El enroque de desmemoria y desconocimiento con que la infanta Cristina afrontó el sábado las más de seis horas de interrogatorio como imputada por presunto delito fiscal y de blanqueo abre un inmenso interrogante sobre si su situación procesal se verá o no modificada en fechas próximas. La conjugación de sus evasivas respuestas con los informes de Hacienda que la exculpan de delito fiscal le presentan a priori un horizonte favorable. Salvo viraje, el fiscal Pedro Horrach, que desde hace año y medio sostiene que la infanta no cometió delito con independencia de los “reproches éticos” que cupiera hacerle, no planea pedir la desimputación. Y ese dato indica por sí mismo que Horrach espera que sea el juez el que por iniciativa propia deseche la idea de enfilar la recta final del caso –la apertura de procedimiento abreviado, fase anterior a la apertura de juicio– con la infanta en el listado de inculpados. La última palabra, no obstante, la tiene el magistrado.
Mientras que la Fiscalía considera prácticamente cerrado el caso a falta de algunos flecos –algunas declaraciones pendientes en Valencia y las posibles a Francisco Camps, quien hace una semana marchó el primero por la senda de la amnesia y una pretendida y absoluta falta de conocimiento sobre lo que hacía su Gobierno–, las acusaciones populares pedirán previsiblemente la práctica de nuevas pruebas. Manos Limpias, que impulsó la imputación de la infanta, confía en estar aún a tiempo de contrarrestar el varapalo que para su estrategia significó la declaración de su perito tributario. El perito no solo no logró refutar los argumentos de Hacienda sobre la ausencia de delito fiscal por parte de Aizoon SL, la empresa que comparten Urdangarin y la infanta al 50%, sino que en la práctica obligó al juez a preparar un interrogatorio nucleado en torno a otro eje: el delito fiscal dio así paso a un extenso guión de más de 400 preguntas focalizadas en el papel desempeñado por la infanta en la creación y funcionamiento de Instituto Nóos y Aizoon SL como estructura pantalla para captar primero fondos públicos y luego privados –sobre todo, Aizoon SL–, enriquecer a sus propietarios y defraudar a Hacienda.
En el interrogatorio, la infanta reconoció, por ejemplo, que una de las personas con quien Urdangarin consultó en 2004 los posibles escenarios de financiación para la compra del palacete de Pedralbes es quien le hace a ella y a toda su familia la declaración anual de IRPF. Y esa persona, Federico Rubio Carvajal, no es un asesor tributario privado, sino un alto funcionario de Hacienda, como desveló infoLibre.
¿Sabía la infanta que Federico Rubio es funcionario del departamento de Gestión Catastral? No, respondió en su línea. Pero ni el juez ni el fiscal ni la abogada del Estado le preguntaron si ella o su marido consultaron con Rubio Carvajal si era correcto que Urdangarin canalizase a través de Aizoon SL sus ingresos personales como consejero o asesor de empresas privadas. Cristina de Borbón admite que era consciente de que su esposo quería vehicularlos a través de la sociedad, como de hecho hizo. Pero asegura simultáneamente que ni se planteó que hacerlo pudiera implicar un fraude a Hacienda. Urdangarin, simplemente, computaba sus ingresos como si fueran de la sociedad, no los contabilizaba en su declaración de IRPF y ahí radica el fraude. Su mujer, que confiaba y confía en el exjugador de balonmano, remarcó anteayer sábado que, lejos de ser un “escudo fiscal”, su condición de hija del rey la sitúa bajo el foco de todos los controles. Queda abierta, por tanto, la duda de por qué se desentendió del asunto, si su percepción era que su marido y ella lo hacían todo “con rigor”.
El horizonte judicial no ha mejorado para García Revenga
Pero las “conjeturas”, y esa es la piedra angular que sustenta la posición del fiscal desde que Manos Limpias pidió por primera vez la imputación de la infanta en la primavera de 2012, no constituyen indicios. Aunque su distanciamiento de Horrach se agranda por días, el juez Castro es consciente de que una cosa es llamar a un sospechoso como imputado durante la fase de instrucción y otra muy distinta sentarlo en el banquillo de los acusados en un juicio. ¿Hay elementos de prueba para incluir el nombre de Cristina de Borbón en el auto de pase a procedimiento abreviado? Esa es la gran pregunta.
Si el magistrado decidiera hacerlo, el fiscal se opondría mediante la fórmula de presentar escrito de acusación contra los otros imputados que planee llevar a juicio, pero no contra la infanta. ¿Saldría entonces también de la lista el secretario de las dos hijas del rey, Carlos García Revenga? Es más dudoso, porque los correos electrónicos constatan que Urdangarin consultaba cada paso con RevengaUrdangarin consultaba cada paso con Revenga, quien, por cierto, mantiene intacto su puesto en la Casa Real un año después de haber sido imputado.
La infanta no aclaró nada que no supiera el juez
Convencido de que la maquinaria del Estado se ha movilizado a favor de la infanta de una manera inédita, el juez se plantó hace ya 10 meses, cuando la Audiencia tumbó su primera imputación, construida de manera implícita sobre la base de que Cristina de Borbón se incorporó a la junta directiva de Instituto Nóos con el exclusivo fin de que su apellido y posición abrieran puertas cerradas para otros: en resumen, que pudo incurrir en tráfico de influencias. Una vez revocado ese auto, Castro indagó en la línea que paradójicamente le marcó la misma Audiencia –el delito fiscal y el blanqueo– y logró que por fin la infanta acudiera a su juzgado para dar explicaciones.
Quienes le conocen entienden que la hija del rey ni aclaró ni explicó nada que no supiera ya el juez. La sucesión de “no recuerdo”, “no me consta”, “no sé” que el sábado pasado inundó la sala donde se desarrolló el interrogatorio reafirmó a varios de los presentes en que Cristina de Borbón había sido cuidadosamente preparada por el equipo de defensa que dirige Miquel Roca. Y que su objetivo es obtener una rápida desimputación que dé una tregua a la Casa Real al sacar su nombre de los titulares periodísticos en cualquier soporte.
La imagen solitaria del abogado de Urdangarin
La infanta atribuye a motivos de “estética” que Zarzuela ordenase a su marido dejar Nóos en 2006
Entre el amor y la sangre, la infanta optó por lo segundo con una defensa cerrada de su padre y una continua referencia a cómo Urdangarin lo gestionaba todo, lo cual empeora aún más su futuro judicial. Testigos presenciales del interrogatorio aseguran que su línea de discurso abrió paso a la idea de que los letrados de la infanta y el de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual, no van exactamente al unísono, por mucho que el duque de Palma ya se hubiera esforzado en presentar a su mujer como a alguien que casi pasaba por allí, sin arte ni parte en sus negocios. Una fuente conocedora de la declaración de la infanta relata cómo la imagen de Mario Pascual quedó grabada en su retina: “Siempre se sienta en el estrado o en la primera fila si no hay sitio. El sábado se sentó en la última fila. Solo”.
Desde esa fila, es seguro que Mario Pascual oyó cómo la esposa de su cliente declaraba, por ejemplo, su total desconocimiento sobre cómo Urdangarin y Diego Torres fueron socios durante al menos cuatro años en Nóos Consultoría Estratégica SL, pieza clave en el trasvase de fondos públicos desde el Instituto Nóos, que logró convenios a dedo por 5,8 millones en Valencia y Baleares mientras Urdangarin, su asesor legal -Miguel Tejeiro-, la infanta, su secretario -Carlos García Revenga-, y Diego Torres dirigían la junta de la pretendida ONG.
La infanta, ya lo dijo el sábado, jamás firmó ningún acta ni participó en ningún acto del Instituto Nóos después de que el asesor legal del rey, el conde de Fontao, les hiciera marcharse a ella y a su marido en marzo de 2006 por razones “estéticas”. Solo hubo una excepción a la regla, a tenor de su testimonio: Cristina de Borbón sí participó en enero de 2007 en la presentación de una campaña humanitaria liderada por Telefónica bajo el lema Un mundo mejor para Joana. Ese acto formó parte de aquellos por los que el Instituto Nóos facturó 178.000 euros. Pero la infanta –y así lo precisó durante el interrogatorio– lo presidió porque le llegó “por conducto oficial”.
El enroque de desmemoria y desconocimiento con que la infanta Cristina afrontó el sábado las más de seis horas de interrogatorio como imputada por presunto delito fiscal y de blanqueo abre un inmenso interrogante sobre si su situación procesal se verá o no modificada en fechas próximas. La conjugación de sus evasivas respuestas con los informes de Hacienda que la exculpan de delito fiscal le presentan a priori un horizonte favorable. Salvo viraje, el fiscal Pedro Horrach, que desde hace año y medio sostiene que la infanta no cometió delito con independencia de los “reproches éticos” que cupiera hacerle, no planea pedir la desimputación. Y ese dato indica por sí mismo que Horrach espera que sea el juez el que por iniciativa propia deseche la idea de enfilar la recta final del caso –la apertura de procedimiento abreviado, fase anterior a la apertura de juicio– con la infanta en el listado de inculpados. La última palabra, no obstante, la tiene el magistrado.