en el Congreso de los Diputados. Concretamente, este miércoles se celebró la reunión de la ponencia. El proceso para que esta iniciativa reciba luz verde no está exento de polémica. Concretamente, las enmiendas presentadas por Ciudadanos (Cs) y el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) han encontrado ya el rechazo de grandes ayuntamientos. Madrid, Barcelona, A Coruña, Santiago, Ferrol, Zaragoza, Valladolid, Cádiz, Valencia, Huesca y Terrassa –la población de estos once ayuntamientos supera los 7,3 millones de ciudadanos– han hecho un frente común contra unas enmiendas al articulado que, a su entender, "atacan la autonomía local".
Los citados consistorios demandan que las enmiendas sean retiradas, precisamente "para mantener la autonomía local". Algunas de estas ciudades emitieron esta semana comunicados contrarios a las citadas enmiendas en los que subrayan que los textos registrados por Ciudadanos y el PDeCAT obstaculizarían en la práctica los procesos de municipalización en los ayuntamientos.
Además, denuncian que se añade "burocracia" a los procesos, que "quedan supeditados a la aprobación de otras administraciones". Y que el "problema" de plantilla de las administraciones locales se agrava al proponer "que la incorporación de trabajadores y trabajadoras tenga impacto en la tasa de reposición de los ayuntamientos".
Desde el Ayuntamiento de Madrid recuerdan que las enmiendas implican la modificación de varias leyes, como la Ley de Bases del Régimen Local y el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
"Una traba más" para los ayuntamientos
En conversación con infoLibre, Carlos Sánchez Mato,Carlos Sánchez Mato concejal de Economía y Hacienda del consistorio madrileño por Ahora Madrid, insiste en que trasponer la directiva europea no implica que se tenga que "atacar" a la autonomía local. Sánchez Mato considera que las enmiendas suponen "una traba más" para unas instituciones, los ayuntamientos, que ya cuentan con obstáculos a la hora de la ejecución presupuestaria.
Respecto a la burocracia, el concejal madrileño considera que con las enmiendas presentadas, si el Ayuntamiento de Madrid quisiera rescatar un servicio –remunicipalizar–, los informes previos requeridos añaden unos ocho meses a un expediente. "Intentan hacer complicadas las posibles operaciones de recuperación de un servicio público", insiste Sánchez Mato.
Sánchez Mato sostiene que este frente común no va a frenarse y que seguirán dando pasos. En este sentido, recuerda, que representan a más de siete millones de ciudadanos.
La defensa de Ciudadanos
Sobre el tema de las municipalizaciones, desde Ciudadanos defienden que los requisitos que se han introducido en las enmiendas "son los mismos que están previstos para el caso contrario", es decir, para las externalizaciones.
"Consisten básicamente en la presentación de un informe justificando el cambio de modelo y que el que se propone es el más eficiente a la hora de prestar el servicio; un requisito que además ya está recogido en la Ley de Bases del Régimen Local. Por tanto, no se trata de vulnerar la autonomía de los organismos locales ni de añadir burocracia, sino de asegurar que los procesos, ya sean de internalización o de externalización, se hacen con unas garantías mínimas", explican desde la formación naranja a este diario.
Respecto a la incorporación de trabajadores, el partido liderado por Albert Rivera considera que sus enmiendas no repercuten "en la tasa de reposición cuando se produce por sentencia judicial firme, ni cuando se trata de procesos reglados de contratación de personal en entidades públicas, con los debidos requisitos de publicidad y mérito". "Lo que no es admisible es que se produzcan incorporaciones en condiciones distintas y más favorables que los trabajadores y funcionarios que ya están en esos ayuntamientos", consideran.
"Defender los intereses de las grandes empresas"
Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, su portavoz y consejero de Economía y Cultura (Zaragoza en Común), considera que "parecen enmiendas dictadas por las grandes empresas". "Son enmiendas dedicadas en exclusiva a defender los intereses de las grandes empresas que hasta ahora están copando las contratas de los servicios públicos de los ayuntamientos de la mayoría de las ciudades españolas y que, además, en muchísimos casos ni siquiera prestan servicios de calidad", subraya en conversación con infoLibre.
"A mi modo de ver lo que tiene que defender un cargo público de cualquier tipo, en este caso diputadas y diputados, es el interés de los ciudadanos, que son quienes les pagan, a no ser que tengan otros intereses que no confiesan", añade Rivarés.
Rivarés destaca que la iniciativa no sólo está apoyada por las confluencias de Podemos, sino que también hay Alcaldías en manos del PSOE "apoyadas por las confluencias", y ve también "escandaloso" que se pretenda "recortar" la autonomía de los ayuntamientos como "está haciendo con gran éxito el Gobierno de España".
"Nadie mejor que un ayuntamiento sabe si le conviene a su ciudad o no que un servicio público está prestado de una manera o de otro", sostiene.
El último punto que destaca Rivarés es que "están acabando con la oferta pública de empleo". "Cuando se municipalice o se intente municipalizar algún servicio eso debe contar como oferta pública de empleo que no debe salir al concurso público para parados o para paradas", explica.
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También Ecologistas en Acción ha exhibido su malestar con las enmiendas de las citadas formaciones. "El proyecto de ley de contratos del sector público que se está tramitando en el Congreso corre el peligro de impedir la remunicipalización de los servicios públicos por las enmiendas realizadas por Ciudadanos y el Partido Democrata Catalán. A través de sus propuestas pretenden realizar un escrutinio previo a la remunicipalización realizado por los órganos de la competencia e impedir la subrogación de trabajadores y trabajadoras en el proceso de recuperación pública del servicio", señala la organización en un comunicado.
Para Ecologistas en Acción, la trasposición en el ordenamiento español de las directivas europeas relativas a la adjudicación de contratos de concesión y a la contratación pública, a través de la modificación de la Ley de Contratos del sector público, "representa una vuelta de tuerca más en la aplicación de las políticas ultraliberales del Partido Popular en relación con las administraciones locales, toda vez que limitan drásticamente su autonomía y supeditan el interés general al de las grandes empresas al imponer consideraciones de competencia mercantil frente a las del servicio público".
No es la primera vez que los ayuntamientos se unen en defensa de la autonomía local. El pasado 17 de mayo, los consistorios de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, A Coruña y Terrassa presentaron una declaración para denunciar las, a su juicio, amenazas que para la autonomía y financiación locales suponía el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
El proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por el que se trasponen al ordenamiento jurídico español directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, está en trámite en el Congreso de los Diputados. Concretamente, este miércoles se celebró la reunión de la ponencia. El proceso para que esta iniciativa reciba luz verde no está exento de polémica. Concretamente, las enmiendas presentadas por Ciudadanos (Cs) y el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) han encontrado ya el rechazo de grandes ayuntamientos. Madrid, Barcelona, A Coruña, Santiago, Ferrol, Zaragoza, Valladolid, Cádiz, Valencia, Huesca y Terrassa –la población de estos once ayuntamientos supera los 7,3 millones de ciudadanos– han hecho un frente común contra unas enmiendas al articulado que, a su entender, "atacan la autonomía local".