El escándalo de los negocios del novio de Isabel Díaz Ayuso con Quirón, el gran beneficiario de la privatización sanitaria impulsada por Esperanza Aguirre e imputado ahora por fraude fiscal y falsedad documental, ha llevado al Gobierno madrileño (PP) a desplegar una estrategia de desmarque que presenta al holding gestor de cuatro hospitales adscritos a la red pública como un ente colaborador, exhaustivamente fiscalizado, que cobra solo por lo que realmente hace y que es ajeno por completo a una de sus filiales: justamente la filial Quirón Prevención SL, adjudicataria de los chequeos médicos a la plantilla de la Administración madrileña y de la que, como desveló infoLibre, Alberto González Amador cobró 1,6 millones entre 2020 y 2021 al tener a esa sociedad como principal cliente. Ese fue el bienio en que, a tenor de lo que su propio abogado admitió por escrito, la pareja de Ayuso defraudó 350.000 euros al fisco.
Quirón Prevención SL “no tiene nada que ver” con Quirón Salud. Esa fue la afirmación estandarte con la que durante un multitudinario desayuno informativo un alto cargo del Ejecutivo regional verbalizó este lunes el citado discurso de desmarque. Y ello pese a la condición de filial del grupo de Quirón Prevención SL y pese a que el informe de Hacienda que cimenta la denuncia de la Fiscalía contra González Amador refleja cómo el comisionista también dio servicios para la expansión del grupo en Latinoamérica y la entrada del mayor hospital de Quirón, el Jiménez Díaz, en la Joint Comission Internacional (JCI), una organización que otorga el sello de calidad sanitaria.
Preguntas sin respuesta sobre Quirón
Tras una larga comparecencia a la que siguió una declaración de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, a micrófono abierto, no hubo forma de que el equipo de Ayuso resolviera uno de los mayores enigmas de las cuentas del Ejecutivo regional en los últimos 18 años: cuántos miles de millones, desagregados por año y destinatario, ha ido pagando el erario madrileño a los diferentes hospitales que desde 2006 funcionan bajo la batuta del grupo Quirón. Tres de ellos –Móstoles, Valdemoro, Collado Villalba– son de titularidad pública. El cuarto, el mayor de todos, es la Fundación Jiménez Díaz, propiedad del coloso sanitario y funciona sujeto a un “convenio singular” con la sanidad pública madrileña. La respuesta a las preguntas reiteradas sobre los pagos totales fue que pueden consultarse uno a uno mediante un rastreo a los sucesivos acuerdos semanales del Consejo de Gobierno. Averiguar las cifras de conjunto requiere, por tanto, una verdadera investigación arqueológica pese a que la idea de un desconocimiento absoluto por parte de la Consejería de Sanidad constituye una hipótesis difícilmente verosímil.
Solo la Fundación Jiménez Díaz, el mayor hospital del lote gestionado por un holding dominado hace una década por sociedades de las Islas Caimán y ahora por la multinacional alemana Fresenius, recibió entre 2020 y 2023 más de 707 millones del Gobierno madrileño por “convalidaciones de gasto”, una fórmula legal diseñada para casos excepcionales en los que no es factible adjudicar contrato o prorrogar uno ya existente y que consiste en conformar –y abonar– las facturas que el prestatario de un servicio presenta una vez ejecutado el trabajo. La tarea en cuestión –servicio o suministro– se realiza por tanto sin fiscalización previa.
Este medio tampoco logró durante el briefing conocer los motivos de convalidaciones de la magnitud expuesta en el párrafo anterior y de la que vale como ejemplo lo sucedido en 2021: ese año, las aprobadas para el hospital buque insignia de Quirón se elevaron hasta 342,37 millones. Y a diferencia de lo narrado por el alto cargo de Sanidad, no eran pagos de ejercicios lejanos sino por prestaciones asistenciales correspondientes a los distintos meses de ese mismo año.
Ahora –subrayó la fuente de la Consejería– se ha trazado una “línea roja” con el objetivo de lograr una “convalidación cero”. Pero a qué obedecen todas las satisfechas hasta ahora seguirá, al menos de momento, siendo un arcano político.
De lo pagado a Quirón no es, en consecuencia, factible tener una fotografía aérea que permita conocer el alcance real sobre la política de gasto sanitario. Pero la Consejería sí precisó que los contratos con la Administración madrileña han reportado a la filial Quirón Prevención SL solo nueve millones de euros. Este medio únicamente ha logrado localizar los dos contratos –2018 y 2021– que gracias a sucesivas prórrogas aún vigentes han aportado a Quirón Prevención 3,12 millones por los reconocimientos médicos a la plantilla autonómica.
En 2018, la filial del holding sanitario obtuvo la adjudicación tras desbancar en el concurso al anterior prestatario del servicio, Más Prevención SL, y hacerse con una tarea cuya orden de adjudicación firmó Isabel Díaz Ayuso, entonces viceconsejera de Presidencia. En 2021, Quirón Prevención ya no tuvo competidor. La suya fue la única oferta. Este martes por la tarde, infoLibre preguntó a la Consejería de Sanidad qué otros contratos públicos maneja en Madrid Quirón Prevención. Todavía no hay respuesta.
Datos para señalar al Gobierno central
El silencio en que el equipo de Ayuso se enroca para mantener bajo llave los pagos totales al holding Quirón –es decir, los derivados de cada presupuesto anual más los adicionales por gastos inesperados que salen a flote en la liquidación de cada ejercicio, muchas de ellas aprobadas años más tarde, más los de las misteriosas convalidaciones de gasto y las obligadas por sentencias judiciales favorables al conglomerado privado– contrastó en el briefing de este lunes con el detalle numérico sobre lo abonado por el Ejecutivo central a Quirón Prevención SL.
Según la Consejería de Sanidad, esos pagos ascienden desde 2019 a 159 millones de euros, “15 veces más” que lo desembolsado para esa filial por el Gobierno regional. El resto de las comunidades –añadió la fuente– han abonado 57 millones a Quirón Prevención SL, la filial del grupo presidida por Fernando Camino. Directivo del grupo desde hace años, Camino fue en 2013 cofundador de la primera empresa panameña en la que participó Alberto González.
"Ni se ha privatizado nada ni pensamos hacerlo"
El novio de Ayuso cobró 1,6 millones de la filial de Quirón que hace chequeos médicos para la Comunidad
El alto cargo remarcó en varias ocasiones que los contratos con Quirón se rigen por una política de “control absoluto, férreo, transparente y garantista”. En relación a la transparencia y ante la pregunta de un periodista sobre el contenido de la reunión que el 23 de noviembre mantuvieron cargos de Sanidad con Quirón, la respuesta fue la siguiente: que se trató de un encuentro “institucional” como el mantenido con otros agentes. Por ejemplo, con CCOO.
El discurso del alto cargo se sustentó en un caballete. La primera pata se resume en que –así lo asegura ahora el Gobierno de Ayuso– la privatización sanitaria nunca ha existido en Madrid y que la colaboración público-privado se ampara en la Ley General de Sanidad aprobada 1986 por el Gobierno de Felipe González. “No se ha privatizado nada ni pensamos hacerlo”, agregó la fuente. Detrás quedan lustros de defensa acérrima de la “externalización” de los servicios médicos o, lo que es lo mismo, de dejar el manejo de la sanidad pública en manos privadas.
El segundo elemento del soporte discursivo fue el siguiente: que la Consejería de Sanidad no ha mantenido nunca “ningún tipo de relación particular con ninguna persona”. Traducido hoy, lo anterior significa que, según este departamento, jamás ha influido en ningún contrato Alberto González Amador, con quien convive Isabel Díaz Ayuso en un piso de lujo valorado en un millón de euros.
El escándalo de los negocios del novio de Isabel Díaz Ayuso con Quirón, el gran beneficiario de la privatización sanitaria impulsada por Esperanza Aguirre e imputado ahora por fraude fiscal y falsedad documental, ha llevado al Gobierno madrileño (PP) a desplegar una estrategia de desmarque que presenta al holding gestor de cuatro hospitales adscritos a la red pública como un ente colaborador, exhaustivamente fiscalizado, que cobra solo por lo que realmente hace y que es ajeno por completo a una de sus filiales: justamente la filial Quirón Prevención SL, adjudicataria de los chequeos médicos a la plantilla de la Administración madrileña y de la que, como desveló infoLibre, Alberto González Amador cobró 1,6 millones entre 2020 y 2021 al tener a esa sociedad como principal cliente. Ese fue el bienio en que, a tenor de lo que su propio abogado admitió por escrito, la pareja de Ayuso defraudó 350.000 euros al fisco.